{"id":100140,"date":"2026-06-25T20:07:04","date_gmt":"2026-06-25T20:07:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3697-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:07:04","modified_gmt":"2026-06-25T20:07:04","slug":"stc3697-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3697-2017\/","title":{"rendered":"STC3697-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3697-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00566-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Dar\u00edo Polan\u00eda Rodr\u00edguez contra la Sala Civil, Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Superior de Neiva, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Tercero de Familia de ese lugar y todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se invalide la referida decisi\u00f3n y en su lugar se ordene desatar el asunto con base en el material probatorio recolectado en la actuaci\u00f3n y no en estereotipos de g\u00e9nero que den lugar a la vulneraci\u00f3n de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 16 de julio de 2016 Francia Cecilia Santos present\u00f3 demanda para que se declarara la cesaci\u00f3n de los efectos civiles de matrimonio religioso que contrajo con el aqu\u00ed accionante, al considerar configuradas las causales 31 y 82 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Neiva, quien en auto de 3 de agosto de 2012 admiti\u00f3 el tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Enterado de la actuaci\u00f3n, el demandado present\u00f3 escrito a trav\u00e9s del cual contest\u00f3 la demanda, no obstante, en vista de que aquel carec\u00eda de derecho de postulaci\u00f3n, tal documento no se tuvo en cuenta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En auto de 24 de septiembre de 2013 se convoc\u00f3 a las partes para que acudieran al despacho judicial a efectos de evacuar la audiencia que establec\u00eda el art\u00edculo 430 y 432 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Teniendo en cuanta que el accionante no asisti\u00f3 en la fecha programada, la etapa conciliatoria se declar\u00f3 fracasada, por lo que se procedi\u00f3 a fijar el litigio y decretar las pruebas solicitadas por las partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De oficio, se orden\u00f3 requerir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que remitiera copia de la totalidad del expediente contentivo del tr\u00e1mite de violencia intrafamiliar al que se dio inici\u00f3 con ocasi\u00f3n de una denuncia formulada por la esposa del accionante; as\u00ed mismo cit\u00f3 a una de las hijas de la denunciante a efectos de escuchar su testimonio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Evacuada la etapa probatoria, el 26 de enero de 2015 el Juez de Familia de Descongesti\u00f3n de Neiva profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio celebrado entre las partes, disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad conyugal entre ellos constituida y  fij\u00f3 cuota de alimentos equivalente al 50% del valor del salario m\u00ednimo a favor del menor entre ellos concebido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Respecto de la anterior decisi\u00f3n, la demandante solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, pues en el monto fijado por alimentos no se especific\u00f3 nada respecto a educaci\u00f3n y vestuario del menor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte el accionante present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, al considerar que se viol\u00f3 el principio de cosa juzgada. Adujo que respecto de los hechos en que se fundament\u00f3 la causal 3 de divorci\u00f3, se efectu\u00f3 una conciliaci\u00f3n ante el defensor de familia que conoci\u00f3 el proceso de violencia intrafamiliar.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En cuanto al monto de la cuota de alimentos, solicit\u00f3 su reducci\u00f3n, pues afirma tiene obligaciones de las mismas caracter\u00edsticas con otros hijos.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. En atenci\u00f3n de lo anterior, el juez aclar\u00f3 que el monto que se fij\u00f3 comprende \u00fanicamente el concepto de alimentos y que los gastos ocasionados por educaci\u00f3n, salud y recreaci\u00f3n deber\u00e1n ser cubiertos por ambos progenitores en proporciones iguales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el convocado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Admitido el recurso de apelaci\u00f3n, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, mediante sentencia de 22 de noviembre de 2016 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, no obstante, dispuso su adici\u00f3n para ordenar al demandado: 1) abstenerse de incurrir en nuevos tratos discriminatorios en contra de su antigua c\u00f3nyuge; 2) acudir a un tratamiento reeducativo y\/o terap\u00e9utico, 3) asistir al Instituto Colombiano de bienestar Familiar, para que a trav\u00e9s de \u00e9ste se le brinde asesor\u00eda sicol\u00f3gica.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Conden\u00f3 en costas al padre en ambas instancias. Por concepto de agencias en derecho fij\u00f3 la suma de un salario m\u00ednimo mensual vigente para las causadas en primera instancia y de dos por las generadas en segunda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. El accionante acude al amparo constitucional por considerar que la referida decisi\u00f3n se fund\u00f3 en patrones culturales discriminatorios y estereotipos de g\u00e9nero, los cuales adem\u00e1s de general la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, contravienen las obligaciones de los juzgadores, quienes al emitir sus providencias no pueden basarse en que \u00ablo que sus emociones le dicen que esa es la respuesta adecuada al caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Considera que la condena en costas que se impuso en su contra, contradice el contenido de la ley 25 de 1992 y la sentencia C-985 de 2010. Adem\u00e1s de agregar que ninguna de las causales invocadas en la demanda se configur\u00f3, pues la separaci\u00f3n de cuerpos no perdur\u00f3 por m\u00e1s de un a\u00f1o y  los desafortunados sucesos que dieron lugar a la denuncia de violencia intrafamiliar fueron conciliados ante la comisaria de familia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 9 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado al despacho accionado y se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las autoridades involucradas en el tr\u00e1mite cuestionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el asunto sub-judice, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n del accionante y aquellos expuestos por el ad quem, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la providencia cuestionada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

       En efecto, para abordar los planteamientos de la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, procedi\u00f3 el Tribunal  a hacer un recuento de los relatos que la demandante realiz\u00f3 tanto en el escrito de demanda como en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 y, a efectos de determinar su veracidad, realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n de los medios probatorios recaudados en la actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con ese prop\u00f3sito, inici\u00f3 por verificar la documentaci\u00f3n remitida por la Comisaria de Familia, de la cual estableci\u00f3 que ante los constantes tratos discriminatorios que el accionante ejerc\u00eda en contra de la demandante, \u00e9sta se vio en la necesidad de formular denuncia por violencia intrafamiliar, en cuyo tr\u00e1mite se \u00abdict\u00f3 medida de protecci\u00f3n provisional en defensa de la se\u00f1ora (\u2026) mediante la cual orden\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional prestarle colaboraci\u00f3n inmediata, ejercer vigilancia en su sitio de vivienda y trabajo y que de ser necesario tomaran las medidas pertinentes para poner fin a las agresiones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego de lo cual, verific\u00f3 la historia de atenci\u00f3n remitida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, seg\u00fan la cual, las hijas de la antigua esposa del accionante desde el 20 de agosto de 2009 pusieron en conocimiento de la referida instituci\u00f3n los constantes maltratos a los que era sometida su madre.  Con ocasi\u00f3n de lo anterior, el ICBF realiz\u00f3 la correspondiente intervenci\u00f3n socio familiar, desprendi\u00e9ndose de la conclusi\u00f3n que en ese momento se emiti\u00f3 que \u00abla familia se encuentra en conflicto interno con signos de violencia intrafamiliar, se evidencia la falta de organizaci\u00f3n familiar, los padres no son una pareja s\u00f3lida, surgen ideas de separaci\u00f3n promovidas por la violencia intrafamiliar, hay presencia de maltrato verbal y f\u00edsico que ha ido evolucionado a violencia intrafamiliar, en el entorno familiar se presentan ciclos de maltrato\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, continu\u00f3 valorando el testimonio rendido por una de las hijas de la agredida, quien ratific\u00f3 que la relaci\u00f3n que su madre ten\u00eda con su padrastro siempre estuvo rodeada de conflictos y maltratos f\u00edsicos y psicol\u00f3gicos, situaci\u00f3n que al generarle profundas preocupaciones, la motiv\u00f3 a presentar en dos ocasiones las respectivas quejas ante bienestar familiar.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dichas manifestaciones, aunadas a lo que arroj\u00f3 la valoraci\u00f3n de los documentos remitidos por las autoridades de familia antes se\u00f1aladas, fueron suficientes para que el juez colegiado tuviera por configurada la causal 3 del art\u00edculo 6 de la ley 25 de 1992, advirtiendo frente al testimonio de la hija de a demandante que no pod\u00eda tenerse como sospechoso, toda vez que \u00abla violencia se da dentro del seno del hogar a espaldas de la vista p\u00fablica, y quienes m\u00e1s que los hijos, para dar fe de lo que sucede en el seno familiar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y en cuanto al reparo que se present\u00f3 contra la fijaci\u00f3n de la cuota de alimentos,  manifest\u00f3 el tribunal que a pesar de que el accionante acredit\u00f3 tener dos hijos fuera del matrimonio cuya disoluci\u00f3n se declar\u00f3, lo cierto es que respecto de aquellos no puede establecerse una obligaci\u00f3n legal de alimentos, pues adem\u00e1s de que superaron la edad m\u00e1xima que los cobija con tal prerrogativa, ya son profesionales, precisando respecto de uno de ellos que los estudios que cursa son de posgrado.  As\u00ed, concluy\u00f3 la necesidad de dar prelaci\u00f3n a la obligaci\u00f3n alimentaria del menor concebido con la demandante, quien a\u00fan no supera la mayor\u00eda de edad.  <\/span><\/p>\n

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4. Aquellas consideraciones no evidencian capricho del juzgador accionado, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias, pues su determinaci\u00f3n se sustent\u00f3 en una apreciaci\u00f3n racional de los medios de persuasi\u00f3n debidamente incorporados frente a la normatividad que consider\u00f3 aplicable, y de contera, dado que a las conclusiones materia de cr\u00edtica, se arrib\u00f3 con base en el cuidadoso estudio de tales elementos, la providencia dictada no se evidencia reflejo de un criterio arbitrario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Particularmente, en lo que refiere a la actividad evaluativa de los medios de convicci\u00f3n, el Juzgado cumpli\u00f3 con su deber legal de justificar sus conclusiones con base en el convencimiento que form\u00f3 a partir de tales elementos, atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 187 del estatuto adjetivo, de ah\u00ed que en el asunto no se habilita la intervenci\u00f3n en sede constitucional, m\u00e1s cuando se tiene claro que el mecanismo excepcional al que ahora acude el demandada, s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar si \u00abse observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ SC 24 Jun. 2004, Exp. 00142-01; 27 Jun. 2007, Exp. 00911-00; 3 Nov. 2009, Exp. 01371-01; 16 Jun. 2011, Exp. 01192-00; 25 Ene. 2012, Exp. 00001-00, entre otras)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, dado que no se satisface ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, las cuales son capaces de estructurar defecto en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios persuasivos con entidad de tornar procedente la protecci\u00f3n bajo la perspectiva ius fundamental, no es posible en esta v\u00eda interferir en la tarea que los accionados acometieron con respaldo en la autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoce como atributos necesarios del ejercicio de la funci\u00f3n judicial.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ha dicho la Sala en otras oportunidades que al fallador de la tutela \u00able est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u2026\u00bb. (CSJ SC 5 Abr. 2010, Exp. 2010-00006-01; 3 Jun. 2011, Exp. 2011-00527-01 y 20 Sep. 2012, Exp. 2012-00245-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Por dem\u00e1s, aduce el accionante que la condena en costas que se impuso en su contra, desconoce lo que al respecto estableci\u00f3 la sentencia C-985 de 2010, seg\u00fan la cual no es posible cargar con sanci\u00f3n alguna al c\u00f3nyuge culpable.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, contrario a lo que aquel considera, para esta Sala la referida decisi\u00f3n no vulnera sus derecho, pues las costas se fijaron conforme a los criterios que al respecto establece el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, y de ninguna manera pueden considerarse o asemejarse a las sanciones a las que se hace acreedor el c\u00f3nyuge culpable y que fueron estudiadas en la sentencia a la que hizo referencia el gestor del amparo.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

Al respecto, es viable precisar que en la providencia C-985 de 2010 la Corte Constitucional estableci\u00f3 la improcedencia de imponer sanciones3 en caso de que la solicitud de divorcio se hubiese presentado una vez fenecido el t\u00e9rmino que al respecto establece el art\u00edculo 152 del C\u00f3digo Civil, entendi\u00e9ndose como tales, la de imponer \u00abal c\u00f3nyuge culpable la obligaci\u00f3n de pagar alimentos al c\u00f3nyuge inocente\u00bb o la posibilidad que tiene quien no propici\u00f3 el divorcio de revocar  \u00ablas donaciones que con ocasi\u00f3n del matrimonio haya hecho al c\u00f3nyuge culpable\u00bb    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, evidente es que ninguna de ellas fueron empleadas en el caso que se cuestiona, pues las costas, conforme al art\u00edculo 366 mencionado, indistintamente de la clase del proceso en el que se impongan, son concebidas como una sanci\u00f3n, para aquella parte que resulte \u00abvencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De ese modo, no se advierte que el Despacho judicial tutelado haya incurrido en desconocimiento de derecho fundamental alguno al actor, por lo que se denegar\u00e1 el amparo constitucional que aqu\u00ed se implora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Los ultrajes y el trato cruel y los maltratamientos de obra.    <\/span><\/p>\n

2 La separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por  m\u00e1s de 2 a\u00f1os    <\/span><\/p>\n

3 Cuando las causales que se invoquen sean aquellas conocidas como las de car\u00e1cter subjetivas.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3697-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00566-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100140","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100140"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100140\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}