{"id":100115,"date":"2026-06-25T20:00:43","date_gmt":"2026-06-25T20:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3665-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:00:43","modified_gmt":"2026-06-25T20:00:43","slug":"stc3665-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3665-2017\/","title":{"rendered":"STC3665-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3665-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00044-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 1\u00b0 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Robinson Alberto Rodr\u00edguez en contra de la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas del Magdalena Medio.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor actuando en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

2.        Expuso que present\u00f3 el 5 de diciembre de 2016 ante la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas del Magdalena Medio, petici\u00f3n escrita mediante la cual solicit\u00f3 \u00ab(\u2026) me absuelvan de los procesos aceptados voluntariamente ante la Fiscal\u00eda [Segunda] de Estructura de Apoyo de Barrancabermeja (\u2026) aceptados y esclarecidos en el a\u00f1o 2009, o se formule acusaci\u00f3n ante el Juez de Conocimiento teniendo en cuenta que [han] pasado aproximadamente 6 \u00bd (sic) a\u00f1os (\u2026)\u00bb y que \u00ab(\u2026) [le] informen de forma clara y detallada sobre estos procesos\u00bb; seguidamente, relacion\u00f3 un total de siete (7) hechos delictivos que admiti\u00f3 haber cometido y respecto de los cuales afirma, \u00ab(\u2026) nunca [lo] llamaron (\u2026)\u00bb.  Indic\u00f3 que no ha recibido respuesta de fondo a su pedimento.  <\/span><\/p>\n

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3.  En consecuencia pidi\u00f3 \u00ab(\u2026) se ordene a la se\u00f1ora Carmenza Bustos Porto, Directora Seccional de Magdalena Medio, Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (\u2026) que en un t\u00e9rmino perentorio d\u00e9 respuesta de fondo a mi solicitud (\u2026)\u00bb (ff. 1 a 3, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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1.        La Directora Seccional de Fiscal\u00edas del Magdalena Medio, manifest\u00f3 que dio respuesta oportuna y de fondo al interesado a trav\u00e9s de oficio DS-29-21-SSMM-0045, de 25 de enero de 2017, en el que detall\u00f3 el estado actual de las investigaciones que se adelantan en contra del solicitante y los procesos por los que ya fue condenado, y requiri\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por hecho superado (ff. 19 a 23, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal concedi\u00f3 el amparo al estimar que si bien la entidad accionada contest\u00f3 la petici\u00f3n, no demostr\u00f3 \u00ab(\u2026) que efectivamente dicha respuesta fue recibida por el Centro Carcelario en el que se encuentra recluido el peticionario, situaci\u00f3n que impide tener por satisfecho el acto de notificaci\u00f3n\u00bb, descartando as\u00ed la configuraci\u00f3n del hecho superado (ff. 28 a 31, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La entidad accionada se mostr\u00f3 en desacuerdo con el fallo de primer grado pues asegura haber acreditado la respuesta a la petici\u00f3n del quejoso, adem\u00e1s de la efectiva notificaci\u00f3n de la misma, aportando los soportes que dan cuenta de tal afirmaci\u00f3n (ff. 34 y 35, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Corresponde a la Sala resolver la impugnaci\u00f3n presentada contra el fallo estimatorio de la pretensi\u00f3n de tutela contra la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas del Magdalena Medio, seg\u00fan el cual \u00e9sta no dio respuesta a la solicitud elevada por el accionante bajo la invocaci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, cuando la demandada refiere y allega soportes de que s\u00ed atendi\u00f3 en oportunidad la reclamaci\u00f3n objeto del amparo.  <\/span><\/p>\n

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Para resolver el asunto, se proceder\u00e1 a concretar si en los t\u00e9rminos en que la Carta Pol\u00edtica establece, hubo o no vulneraci\u00f3n a la prerrogativa fundamental implorada, teniendo en cuenta la situaci\u00f3n descrita y objetivamente soportada en el expediente, para cotejarla con lo que sobre el tema ha venido desarrollando la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.        El derecho de petici\u00f3n, en los t\u00e9rminos en que fue concebido por la Constituci\u00f3n en su art\u00edculo 23, est\u00e1 ubicado en la categor\u00eda de fundamental, en la medida que se garantiza a toda persona que se dirija ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una pronta y efectiva respuesta que resuelva el fondo de la cuesti\u00f3n que por ese medio plantea.  <\/span><\/p>\n

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En el evento de que lo anterior no sea cumplido, la acci\u00f3n de tutela es el camino id\u00f3neo para hacer valer esa prerrogativa, como quiera que sin lugar a dudas, se cumple cabalmente el principio de la subsidiariedad y la naturaleza residual que prev\u00e9 el art\u00edculo 86 Superior y el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referentes a la procedencia de este mecanismo constitucional, como lo tiene sentado la jurisprudencia nacional:  <\/span><\/p>\n

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\u00abCuando se trata de proteger el derecho de petici\u00f3n, el ordenamiento jur\u00eddico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial id\u00f3neo ni eficaz diferente de la acci\u00f3n de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneraci\u00f3n a este derecho fundamental no dispone de ning\u00fan mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo\u201d. Y que en esas condiciones, \u00abquien encuentre que la debida resoluci\u00f3n a su derecho de petici\u00f3n no fue producida o comunicada dentro de los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ala, esto es, que se quebrant\u00f3 su garant\u00eda fundamental, puede acudir directamente a la acci\u00f3n de amparo constitucional\u00bb. (CC T-149\/13, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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3.        Ahora bien, destacando que la potestad con que cuentan todas las personas para elevar peticiones respetuosas a las autoridades implica la necesidad de que \u00e9stas brinden una respuesta adecuada y oportuna, en ese sentido, de manera reiterada esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, reiterada, entre otras, STC3964-2016, 1\u00ba abr. 2016, rad. 2015-00680-01).  <\/span><\/p>\n

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En el asunto en estudio, el actor pretend\u00eda que la entidad accionada lo \u00ababsuelva\u00bb o acuse por una serie de hechos delictivos en los que asegura haber participado y que acept\u00f3 ante la Fiscal\u00eda y por los cuales dice no ha sido requerido, adem\u00e1s informar el estado actual de los procesos que lo involucran.  <\/span><\/p>\n

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Pues bien, de la revisi\u00f3n que la Sala realiza a los medios probatorios de car\u00e1cter documental que alleg\u00f3 la entidad impugnante (ff. 36 a 47, ib.), claramente se establece que dio respuesta y que la misma se produjo en las circunstancias que el ordenamiento jur\u00eddico y la jurisprudencia exigen, no dando lugar, por consiguiente, a la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental objeto de estudio.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, acorde a lo descrito por la Directora de la autoridad cuestionada, frente a la petici\u00f3n elevada por el aqu\u00ed accionante se dispuso reiterar la respuesta con el env\u00edo del oficio DS-29-21-SSMM-0050 de 7 de febrero de 2017, con destino al Establecimiento Penitenciario de Gir\u00f3n Santander, \u00abTD-2988 PATIO 2, carretera a Zapatoca kil\u00f3metro 14, Vereda Palo Gordo\u00bb a Robinson Alberto Rodr\u00edguez, y copia de la comunicaci\u00f3n referida fue anexada a estas diligencias con la r\u00fabrica y huella dactilar del interno, a manera de constancia de haber sido efectivamente recibida el 8 de febrero de 2017 a las 11:45 a.m.(ver f. 47, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Entonces, la contestaci\u00f3n requerida fue entregada personalmente al actor antes del proferimiento de la sentencia de tutela de primera instancia, sin embargo, dicha evidencia solo lleg\u00f3 al Tribunal el 15 del mismo mes, seg\u00fan el informe secretarial visible a folio 51 del expediente y en ella se relacionaron todos los procesos por los cuales ha sido condenado, as\u00ed como las investigaciones que actualmente cursan en su contra y que vienen siendo adelantadas por distintas unidades especializadas de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (ver f. 38 y 39, \u00edd.); de esta forma, al comparar lo solicitado y el contenido del pronunciamiento de dicha entidad, se aprecia que es acorde y guarda plena simetr\u00eda con lo planteado en la petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, resulta claro que nos encontramos frente al fen\u00f3meno conocido como hecho superado, pues ces\u00f3 la omisi\u00f3n de la entidad demandada, raz\u00f3n por la cual la tutela pierde su objeto por sustracci\u00f3n de materia, torn\u00e1ndose improcedente.  <\/span><\/p>\n

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4.         Con fundamento en lo discurrido en precedencia, se revocar\u00e1 el fallo impugnado, para en su lugar denegar la tutela impetrada contra la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas del Magdalena Medio.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, NIEGA por hecho superado la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo. En oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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