{"id":100130,"date":"2026-06-25T20:04:47","date_gmt":"2026-06-25T20:04:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3680-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:04:47","modified_gmt":"2026-06-25T20:04:47","slug":"stc3680-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3680-2017\/","title":{"rendered":"STC3680-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3680-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00059-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C.,  diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 17 de febrero de 2017, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, frente al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, y la Alcald\u00eda y Personer\u00eda de ese Municipio.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, el querellante promovi\u00f3 el amparo constitucional de la referencia, tras considerar que la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 sus derechos fundamentales en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular N\u00ba \u00ab2016-440\u00bb contra el Banco Davivienda S.A.  <\/span><\/p>\n

2. Manifiesta, en resumen, que el juez encartado le exigi\u00f3 cumplir con requisitos que no est\u00e1n contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1.998, concretamente que aportara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad financiera demandada.  <\/span><\/p>\n

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3. En virtud de lo enunciado, considera vulneradas  sus \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb y pide, en consecuencia, \u00abse ORDENE inmediata\/ admitir mi acci\u00f3n y se le revoque el auto en el cual pretendi\u00f3 exigir requisitos inexistentes en el art 18 ley especial 472\/98\u00bb (ff. 1 y 2, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda Regional Risaralda, inform\u00f3 que para dar cumplimiento a lo ordenado en el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998 ha designado a diferentes profesionales de esa entidad, en virtud de las acciones populares presentadas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, plantea adem\u00e1s que la situaci\u00f3n arg\u00fcida por el actor es ajena a su funci\u00f3n, por lo cual pide su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite (f. 25 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El despacho judicial accionado alleg\u00f3 los documentos solicitados y afirm\u00f3 que \u00abel accionante dejo vencer los t\u00e9rminos procesales sin cumplir con la carga procesal que le fue asignada en el auto que inadmiti\u00f3 la demanda\u00bb (ff. 28, 29 y 30 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El Alcalde de ese lugar, manifest\u00f3 que \u00abel municipio desconoce el estado y exigencias que se hicieran en la Acci\u00f3n Popular radicada al 2016-440\u00bb (f. 31, ib).    <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo con fundamento en que se incumpli\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad, dado que el accionante no formul\u00f3 recurso alguno frente a la decisi\u00f3n de rechazo de las acciones populares (ff. 41 a 43 \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El recurrente solicit\u00f3 \u00abAMPARAR MI ACCION\u00bb. (f. 46, Cd 1 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas al rechazar la acci\u00f3n popular que refiere el peticionario, al no haber cumplido con la carga procesal que le fue impuesta consistente en aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad demandada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Para el an\u00e1lisis que se efect\u00faa se encuentra demostrado lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Mediante providencia de 13 de diciembre de 2016 el juzgado acusado inadmiti\u00f3 la demanda para que el recurrente cumpliera con una serie de exigencias, tales como aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad financiera accionada (f. 2, CD).      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Posteriormente el 15 del mismo mes y a\u00f1o el se\u00f1or Arias Idarraga formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n cuestionando la providencia relacionada en el numeral anterior (f. 3, ib\u00eddem).      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. El 18 de enero de 2017, el despacho judicial dispuso no reponer la providencia recurrida y declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n formulado (f. 4, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Seguidamente, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 30 de enero decidi\u00f3 rechazar de plano la acci\u00f3n popular, decisi\u00f3n frente a la cual el interesado no propuso recurso alguno (f. 6, ib.).  <\/span><\/p>\n

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3. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones en el proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El asunto que se analiza se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis, por las siguientes razones:  <\/span><\/p>\n

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Respecto de personas jur\u00eddicas, particularmente de sociedades comerciales, es preciso acreditar su existencia y representaci\u00f3n para efectos de la verificaci\u00f3n de los presupuestos de capacidad para ser parte y para comparecer a juicio, seg\u00fan se desprende de los art\u00edculos 53, 54, 84-2 y 85 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para ello, es necesario contar con el elemento de juicio id\u00f3neo, mismo que antes concern\u00eda aportar principalmente al demandante y que en la actualidad no puede exigirse por el Juez cuando se trate de personas jur\u00eddicas de derecho privado cuya informaci\u00f3n \u00abconste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla\u00bb, tal cual lo establece el mentado precepto 85 del ib\u00eddem, al igual enfatiza: \u00abCuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. La anterior disposici\u00f3n que resulta coherente con los esfuerzos encaminados a procurar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones al interior del proceso (art. 103 del C.G.P.), encuentra sentida relevancia en la acci\u00f3n popular, donde su car\u00e1cter de mecanismo constitucional para la defensa de derechos e intereses colectivos, exigi\u00f3 que el legislador haya enfatizado la aplicaci\u00f3n de los principios de \u00abprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u00bb, los cuales deben materializarse por v\u00eda del impulso oficioso, preferente y proactivo por parte del Juez en orden a obtener una decisi\u00f3n de fondo, as\u00ed como del otorgamiento de facilidades para la formulaci\u00f3n de la \u00abdemanda o petici\u00f3n\u00bb (arts. 5, 6, 14, 17, 18, entre otros de la Ley 472 de 1998).  <\/span><\/p>\n

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4. La Ley 472 de 1.998 consagra lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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Art\u00edculo    18\u00ba.- Requisitos de la Demanda o Petici\u00f3n. Para promover una acci\u00f3n popular se presentar\u00e1 una demanda o petici\u00f3n con los siguientes requisitos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) La indicaci\u00f3n del derecho o inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado;  <\/span><\/p>\n

b) La indicaci\u00f3n de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petici\u00f3n;  <\/span><\/p>\n

c) La enunciaci\u00f3n de las pretensiones;  <\/span><\/p>\n

d) La indicaci\u00f3n de la persona natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;  <\/span><\/p>\n

e) Las pruebas que pretenda hacer valer;  <\/span><\/p>\n

f) Las direcciones para notificaciones;  <\/span><\/p>\n

g) Nombre e identificaci\u00f3n de quien ejerce la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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La demanda se dirigir\u00e1 contra el presunto responsable del hecho u omisi\u00f3n que la motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenar\u00e1 su citaci\u00f3n en los t\u00e9rminos en que aqu\u00ed se prescribe para el demandado.  <\/span><\/p>\n

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5. Bajo el contexto que viene de verse, resulta claro que la exigencia de aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, no est\u00e1 dispuesta en la norma transcrita, es por ello que, mal pod\u00eda el fallador exigir al demandante el cumplimiento de requisitos que la norma especial aplicable al caso concreto no contempla y mucho menos, proceder al rechazo de la acci\u00f3n popular como consecuencia de la ausencia de subsanaci\u00f3n, tal como procedi\u00f3 en virtud del prove\u00eddo de 30 de enero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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6. Corolario de lo discurrido, se impone revocar el fallo impugnado y en su lugar se conceder el amparo implorado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En su lugar, por las razones expuestas en este pronunciamiento, se CONCEDE la tutela solicitada por el accionante, y en consecuencia dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia que en el t\u00e9rmino improrrogable de diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de \u00e9sta providencia, deje sin efecto la actuaci\u00f3n objeto de queja a partir del auto inadmisorio de la demanda, inclusive, y en su lugar le d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.          <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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