{"id":100133,"date":"2026-06-25T20:05:34","date_gmt":"2026-06-25T20:05:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3683-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:05:34","modified_gmt":"2026-06-25T20:05:34","slug":"stc3683-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3683-2017\/","title":{"rendered":"STC3683-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3683-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00021-01.  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de         ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil  \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Alcald\u00eda Municipal, la Procuradur\u00eda y a la Defensor\u00eda del Pueblo de la misma urbe regional (Risaralda), as\u00ed como los eventuales coadyuvantes.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  Demand\u00f3 el gestor la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental a sus \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb,  presuntamente vulnerado por la autoridad judicial encartada, dentro de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3.   <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00abpresent[\u00f3]  A (sic) popular #2015-343. La tutelada desconoce ABIERTA[MENTE] lo q[ue] le ORDENA los arts. 5 y 84 de la ley ESPECIAL 472\/98, al igual q[ue] las sentencias de la H. Corte Constitucional [\u2026], donde dice q[ue] la acci\u00f3n popular se TIENE q[ue] tramitar de oficio, art 5 ley 472\/98\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que \u00abla tutelada cree poder terminar [la] acci\u00f3n con figura inexistente en la ley 472\/98. Ley especial pretende aplicar la ley general CGP para terminar mi acci\u00f3n constitucional desconociendo art 5 ley 472\/98 y olvidando q[ue] la informaci\u00f3n a la comunidad obra a folio #27 del Cuaderno ppal (sic)\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en consecuencia, se ordene \u00abla nulidad del auto que dio desistimiento t[\u00e1]cito en [la] Acci\u00f3n popular [\u2026]\u00bb, adem\u00e1s que \u00abse ordene valorar el folio #27 de mi Acci\u00f3n popular #2015-343\u00bb (Fls. 1 a 2 Cdno. Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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La c\u00e9lula judicial recriminada remiti\u00f3 copia escaneada del expediente de la acci\u00f3n popular 2015-00343-00 (Fl. 18 \u00cddem).   <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la acci\u00f3n de tutela presentada, indica vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad y garant\u00edas procesales dentro de la acci\u00f3n popular 2015-343\u00bb, lo que resulta una \u00ab[s]ituaci\u00f3n ajena a esta Agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que nuestra intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el juez, en el caso de encontrar que el proyecto de acuerdo no contiene vicios de ilegalidad, sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego, dada su funci\u00f3n de defensor de los intereses colectivos, pacto de cumplimiento que no ha sido comunicado a esta Agencia de Ministerio P\u00fablico\u00bb (subrayas originales del texto – Fl. 7 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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El Municipio de Pereira a trav\u00e9s de apoderada judicial sostuvo que \u00abdentro de la tutela se vislumbran apreciaciones de car\u00e1cter subjetivo y normativo, aunque de las mismas, si se colige la existencia de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2015-00343 que se tramit[a] en el Juzgado Tercero Civil del Circuito, el cual funge como accionado dentro del proceso de la referencia y de la cual el municipio de Pereira si es parte\u00bb, por lo tanto, solicit\u00f3 que \u00abse desestime la presente acci\u00f3n de tutela por cuanto respecto de la actuaci\u00f3n desplegada por el despacho accionado, no se vislumbra vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales\u00bb (Fl. 17 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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Tard\u00edamente, el representante legal del Banco Davivienda precis\u00f3 que \u00abcon esta tutela el accionante busca, subsanar sus propios errores y descuidos dentro del proceso, esta es raz\u00f3n suficiente para que la misma no prospere\u00bb, por consiguiente, \u00absolicit[\u00f3] respetuosamente al se\u00f1or Juez DENGAR la presente acci\u00f3n de tutela por por improcedente, desvincular a Davivienda S.A. y proceder a su correspondiente archivo\u00bb (Fls. 36 a 37 \u00cddem).   <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda impetrada al considerar que el \u00abno se advert\u00eda arbitraria ni antojadiza la decisi\u00f3n de aplicar esa figura. Tampoco se evidencia una acci\u00f3n tendiente a evitar el impulso oficioso del tr\u00e1mite pues el requerimiento que se le hizo al demandante, para que efectuara la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad tiene fundamento en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y demuestra \u201cun inter\u00e9s en la jueza de conocimiento de agotar el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular con celeridad y eficacia, que nunca pudo lograr producto de la renuencia del actor [\u2026]\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, aclar\u00f3 que \u00abconfrontada esta acci\u00f3n de amparo con la que es objeto de estudio, se concluye que en ambas intervienen las mismas partes, pues fueron promovidas por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira; se fundamentaron en los mismos hechos, concretamente en la inconformidad planteada por el actor contra el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular radicada 2015-00343 y su falta de impulso oficioso; y en ellas pretende el actor, para proteger los derechos que considera vulnerados, en \u00faltimas, se deje sin efecto aquella decisi\u00f3n y se contin\u00fae con el tr\u00e1mite procesal, sin que se hayan aducido situaciones nuevas que justifiquen pronunciamiento diferente al que ya se emiti\u00f3 por este tribunal\u00bb  (Fls. 39 a 43 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, manifestando que \u00abLA TUTELADA INAPLICA ART 5 Y 84 DE LA LEY 472 DE 1998, LEY ESPECIAL Y NADA PASA. C[\u00d3]MO SE PUEDE TERNINAR POR DESISTIMIENTO UN[A] ACCI\u00d3N CONSTITUCIONAL DE IMPULSO OFICIOSO Y NO APLICAR ART 121 CGP NI ART 84 LEY ESPECIAL 472 DE 1998\u00bb (Fl. 46 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Examinados los fundamentos de la queja constitucional y las pruebas allegadas, observa la Corte que respecto a la petici\u00f3n de amparo de que aqu\u00ed se trata, concurre la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, puesto que el gestor con anterioridad ya hab\u00eda instaurado otra acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado encartado, fundamentada en los mismos hechos y apuntando a la misma pretensi\u00f3n, esto es, anular el auto que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, solicitud que neg\u00f3 la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira mediante sentencia de 16 de enero de 2017 y confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 17 de febrero del mismo a\u00f1o (Rad. 2016-01172-00).  <\/span><\/p>\n

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2. No sobra recordar que en la impugnaci\u00f3n esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor radica, puntualmente, frente al prove\u00eddo del 30 de septiembre de 2016, mediante el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-0343-00, la cual fue promovida por aqu\u00e9l en contra de la sucursal del Banco Davivienda ubicada en la \u00abcarrera 7 A No. 23-04\u00bb de la misma ciudad; (fls. 27 y 28, cdno. 1); y, contra el auto emitido el d\u00eda 26 de octubre siguiente, que mantuvo en reposici\u00f3n la anterior determinaci\u00f3n, y neg\u00f3 por improcedente el recurso subsidiario interpuesto (fls. 30 y 31, ib\u00eddem); pues, en su sentir, la mentada figura procesal no resulta aplicable a dicha clase de asuntos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, preciso que \u00abNo obstante, es del caso se\u00f1alar, que examinadas las determinaciones citadas, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se encuentra que carecen de arbitrariedad, pues fueron el resultado de la hermen\u00e9utica que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, lo que hace que no puedan calificarse de antojadizas o caprichosas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En el mismo sentido, se \u00abarriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que el estrado judicial atacado al declarar la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular por el desistimiento t\u00e1cito del demandante, se fund\u00f3 en un entendimiento atendible de las normas que regentan la materia, en especial, del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que descarta la configuraci\u00f3n de causal de procedencia del amparo; luego entonces, si el Juzgado acusado opt\u00f3 por finiquitar el tr\u00e1mite constitucional censurado como consecuencia de la inactividad procesal del aqu\u00ed inconforme, ello es fruto de un razonamiento que no reviste arbitrariedad, ni puede ser catalogado como un desacierto que afecte el derecho al debido proceso del actor, sino m\u00e1s bien la interpretaci\u00f3n plausible de la procedencia de la figura procesal aludida a la luz de la Ley 472 de 1998\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Resulta palmario, entonces, que el gestor acude otra vez a este mecanismo excepcional aduciendo las mismas \u00abirregularidades\u00bb en las que presuntamente incurri\u00f3 la autoridad judicial accionada y a las Corporaciones a las que se le hace extensiva la queja; puesto que aquellas ya fueron definidas en la citada providencia en virtud de la impugnaci\u00f3n interpuesta, rayando adem\u00e1s en un eventual abuso del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

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4. En un caso que guarda simetr\u00eda la Corte sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, anot\u00f3 que  \u00abEn un auxilio como este, adujo esta Sala \u201c(\u2026) debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria (\u2026) sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos (\u2026)\u201d(subraya original)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n ha puntualizado esta la Sala:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026). Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia (\u2026) que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante\u201d\u00bb (CSJ STC 26 Nov. 2015, rad. 02844-00).  <\/span><\/p>\n

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5. Por lo tanto, se EXHORTAR\u00c1 al accionante para que previamente a acudir a este mecanismo constitucional verifique las circunstancias del caso particular y de esta manera evite un comportamiento como el aqu\u00ed evidenciado.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, ha precisado la Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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cuando ocurre la temeridad en la norma antes citada, [debe examinarse] si la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial (ver entre otras, CSJ STC 20 en. 2011, rad. 2010-02154-00).  <\/span><\/p>\n

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6. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

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Exh\u00f3rtese al querellante para que d\u00e9 cumplimiento a lo ordenado en el numeral 5\u00b0 de la parte motiva de esta providencia.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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