{"id":100132,"date":"2026-06-25T20:05:17","date_gmt":"2026-06-25T20:05:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3682-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:05:17","modified_gmt":"2026-06-25T20:05:17","slug":"stc3682-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3682-2017\/","title":{"rendered":"STC3682-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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STC3682-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00036-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C. diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el 7 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Said Manrique Aldana, contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y la Seccional del Tolima.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La solicitante quien act\u00faa en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la salud, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas, en raz\u00f3n a que no le han autorizado los servicios, atenciones e insumos que requiere para el manejo y tratamiento de las enfermedades que padece.  <\/span><\/p>\n

2. Como sustento de su alegaci\u00f3n se\u00f1ala en s\u00edntesis que fue diagnosticada por los profesionales adscritos a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, con las siguientes patolog\u00edas catastr\u00f3ficas: \u00abNEUROMIELITIS OPTICA, VEJIGA NEUROGENICA SECUNDARIA, E HIPERTENSI\u00d3N ARTERIAL\u00bb, las cuales han desmejorado su calidad de vida pues le limitan el \u00abmovimiento, locomoci\u00f3n, disposici\u00f3n del cuerpo, destrezas, [y] habilidades\u00bb, requiriendo en consecuencia ayuda de terceros y el uso de pa\u00f1ales desechables ya que presenta \u00abun cuadro de incontinencia urinaria (\u2026) teniendo que incluir dentro de[l] presupuesto la compra de los mismos afectando con esto [su] econom\u00eda ya que no se ha[n] autorizado \u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que como el tratamiento de las enfermedades que padece se debe efectuar en el Hospital Central de la Polic\u00eda Nacional ubicado en Bogot\u00e1, se ha visto en la obligaci\u00f3n de \u00abpernoctar en hoteles en esa ciudad, con [su] esposo que [la] acompa\u00f1a (\u2026) incurriendo en costos adicionales que no est\u00e1n en el presupuesto econ\u00f3mico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende en consecuencia, se ordene a las demandadas, que le entreguen los pa\u00f1ales y medicamentos que necesita, as\u00ed como autorizar los procedimientos, pruebas diagn\u00f3sticas, las \u00abasistencias a m\u00e9dicos especialistas dentro y fuera de la ciudad, vi\u00e1ticos para el desplazamiento a otras ciudades (\u2026) alimentaci\u00f3n y hospedaje en caso de necesitarlo, y dem\u00e1s que se ordenen por parte de los profesionales de la salud, sin tener en cuenta que se encuentren por fuera del POS\u00bb y finalmente que no le sean exigidos los pagos de cuotas moderadoras (fls. 1 a 5, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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1. El Jefe del \u00c1rea de Sanidad del Tolima, estima que la accionante activa los mecanismos judiciales sin existir negativa a efectuar los procedimientos o entregar los medicamentos que exige, asumiendo que estos no le van a ser autorizados, cuando, contrario a ello, en ning\u00fan momento la entidad que representa ha asumido una posici\u00f3n renuente frente a la enfermedad y tratamiento para el restablecimiento de la salud de la tutelante. Informa que respecto al transporte que llegara a necesitar \u00abcuenta con un contrato vigente con la empresa VELOTAX para el traslado de usuarios que tengan que desplazarse de un municipio a otro por cuestiones de citas m\u00e9dicas, paro (sic) lo cual el paciente debe acercarse con antelaci\u00f3n a las instalaciones a solicitar la entrega de pasajes con el soporte de la cita a la cual debe asistir\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente alega que, la paciente no ha cumplido con el deber que le asiste de acudir con las autorizaciones expedidas a programar las respectivas citas (fls. 30 a 34, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Director de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto por cuanto la competencia para atender las pretensiones de la demandante radica en el \u00c1rea de Sanidad del Tolima (fls. 46 a 48, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional concedi\u00f3 la protecci\u00f3n, con la finalidad de \u00abgarantizar la continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico y evitarle al accionante la interposici\u00f3n indefinida de acciones de tutela, por cada nuevo servicio de salud que sea ordenado por el m\u00e9dico adscrito a la entidad, derivado de la misma patolog\u00eda\u00bb, y en consecuencia, orden\u00f3 al \u00abJefe de Sanidad Tolima de la Polic\u00eda Nacional, que en el t\u00e9rmino perentorio e improrrogable de 48 horas, proceda a verificar la materializaci\u00f3n de las prescripciones m\u00e9dicas emitidas por el m\u00e9dico tratante, especialmente la relacionada con el suministro de pa\u00f1ales desechables para adulto, ordenando tambi\u00e9n prestar y facilitar de manera completa y si ning\u00fan tipo de dilaci\u00f3n todos los servicios de salud (m\u00e9dicos, quir\u00fargicos, hospitalarios, farmac\u00e9uticos y terap\u00e9uticos) que requiera la se\u00f1ora Diana Said Manrique Aldana para el adecuado tratamiento de la patolog\u00eda que padece\u00bb (fls. 36 a 41, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el Jefe del \u00c1rea de Sanidad del Tolima, con id\u00e9nticas alegaciones a las contenidas en el escrito de respuesta a la tutela, acerca de su improcedencia por ausencia de actuaci\u00f3n que desconozca las prerrogativas cuya protecci\u00f3n se reclama, en tanto ha sido diligente al ejecutar las actuaciones que son de su cargo para brindar atenci\u00f3n en salud a la promotora del amparo, adem\u00e1s insiste en que de accederse al amparo se debe autorizar el recobro al Fosyga (fls. 50 a 54, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  En relaci\u00f3n con el derecho fundamental a la salud, esta Sala ha reiterado que acorde con la jurisprudencia constitucional, es \u00abun derecho fundamental aut\u00f3nomo que \u201ctiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Sentencia T-1036 de 4 de diciembre de 2007\u00bb, (citada en STC9859-2016, 21 jul, 2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo para proteger tal prerrogativa cuando se demuestre que existe una afectaci\u00f3n inminente de los derechos a la vida, integridad personal o dignidad humana, del afectado por remisi\u00f3n que instituyera el art\u00edculo 46 de la Carta Pol\u00edtica, cuando determin\u00f3 que el Estado, la sociedad y la familia concurrir\u00e1n para su protecci\u00f3n y asistencia, garantizando adem\u00e1s los servicios de la seguridad social integral entre otros.  <\/span><\/p>\n

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2. De la historia cl\u00ednica allegada a este tr\u00e1mite, se extrae que la demandante sufre de \u00abNEUROMELITIS OPTICA\u00bb la que a su vez le ocasion\u00f3 una \u00abDISFUNCI\u00d3N NEUROMUSCULAR DE LA VEJIGA\u00bb, limitando su capacidad de locomoci\u00f3n y control de esf\u00ednter urinario, raz\u00f3n por la cual los especialistas de la red prestadora de servicios de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, desde el 11 noviembre de 2016, le ordenaron como tratamiento para su manejo, la aplicaci\u00f3n de \u00abTOXINA BOTULINC\u00bb (fl. 22, cd 1) y el suministro de 360 pa\u00f1ales para adulto talla L (fl. 20, ib\u00eddem), sin embargo, a la fecha no obra prueba de que se haya autorizado el medicamento ni tampoco entregado el insumo de higiene.  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, el Jefe del \u00c1rea de Sanidad del Tolima, aduce que no ha vulnerado derecho alguno a la demandante, puesto que ha actuado conforme a derecho y expidi\u00f3 las anuencias m\u00e9dicas que ella requiere.  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora, de la revisi\u00f3n a los escritos de contestaci\u00f3n a la acci\u00f3n e impugnaci\u00f3n de la decisi\u00f3n que la resolvi\u00f3, ambos allegados por el \u00c1rea de Sanidad de Polic\u00eda del Tolima, echa de menos la Sala los argumentos por los que debi\u00f3 negarse el amparo solicitado, pues las alegaciones all\u00ed contenidas se limitan a expresar que las gestiones desplegadas por cuenta de dicha autoridad se sujetan a la ley, pero sin especificar cu\u00e1les ni en que han consistido, menos a\u00fan a que norma se ajustan.  <\/span><\/p>\n

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En cambio, s\u00ed se vislumbra una abstenci\u00f3n de parte de la aludida instituci\u00f3n prestadora de salud, que aunque ha estado atenta a brindarle la respectiva valoraci\u00f3n y diagnostico a los padecimientos de la demandante, no le ha otorgado los medicamento e insumos ordenados por el m\u00e9dico tratante desde noviembre de 2016, respecto de los cuales no hizo pronunciamiento alguno, ni alleg\u00f3 medio de prueba que acreditara las acciones tendientes a su cumplimiento, pese a que las prescripciones se constituyen en indispensables para procurar el restablecimiento de las condiciones de la enferma.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en este caso se abre paso la protecci\u00f3n constitucional pedida por lo que se confirmar\u00e1 el fallo reprochado, que conmin\u00f3 al \u00c1rea de Sanidad de la Polic\u00eda del Tolima para que \u00abproceda a verificar la materializaci\u00f3n de las prescripciones m\u00e9dicas emitidas por el m\u00e9dico tratante, especialmente la relacionada con el suministro de pa\u00f1ales desechables para adulto, ordenando tambi\u00e9n prestar y facilitar de manera completa y sin ning\u00fan tipo de dilaci\u00f3n todos los servicios de salud (m\u00e9dicos, quir\u00fargicos hospitalarios, farmac\u00e9uticos y terap\u00e9uticos)\u00bb as\u00ed como a proporcionar los tratamientos integrales que requiera Diana Said Manrique Aldana, toda vez que todos estos resultan indispensables para atender su patolog\u00eda, razones que se estiman suficientes para ratificar la decisi\u00f3n que por esta v\u00eda se revisa.  <\/span><\/p>\n

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4. En lo relacionado con la pretensi\u00f3n de reconocimiento de las erogaciones para los desplazamientos a ciudad diferente a la de su residencia para recibir la atenci\u00f3n m\u00e9dica que necesita, as\u00ed como la devoluci\u00f3n de las sumas que en el pasado ha tenido que asumir por dicho concepto, como lo afirm\u00f3 el a quo, no se advierte el quebrantamiento expresado, pues no existe prueba alguna que demuestre esos gastos ni mucho menos que la interesada hubiese acudido ante la entidad accionada a fin de solicitar tal pago o reembolsos, m\u00e1xime cuando en lo atinente con el transporte intermunicipal dispone de la posibilidad de solicitar los pasajes a la empresa \u00abVELOTAX\u00bb, con la cual la DISAN tiene contrato para cubrir dicho servicio.  <\/span><\/p>\n

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Al punto, se recuerda que la tutela es un mecanismo subsidiario y residual que tal solo procede ante la inexistencia de otros mecanismos de defensa, mas no tiene como prop\u00f3sito soslayar los causes ordinarios.    <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente cabe se\u00f1alar, que no es posible autorizar a la entidad convocada el recobro ante el Fosyga del costo de los servicios, atenciones e insumos requeridos por la demandante, toda vez que, como lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u00ablos Subsistemas de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional no est\u00e1n sujetos a lo previsto en la [L]ey 100 de 1993 y, adem\u00e1s, cuentan con los llamados \u2018fondos-cuenta\u2019 que funcionan en forma semejante al primeramente citado que les permite obtener la financiaci\u00f3n de los diversos gastos que deban asumir en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud al personal adscrito y a sus distintos beneficiarios\u00bb (CSJ STC, 19 oct. 2012, Rad. 00029-01; reiterada en STC7952-2014).  <\/span><\/p>\n

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6.  Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la providencia reprochada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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