{"id":100143,"date":"2026-06-25T20:07:44","date_gmt":"2026-06-25T20:07:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3700-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:07:44","modified_gmt":"2026-06-25T20:07:44","slug":"stc3700-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3700-2017\/","title":{"rendered":"STC3700-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3700-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00608-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo  de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Los accionantes por medio de apoderado solicitaron  el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y adecuada administraci\u00f3n de justicia, que consideran vulnerados dentro del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n que se surte en su contra por cuanto las autoridades argentinas no le reconocieron personer\u00eda para actuar a su abogado de confianza para que representara sus intereses en el proceso que se les sigue en ese pa\u00eds ni tampoco se le permiti\u00f3 asumir la defensa ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n de Colombia, una vez fueron capturados y en el desarrollo  del tr\u00e1mite surtido ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n.      <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretenden que por esta v\u00eda se declare \u00abla nulidad del concepto CP007-2017 proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y devolver el proceso a su estado inicial y ordenar a la Honorable Corte analizar del fondo los argumentos formulados por la defensa por cuanto vulneran derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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\u2026las dem\u00e1s que en derecho disponga el despacho que redunden en beneficio de mis poderdantes\u00bb [Folio 20, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Por sendas notas verbales n\u00fameros 233\/16, y 232\/16 del 31 de agosto de 2016 y 234\/16 del 1\u00ba de septiembre de ese a\u00f1o, el Gobierno de la Rep\u00fablica Argentina, por medio de su Embajada en Colombia, solicit\u00f3 la detenci\u00f3n preventiva  con fines de extradici\u00f3n de los accionantes y Diana Cristina Su\u00e1rez Heredia, requeridos por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 12, Secretaria No. 24, dentro de la causa No. 7.650\/2014, en la que se les atribuye la comisi\u00f3n de delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, tr\u00e1fico de estupefacientes, contrabando y lavado de activos.  <\/span><\/p>\n

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2. Mediante resoluciones del 2 de septiembre de 2016, el Fiscal General de la Naci\u00f3n orden\u00f3 la captura de los solicitados, quienes fueron capturados con fundamento en las circulares rojas de Interpol Nos. A-7739\/ 9-2015, A-7740\/9-2015 y A-7741\/9-2015, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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3. Con la nota verbal No. 10372\/16 del 19 de septiembre de 2016, el gobierno argentino, por v\u00eda diplom\u00e1tica, formaliz\u00f3 la petici\u00f3n de extradici\u00f3n de los accionantes, por raz\u00f3n del requerimiento que obra en su contra \u201cen la causa No. 7650\/14, caratulada Silva C\u00e1rdenas Carlos Olmedo y otros s\/infracci\u00f3n Ley 23.737\u201d; igual solicitud formul\u00f3 mediante nota verbal No. 269\/16 del 26 de septiembre siguiente y anex\u00f3 entre otros documentos el exhorto del 29 de agosto de ese a\u00f1o  dirigido al Fiscal General de la Naci\u00f3n, copia de las fotograf\u00edas de filiaci\u00f3n, pasaportes y documentos de identidad de los accionantes.  <\/span><\/p>\n

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4. La Directora de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Oficio DIAJI No. 2302 del 27 de septiembre siguiente, conceptu\u00f3 que al presente tr\u00e1mite son aplicables la Convenci\u00f3n sobre Extradici\u00f3n, suscrita en Montevideo el 26 de septiembre de 1933 y la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra el Tr\u00e1fico de Estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas, adoptada en Viena el 20 de diciembre de 1988.  <\/span><\/p>\n

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5. El Jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho envi\u00f3 la documentaci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n con el fin de que emitiera el concepto de rigor.  <\/span><\/p>\n

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6. Dentro de la actuaci\u00f3n los actores designaron al defensor de confianza y se corri\u00f3 el t\u00e9rmino  para la solicitud de pruebas, sin que los intervinientes hicieran solicitud en tal sentido.  <\/span><\/p>\n

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7. Del t\u00e9rmino para presentar alegatos finales, hicieron uso el Ministerio P\u00fablico y el defensor de los tutelantes, quien aleg\u00f3 irregularidades en el tr\u00e1mite por cuanto las autoridades argentinas se negaron a reconocerle personer\u00eda para actuar al abogado designado por los actores para que representara sus intereses en el proceso que se les sigue en ese pa\u00eds y tambi\u00e9n se les neg\u00f3 la defensa ante el ente acusador una vez fueron capturados por lo que se debe decretar la nulidad de la actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. El 1\u00ba de febrero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal emiti\u00f3 concepto favorablemente No.  CP007-2017 para la extradici\u00f3n de los accionantes formulada por el pa\u00eds solicitante por medio de las notas verbales Nos. 10372\/16 y 269\/16 por encontrarlas conforme a derecho. [Folios 136-176, c.1]  <\/span><\/p>\n

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9. La actuaci\u00f3n fue remitida al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su cargo y, actualmente los tutelantes se encuentran privados  de la libertad en el Establecimiento Carcelario La Picota.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio de los peticionarios del amparo dentro del tr\u00e1mite se\u00f1alado se vulneraron sus derechos por cuanto no se les ha garantizado su derecho a la defensa toda vez que la Sala de Casaci\u00f3n Penal omiti\u00f3 en su decisi\u00f3n pronunciarse respecto a los hechos denunciados. [Folios 2-21, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 183, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro del t\u00e9rmino concedido las autoridades accionadas guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n para emitir concepto favorable a la extradici\u00f3n de los accionantes, formulada por el Gobierno de la Rep\u00fablica de Argentina mediante las notas verbales Nos. 10372\/16 y 269\/16 de fechas 19 y 26 de septiembre de 2016, con el fin de que sean procesados dentro de la causa No. 7.650\/14 a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 2 de Buenos Aires, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quienes promovieron la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se observa que los reparos expuestos por los accionantes en la presente acci\u00f3n son los mismos que fueron puestos en conocimiento de la autoridad accionada el 15 de diciembre de 2016 por intermedio de su defensor y frente a lo cual se les se\u00f1al\u00f3 que \u00abel fundamento del concepto de la Corte, acorde con el art\u00edculo 502 de la Ley 906 de 2004, no puede ser otro que la verificaci\u00f3n de la validez formal de la documentaci\u00f3n presentada, la demostraci\u00f3n plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminaci\u00f3n, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, como sucede en el caso presente, el cumplimiento de lo previsto la Convenci\u00f3n sobre Extradici\u00f3n, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, instrumento que regula la materia. As\u00ed mismo, le compete verificar las exigencias que sobre esta materia contiene el art\u00edculo 35 Superior.  <\/span><\/p>\n

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No le corresponde a esta Corporaci\u00f3n realizar un control de legalidad de la aprehensi\u00f3n de los ciudadanos pedidos en extradici\u00f3n, pues la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ni la Ley o el instrumento internacional aplicable al caso lo consagran; lo anterior, en el entendido de que el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, en lo que le compete a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, no es de car\u00e1cter judicial, ni es por cuenta de esta Corporaci\u00f3n que los reclamados se encuentran privados de la libertad. Se insiste, la misi\u00f3n de la Corte es verificar el cumplimiento de las exigencias consagradas en la normatividad aplicable, y dentro de aquellas no se tiene lo relativo a la legalidad de la aprehensi\u00f3n que, dicho sea de paso, el defensor cuestiona con fundamento en supuestas irregularidades que no demuestra.\u00bb    <\/span><\/p>\n

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        De igual modo advirti\u00f3 que la legislaci\u00f3n que regula este asunto tampoco le otorga a la accionada la funci\u00f3n de pronunciarse en su concepto sobre la legalidad de la actuaci\u00f3n que se surte en el pa\u00eds de Argentina y por tanto las inconformidades de los actores con el cumplimiento de las garant\u00edas fundamentales en dicha actuaci\u00f3n habr\u00e1n de ser expuestas ante las autoridades judiciales a cargo del caso.  <\/span><\/p>\n

3. As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n de los  gestores del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por ello, los accionantes no pueden pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que consideran los desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

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4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de los demandantes.  <\/span><\/p>\n

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5. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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