{"id":100137,"date":"2026-06-25T20:06:18","date_gmt":"2026-06-25T20:06:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3689-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:06:18","modified_gmt":"2026-06-25T20:06:18","slug":"stc3689-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3689-2017\/","title":{"rendered":"STC3689-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-00276-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 16 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Nieto Chac\u00f3n contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Banco Agrario de Colombia, as\u00ed como las partes e intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2006-00704.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.        Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada, al negar la entrega de dep\u00f3sitos judiciales que se encuentran a su disposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En s\u00edntesis, expuso que como consecuencia del embargo decretado en el proceso ejecutivo singular impetrado en su contra por el Banco BBVA S.A., cuyo conocimiento inicial fue del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta capital, fueron ubicados en la cuenta de Dep\u00f3sitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia, los dineros consignados por el pagador de RCN Televisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostuvo que estando liquidada la obligaci\u00f3n y sin que la cuenta hubiese sido objetada, en reiteradas oportunidades el ejecutante ha solicitado \u00abla entrega de los t\u00edtulos judiciales restantes que ascienden a la suma de $70.054.718, esto con el fin de satisfacer el total de la obligaci\u00f3n a cargo de mi prohijado\u00bb, pero el Juzgado accionado no ha accedido a ello \u00abaduciendo que se requer\u00eda una nueva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que similar respuesta le otorg\u00f3 el Juzgado a la petici\u00f3n que \u00e9l como Ejecutado realizado a trav\u00e9s de su apoderado judicial, pues mediante prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2016, le orden\u00f3 estarse a lo resuelto en precedencia, y con ello \u00abimpone una carga procesal injustificada\u00bb que retrasa el pago y propicia que la obligaci\u00f3n \u00abse perpet\u00fae y siga generando intereses\u00bb en detrimento suyo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pretende que se ordene al Juzgado de Ejecuci\u00f3n adopte \u00ablas decisiones que en derecho corresponda\u00bb para obtener la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales (fls. 10 a 14, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Jos\u00e9 Daniel Due\u00f1as Vargas, cesionario del cr\u00e9dito ejecutado, a  trav\u00e9s de su mandataria judicial manifest\u00f3 \u00abtotal respaldo a la (sic) pretensiones del mecanismo constitucional\u00bb, en tanto el Juzgado \u00abno ha entregado todos los t\u00edtulos relacionados correspondientes al pago total de la obligaci\u00f3n, dilatando injustificadamente el proceso\u00bb (fl. 29, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Juez Cuarta Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, frente a la queja por no haber dispuesto el pago de dineros, dijo que el 8 de octubre de 2015, \u00abautoriz\u00f3 a las partes para que allegaran la actualizaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, descotando los abonos que la ejecutada realiz\u00f3 a trav\u00e9s de dep\u00f3sitos judiciales\u00bb, y que en atenci\u00f3n a lo solicitado por el cesionario el 26 de enero de 2017, el pasado 7 de febrero orden\u00f3 oficiar tanto al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito como al Banco Agrario de Colombia, \u00abcon la finalidad de que informara el monto de dinero consignado a \u00f3rdenes del proceso, para as\u00ed proceder a decidir lo que en derecho corresponda respecto a su entrega al actor hasta la concurrencia del cr\u00e9dito y las costas aprobadas, as\u00ed como la viabilidad de decretar la terminaci\u00f3n del proceso rogada por aquel itinerante procesal, condicionada al pago de esos dep\u00f3sitos\u00bb (fls. 31 y 32, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El Representante Legal de RCN Televisi\u00f3n S.A., inform\u00f3 que como empleador del ac\u00e1 accionante, en cumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales, recibidas desde noviembre de 2009, y en tales condiciones ha efectuado los descuentos y consignando los dineros en la cuenta de Dep\u00f3sitos Judiciales, para lo cual alleg\u00f3 la relaci\u00f3n y una certificaci\u00f3n donde consta que \u00abdurante el periodo comprendido entre 6 de enero de 2010 y el 4 de diciembre de 2015\u00bb, consign\u00f3 a orden de la ejecuci\u00f3n en cuesti\u00f3n \u00abla suma total de $142.942.792\u00bb, y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (fls. 34 a 105, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La Juez Diecinueve Civil del Circuito de esta ciudad, inform\u00f3 que como el proceso ejecutivo es del actual conocimiento del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, realiz\u00f3 la conversi\u00f3n de t\u00edtulos judiciales \u00abpor un valor de $140.225.008,00 Mcte., excepto dos t\u00edtulos que fueron pagados en este Juzgado\u00bb (fls. 106 y 107, ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Sistemcobro SAS, aclar\u00f3 que como la obligaci\u00f3n a cargo del se\u00f1or Nieto Chac\u00f3n, originada en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA, pas\u00f3 a ser administrada por Alianza Fiduciaria SA, vocera del Fondo de Capital Privado Alianza Konfigura Activos Alternativos II, quien celebr\u00f3 contrato de compraventa de cartera con el Fideicomiso Conciliarte, no es posible pronunciarse sobre los hechos constitutivos de la tutela (fls. 199 y 200, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Neg\u00f3 el auxilio al considerar que si bien es imperativo para el juzgador de la ejecuci\u00f3n, cancelar los dep\u00f3sitos judiciales que se encuentren a su disposici\u00f3n hasta la concurrencia del valor liquidado a t\u00edtulo de cr\u00e9dito y de costas, ha cesado la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados dando lugar a la configuraci\u00f3n de \u00abhecho superado\u00bb, porque recientemente el accionado dispuso oficiar tanto al Juzgado que conoc\u00eda del asunto y al Banco Agrario de Colombia, a efectos de establecer la procedencia de la entrega de dineros y eventual terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n (fls. 142 a 148, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La interpuso el promotor del resguardo, al disentir que hubiera cesado la vulneraci\u00f3n de los derechos cuya protecci\u00f3n invoc\u00f3, en tanto los oficios ordenados el 7 de febrero de 2017, constituyen solo una exculpaci\u00f3n \u00abde forma\u00bb, ya que la informaci\u00f3n requerida a trav\u00e9s de ellos ya obra en el expediente y ha sido ratificada en las respuestas dadas a trav\u00e9s de este mecanismo, por lo que concluye que esa manifestaci\u00f3n es \u00abotra dilaci\u00f3n\u00bb a la insistente solicitud de entrega de dep\u00f3sitos (fls.231 y 232, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional y de la revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes a la actuaci\u00f3n cuestionada, establece la Sala que la negaci\u00f3n del amparo deber\u00e1 mantenerse, pero no por el motivo expuesto por el Tribunal a-quo, sino porque (i) no se configura defecto de procedibilidad alguno capaz de quebrantar la decisi\u00f3n censurada, en la medida en que la decisi\u00f3n atacada por el accionante es razonable, y (ii) no logra superar el esencial presupuesto de la subsidiariedad, primero por la evidente incuria para atacar adecuadamente las decisiones, y segundo porque existen otros medios de defensa que no han sido agotados para obtener el resultado buscado a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Efectivamente, en primer lugar se precisa que si bien es cierto la ley le impone al juez entregar al acreedor el dinero embargado hasta la concurrencia del cr\u00e9dito y de las costas, siempre y cuando el auto aprobatorio de dichas liquidaciones se encuentre ejecutoriado (art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso), tambi\u00e9n lo es que pese a la firmeza del prove\u00eddo calendado el 1\u00ba de abril de 2014, cuyo saldo a cargo del ejecutado correspond\u00eda a $131\u00b4243.967,52 (fl. 353, cd. 1 de Copias), sobre dicha cuenta el apoderado que en su momento ten\u00eda el ac\u00e1 accionante, hizo manifiesta su inconformidad que a hoy no ha sido definida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1. Ciertamente, para el ejecutado el monto que arrojaba dicha liquidaci\u00f3n no correspond\u00eda a la realidad, en la medida en que no reflejaba \u00ablos pagos realizados por mi poderdante, a trav\u00e9s de la medida de embargo emitida por el Juzgado 19 Civil del Circuito\u00bb, los cuales relaciona en detalle para cada periodo hasta concluir que hasta ese entonces, el total cancelado por cuenta del anterior Despacho ascend\u00eda a \u00ab78.888.833\u2026 que no han hecho parte de la liquidaci\u00f3n presentada que sobrepasa los valores y genera intereses de mayor valor e incrementa la deuda que se ha venido cancelando\u00bb (fls. 396 y 397, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Enseguida, ya habi\u00e9ndose aceptado la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito otorgado a favor del Patrimonio Aut\u00f3nomo Conciliarte, el 29 de agosto de 2014 el Juzgado de Ejecuci\u00f3n autoriz\u00f3 que el estrado que conoci\u00f3 inicialmente del proceso, pagara al demandante la suma de $72\u00b4888.064, lo cual efectivamente se hizo y acredit\u00f3 en el expediente (fls. 317 a 327, cd. 1 A de copias).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. A partir del prove\u00eddo fechado el 8 de octubre de 2015, el Juzgado accionado ha negado las solicitudes elevadas tanto por el ejecutante como por el ejecutado para la entrega al primero de m\u00e1s dep\u00f3sitos, por cuanto en esa oportunidad se le exigi\u00f3 a la interesada o a su contraparte, allegar \u00abla actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, descontando los abonos efectuados por la parte demandada en dep\u00f3sitos judiciales\u00bb (fl. 360, ib\u00eddem), y del mismo modo se abstuvo de elaborar esa operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, aduciendo que corresponde a una carga procesal de las partes, y en su lugar ha requerido que se establezca \u00ablos dep\u00f3sitos que existan constituidos\u00bb para dicha ejecuci\u00f3n (fls. 370, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por cuanto la situaci\u00f3n anterior se mantuvo con prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2016 (fl. 389, \u00eddem), el \u00faltimo pronunciamiento del Juzgado respecto a lo pedido por el accionante, corresponde al contenido en auto del 7 de diciembre de la misma anualidad (fl. 391, id.), en el que neg\u00f3 por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra aquella decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3. Conforme a lo anterior, la Sala no vislumbra que la exigencia por la que se duele el ac\u00e1 demandante, pueda dar como resultado la manifestaci\u00f3n de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del orden jur\u00eddico, capaz de lesionar las garant\u00edas superiores invocadas, pues, por el contrario, se aprecia como una medida sana en aras a que haya plena certeza de que lo pagado efectivamente corresponde a lo causado, dadas las diferentes connotaciones de responsabilidad que acarrea para el juez el manejo de los dineros involucrados en los procesos judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En estas condiciones, la acci\u00f3n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la actuaci\u00f3n del convocado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, frente a lo cual esta Corporaci\u00f3n tiene sentado que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la salvaguarda, ya que este mecanismo: \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En segundo lugar, en este asunto no se cumple el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que el accionante Nieto Chac\u00f3n, frente al prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2016, en el que el Juzgado reiter\u00f3 la negaci\u00f3n de su solicitud de entregar los dep\u00f3sitos al ejecutante hasta que mediara una liquidaci\u00f3n actualizada del cr\u00e9dito, no propuso el recurso id\u00f3neo que prev\u00e9 el ordenamiento legal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.1. En efecto, la motivaci\u00f3n que trae en esta oportunidad, pudo haberla planteado ante la autoridad enjuiciada para que reconsiderara su postura, pues sabido es que contra esa determinaci\u00f3n cab\u00eda, con efectos de idoneidad y eficacia, el recurso de reposici\u00f3n, el cual procede respecto a \u00ablos autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb (art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que en su lugar, acudi\u00f3 directamente al recurso de apelaci\u00f3n, el cual a todas luces resultaba improcedente, tal como lo indic\u00f3 el juzgador de instancia en el prove\u00eddo del 7 de diciembre de 2016 (fl. 391, cd. 1 A de copias). Sobre la omisi\u00f3n en hacer uso de la reposici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 de feb. 2014, exp. 00201-00, reiterada entre otras, en STC16341-2016, 10 nov. 2016, rad. 00397-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2. Similar comportamiento incurioso tuvo lugar en lo relacionado con el cesionario Jos\u00e9 Daniel Due\u00f1as Vargas, cuando en escrito radicado por su apoderada judicial el 26 de junio de 2017, solicit\u00f3 la entrega de los dineros acotando que \u00abuna vez entregados se declare la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb (fl. 393, \u00eddem), por cuanto no refut\u00f3 el auto del 7 de febrero de 2017, donde el Juzgado se limit\u00f3 a pedir informaci\u00f3n \u00absobre los dep\u00f3sitos judiciales que existan (sic) constituidos para el proceso\u00bb (fl. 394, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior en tanto la autoridad enjuiciada no realiz\u00f3 un pronunciamiento de fondo frente a la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso que condicionadamente se incorpor\u00f3 en dicho escrito, y por ello el interesado pudo haber hecho uso del referido recurso de reposici\u00f3n, o de avizorarse omisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n de ese punto en particular, solicitar que se aplicara la figura jur\u00eddica de la adici\u00f3n prevista en el art\u00edculo 311 del actual estatuto procedimental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3. Aunado a lo anterior, la naturaleza subsidiaria y residual del resguardo, conlleva a que no pueda acudirse a \u00e9l con vocaci\u00f3n de prosperidad, cuando al interior del proceso se mantienen intactas las posibilidades para resolver la situaci\u00f3n por la que ambas partes se duelen, pues si lo pretendido es que termine la ejecuci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n, tanto ejecutante como ejecutado, o ambos de consuno, puede pedirlo al Juzgado a fin que \u00e9ste, de encontrarlo ajustado a lo prevenido en el art\u00edculo 461 del C\u00f3digo General del Proceso, proceda de conformidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3. En esas condiciones, no es viable pretender que la queja constitucional provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde al juez competente y a trav\u00e9s de la senda ordinaria. Sobre el particular, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que cuando se omite hacer uso de los mecanismos legalmente previstos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Corolario de lo discurrido, por cuanto la actuaci\u00f3n censurada obedece a un criterio razonable, el reclamo constitucional no cumple con el requisito de la subsidiariedad, y no se logr\u00f3 demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, se ratificar\u00e1 la negaci\u00f3n del auxilio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-00276-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100137","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100137","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100137"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100137\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100137"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100137"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100137"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}