{"id":100116,"date":"2026-06-25T20:00:48","date_gmt":"2026-06-25T20:00:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3666-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:00:48","modified_gmt":"2026-06-25T20:00:48","slug":"stc3666-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3666-2017\/","title":{"rendered":"STC3666-2017"},"content":{"rendered":"

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         LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3666-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00101-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 31 de enero de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la tutela promovida por Hugo Alfonso del Milagro Abondano Mican, frente al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, tr\u00e1mite extensivo a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.         El gestor del auxilio demanda la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Del estudio del libelo genitor y sus anexos se extrae que contra el promotor, se adelanta en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, proceso por el delito de \u201cconcierto para delinquir agravado\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El aqu\u00ed interesado argumenta que en la audiencia preparatoria celebrada en esa causa el 17 de febrero de 2014, el estrado tutelado \u201c(\u2026) neg\u00f3 la pr\u00e1ctica (\u2026) de la[s] declaracione[s] de Juan Guillermo G\u00f3mez Rodr\u00edguez Carlos Alfonso Potes, Germ\u00e1n Hernando Huertas (\u2026)\u201d entre otras, \u201c(\u2026) sin justificar su motivaci\u00f3n (\u2026)\u201d, adem\u00e1s decret\u00f3 \u201cpruebas de oficio\u201d, lo cual est\u00e1 prohibido por la ley.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que contra la anterior determinaci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole su conocimiento a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, quien el 23 de febrero de 2016 confirm\u00f3 el prove\u00eddo del a quo.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que el 5 de septiembre anterior el despacho fustigado, previo requerimiento de su apoderado, \u201c(\u2026) neg\u00f3 nuevamente la recepci\u00f3n de [los mentados] testimonios (\u2026)\u201d, argumentando haber resuelto tal pedimento en la referida audiencia preparatoria.  <\/span><\/p>\n

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Considera esa decisi\u00f3n como violatoria de sus prerrogativas fundamentales, por cuanto, \u201cno es cierto\u201d que se haya sustentado la desestimaci\u00f3n de las aludidas probanzas.  <\/span><\/p>\n

3. Exige dejar \u201c(\u2026) sin efecto jur\u00eddico la providencia  de 5 de septiembre de 2016 (\u2026) y en consecuencia orden[ar] la pr\u00e1ctica de las pruebas solicitadas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado y vinculado  <\/span><\/p>\n

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       a. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali manifest\u00f3 que el rechazo de los testimonios solicitados por el aqu\u00ed quejoso, dentro de la mentada causa criminal, fue analizado en segunda instancia por el ad quem, quien determin\u00f3 \u201c(\u2026) con la fuerza de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica correspondiente, la improcedencia de tal acopio probatorio (\u2026)\u201d (fls. 60 a 63).  <\/span><\/p>\n

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b. La Sala Penal del Tribunal convocado arguy\u00f3 que en el presente ruego \u201c(\u2026) no se configuran las causales de procedibilidad (\u2026)\u201d de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, por tanto, pidi\u00f3 su desestimaci\u00f3n (fls. 228 a 229).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 la salvaguarda, tras considerar \u201c(\u2026) evidente (\u2026) la improcedencia del amparo, trat\u00e1ndose de un proceso penal que est\u00e1 en tr\u00e1mite, en donde la autoridad accionada se ha pronunciado sobre los asuntos de su exclusiva competencia, con plena garant\u00eda del debido proceso, sin que resulte posible que el juez constitucional, a modo de tercera instancia, revise el acierto o desacuerdo de tal decisi\u00f3n (\u2026)\u201d (fls. 275 a 286).  <\/span><\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el promotor argumentando que \u201c(\u2026) el juez constitucional s\u00ed puede tener injerencia (\u2026) en un proceso penal, donde est\u00e1n de por medio la posible violaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales del [sindicado] (\u2026)\u201d (fls. 3 a 7. Cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. El reclamante de este auxilio, reprocha la actuaci\u00f3n de los juzgadores convocados al resolver su solicitud de  testimonios como pruebas a practicar dentro del asunto en estudio.   <\/span><\/p>\n

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2. Si dificultad se advierte el fracaso de la salvaguarda, por cuanto, el interesado a\u00fan cuenta en la causa criticada con instrumentos legales encaminados a la defensa de sus derechos, pues ese asunto se halla en pleno curso; pudiendo, por tanto, apelar la sentencia del a quo e, incluso, censurar el fallo de segundo grado, mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.      <\/span><\/p>\n

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Frente a lo anterior, esta Colegiatura ha adoctrinado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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3. Si se dejara de lado lo anterior el ruego de todos modos fracasar\u00eda por el incumplimiento del requisito de inmediatez, por cuanto, la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el rechazo de las memoradas pruebas fue proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 23 de febrero de 2016, y la protecci\u00f3n fue incoada tard\u00edamente el 15 de diciembre anterior, esto es, luego de transcurridos m\u00e1s de nueve (9) meses despu\u00e9s de emitida esa determinaci\u00f3n, t\u00e9rmino que supera ampliamente el estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En no pocas ocasiones, la Corporaci\u00f3n ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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4. Referente a lo anterior, esta Sala advierte que si bien el gestor el 2 de septiembre de 2016 requiri\u00f3 al Juzgado convocado emitir un pronunciamiento sobre las pruebas solicitadas en la audiencia preparatoria, lo cierto es que las mimas estaban desestimadas desde la finalizaci\u00f3n de ese acto procesal, lo cual ocurri\u00f3 el 16 de marzo de 2015, determinaci\u00f3n ratificada en segunda instancia el 23 de febrero pasado.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, esta \u00faltima petici\u00f3n no logra desvirtuar la falta de inmediatez endilgada al promotor, pues desde la providencia del ad quem conoc\u00eda del rechazo de los elementos de juicio, empero, voluntariamente decidi\u00f3 incoar de forma extempor\u00e1nea esta protecci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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5. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ, STC de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.      <\/span><\/p>\n

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