{"id":100118,"date":"2026-06-25T20:00:57","date_gmt":"2026-06-25T20:00:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3668-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:00:57","modified_gmt":"2026-06-25T20:00:57","slug":"stc3668-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3668-2017\/","title":{"rendered":"STC3668-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3668-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2017-00026-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 14 de febrero de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la tutela promovida por Paula Beatriz Bustamante S\u00e1nchez, Nahazly Alejandra Montoya Mendoza, Alix Niyireth S\u00e1nchez Tejada, Melissa Cald\u00f3n Certuche, M\u00f3nica Alejandra Andrade D\u00edaz, Diana Vanessa Altamirano Rosas y otros, contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013Inpec.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. Los promotores suplican la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la igualdad y acceso a cargos p\u00fablicos, entre otras, presuntamente lesionadas por los convocados.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostienen, como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, que la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil mediante el acuerdo 563 del 2016 estableci\u00f3 los requisitos para el concurso de m\u00e9ritos \u201c(\u2026) de cuatrocientas (400) vacantes del empleo de Dragoneante, c\u00f3digo 4114, grado 11 INPEC (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Manifiestan que \u201c(\u2026) super[aron] a cabalidad (\u2026) cada una de las etapas y pruebas estipuladas en la Fase I (\u2026)\u201d de dicho tr\u00e1mite, empero, \u201c(\u2026) el 28 de noviembre de 2016, la CNSC (\u2026) public\u00f3 el listado de 1200 personas entre hombres y mujeres, que fueron citadas al curso de formaci\u00f3n y (\u2026) complementaci\u00f3n, entre l[a]s cuales no registra ninguno de los accionantes (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Argumentan los gestores que sus exclusiones se presentaron por no haber obtenido los mejores resultados en \u201c(\u2026) la sumatoria de la prueba f\u00edsica y la prueba de valores, multiplicada por el 25% (\u2026)\u201d, regla no conocida por los aspirantes y violatoria del debido proceso de cada uno de los aqu\u00ed interesados.  <\/span><\/p>\n

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3. Imploran \u201cinaplicar\u201d para el caso en concreto, aqu\u00e9llas disposiciones del acuerdo 563 del 2016, contrarias a la Constituci\u00f3n, y en consecuencia, proceder a la admisi\u00f3n de los promotores en \u201c(\u2026) calidad de alumnos a la Escuela Penitenciaria Nacional, por haber aprobado cada una de las etapas del [memorado] proceso de selecci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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a. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto, no es de su competencia autorizar lo requerido por los petentes (fls. 657 a 662)  <\/span><\/p>\n

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b. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil se opuso al ruego alegando que \u201c(\u2026) la exigencia de [un] puntaje m\u00ednimo aprobatorio para ser convocado (\u2026) est\u00e1 claramente dispuesta en el art\u00edculo 56 del Acuerdo 563 de 2016, donde se prev\u00e9 que para ser citado a curso de aspirantes [se] deb\u00eda cumplir con [una nota] ponderad[a] y encontrarse ubicado dentro de los  cupos disponibles por cada empleo, por lo cual, no le[s] asiste raz\u00f3n a los accionantes al afirmar que se estableci\u00f3 un nuevo requisito (\u2026)\u201d para su exclusi\u00f3n (fls. 559 a 565).  <\/span><\/p>\n

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1.2. La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n luego de verificar la ausencia del presupuesto de subsidiariedad, pues las inconformidades expuestas por los quejosos pueden ser planteadas ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, \u201cmediante la acci\u00f3n de simple nulidad\u201d. Adicionalmente, se constat\u00f3 la ausencia de un perjuicio irremediable, destacando que los tutelantes \u201ctan solo les asist[\u00eda] una expectativa en la provisi\u00f3n del cargo\u201d al cual aspiraban (fls. 693 a 696).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formularon los interesados arguyendo que el Tribunal \u201cse ha separado sin raz\u00f3n alguna de los precedentes verticales que ha impuesto la honorable Corte Constitucional\u201d, respecto de la procedencia de la tutela contra concursos de m\u00e9ritos (fls. 757 a 765).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1.  Paula Beatriz Bustamante S\u00e1nchez, Nahazly Alejandra Montoya Mendoza, Alix Niyireth S\u00e1nchez Tejada, Melissa Cald\u00f3n Certuche, M\u00f3nica Alejandra Andrade D\u00edaz, Diana Vanessa Altamirano Rosas y otros, se duelen por \u201c(\u2026) no ser citado[s] a curso de formaci\u00f3n o complementaci\u00f3n, de conformidad con los resultados obtenidos en las pruebas (\u2026)\u201d realizadas dentro del memorado concurso, lo cual obedeci\u00f3 a la aplicaci\u00f3n del numeral 14 del art\u00edculo 10 del Acuerdo 563 de 2016, actuar en su criterio irregular, inconstitucional y violatorio del debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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2. No se acceder\u00e1 al resguardo por ausencia del principio de subsidiariedad, al advertirse prima facie que los accionantes no han ventilado su reclamo ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo donde bien pueden debatir lo relativo a la inaplicabilidad de las normas incluidas en el mentado concurso de m\u00e9ritos por ser, en su opini\u00f3n, contrarias a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, el auxilio desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia estipulada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 ib\u00eddem en armon\u00eda con el canon 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, porque los pronunciamientos relativos al se\u00f1alado concurso, deben cuestionarse haciendo uso de la acci\u00f3n judicial rese\u00f1ada, por cuanto, este mecanismo excepcional no es una v\u00eda paralela ni sustitutiva de los instrumentos ordinarios o extraordinarios de defensa.  <\/span><\/p>\n

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En un caso precedente, esta Sala expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]striba la precedente conclusi\u00f3n en que si la protesta formulada refiere, a la determinaci\u00f3n adoptada por el organismo acusado, de inadmitir a la actora al concurso (\u2026) se infiere que del pretendido an\u00e1lisis no puede ocuparse el Juez de tutela (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Lo que se acaba de exponer radica en que, repetidamente lo ha dicho la Corte, por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio de la persona interesada, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

3. Igualmente debe a\u00f1adirse, que en el eventual decurso del proceso contencioso administrativo, los accionantes pueden requerir el decreto de las medidas cautelares que estimen pertinentes a fin de conjurar un posible perjuicio irremediable, con sustento en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, seg\u00fan el cual:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Las medidas cautelares podr\u00e1n ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensi\u00f3n, y deber\u00e1n tener relaci\u00f3n directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podr\u00e1 decretar una o varias de las siguientes medidas:  <\/span><\/p>\n

\u201c1. Ordenar que se mantenga la situaci\u00f3n, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c2. Suspender un procedimiento o actuaci\u00f3n administrativa, inclusive de car\u00e1cter contractual. A esta medida solo acudir\u00e1 el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situaci\u00f3n que d\u00e9 lugar a su adopci\u00f3n y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicar\u00e1 las condiciones o se\u00f1alar\u00e1 las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuaci\u00f3n sobre la cual recaiga la medida\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c4. Ordenar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n administrativa, o la realizaci\u00f3n o demolici\u00f3n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci\u00f3n de sus efectos\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c5. Impartir \u00f3rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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4. La salvaguarda pretendida tampoco sale avante como mecanismo transitorio, pues, de un lado, no se demostr\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, entendido como \u201c(\u2026) aqu\u00e9l da\u00f1o que reviste cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pued[e] evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [e]l participar en un concurso de m\u00e9ritos de ninguna manera genera un derecho sobre el cargo por el cual se opta, lo cual por si s\u00f3lo desvirt\u00faa la vulneraci\u00f3n alegada del derecho al trabajo, pues ello constituye una mera expectativa que en todo caso est\u00e1 supeditada a las reglas de la respectiva convocatoria, las que son de obligatorio cumplimiento y a las que se somete, seg\u00fan la respectiva convocatoria el concursante (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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5. Por los anteriores argumentos, se impone ratificar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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1. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.   <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 24 de septiembre de 2013, rad. 00676-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ STC 1 sept. 2011, Rad. 2011-00194-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 12 de abril de 2011, exp. 00279-01, ratificada el 1\u00ba de agosto de 2012, exp. 00472-01      <\/span><\/p>\n

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