{"id":100122,"date":"2026-06-25T20:02:27","date_gmt":"2026-06-25T20:02:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3672-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:02:27","modified_gmt":"2026-06-25T20:02:27","slug":"stc3672-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3672-2017\/","title":{"rendered":"STC3672-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3672-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 el 24 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edwin Crist\u00f3bal Mena Palacios contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio alimentario n\u00ba 2015-00237.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando a  trav\u00e9s de apoderada judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada, al ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n sin tener en cuenta la totalidad del \u00abmaterial probatorio\u00bb acopiado al expediente.  <\/span><\/p>\n

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2.        En s\u00edntesis, expuso que en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, Yolanis Palomeque Salinas impetr\u00f3 el cobro judicial del \u00abincremento anual de la cuota alimentaria pactada mediante acta de conciliaci\u00f3n 007 de enero 24 de 2013\u2026 suscrita ante la Procuradur\u00eda 23 Judicial de Infancia, Adolescencia y Familia\u00bb, la diferencia de las mesadas de abril a octubre de 2015 que el ejecutado pag\u00f3 en $200.000 cuando correspond\u00eda a $300.000, y la suma de $24\u00b4796.565 por concepto de \u00ablas cuotas dejadas de pagar durante los a\u00f1os 2013 a 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que frente al auto 0777 del 5 de octubre de 2015, a trav\u00e9s del cual el Juzgado convocado libr\u00f3 mandamiento de pago por $13\u00b4196.403, propuso excepciones y, tras haberse declarado fallida la conciliaci\u00f3n en audiencia del 2 de diciembre de 2015, se dispuso la apertura a pruebas, en cuyo desarrollo se practic\u00f3 un interrogatorio de parte a la ejecutante en el cual reconoci\u00f3 el pago parcial de alimentos.  <\/span><\/p>\n

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Inform\u00f3 que al presentar los alegatos de conclusi\u00f3n, mientras la actora ratific\u00f3 la deuda se\u00f1alada en la demanda, \u00e9l aludia \u00abla aceptaci\u00f3n\u00bb realizada por la demandante respecto del pago de cuotas a partir del acuerdo, y que como la mesada se fij\u00f3 en porcentaje, el valor de la mesada es \u00abconforme la remuneraci\u00f3n salarial percibida\u00bb, una vez aplicadas las deducciones de ley, por lo que la eventual deuda ser\u00eda por \u00abla diferencia de las sumas canceladas por valor de $200.000 durante 6 meses y el incremento de la cuota alimentaria a partir de 2014\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00absin entrar en detalles de las normas y el procedimiento utilizado para el c\u00f3mputo de la cuota alimentaria\u00bb, el 9 de agosto de 2016 el accionado dict\u00f3 la sentencia 049, concluyendo que \u00abel demandado adeuda desde el mes de febrero de 2013 hasta el mes de agosto de 2015 la suma de\u2026 $5.633.519\u2026 conforme a los desprendibles de pago y recibos aportados a la demanda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que \u00abse deje sin efectos la providencia judicial acusada 049 de agosto 9 de 2016 y en su lugar, se declare modificar el mandamiento de pago\u2026 en la suma de que legamente corresponda\u00bb, y se compulse copia para investigar penal y disciplinariamente al funcionario judicial acusado (fls. 3 a 10, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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4. Se advierte que en este asunto, mediante auto del 30 de noviembre de 2016, esta Sala declar\u00f3 nula la primera sentencia que hab\u00eda proferido el Tribunal a-quo el 9 de septiembre de 2016, y que como el accionado acredit\u00f3 el cumplimiento de ese fallo de tutela, el pasado 14 de octubre, el juzgador de primer grado se abstuvo de abrir a tr\u00e1mite el incidente de desacato propuesto por el accionante.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Primero Promiscuo de Familia de Quibd\u00f3, discrep\u00f3 de la configuraci\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico, pues adujo que conforme al \u00absistema de la libre apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb, valor\u00f3 \u00abla evidencia documental y testifical obrantes en el plenario\u00bb, aunque en este caso determin\u00f3 \u00abque los desprendibles de pago obrantes a folios 82 al 117 y los recibos de pagos visibles a folios 43 al 53 del expediente, me suministraban mayor elementos de juicio, para efectos de poder determinar el valor real adeudado\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que el valor de la cuota que es del \u00ab25% de los salarios, honorarios, primas, prestaciones sociales, cesant\u00edas definitivas o parciales, pensiones que perciba o llegare a percibir\u00bb, se dedujo del monto total, que para el momento de su fijaci\u00f3n fue  $300.000, pero que ese valor se establece de acuerdo al respectivo porcentaje, sin que para ello se haya dejado de aplicar lo previsto en la Ley 1098 de 2006 (fls. 20 y 21, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El apoderado judicial de Yolanis Palomeque Salinas, quien es la ejecutante en el proceso cuya actuaci\u00f3n es objeto de cuestionamiento, manifest\u00f3 que desde cuando se produjo la conciliaci\u00f3n en la Procuradur\u00eda, el obligado ha incumplido \u00aben el entendido que inicio (sic) dando TRESCIENTOS MIL PESOS (300.000), mensuales despu\u00e9s por un lapso de seis meses de manera unilateral baj\u00f3 la cuota a doscientos mil pesos ($200.000) y hasta el d\u00eda de hoy est\u00e1 aportando los mismos trescientos mil pesos (300.000)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se mostr\u00f3  \u00abparciamente de acuerdo\u00bb con modificar la orden de pago por cuanto \u00abno se hicieron los descuentos de ley\u00bb sobre la cuota, pero se opone a que la obligaci\u00f3n se liquide solo respecto del salario porque excluye los dem\u00e1s conceptos de la tasaci\u00f3n, y aportando certificaciones sobre los emolumentos devengados por el ejecutado en la Polic\u00eda Nacional, estim\u00f3 que la deuda, a agosto de 2016, corresponde a $4\u00b4809.026 (fls. 24 a 29, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3. El Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Centro Zonal Itsmina, manifest\u00f3 que procede la reclamaci\u00f3n para que se apliquen las \u00abdeducciones de ley\u00bb sobre las mesadas ejecutadas, y que tambi\u00e9n debi\u00f3 valorarse la declaraci\u00f3n de parte rendida por la ejecutante, quien reconoci\u00f3 el pago de cuotas sin los reajustes convenidos (fls. 138 a 140, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. La Procuradora 23 Judicial II de Infancia, Adolescencia y Familia, dijo que como el Juzgado no tuvo en cuenta los descuentos legales que deb\u00edan aplicarse sobre las cuotas alimentarias, \u00absino que llanamente aplic\u00f3 el 25% sobre la suma total devengada\u2026 vulner\u00f3 el debido proceso por la inadecuada orden de ejecuci\u00f3n\u00bb (fls. 141 a 143, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Concedi\u00f3 el amparo al encontrar que si bien el fallador realiz\u00f3 \u00abun an\u00e1lisis del material probatorio obrante en el expediente, basado en el principio de la sana cr\u00edtica\u00bb, determinando que la cuota alimentaria realmente no estaba fijada en $300.000 sino en el 25% de lo percibido por el demandado en raz\u00f3n a su vinculaci\u00f3n laboral en la Polic\u00eda Nacional, al momento de liquidar lo adeudado observ\u00f3 \u00abel total devengado\u2026 sin tener en cuenta los \u201cDESCUENTOS DE LEY\u201d, que contempla la legislaci\u00f3n, en el art\u00edculo 130 de la Ley 1098 de 2006\u00bb (fls. 145 a 161, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, atendiendo los argumentos de la queja constitucional y de la revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes al proceso objeto de cuestionamiento, prontamente establece la Sala que la salvaguarda deber\u00e1 ser concedida, en la medida en que se configuran defectos de procedibilidad con la capacidad suficiente para quebrantar la decisi\u00f3n censurada, abriendo la posibilidad de que el juez constitucional incursione para adoptar los correctivos pertinentes en aras a mantener el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Ciertamente, la autoridad accionada afect\u00f3 las prerrogativas del accionante, al ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n de alimentos estableciendo una deuda prevalida de una liquidaci\u00f3n preliminar en la que no se estim\u00f3 el valor real de la cuota mensual, comoquiera que \u00e9sta, seg\u00fan el acta de conciliaci\u00f3n suscrita el 24 de enero de 2013, comprende \u00abel 25% de los salarios, honorarios, primas, prestaciones sociales, cesant\u00edas definitivas o parciales, pensiones que perciba o llegare a percibir\u00bb, pero aplicando las deducciones de orden legal que para cada uno de los periodos deb\u00eda liquidarse.  <\/span><\/p>\n

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Sobre ese espec\u00edfico punto no hay discusi\u00f3n alguna y por ende se proh\u00edja el estudio y por consiguiente la resoluci\u00f3n dictada por el Tribunal a-quo, en tanto esa inobservancia del fallador configura un defecto material o sustantivo, que abre paso a la tutela, en la medida que aquel surge de la inadecuada interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las disposiciones que contemplan la situaci\u00f3n abordada (numeral 1\u00ba del art\u00edculo 130 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia), y otro de car\u00e1cter procedimental, porque con lo decidido, se aparta de la senda que el ordenamiento adjetivo contempla para resolver con aptitud y eficacia esta clase de asuntos, que parte del estudio razonable del t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

2.2. El otro aspecto que mereci\u00f3 el reproche del demandante y por el cual mantiene inconformidad, se concreta en la posible incursi\u00f3n del Juzgado accionado de un defecto f\u00e1ctico, por haber omitido la apreciaci\u00f3n de la totalidad de los medios probatorios recogidos en el expediente, en especial de las declaraciones de parte, por cuanto de ellas se vislumbra situaci\u00f3n jur\u00eddica distinta de la contemplada en la providencia censurada.  <\/span><\/p>\n

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Pues bien, basta observar la declaraci\u00f3n judicial realizada por la ejecutante, para concluir que contiene una clara e irrefutable confesi\u00f3n acerca del monto de los alimentos que son objeto de cobro, el cual no se acompasa con aquel determinado por el Juzgado en la providencia la sentencia 049 del 9 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, al absolver el interrogatorio formulado a la se\u00f1ora Yolanis Palomeque Salinas, sobre el cumplimiento de lo acordado sobre los alimentos a favor de su menor hija, expres\u00f3 que el se\u00f1or Mena Palacios \u00abestuvo suministrando la cuota normalmente y durante seis meses dej\u00f3 de darle la plata completa (\u2026) empez\u00f3 a darle $200.000, sin llegar a aumentarle lo que se hab\u00eda pactado en la Procuradur\u00eda\u00bb, enseguida precis\u00f3 que para el a\u00f1o 2013 cancel\u00f3 $3\u00b4600.000, en el 2014 $3\u00b4600.000 y para el a\u00f1o 2015 $1\u00b4810.000, y que durante seis meses \u00abentregaba $200.000, quit\u00e1ndole $100.000\u00bb (fl. 12, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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Esta versi\u00f3n es ratificada y  complementada en el pronunciamiento realizado en sede de tutela, donde a trav\u00e9s de su apoderado judicial manifest\u00f3 que debi\u00f3 adelantarse el cobro judicial porque el demandado inici\u00f3 aportando $300\u00b4000 mensuales, y \u00abdespu\u00e9s por un lapso de seis meses de manera unilateral baj\u00f3 la cuota a doscientos mil pesos ($200.000) y hasta el d\u00eda de hoy [6 de septiembre de 2016] est\u00e1 aportando los mismos trescientos mil pesos\u2026)\u00bb (fls. 24 y 25, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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En este orden, a efectos de computar las cuotas alimentarias tendientes a verificar el cumplimiento o no de la obligaci\u00f3n ejecutada, no le era dable al fallador de instancia limitarse a \u00ablos desprendibles de pago obrantes a folios 82 al 117 y los recibos de pagos visibles a folios 43 al 53 del expediente\u00bb, porque, como lo se\u00f1al\u00f3 al contestar este auxilio, a su juicio tienen \u00abmayor\u00bb valor probatorio para determinar lo adeudado, pues una vez adosados al expediente, todos los medios de prueba pertenecen al proceso y merecen su apreciaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior significa que el enjuiciado, obvi\u00f3 la valoraci\u00f3n del dicho de la demandante, bien sea como simple declaraci\u00f3n de parte o d\u00e1ndole la connotaci\u00f3n jur\u00eddica de una verdadera confesi\u00f3n al tenor del art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso, desatendiendo que \u00ablas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb (canon 176 ib\u00eddem), y el imperativo incluido en el inciso final de dicha disposici\u00f3n seg\u00fan el cual el juez \u00absiempre\u00bb debe exponer \u00abrazonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. De conformidad con lo discurrido, la orden de seguir la ejecuci\u00f3n modificando el mandamiento de pago solo en lo atinente al monto de la mesada, desconociendo el an\u00e1lisis de todos los medios de prueba que podr\u00edan variar lo relacionado con el cumplimiento parcial o total de la obligaci\u00f3n ejecutada, no solo configura el defecto sustantivo que abre paso a la tutela por inadecuada interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las disposiciones que contemplan la situaci\u00f3n abordada, sino que tambi\u00e9n configura un defecto f\u00e1ctico por omisi\u00f3n probatoria, apart\u00e1ndose el juez de la senda que el ordenamiento adjetivo contempla para resolver con aptitud y eficacia esta clase de asuntos.  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, no comparte la conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el Tribunal a-quo sobre el examen probatorio realizado por el enjuiciado, pues se evidencia que procede el amparo conforme a lo implorado por el impugnante, dado que la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, implica la incursi\u00f3n en el defecto f\u00e1ctico, en tanto el juzgador de instancia omiti\u00f3 valorar medio probatorio distinto del documental allegado al plenario, y no admiti\u00f3 circunstancia distinta de la que emerg\u00eda de una cerrada convicci\u00f3n acerca de la apreciaci\u00f3n objetiva para establecer el pago de la obligaci\u00f3n ejecutada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a lo anterior, tambi\u00e9n se avizora defecto sustantivo al no aplicar adecuadamente las disposiciones que contemplan la situaci\u00f3n abordada, en particular las normas que rigen la valoraci\u00f3n probatoria. Recu\u00e9rdese que en pro de una verdadera justicia, al juez le corresponde aplicar el texto legal pero bajo un racional entendimiento del contexto en el que la situaci\u00f3n se le presenta, es decir, interpretando la realidad que le muestra el expediente. De ah\u00ed que si observa que el ejecutado ha realizado abonos o ha cancelado en su totalidad la acreencia objeto de cobranza, as\u00ed debe declararlo, independientemente de que ese comportamiento positivo del deudor se haya dado al inicio o durante el tr\u00e1mite del proceso, en tanto sean verificables y ligados a la obligaci\u00f3n materia de ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4.        De conformidad con lo discurrido, se modificar\u00e1 la sentencia que concedi\u00f3 el amparo, ampli\u00e1ndolo en los t\u00e9rminos antes descritos, y en tal virtud, se ordenar\u00e1 a la autoridad querellada que vuelva a proferir sentencia que defina la ejecuci\u00f3n de alimentos, atendiendo las consideraciones expuestas en precedencia, esto es, apreciando todos y cada uno de los medios de prueba recogidos en el expediente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ahora, respecto de la pretensi\u00f3n para que se compulsen copias con el fin de que se adelante investigaci\u00f3n penal o disciplinaria contra el funcionario encartado, la Sala se abstendr\u00e1 de acceder a ella. No obstante, si el accionante considera lo contrario, la ley lo faculta para que bajo su responsabilidad, con el suficiente soporte proponga la queja o formule la denuncia que a bien estime pertinente.  <\/span><\/p>\n

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Resta se\u00f1alar que como el accionado hab\u00eda acatado el fallo inicial de tutela, esto es, el proferido por el Tribunal el 9 de septiembre de 2016, y \u00e9ste fue declarado nulo mediante auto dictado por esta Corporaci\u00f3n el 30 de noviembre de la misma anualidad (cd. 1 Corte), las actuaciones derivadas de aquella sentencia carecen de valor y eficacia, ya que en adelante rige la orden ac\u00e1 impartida.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia impugnada, y en su lugar CONCEDE la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por Edwin Crist\u00f3bal Mena Palacios, conforme a los motivos planteados en el cuerpo de esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Quibd\u00f3, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efecto la sentencia proferida en el proceso Ejecutivo de Alimentos n\u00ba 2015-00237, y dicte una nueva en la que adem\u00e1s de ajustar el valor de las mesadas objeto de ejecuci\u00f3n teniendo en cuenta  las deducciones de orden legal, para definir sobre la existencia o no de la deuda ejecutada, realice una completa y adecuada valoraci\u00f3n de todos los medios de prueba adosados al expediente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC3672-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100122","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100122"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100122\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}