{"id":100125,"date":"2026-06-25T20:03:15","date_gmt":"2026-06-25T20:03:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3675-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:03:15","modified_gmt":"2026-06-25T20:03:15","slug":"stc3675-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3675-2017\/","title":{"rendered":"STC3675-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3675-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 27001-22-08-000-2017-00006-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 el 25 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por la Red de Servicios de Occidente S.A. contra los Juzgados Civil del Circuito y Segundo Promiscuo Municipal de Itsmina; siendo citados los intervinientes en la tutela n\u00ba 2009-00195.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales acusadas al decretar el embargo y retenci\u00f3n de los dineros que tiene consignados \u00aben el Banco de Bogot\u00e1 de Itsmina y Agrario de Condoto, haci\u00e9ndolo extensivo a las siguientes entidades financieras de Quibd\u00f3: BANCOLOMBIA, BOGOT\u00c1, AGRARIO, POPULAR Y AV VILLAS\u00bb limitando la medida a $30\u00b4000.000, dentro del incidente de desacato que adelanta contra su representante legal.  <\/span><\/p>\n

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2. Como fundamentos f\u00e1cticos expone, en s\u00edntesis, que el 30 de noviembre de 2009, el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina confirm\u00f3 el fallo de primer grado que accedi\u00f3 al resguardo interpuesto por Margarita Rivas por violaci\u00f3n de sus garant\u00edas a la maternidad, estabilidad laboral reforzada y m\u00ednimo vital y le orden\u00f3 reintegrarla en el cargo que desempe\u00f1aba o en otro similar y pagarle lo devengado desde su desvinculaci\u00f3n hasta el cumplimento de la sentencia.    <\/span><\/p>\n

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Agrega que el a-quo abri\u00f3 incidente de desacato el 18 de marzo de 2010 y el 28 de junio siguiente decret\u00f3 como prueba un dictamen pericial contable para determinar las sumas que se le adeudaban a la quejosa. Luego, el 28 de febrero de 2011 sancion\u00f3 al representante legal de la sociedad, pero el ad-quem, en sede de consulta, dej\u00f3 sin efecto esa decisi\u00f3n porque no notific\u00f3 personalmente a aqu\u00e9l.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que el 29 de enero de 2014 se decret\u00f3 la cautela enunciada al comienzo, apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n, pero el 10 de febrero de 2016 el superior declar\u00f3 inadmisible ese recurso.       <\/span><\/p>\n

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3. Pretende, en consecuencia, revocar el auto que dispuso la medida preventiva (fls. 1 a 8, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Primero Civil del Circuito de Itsmina dijo que la salvaguarda es improcedente porque cuestiona lo actuado en otro tr\u00e1mite semejante y, adem\u00e1s, no se cumpli\u00f3 el requisito de inmediatez porque las decisiones atacadas datan de hace m\u00e1s de dos a\u00f1os (fls. 57 a 60, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa ciudad remiti\u00f3 el expediente en pr\u00e9stamo para que fuera revisado (fl. 62, ib.).  <\/span><\/p>\n

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3. Margarita Rivas indic\u00f3 que el Decreto 2591 de 1991 consagra la posibilidad de decretar medidas cautelares cuando no se cumplen las \u00f3rdenes impartidas y en este caso han transcurrido m\u00e1s de 7 a\u00f1os desde que se concedi\u00f3 el amparo (fls. 65 y 66, cit).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo porque el representante legal de la accionante \u00abha hecho uso de maniobras dilatorias\u00bb para impedir su notificaci\u00f3n personal del auto del a-quo que lo sancion\u00f3 por desacato y por ello no se ha surtido el grado de consulta, por lo que al estar en tr\u00e1mite el incidente de desacato, le corresponde comparecer ante el funcionario de conocimiento y exponer todos los reparos que ac\u00e1 aduce. Agreg\u00f3 que no se cumple el requisito de inmediatez frente al auto de 29 de enero de 2014 que decret\u00f3 las medidas cautelares (fls. 68 a 77, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El apoderado judicial de la accionante adujo que las cautelas decretadas son inviables porque persiguen un fin econ\u00f3mico, no guardan relaci\u00f3n con derechos fundamentales y volver\u00edan la acci\u00f3n en un medio no excepcional (fls. 86 y 87, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Istmina vulner\u00f3 la prerrogativa denunciada por decretar el embargo de los dineros que tiene la accionante en varios bancos de esa ciudad, Condoto y Quibd\u00f3, para garantizar el cumplimiento del fallo de tutela propuesto por Margarita Rivas.  <\/span><\/p>\n

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2. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

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Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente al tema de la oportunidad, esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01).  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada.  <\/span><\/p>\n

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3. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el auxilio resulta improcedente porque no atiende el postulado que viene de comentarse tal como lo advirti\u00f3 el Tribunal constitucional, ya que para cuando se present\u00f3 el escrito inicial, el 12 de enero de 2017 (fl. 1, cd. 1), hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los seis meses establecidos como razonables, contados desde que se profiri\u00f3 el auto que orden\u00f3 la cautela en comento (29 de enero de 2014) y desde la providencia del ad-quem que declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n contra ese pronunciamiento (10 de febrero de 2016).  <\/span><\/p>\n

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4. Adicionalmente, el amparo resulta prematuro, ya que el incidente de desacato est\u00e1 en curso en la medida en que a\u00fan no se ha desatado la consulta de la sanci\u00f3n y, por ello, le corresponder\u00e1 al representante legal de la querellante comparecer al tr\u00e1mite y demostrar que acat\u00f3 el fallo constitucional o la improcedencia de los embargos.    <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, los reproches objeto de debate ser\u00e1n en su momento estudiados por el juez de conocimiento y su superior, de ser el caso, sin que pueda suponerse o inferirse la manera en que lo har\u00e1n, pues, como ha dicho la Sala sobre el ejercicio anticipado de este medio \u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado (\u2026) para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado el 3 sep. 2015, STC11800).  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de las anteriores precisiones, se impone respaldar el fallo que neg\u00f3 el amparo.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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