{"id":100121,"date":"2026-06-25T20:02:01","date_gmt":"2026-06-25T20:02:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3671-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:02:01","modified_gmt":"2026-06-25T20:02:01","slug":"stc3671-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3671-2017\/","title":{"rendered":"STC3671-2017"},"content":{"rendered":"

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         LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3671-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2016-00180-01  <\/span><\/p>\n

        (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 30 de noviembre de 2016, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro de la tutela instaurada por Gesti\u00f3n y Negocios Inmobiliarios Ltda. en contra de los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Sexto Civil Municipal, ambos de esa capital, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado iniciado por la aqu\u00ed gestora respecto de Carmen Elisa Ch\u00e1vez \u00c1ngulo, Negia de Jes\u00fas Cure Mart\u00ednez y Osiris de las Mercedes Gonz\u00e1lez \u00c1ngulo.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. La promotora suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por los accionados.  <\/span><\/p>\n

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2. La empresa promotora sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 6):  <\/span><\/p>\n

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2.1. Inici\u00f3 el litigio materia de esta salvaguarda alegando que las all\u00ed querelladas no entregaron el bien arrendado el 4 de septiembre de 2014, esto es, al vencimiento del contrato entre ellas suscrito, el cual no fue renovado, y la falta de pago de los c\u00e1nones \u201c(\u2026) causados con posterioridad al tenor del art\u00edculo 424 del C.P.C. vigente para la \u00e9poca (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.2. El extremo pasivo contest\u00f3 la demanda y propuso excepciones, desconociendo \u201cla calidad de arrendadora\u201d  de la hoy gestora, por cuanto:  <\/span><\/p>\n

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2.3. El 26 de febrero de 2015, el Juzgado Sexto Civil Municipal corri\u00f3 traslado de los medios exceptivos, decisi\u00f3n atacada a trav\u00e9s de reposici\u00f3n por la ac\u00e1 actora, pues no deb\u00eda o\u00edrse a su contraparte, en \u201ccumplimiento a los numerales 2 y 3 del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 424 del C.P.C., hoy 384 del C.G.P.\u201d, sin embargo, ese remedio fue zanjado desfavorablemente el 11 de junio de 2015.  <\/span><\/p>\n

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2.4. El 23 de febrero de 2016 se emiti\u00f3 fallo desatendiendo las pretensiones, providencia confirmada por el Juez Quinto Civil del Circuito el 30 de agosto de 2016, al desestimar la apelaci\u00f3n impetrada por la aqu\u00ed convocante.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Seg\u00fan la hoy quejosa, en las determinaciones atr\u00e1s descritas se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, arguyendo, en concreto, que all\u00ed se  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) manifest\u00f3 que la arrendataria no ten\u00eda obligaci\u00f3n de restituir el inmueble porque lo ten\u00edan en forma leg\u00edtima, ya que hab\u00eda celebrado un contrato nuevo con otra persona jur\u00eddica, (\u2026) tesis que resulta a todas luces antijur\u00eddica y contraria a todas las disposiciones jur\u00eddicas. (\u2026) Olvid[aron] que la retenci\u00f3n del inmueble por las arrendatarias era ilegal e ileg\u00edtima y que el contrato celebrado con el nuevo arrendador no era oponible a Gesti\u00f3n y Negocios Inmobiliarios Ltda., porque nunca particip\u00f3 en su gestaci\u00f3n; y, por otra parte, el contrato celebrado entre el demandante y las demandadas de fecha 30 de agosto de 2013 fue desconocido por las arrendatarias desde el momento mismo en que no hab\u00edan cumplido con la obligaci\u00f3n de restituir el inmueble. El fraude y las maniobras entre las arrendatarias y la supuesta coarrendadora del inmueble [hace menci\u00f3n a una de las copropietarias del mismo] no eran de recibo, ni de la entidad suficiente para desligarlas del v\u00ednculo contractual celebrado con Gesti\u00f3n y Negocios Inmobiliarios Ltda. (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora invalidar \u201clas decisiones judiciales se\u00f1aladas\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los convocados  <\/span><\/p>\n

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En escritos separados, se opusieron al ruego descartando el quebranto iusfundamental achacado y realzando la probidad de lo acontecido en el memorado decurso (fls. 219 y 226).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n tras observar la legalidad de lo tramitado en el pleito reprochado y destacando la razonabilidad de las determinaciones all\u00ed emitidas (fls. 234 a 239).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la promotora reiterando lo dicho en el escrito inicial y calificando de \u201cequivocaci\u00f3n grosera\u201d la argumentaci\u00f3n esgrimida en el pronunciamiento constitucional recurrido (fls. 247 a 249).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Se resuelve hasta la fecha la impugnaci\u00f3n efectuada frente al fallo de 30 de noviembre de 2016, por cuanto, el ruego tuitivo fue allegado a esta Corporaci\u00f3n el 2 de marzo de esta anualidad, remitido por la Secretar\u00eda del Tribunal a quo.  <\/span><\/p>\n

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2. Gesti\u00f3n y Negocios Inmobiliarios Ltda. cuestiona que dentro del comentado subex\u00e1mine i) mediante prove\u00eddos de 26 de febrero y 11 de junio de 2015 se haya corrido traslado de las excepciones propuestas por el extremo pasivo, actuaci\u00f3n contraria a los \u201cnumerales 2 y 3 del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 424 del C.P.C., hoy 384 del C.G.P.\u201d; y ii) las sentencias de primera y segunda instancia a trav\u00e9s de los cuales se desestimaron sus pretensiones, aduciendo yerros en la valoraci\u00f3n probatoria y en la interpretaci\u00f3n de las normas aplicables.  <\/span><\/p>\n

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3. Frente al primer punto de censura, sin dificultad se advierte la desatenci\u00f3n del requisito de inmediatez, pues el ruego fue incoado tard\u00edamente el 22 de noviembre de 2016 (fl. 210), habiendo transcurrido m\u00e1s de 17 meses de haberse proferido la determinaci\u00f3n de 11 de junio de 2015 anotada, per\u00edodo que supera el lapso de 6 meses adoptado por la Sala como razonable para reclamar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este aspecto esta Corte, reiteradamente ha puntualizado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, si la censora se demor\u00f3 para incoar la demanda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible a los querellados y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas invocadas como soporte de tal auxilio.  <\/span><\/p>\n

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4. Concerniente a la queja edificada contra los fallos definitorios de ese juicio, esta Corte analizar\u00e1 solamente el de segundo grado, adoptado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito el 30 de agosto de 2016, por ser el que culmin\u00f3 el debate en ese asunto.  <\/span><\/p>\n

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El estrado judicial resolvi\u00f3 de la manera ahora reprochada, razonando, como primera medida, que el contrato suscrito entre las partes finaliz\u00f3 el 4 de septiembre de 2014, en virtud del preaviso oportunamente emitido por la empresa arrendadora.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, la juzgadora expuso que no hubo mora en la entrega del predio ni en el pago de los c\u00e1nones surgidos con posterioridad a esa fecha, pues la ahora querellante no concurri\u00f3 en la data estipulada para recibir el inmueble, esto es, el 4 de septiembre de 2014, y, adem\u00e1s, explic\u00f3:   <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]i bien el 5 de septiembre ellas [las demandadas] conservan la tenencia de la cosa, debiendo, de pronto, acercarse a la inmobiliaria ante la inasistencia de \u00e9stos ese mismo d\u00eda, (\u2026) Cristina Esther Lobo Uribe, que es coarrendataria (sic) [quiso decir copropietaria] del inmueble, les hace una acta de entrega formal y celebra un nuevo contrato el d\u00eda 6 de septiembre de 2014, bajo la administraci\u00f3n de la sociedad Proyectos e Inversiones Inmobiliarias, pues la coarrendataria (sic) dice haberle quitado la administraci\u00f3n a Gesti\u00f3n y Negocios Inmobiliarios. En consecuencia, (\u2026) las hoy demandadas celebran un nuevo contrato por quien asumi\u00f3 la administraci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAl margen que la nueva sociedad hubiera asumido la administraci\u00f3n con el cumplimiento del pacto de los copropietarios, lo cierto es que esa circunstancia no hace que el contrato anterior se hubiera seguido ejecutando, pues (\u2026) por voluntad expresa de la parte demandante \u00e9ste finaliz\u00f3 el 4 de septiembre de 2014. Por lo anterior, no puede la demandante reclamar el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento sobre el bien materia de la litis m\u00e1s all\u00e1 del 4 de septiembre (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Lo que observa el despacho es que los copropietarios del inmueble tienen inconvenientes en la forma de administrar el mismo, pero esto no puede afectar a terceros de buena fe como lo son las demandadas y (\u2026) no est\u00e1 probada la suscripci\u00f3n del nuevo contrato de manera desleal, por tanto se presume su buena fe (\u2026)\u201d (fl. 227).  <\/span><\/p>\n

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5. Las conclusiones de la autoridad accionada son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho o atropello, pues efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a adoptar la decisi\u00f3n ac\u00e1 criticada, y no es dable en esta acci\u00f3n reabrir un debate fenecido, por cuanto, no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario.  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, la providencia analizada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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6. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.      <\/span><\/p>\n

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                     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC3671-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2016-00180-01           (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100121\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}