{"id":100124,"date":"2026-06-25T20:03:01","date_gmt":"2026-06-25T20:03:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3674-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:03:01","modified_gmt":"2026-06-25T20:03:01","slug":"stc3674-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3674-2017\/","title":{"rendered":"STC3674-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3674-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-21-000-2017-00007-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de febrero de 2017 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Garc\u00eda Correa contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Alto Comisionado para la Paz y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda 53 Delegada ante el Tribunal Superior de Cali y al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la libertad, a la dignidad humana, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, que dice vulnerados por las autoridades acusadas con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite adelantado para postularlo como beneficiario de la ley 975 de 2005 (ley de justicia y paz).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a las accionadas: (i) modificar la fecha de postulaci\u00f3n a la justicia transicional, del 11 de julio de 2011 \u00aba un d\u00eda que quede entre febrero o marzo de 2009\u00bb; (ii) que dicten la condena de 8 a\u00f1os lo m\u00e1s pronto posible; (iii) que le sustituyan la medida de aseguramiento intramural por otra en la que no est\u00e9 privado de la libertad; (iv) que le asignen defensor p\u00fablico para poder acceder al beneficio sustitutivo de la pena restrictiva de la autonom\u00eda personal; y (v) que las autoridades cuestionadas no tomen represalias en su contra (folios 13 y 14, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.        Los anteriores pedimentos los sustent\u00f3 en los hechos que a continuaci\u00f3n se sintetizan:  <\/span><\/p>\n

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       2.2.        El referido frente paramilitar se desmoviliz\u00f3 en diciembre de 2004 en el municipio de Bugalagrande, por lo que Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Caicedo Correa aduciendo su condici\u00f3n de integrante de dicho grupo ilegal, en los a\u00f1os 2006, 2007 y 2008 expres\u00f3 su voluntad libre de acogerse a la ley de justicia y paz, peticiones que fueron despachadas adversamente por el Alto Comisionado para la Paz, en raz\u00f3n a que el representante negociador del Bloque Calima, Elver Veloza Garc\u00eda, al\u00edas HH, no incluy\u00f3 en el listado de desmovilizados a los miembros del grupo paramilitar detenidos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3.        El decreto 4719 de 2008 estableci\u00f3 que \u00abpasados tres meses desde la fecha de desmovilizaci\u00f3n colectiva del GAOML, las personas privadas de la libertad cuya pertenencia al grupo no h[ubiera] sido acreditada por el miembro representante\u00bb y que quisieran acogerse a los procedimientos y beneficios de la citada ley, deb\u00edan manifestarlo al Alto Comisionado para la Paz, se\u00f1alando bajo juramento el frente al que pertenecieron y allegando copia \u00edntegra de la decisi\u00f3n judicial que diera cuenta de su militancia en el grupo armado ilegal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        El 22 de enero de 2009 Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Garc\u00eda Correa envi\u00f3 al Comisionado para la Paz memorial expres\u00e1ndole su intenci\u00f3n de acogerse a la ley de justicia y paz; sin embargo, tal petici\u00f3n fue despachada negativamente porque la sentencia condenatoria anexa estaba incompleta. Adujo el accionante que interpuso tutela ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca para que fuera aceptada su solicitud y, en consecuencia, postulado al programa de desmovilizaci\u00f3n, siendo acogido su pedimento mediante fallo del 4 de mayo de 2010.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        El 11 de julio de 2011 fue postulado a la ley 975 de 2005 por la alta consejer\u00eda ante el Ministerio del Interior y de Justicia (hoy de Justicia y del Derecho).  <\/span><\/p>\n

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2.6.        El gestor manifest\u00f3 que requiri\u00f3 a los magistrados y a la Fiscal\u00eda de Justicia y Paz que agilizaran el tr\u00e1mite en orden a ser condenado en el marco de la ley de justicia y paz, a lo cual le respondieron que hay prioridad de resolver otros procesos; por lo que reproch\u00f3 que fuera atendido antes que el suyo el juicio del jefe paramilitar Elver Veloza Garc\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7.        Explic\u00f3 que lleva 15 a\u00f1os y 2 meses privado de la libertad, tiempo que en la justicia ordinaria ya hubiese accedido a la libertad condicional o por lo menos estar\u00eda muy cerca de ello o se encontrar\u00eda en reclusi\u00f3n de mediana seguridad, donde podr\u00eda laborar, pero como se encuentra postulado en justicia y paz no tiene ning\u00fan beneficio administrativo en reclusi\u00f3n, dado que su confinamiento es de m\u00e1xima seguridad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8.        Se quej\u00f3 de que a\u00fan no se hubiere proferido la sentencia de condena, por lo que pidi\u00f3 que le otorguen una pena favorable o alternativa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.        El quejoso formul\u00f3 su petici\u00f3n tuitiva directamente ante la Corte Constitucional, Corporaci\u00f3n que por auto de 16 de noviembre de 2016 expres\u00f3 que como \u00abla acci\u00f3n de tutela\u2026\u00bb fue formulada \u00abcontra [el] Ministerio de Justicia y [del] Derecho, [el] Alto Comisionado Para la Paz y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u2026\u00bb, en virtud del \u00abdecreto 1382 de 12 de julio de 2000\u2026, [que] fij[\u00f3] los par\u00e1metros para determinar la competencia para efectos del reparto de las acciones de tutelas, presentadas en el pa\u00eds\u00bb, la demanda de amparo deb\u00eda someterse a reparto, en primera instancia, entre \u00ablos Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, envi\u00e1ndola por conducto de la respectiva Oficina Judicial de Reparto de Cali\u00bb; providencia mediante la cual interpret\u00f3 que el quejoso dirigi\u00f3 la censura s\u00f3lo contra dichas autoridades, con ocasi\u00f3n de la etapa administrativa del proceso de justicia transicional al que fuera postulado (folios 66 y 67, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Fiscal\u00eda 53 Delegada ante el Tribunal Superior -Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00eda Especializada de Justicia Transicional- inform\u00f3 que adelanta los procesos de los integrantes desmovilizados del Bloque Calima de las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1, explic\u00f3 que dicho tr\u00e1mite comprende dos etapas, una administrativa y otra judicial, que la primera de ellas, tiene que ver con la elaboraci\u00f3n de listas y postulaci\u00f3n de los beneficiarios por parte del Alto Comisionado para la Paz ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, tr\u00e1mite que se abre paso \u00fanicamente con la petici\u00f3n voluntaria del desmovilizado de acogerse a la ley 975 de 2005, la cual debe estar acompa\u00f1ada de la prueba de que hizo parte del grupo armado ilegal (la providencia judicial completa que da cuenta de su pertenencia al mismo), etapa \u00e9sta cuya responsabilidad recae exclusivamente en la Rama Ejecutiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La segunda fase, la judicial, se compone de 3 etapas, a saber, (i) audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n; (ii) audiencia de formulaci\u00f3n de cargos; y (iii) incidente de reparaci\u00f3n integral; las que una vez evacuadas se procede a la elaboraci\u00f3n de la sentencia.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que las tres etapas referidas ya fueron agotadas, encontr\u00e1ndose a la fecha el asunto pendiente del pronunciamiento de pronunciamiento de fondo por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; que en lo relativo a la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento intramural, el actor puede pedirla al mencionado Tribunal con el lleno de los presupuestos previstos en el art\u00edculo 18 A de la ley 975 de 2005; que en lo atinente al nombramiento de un defensor p\u00fablico el interesado puede solicitarlo a su despacho para proceder a efectuar el tr\u00e1mite correspondiente con la Defensor\u00eda del Pueblo (folios 80 y 81, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira rog\u00f3 ser desvinculado de la tutela, por cuanto las pretensiones de la misma se dirigen contra actuaciones y competencias de otras autoridades (folio 83, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica comunic\u00f3 que la postulaci\u00f3n a la ley de justicia y paz del quejoso se surti\u00f3 bajo la \u00e9gida del decreto 4719 de 2008, que \u00abpermiti\u00f3 que las personas privadas de la libertad, cuya pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley que hubiera sido objeto de una desmovilizaci\u00f3n colectiva, no haya sido acreditado por el miembro representante\u00bb, pudiesen acceder a los procedimientos y beneficios de la citada ley, siempre y cuando expresaran bajo juramento por escrito su intenci\u00f3n de acogerse a la justicia transicional, se\u00f1alando el nombre del frente al que pertenecieron y allegaran copia \u00edntegra de la providencia judicial donde constara su pertenencia a dicho bloque.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3 que el Alto Comisionado para la Paz, el 11 de julio de 2011 incluy\u00f3 a Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Garc\u00eda Correa en la lista de postulados para acceder a la ley 975 de 2005, esto es, una vez tuvo por verificados los requisitos exigidos por el decreto 4719 de 2008, decisi\u00f3n notificada a \u00e9ste por oficio OFI11-00068000\/JMSC 31120, sin que la hubiese recurrido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Explic\u00f3 que no resultaba factible modificar la fecha de postulaci\u00f3n del reclamante a la ley de justicia transicional, comoquiera que se trataba de un acto administrativo que reg\u00eda hacia el futuro; de manera que s\u00f3lo si la ley expresamente lo permitiera se podr\u00eda modificar esa situaci\u00f3n hac\u00eda el pasado; aunado a ello, indic\u00f3 que \u00fanicamente hasta que la oficina de la alta consejer\u00eda para la paz cont\u00f3 con la totalidad de los requisitos previstos para el efecto incluy\u00f3 al quejoso en la lista de postulados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finaliz\u00f3 resaltando que como los dem\u00e1s pedimentos del actor no son de su competencia, no emitir\u00eda ning\u00fan pronunciamiento (folios 88 a 92, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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4.        El Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a la concesi\u00f3n del amparo, toda vez que no era de su resorte resolver los pedimentos del reclamante. De otra parte, afirm\u00f3 que hasta antes de la expedici\u00f3n del decreto 4719 de 2008, no exist\u00eda norma que le permitiera al Alto Comisionado para la Paz ni a esa cartera ministerial formalizar la aspiraci\u00f3n del interesado de acogerse a la ley de justicia y paz ante el Fiscal General de la Naci\u00f3n (folios 110 a 113, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que no era posible reabrir el debate referente a la fecha en que el accionante fue postulado para acceder a los beneficios de la ley 975 de 2005, dado que en el momento en que present\u00f3 su solicitud fue advertido sobre los requisitos faltantes, procediendo a incluirlo en justicia transicional una vez se verific\u00f3 el cumplimiento de tales presupuestos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, resalt\u00f3 que es facultad exclusiva del Alto Comisionado para la Paz postular a quienes eventualmente podr\u00edan ser favorecidos con la ley de justicia y paz, a m\u00e1s de que la postulaci\u00f3n no implica la concesi\u00f3n de beneficios autom\u00e1ticamente y que el quejoso cuando fue notificado de su inclusi\u00f3n no hizo cr\u00edtica alguna frente a la fecha a partir de la cual \u00e9sta se produjo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En lo concerniente a la modificaci\u00f3n de la medida de aseguramiento que le fuera impuesta en el tr\u00e1mite penal, consign\u00f3 que no se reun\u00eda el presupuesto de subsidiariedad, puesto que el censor contaba con medios judiciales id\u00f3neos al interior del proceso para solicitar esa alteraci\u00f3n (folios 158 a 162, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n aduciendo que formul\u00f3 la petici\u00f3n tuitiva con el \u00ab\u00fanico fin de que se [le] recono[ciera] el tiempo de mora para ser postulado\u00bb, pues su inclusi\u00f3n en justicia y paz la pidi\u00f3 desde el 22 de enero de 2009 y, a pesar de que solicit\u00f3 a la oficina del Alto Comisionado para la Paz tal modificaci\u00f3n, no ha logrado que su pedimento sea atendido (folios 170 a 177, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el presente asunto, de manera liminar, resulta imperioso precisar que ante la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n tuitiva directamente ante la Corte Constitucional y, en vista, de que esa Corporaci\u00f3n interpret\u00f3 que los pedimentos de la demanda de tutela s\u00f3lo fueron dirigidos a cuestionar la actuaci\u00f3n de las autoridades del orden nacional, Alto Comisionado para la Paz, Ministerio de Justicia y del Derecho y Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en la etapa administrativa del proceso de postulaci\u00f3n a justicia transicional de Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Garc\u00eda Correa; la Sala emprender\u00e1 el estudio de la presente impugnaci\u00f3n \u00fanicamente respecto a dicho aspecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entendimiento que se robustece con la inconformidad planteada por Garc\u00eda Correa en su escrito de apelaci\u00f3n frente al fallo de primera instancia, en el que expresamente manifest\u00f3 que interpuso \u00abesta acci\u00f3n de tutela con el \u00fanico fin de que se [l]e recono[ciera] el tiempo de mora para ser postulado\u00bb, lo que suplic\u00f3 desde \u00abel 22 de enero de 2009\u00bb, cuando se \u00abpromulg\u00f3 el decreto 4719 [de 2008]. Pid[iendo] la modificaci\u00f3n de la fecha de postulaci\u00f3n\u00bb; que se \u00abrecono[ciera] la mora de ese tr\u00e1mite pues est[\u00e1] recibiendo el peso de la mora con c\u00e1rcel\u00bb (folios 170 y 171, cuaderno 1).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Al respecto, cumple se\u00f1alar que el reclamo constitucional resulta improcedente, en la medida en que el reclamante no interpuso reposici\u00f3n frente al acto administrativo de 11 de julio de 2011, por el cual el Alto Comisionado para la Paz present\u00f3 su nombre ante el Ministerio del Interior y de Justicia (hoy de Justicia), como aspirante a ser beneficiario de la ley 975 de 2005, pues s\u00f3lo hasta ahora pretende por esta v\u00eda excepcional que la fecha en que se produjo su postulaci\u00f3n al programa de desmovilizaci\u00f3n sea variada, soslayando los remedios de la v\u00eda gubernativa que tuvo al alcance en su momento y que desaprovech\u00f3 por incuria; circunstancia que de por s\u00ed torna improcedente la salvaguarda implorada dado que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, en virtud de su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.        Ahora bien, si en gracia de discusi\u00f3n se hubiese agotado ese remedio para censurar dicha actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n, debe decirse que no comporta un desconocimiento de las garant\u00edas fundamentales del interesado el hecho de que su postulaci\u00f3n a la justicia transicional se hubiese producido s\u00f3lo hasta el 11 de julio de 2011, habida cuenta que s\u00f3lo para ese momento el Alto Comisionado para la Paz tuvo por acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos en el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 4719 de 20081 por parte de Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Garc\u00eda Correa2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En tal virtud, no era dable a la alta consejer\u00eda retrotraer los efectos jur\u00eddicos del acto de postulaci\u00f3n desde la fecha en que por primera vez Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Garc\u00eda Correa inco\u00f3 la petici\u00f3n para ser incluido como beneficiario de la ley de justicia transicional, dado que por regla general los actos administrativos rigen hac\u00eda el futuro; y, en todo caso, advi\u00e9rtase que para cuando el gestor formul\u00f3 su aspiraci\u00f3n -22 enero 2009-, \u00e9sta no llenaba las exigencias dispuestas en el precepto referido a espacio, dado que no acompa\u00f1\u00f3 al escrito de acogimiento la providencia judicial, en este caso, la sentencia que lo conden\u00f3 a 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n en la que constaba la pertenencia al grupo paramilitar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En lo ata\u00f1edero a la irretroactividad de los actos administrativos, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido constante al sostener que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026uno de los fundamentos esenciales del ordenamiento jur\u00eddico es el de considerar que las leyes y actos administrativos rigen hacia el futuro. En este sentido se encuentra el art\u00edculo 52 del C\u00f3digo de R\u00e9gimen Pol\u00edtico y Municipal que establece que \u00abla Ley no obliga sino en virtud de su promulgaci\u00f3n, y su observancia principia dos meses despu\u00e9s de promulgada\u00bb. Asimismo, se observan los art\u00edculos 17 y 19 de la Ley 153 de 1887, los cuales disponen como regla general el principio de irretroactividad con el fin de mantener la seguridad jur\u00eddica y la protecci\u00f3n del orden social. Como bien lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n \u00abel efecto retroactivo y la regla que lo proh\u00edbe, se contrapone del efecto general e inmediato de la ley, seg\u00fan el cual la ley s\u00f3lo rige para el porvenir, esto es, sus disposiciones \u00fanicamente se aplican desde el momento en que comienza su vigencia y hacia el futuro\u2026\u00bb (CE, 14 jul. 2011, rad. 85\/2009-00032-02).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.        As\u00ed las cosas, se respaldar\u00e1 la sentencia de primer grado, pero por lo aqu\u00ed consignado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Expresar ante el Alto Comisionado Para la Paz, de manera expl\u00edcita por escrito su voluntad de acogerse a los procedimientos y beneficios de la Ley 975 de 2005, y bajo la gravedad del juramento indicar el nombre del bloque o frente al que pertenec\u00edan, adjuntando copia \u00edntegra de la providencia judicial donde conste su pertenencia al respectivo grupo armado organizado al margen de la ley.    <\/span><\/p>\n

2 El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Popay\u00e1n por oficio 458 de 1\u00ba de junio de 2010 alleg\u00f3 la sentencia de 30 de abril de 2008, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, en la que se confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia proferida por aquel despacho, mediante la cual Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Garc\u00eda Correa fue condenado a 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n, tras encontrarlo responsable de los delitos de homicidio m\u00faltiple agravado en concurso heterog\u00e9neo con desplazamiento forzado y concierto para delinquir, decisi\u00f3n que pon\u00eda de presente la pertenencia de Garc\u00eda Correa al Bloque Calima de las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1; quedando pendiente el pronunciamiento del concepto valorativo de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el cual fue proferido el 21 de febrero de 2011 por la Fiscal\u00eda 18 Delegada ante el Tribunal de Cali (folio 90, cuaderno 1).      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado Ponente         STC3674-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-21-000-2017-00007-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100124","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100124\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}