{"id":100114,"date":"2026-06-25T20:00:39","date_gmt":"2026-06-25T20:00:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3664-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:00:39","modified_gmt":"2026-06-25T20:00:39","slug":"stc3664-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3664-2017\/","title":{"rendered":"STC3664-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3664-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00055-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de febrero de 2017 por la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Rodolfo Herrera, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Delegado del Ministerio P\u00fablico -Regional Risaralda, la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de la referida urbe.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna y a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se le ordene al despacho accionado \u00abadmitir inmediatamente [su] acci\u00f3n popular\u00bb en aplicaci\u00f3n del auto de 23 de enero de 2017, dictado por ese mismo estrado en acci\u00f3n de grupo radicada con el n\u00famero 2016-00451 (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De las piezas procesales obrantes en el expediente de tutela, as\u00ed como de las pruebas recaudadas, se infiere que la censura del quejoso se dirige a cuestionar los autos de 4 y 21 de noviembre de 2016, dictados por el juzgado criticado en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2016-00421, mediante los cuales, en su orden, inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular incoada en contra de Bancolombia por Rodolfo Herrera, actuando como coadyuvante Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, a fin de que allegara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad financiera para establecer su domicilio; y rechaz\u00f3 la demanda por no haber sido aportado el referido documento.  <\/span><\/p>\n

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3.        Por auto de 3 de febrero de 2017 el Tribunal Superior de Pereira dispuso emplazar mediante difusi\u00f3n radial a Rodolfo Herrera, debido a que \u00e9ste no indic\u00f3 direcci\u00f3n alguna en la que recibir\u00eda notificaciones en la acci\u00f3n popular que origin\u00f3 la presente tutela (folios 15, 16, 26, 35 y 66, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia de las actuaciones criticadas y solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n rogada, por cuanto el precedente horizontal que el actor pide aplicar a su caso, no tiene cabida, dado que los supuestos f\u00e1cticos que generaron esa acci\u00f3n de grupo \u00abacaecieron a lo largo y ancho del pa\u00eds y no en un lugar determinado, como s\u00ed ocurre con las acciones populares que vinculan a una sucursal o agencia espec\u00edfica y por una situaci\u00f3n determinada\u00bb (folios 19 a 25, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. La Personer\u00eda de Pereira indic\u00f3 que cuando se trata de acciones populares los despachos judiciales deben dar cumplida aplicaci\u00f3n a la ley 472 de 1998 (folios 28 a 30, cuaderno 1).     <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n tuitiva, por cuanto resulta ajena al Ministerio P\u00fablico como ente de control, puesto que la salvaguarda de los derechos colectivos podr\u00e1 ser verificada en la diligencia de pacto de cumplimiento (folio 32, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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4.        La Alcald\u00eda de Pereira manifest\u00f3 no constarle los fundamentos f\u00e1cticos de la tutela, dado que no es parte en la acci\u00f3n popular en que presuntamente se originan, por lo tanto pidi\u00f3 ser desvinculada del tr\u00e1mite constitucional (folio 38, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al considerar que el accionante pretermiti\u00f3 agotar el recurso de reposici\u00f3n frente a la providencia que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular, mecanismo id\u00f3neo para que el despacho acusado reconsiderara su decisi\u00f3n, por lo que no se cumpli\u00f3 el requisito de subsidiariedad (folios 54 a 56, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el accionante aduciendo que no deb\u00eda presentar reposici\u00f3n ni recurso alguno, por cuanto lo dispuesto por el estrado accionado no se atempera a la ley 472 de 1998 (folio 61, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Corte ha manifestado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        Descendiendo al caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte que el Juzgado criticado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto al rechazar la acci\u00f3n popular n\u00ba 2016-00421, incoada por Rodolfo Herrera y coadyuvada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra Bancolombia, bajo el argumento de que no aport\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad financiera durante el t\u00e9rmino concedido para el efecto en el auto inadmisorio, desconoci\u00f3 de forma evidente las garant\u00edas procesales del quejoso (folio 24, cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el requerimiento efectuado por el despacho donde le solicita al accionante acreditar el domicilio de la demandada \u00abcon el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal\u00bb, trasgrede los derechos del actor comoquiera que adiciona una exigencia no prevista en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998, pues dicho precepto s\u00f3lo establece que el demandante debe \u00abexponer la persona natural o jur\u00eddica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio\u00bb y \u00ablas direcciones para notificaciones\u00bb, mas no se\u00f1ala que se debe aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal para demostrar su domicilio.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, resulta de singular trascendencia para este asunto, observar lo reglado en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ense\u00f1a que:  <\/span><\/p>\n

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La prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas de derecho privado s\u00f3lo podr\u00e1 exigirse cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno.  <\/span><\/p>\n

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       Luego, en casos como el aqu\u00ed cuestionado, donde las acciones populares se dirigen contra entidades financieras, es patente que la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, de p\u00fablico acceso, permite consultar el domicilio de aqu\u00e9llas, subsumi\u00e9ndose la situaci\u00f3n aqu\u00ed auscultada en la contemplada en dicho aparte normativo.  <\/span><\/p>\n

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En un caso de similares contornos, la Sala dijo que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 [con el] requerimiento efectuado por el Juzgado donde le reclama al accionante acreditar el domicilio de la demandada \u00abcon el certificado de\u2026 existencia y representaci\u00f3n legal\u00bb, es evidente que el juzgador err\u00f3, toda vez que revisadas las exigencias de ley establecidas en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998 sobre este punto\u2026 en ning\u00fan momento se\u00f1ala que se debe allegar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal para demostrar el domicilio (STC15464-2016, 28 oct. 2016, rad. 2016-00878-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se revocar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia para, en su lugar, acceder al resguardo rogado, pues no luce razonable la determinaci\u00f3n que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular del quejoso.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s copias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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