{"id":100142,"date":"2026-06-25T20:07:35","date_gmt":"2026-06-25T20:07:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3699-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:07:35","modified_gmt":"2026-06-25T20:07:35","slug":"stc3699-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3699-2017\/","title":{"rendered":"STC3699-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3699-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00604-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Astrid Fernanda Cantor Varela contra el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializada, la cual se hace extensiva a la Fiscal\u00eda Once Delegada anta la Corte Suprema de Justicia, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso penal conocido con el radicado N\u00b0 2017-00006.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio de la presente acci\u00f3n, la ciudadana, por intermedio de apoderado judicial solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, juez natural, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, al fijar fecha para llevar a cabo la audiencia preparatoria dentro del proceso penal que se adelanta en su contra, sin antes, resolver la petici\u00f3n de fecha 17 de enero de 2017, en la que le solicit\u00f3 sustraerse de conocer el asunto por falta de competencia, y de ser el caso, que provocara la colisi\u00f3n de la misma;  la que reiter\u00f3 en escritos presentados el d\u00eda 23 de esa mensualidad y 2 de febrero siguiente.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende, \u00abse conmine para que en el improrrogable lapso de 48 horas y antes de celebrar la audiencia preparatoria proceda a tramitar y resolver las solicitudes de incompetencia y colisi\u00f3n de competencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Por hechos p\u00fablicamente conocidos como las \u00abChuzadas del DAS\u00bb, se abri\u00f3 investigaci\u00f3n contra la aqu\u00ed accionante y otros sujetos como presuntos autores del delito de concierto para delinquir agravado.  <\/span><\/p>\n

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2. El 30 de agosto de 2016, el Fiscal Once Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, formul\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n por los hechos mencionados.  <\/span><\/p>\n

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3. El 16 de enero de 2017, se radic\u00f3 la actuaci\u00f3n en el Centro de Servicio de los Juzgados Especializados para que fuera sometida a reparto.  <\/span><\/p>\n

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4. En la misma fecha, las diligencias fueron asignadas para su conocimiento al Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

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5. Al d\u00eda siguiente, el defensor de la accionante present\u00f3 en el despacho aludido memorial solicitando que se declarara incompetente para conocer el asunto con fundamento en los art\u00edculos 77 y 120 de la Ley 600 de 2000.  <\/span><\/p>\n

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6. Por auto de 18 enero del a\u00f1o que corre, el juzgado acusado avoc\u00f3 el conocimiento del mismo y dispuso correr traslado de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000.  <\/span><\/p>\n

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7. El defensor t\u00e9cnico, el 23 de enero del mismo mes, insisti\u00f3 en la solicitud de incompetencia;  luego, el 2 de febrero posterior, present\u00f3 escrito cuyo asunto titul\u00f3 \u00abcolisi\u00f3n de competencia\u00bb, y la solicitud textualmente consisti\u00f3: \u00able provoco colisi\u00f3n de competencia para que sea enviado el asunto a conocimiento del Juez penal del Circuito par ser el \u00fanico competente\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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8. Mediante prove\u00eddo de 6 de febrero de 2017, la misma agencia judicial, fij\u00f3 fecha para audiencia preparatoria, los d\u00edas 30 y 31 de marzo de los corrientes.  <\/span><\/p>\n

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9. En criterio de la peticionaria del amparo, el Juzgado accionado, vulner\u00f3 sus garant\u00edas constitucionales al asumir el conocimiento del asunto y fijar fecha para llevar a cabo la audiencia preparatoria sin resolver en primera medida los memoriales que de forma insistente ha presentado con el prop\u00f3sito de que se declare incompetente o de ser el caso, colisione conflicto de competencia.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se dispuso el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 35]  <\/span><\/p>\n

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2. En la oportunidad concedida, el Fiscal Once Delegado ante la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 denegar las pretensiones incoadas por la accionante toda vez que la petici\u00f3n de incompetencia por ella propuesta, ser\u00e1 atendida \u00aben el momento procesal establecido en la ley, es decir, en la audiencia preparatoria, respetando de esta manera el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia;  adicionalmente, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n del derecho al juez natural, como quiera que, se demostr\u00f3 que es el juez especializado el competente para asumir el conocimiento del juicio del proceso seguido contra Astrid Cantor Varela, quien fuera acusada por el delito de concierto para delinquir\u00bb, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 14 de la Ley 733 de 2002 y a la jurisprudencia vigente.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, luego hacer un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso penal que se adelanta contra la accionante precis\u00f3 que no existe un pronunciamiento de fondo sobre el memorial que radic\u00f3 solicitando al despacho declararse incompetente por cuanto, ser\u00e1 resuelto en la audiencia preparatoria que se fij\u00f3 para llevarse a cabo los d\u00edas 30 y 31 de marzo del a\u00f1o en curso, pues es el momento oportuno para resolver sobre nulidades tal como la planteada por la quejosa.  <\/span><\/p>\n

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Arguy\u00f3 que en todo caso, las solicitudes a las que hace alusi\u00f3n la censora, no pueden ser consideradas como derecho de petici\u00f3n, sino \u00abactos procesales de los sujetos o partes intervinientes que deber\u00e1n ce\u00f1irse a la din\u00e1mica propia del proceso\u00bb; en otras palabras, sus peticiones \u00abintegran la actuaci\u00f3n procesal e implica una decisi\u00f3n judicial sobre un asunto relacionado con el procedimiento y funci\u00f3n jurisdiccional, como es la competencia del funcionario judicial que conoce la actuaci\u00f3n\u00bb, motivo por el cual, solicit\u00f3 declarar improcedente la reclamaci\u00f3n tutelar.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

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2. De otra parte, el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) y la de obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces: (i) pronta resoluci\u00f3n, (ii) respuesta de fondo y (iii) notificaci\u00f3n de \u00e9sta al interesado. En ese orden, una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del peticionario, s\u00ed debe cumplir con los requisitos de ser oportuna, resolver lo solicitado de manera clara, precisa y congruente, adem\u00e1s de ser puesta en conocimiento del solicitante.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, la Corte ha reiterado, que \u201clas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer, si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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3. Descendiendo al caso sub examine, advierte esta Corporaci\u00f3n, que mediante la solicitud presentada el 17 de enero de 2017, reiterada en escritos de 23 de enero y 2 de febrero del a\u00f1o en curso, la gestora de este amparo, pretende que previo a la audiencia preparatoria, el juzgador se pronuncie sobre su falta de competencia para conocer el proceso penal que se adelanta en su contra y en consecuencia, remita la actuaci\u00f3n al reparto de los Juzgados Penales del Circuito de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Vista la pretensi\u00f3n de la accionante con su solicitud, surge di\u00e1fano que ese tipo de pedimentos no tienen el car\u00e1cter de una actuaci\u00f3n administrativa ajena a la funci\u00f3n jurisdiccional del despacho, porque su tr\u00e1mite est\u00e1 delineado por la normatividad que rige el tr\u00e1mite procesal y no por aquella que disciplina a la judicatura.  <\/span><\/p>\n

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4. Al margen de lo anterior, es claro que al encontrarse en curso la actuaci\u00f3n penal que se cuestiona, en tanto que el juzgador fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia preparatoria los d\u00edas 30 y 31 de marzo del a\u00f1o que avanza, la promotora del amparo cuenta con la oportunidad procesal prevista en el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000, para elevar la solicitud de nulidad que por esta v\u00eda formula, ante la autoridad judicial que est\u00e1 a cargo de su proceso.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, consagra la referida norma:  <\/span><\/p>\n

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\u00abARTICULO 400. APERTURA A JUICIO. Con la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Naci\u00f3n o su delegado la calidad de sujeto procesal.  <\/span><\/p>\n

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Al d\u00eda siguiente de recibido el proceso por secretar\u00eda se pasar\u00e1n las copias del expediente al despacho y el original quedar\u00e1 a disposici\u00f3n com\u00fan de los sujetos procesales por el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles, para preparar las audiencias preparatoria y p\u00fablica, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigaci\u00f3n y las pruebas que sean procedentes.\u00bb (Negrilla y subraya para resaltar)  <\/span><\/p>\n

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En la misma l\u00ednea, no puede desconocerse que el art\u00edculo 306 ib\u00eddem, enlista taxativamente las causales de nulidad sobre las que se resolver\u00e1 en la audiencia preparatoria;  para lo que importa en este asunto, \u00abla falta de competencia del funcionario judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Ser\u00e1 entonces dentro de la actuaci\u00f3n que se surtir\u00e1 el 30 y 31 de marzo de la presente anualidad, donde el juez cognoscente se pronunciar\u00e1 por mandato legal, sobre el reproche de la falta de competencia que le endilga la peticionaria, que a su ver, de verificarse, configura como causal de nulidad.  <\/span><\/p>\n

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En todo caso, en el transcurso del proceso penal,  la tutelante cuenta con la posibilidad de formular ante el juez natural su desacuerdo con las decisiones que adoptara y elevar las solicitudes que estimen pertinentes, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, pues es en ese escenario donde debe resolverse definitivamente tal aspecto.  <\/span><\/p>\n

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Aunado a que en el evento en que la  investigaci\u00f3n terminara con sentencia condenatoria, la misma ser\u00e1 proferida una vez agotadas todas las fases procesales que el ordenamiento jur\u00eddico penal consagra y dentro de ellas, la reclamante podr\u00e1n ejercer los derechos de contradicci\u00f3n, defensa e impugnaci\u00f3n que estime necesarios y pertinentes, pero en manera alguna puede pretender que por v\u00eda constitucional el juez de tutela adopte decisiones anticipadas que legalmente compete a la autoridad judicial  que conoce del proceso que en su contra cursa.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, sin desconocer que, adem\u00e1s, de resultar adversa a sus pretensiones la sentencia que llegue a proferirse, est\u00e1 en posibilidad de recurrirla a trav\u00e9s de los recursos de apelaci\u00f3n y el extraordinario de casaci\u00f3n, que se caracteriza por ser un medio de control constitucional para el proceso.  <\/span><\/p>\n

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Ser\u00e1 entonces dentro de la actuaci\u00f3n del funcionario competente que se diriman las controversias que al interior de la misma planteen los sujetos procesales, dado que la jurisdicci\u00f3n constitucional no est\u00e1 facultada para usurpar tales competencias.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para denegar el amparo constitucional deprecado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 C. S. de J. Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencias del 20 y 31 de marzo de 2000, exp. Nos. T. 4822 y T. 4867, respectivamente, entre otras.     <\/span><\/p>\n

2 Sentencia de 2 de agosto de 2002, exp. T-00199-01.      <\/span><\/p>\n

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