{"id":100135,"date":"2026-06-25T20:05:58","date_gmt":"2026-06-25T20:05:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3686-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:05:58","modified_gmt":"2026-06-25T20:05:58","slug":"stc3686-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3686-2017\/","title":{"rendered":"STC3686-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3686-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02264-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil diecis\u00e9is)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecis\u00e9is (2016).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 16 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Fl\u00f3rez Pineda contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, fueron vinculados al tr\u00e1mite el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en contra del aqu\u00ed accionante.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, actuando en nombre propio, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Relat\u00f3 que fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, el 18 de octubre de 2016 a la pena de 80 meses de prisi\u00f3n por los delitos de estafa agravada y falsedad en documento p\u00fablico y le fue concedida la prisi\u00f3n domiciliaria supedit\u00e1ndose la expedici\u00f3n de la orden de captura a la ejecutoria definitiva de la sentencia.   <\/span><\/p>\n

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En segunda instancia el Tribunal, el 30 de noviembre de 2016, modific\u00f3 la decisi\u00f3n decretando la prescripci\u00f3n del delito de falsedad en documento p\u00fablico y disminuyendo la sanci\u00f3n por el de estafa a 64 meses de prisi\u00f3n, mantuvo la medida privativa de la libertad en el lugar de residencia, pero orden\u00f3 librar la orden de captura para el cumplimiento de la misma, de lo cual se queja pues indica que \u00ab(\u2026) hizo m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n [pues] se est\u00e1 modificando la sentencia en un aspecto no abordado en la apelaci\u00f3n, desconociendo la autonom\u00eda del a quo (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Frente a esta \u00faltima providencia interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual se encuentra en tr\u00e1mite en la Sala de esa especialidad de la Corte Suprema de Justicia.  <\/span><\/p>\n

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3.        En consecuencia, como medida concreta de protecci\u00f3n, pretende se ordene \u00ab(\u2026) suspender los efectos jur\u00eddicos de la sentencia de 30 de noviembre hasta tanto no se encuentre en firme el fallo de primera instancia, en lo que tiene relaci\u00f3n con la orden de captura\u00bb (ff. 1 a 10, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Magistrado Ponente, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Penal, sostuvo que la orden de captura librada por esa Corporaci\u00f3n, como consecuencia de la decisi\u00f3n tomada en segunda instancia, no constituye v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n constitucional, habida cuenta que, \u00e9sta se ajust\u00f3 a la normativa procesal, con sustento en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que precisa que en el sistema penal acusatorio, la orden de encarcelamiento no est\u00e1 estrictamente sujeta a la ejecutoria de la sentencia (ff. 118 y 119, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Procurador 361 Judicial Penal II, manifest\u00f3 que no se advierte de la actuaci\u00f3n del tribunal acusado vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, pues la medida jur\u00eddica adoptada resulta viable seg\u00fan lo dispuesto en el Estatuto adjetivo penal (ff. 136 a 139, ib.).  <\/span><\/p>\n

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3.        El Fiscal 13 Seccional de la Unidad de delitos contra el patrimonio econ\u00f3mico y la fe p\u00fablica de Ibagu\u00e9, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la demanda, consider\u00f3 que debi\u00f3 sostenerse el mandato del juez de primer grado que condicion\u00f3 la captura del enjuiciado a la ejecutoria formal y material del fallo, disponer lo contrario, agreg\u00f3, s\u00ed constituye una vulneraci\u00f3n al \u00ab(\u2026) debido proceso, la presunci\u00f3n de inocencia, libertad y doble instancia (\u2026)\u00bb (ff. 140 y 141, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.        El Juez Segundo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, admiti\u00f3 haber proferido sentencia en contra del accionante en los t\u00e9rminos por \u00e9l rese\u00f1ados, la cual fue apelada por la defensa, remiti\u00e9ndose las diligencias al Superior desde el 2 de noviembre de 2016 (f. 142, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que el pronunciamiento reprochado fue razonable y se ajust\u00f3 al contenido de las normas procedimentales aplicables al caso, precisando que, seg\u00fan las pautas de la Ley 906 de 2004, \u00ab(\u2026) la captura procede de manera inmediata una vez se emite el sentido del fallo o la condena\u00bb, sobre el particular cit\u00f3 un pronunciamiento de esa misma Sala \u2013 rad. 28918, de 30 de enero de 2008 \u2013 que aclara tal situaci\u00f3n (ff. 143 a 153, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El censor reprocha el fallo de primera instancia del cual critica haber dejado de lado el an\u00e1lisis constitucional, insisti\u00f3 en la inobservancia del principio de no reformatio in pejus por parte del Tribunal demandado al disponer la orden de captura en su contra contrariando el condicionamiento previsto por el a quo a la firmeza de la providencia, y adujo que \u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado al Juez de Segundo Grado (\u2026) agravar la pena impuesta, cuando el apelante sea el \u00fanico quien recurra la sentencia\u00bb, finaliz\u00f3 destacando que tampoco nada se dijo del comportamiento que ha tenido frente al proceso, en la medida que no ha evadido en ning\u00fan momento la acci\u00f3n de la justicia (ff. 161 a 163, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso sometido a estudio de esta Sala, a partir del examen de lo aportado a la actuaci\u00f3n y de los argumentos en que el actor funda su inconformidad contra la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, no se advierte la vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales, pues \u00e9sta fue coherente, razonable y motivada.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, colige esta instancia, la determinaci\u00f3n adoptada por la Corporaci\u00f3n accionada se bas\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, que establece el cumplimiento inmediato de las medidas dictadas en la decisi\u00f3n relativas a la libertad o privaci\u00f3n de ella.  <\/span><\/p>\n

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Pero adem\u00e1s, dicha interpretaci\u00f3n se solventa en jurisprudencia pertinente de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, que ante un planteamiento similar tuvo la oportunidad de clarificar que, en supuestos como el aqu\u00ed analizado, no resulta desacertado ni contrario al ordenamiento jur\u00eddico una actuaci\u00f3n como la desplegada por el ad quem, en el entendido que, si bien el funcionario judicial cuenta con la facultad de condicionar una medida privativa de la libertad a la firmeza del acto jurisdiccional, esta es excepcional y solo es viable si se fundamenta suficientemente:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) Dicho en otras palabras: cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposici\u00f3n de una pena privativa de la libertad cuya ejecuci\u00f3n no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanci\u00f3n impuesta.  Y si tal mandato lo incumple el a quo, se debe impartir el correctivo por el ad quem\u00bb (SP, 30 ene. 2008, rad. 28918).  <\/span><\/p>\n

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Ahora, la providencia penal de primer grado, en efecto incurri\u00f3 en un error al disponer que la orden de captura deb\u00eda librarse una vez estuviera en firme la providencia, pues como se expuso atr\u00e1s, lo procedente en aplicaci\u00f3n estricta del inciso 2 del art\u00edculo 450 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, era librar la orden de captura respectiva sin necesidad de que la sentencia se encontrara ejecutoriada, as\u00ed como lo hizo el tribunal.  <\/span><\/p>\n

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Bajo ese contexto, lo dispuesto en ese sentido por la Corporaci\u00f3n denunciada no tiene la potencialidad de generar vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales del actor, porque actu\u00f3 material y adecuadamente, ci\u00f1\u00e9ndose al canon citado, situaci\u00f3n que responde al principio de legalidad.  <\/span><\/p>\n

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De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que la Corporaci\u00f3n demandada se fund\u00f3 para librar la orden de encarcelamiento, inconformidad que, naturalmente excede el \u00e1mbito del juez de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera potestad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

3.        Corolario de lo discurrido, se impone confirmar el fallo de origen.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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