{"id":100112,"date":"2026-06-25T20:00:25","date_gmt":"2026-06-25T20:00:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3662-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:00:25","modified_gmt":"2026-06-25T20:00:25","slug":"stc3662-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3662-2017\/","title":{"rendered":"STC3662-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00102-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, el 7 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Abelardo Rend\u00f3n Posso contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Tercero de igual especialidad y ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al Juzgado Noveno Laboral de Descongesti\u00f3n de Cali y a las partes en los procesos 2009-01007 y 2012-00143.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, en raz\u00f3n a que se negaron a reconocer la existencia de un v\u00ednculo laboral entre \u00e9l y Luis Hern\u00e1n Hern\u00e1ndez, dentro del proceso ordinario 2009-01007 en el cual no cont\u00f3 con la debida asistencia jur\u00eddica.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de su alegaci\u00f3n se\u00f1ala en s\u00edntesis, que demand\u00f3 a Luis Hern\u00e1n Hern\u00e1ndez para que se declarara que entre ellos se celebr\u00f3 un contrato verbal de trabajo y en consecuencia se le condenara a pagarle los salarios y prestaciones sociales que de dicha relaci\u00f3n se generaron, correspondiendo el conocimiento al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, que profiri\u00f3 sentencia favorable a sus pretensiones, pero posteriormente desprovista de efectos en virtud a un fallo de tutela que adem\u00e1s dispuso la renovaci\u00f3n de todo el tr\u00e1mite, providencia confirmada por la hom\u00f3loga Laboral de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Relata que en cumplimiento de la orden anterior, dando aplicaci\u00f3n a las medidas de descongesti\u00f3n adoptadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el asunto fue remitido al Juzgado Noveno Laboral del Circuito Judicial de Cali, que desestim\u00f3 sus solicitudes a trav\u00e9s de sentencia de 18 de octubre de 2014, ratificada por la Sala Laboral del Distrito Judicial de la aludida ciudad el 30 de septiembre de 2014, decisiones que considera desconocen sus garant\u00edas fundamentales; afirma igualmente que no tuvo un buen abogado que lo defendiera pues la intervenci\u00f3n de aquel \u00abfue muy pobre y elemental\u00bb y adicionalmente \u00abla Corte Suprema de Justicia ha desconocido el derecho que tienen los usuarios a una notificaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende en consecuencia, que se ordene \u00abla nulidad de todo lo actuado en el proceso (\u2026) 2009-1007\u00bb (fls. 3 a 15, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, inform\u00f3 que \u00abAbelardo Rond\u00f3 Posso, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de septiembre de 2014 (\u2026), no obstante, mediante memorial recibido en la Secretaria el 9 de julio de 2015, suscrito por su apoderado judicial, manifest\u00f3 que desist\u00eda de dicho medio de impugnaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, esta Sala de la Corte, con prove\u00eddo de 20 de abril de 2016, resolvi\u00f3 admitir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, as\u00ed como el desistimiento presentado\u00bb (fl. 53, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 por improcedente la protecci\u00f3n suplicada, toda vez que no evidenci\u00f3 \u00abninguna afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados por el accionante en el tr\u00e1mite del proceso ordinario labora, pues revisado el expediente objeto de controversia se tiene que REND\u00d3N POSSO otorg\u00f3 poder a un profesional del derecho, quien present\u00f3 la demanda ordinaria laboral, al cual posteriormente le revoc\u00f3 el mandato y al que luego de emitida la sentencia de primera instancia volvi\u00f3 a designar\u00bb para que interpusiera recurso de apelaci\u00f3n frente a esta decisi\u00f3n \u00aby el extraordinario de casaci\u00f3n, del que posteriormente desisti\u00f3\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en los referidos presupuestos, concluy\u00f3 que \u00ablas autoridades accionadas respetaron el debido proceso y las garant\u00edas que asist\u00edan al hoy accionante, y que la \u00fanica pretensi\u00f3n de ABELARDO REND\u00d3N POSSO es reabrir una discusi\u00f3n que ya agoniz\u00f3 en las instancias ordinarias, desconociendo con su actuar el car\u00e1cter subsidiario de la v\u00eda tutelar\u00bb (fls. 56 a 69, cdno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el tutelante sin manifestar los fundamentos de su inconformidad (fl. 79, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que en principio la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC8417-2016, 22 jun. 2016, rad. 2016-00139-01).  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto en estudio, el actor considera que sus prerrogativas fundamentales fueron quebrantadas por el Juzgado Tercero Laboral de Cali y la Sala de la misma especialidad del Tribunal Superior de dicha ciudad, que con sentencias de 18 de octubre de 2013 y 30 de septiembre de 2014, respectivamente, negaron la existencia de un contrato de trabajo entre \u00e9l y Luis Hern\u00e1n Hern\u00e1ndez y el consecuente reconocimiento de las prestaciones que de este se generaron, tr\u00e1mite durante el cual dice haber estado indebidamente asistido.   <\/span><\/p>\n

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3. Considerando la doctrina, atr\u00e1s memorada, que condiciona la posibilidad de atacar por esta v\u00eda las providencias judiciales a ciertas exigencias, resulta evidente que la presente solicitud de amparo es improcedente, pues el reclamante no satisfizo los requisitos derivados del car\u00e1cter inmediato, subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela, circunstancia que impide al Juez Constitucional abordar el fondo de la problem\u00e1tica planteada.  <\/span><\/p>\n

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4.        El reclamo constitucional resulta inane por el incumplimiento del principio de residualidad, en tanto que no es factible acudir a este excepcional\u00edsimo escenario luego de haber sido omitidos los mecanismos legales de defensa que se tuvieron al alcance, lo anterior, en atenci\u00f3n a que pese a que el actor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la sentencia de segundo grado proferida por la referida colegiatura, posteriormente desisti\u00f3 de tal medio de impugnaci\u00f3n, as\u00ed las cosas y habiendo desperdiciado el reclamante la memorada v\u00eda se frustra esta salvaguarda como consecuencia de la inobservancia del requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

Esta Sala en CSJ STC, 2 oct. 2014, rad. 0217-00, citado en STC13448-2014, 2 oct. 2014, rad. 02174 y STC5267-2015, 4 may. Rad. 00844-00, ha resaltado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl car\u00e1cter extraordinario de ese medio de impugnaci\u00f3n impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Lo formal o lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de garant\u00edas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb  <\/span><\/p>\n

Igualmente la Corporaci\u00f3n, al manifestarse sobre un asunto de similar tenor sostuvo, en CSJ STC2378-2015, 5 mae. 2015, rad. 00432-00, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn ese orden, no habiendo hecho uso id\u00f3neo del medio de defensa se\u00f1alado, se impone el fracaso de esta salvaguarda por ser palmario el incumplimiento del principio de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedando sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb  <\/span><\/p>\n

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5. Ahora, en cuanto a la oportunidad en la cual el eventual afectado debe procurar acudir a este mecanismo excepcional, so pena de que su prolongado silencio se entienda como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada y para evitar que la salvaguarda constitucional se convierta en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros, ha dicho esta Corte que \u00abpese a que no existe plazo de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses pretorianamente establecidos\u00bb (STC14207-2015, 19 oct 2015, rad. 02023-01, en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona.  <\/span><\/p>\n

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Conforme a lo descrito no cabe duda que la reclamaci\u00f3n formulada es igualmente improcedente por no haberse presentado de manera oportuna, pues la decisi\u00f3n que cerr\u00f3 el referido el debate con providencia de segunda instancia data de 30 de septiembre de 2014, en tanto la presente demanda constitucional se radic\u00f3 el pasado 25 de enero de 2017 (fl. 1, cd. 1), habiendo transcurrido un per\u00edodo significativo de m\u00e1s de 2 a\u00f1os y 3 meses, sin que el accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con dichas decisiones, tardanza que desvirt\u00faa la gravedad de la vulneraci\u00f3n; y en todo caso, quebranta el presupuesto b\u00e1sico de inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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6. Como el actor igualmente manifiesta que el en tr\u00e1mite tuvo una \u00abasistencia jur\u00eddica (…) muy pobre muy elemental\u00bb, esta Corte en relaci\u00f3n con la presunta negligencia de los apoderados en las contiendas judiciales ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abcon independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, (\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026), ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u00bb (CSJ. Civil. Sentencia T- 015 de 22 de enero de 1999, exp. No. 5715; reiterada el 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01 y STC1266-2016, 30 ago 2016, rad 00438-01).  <\/span><\/p>\n

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7. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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