{"id":100146,"date":"2026-06-25T20:08:05","date_gmt":"2026-06-25T20:08:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3703-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:08:05","modified_gmt":"2026-06-25T20:08:05","slug":"stc3703-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3703-2017\/","title":{"rendered":"STC3703-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3703-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00621-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Fayber Barrag\u00e1n Perdomo y Suzana Ari\u00f1o Carre\u00f1o contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y los Juzgados Sexto y Quinto Civiles del Circuito de la referida ciudad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los accionantes solicitan el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y vivienda digna que estiman vulnerados con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo que en su contra se adelanta, el cual consideran no debi\u00f3 seguirse ante la falta de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito que adquirieron para la compra de su vivienda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se deje sin efecto la actuaci\u00f3n cuestionada y, en su lugar, se ordene que previo al inicio del proceso ejecutivo, se realice la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 se adelant\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario de  Banco Av Villas contra los accionantes, el cual tuvo como objeto lograr el pago de la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9  N\u00b0 255873 7 52, respecto del cual las partes hab\u00edan acordado cancelar la primera cuota el 5 de junio de 1999.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Teniendo en cuenta que los ejecutados cancelaron el valor de las cuotas en mora, el 27 de agosto de 2001 se dispuso la terminaci\u00f3n del referido tr\u00e1mite orden\u00e1ndose el desglose del t\u00edtulo valor respectivo. [Folio 40]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por acuerdo de las partes, se suscribi\u00f3 un nuevo pagar\u00e9, en el que se recogi\u00f3 el saldo de la obligaci\u00f3n anterior y se fij\u00f3 un nuevo plan de pagos, lo que implic\u00f3 la ampliaci\u00f3n del plazo y la modificaci\u00f3n de los valores de las cuotas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Ante el incumplimiento de la obligaci\u00f3n, la entidad bancaria inici\u00f3 nuevo proceso ejecutivo hipotecario en contra de los accionantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, quien en auto de 4 de junio de 2004 libr\u00f3 mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Enterados de la actuaci\u00f3n, los ejecutados formularon excepciones que denominaron \u00abexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad, aplicaci\u00f3n indebida de factores financieros no cobijados por la ley vivienda y fallos de la Corte Constitucional, falta de claridad del t\u00edtulo, enriquecimiento sin causa y corbo en exceso\u00bb  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

7. El 29 de agosto de 2013 se declararon no probadas las excepciones formuladas, por lo que se orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble que garantizaba la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Apelada la decisi\u00f3n, la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, declar\u00f3 la nulidad por falta de competencia del a quo para decidir.  As\u00ed las cosas, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Sexto Civil del Circuito de la ciudad a efectos de que profiriera nueva sentencia y continuara con el tr\u00e1mite pertinente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9.  El 31 de julio de 2014 se emiti\u00f3 nueva sentencia en la que se deneg\u00f3 la prosperidad de los medios exceptivos y se orden\u00f3 el pago de la obligaci\u00f3n con el producto de la venta del inmueble sobre el cual se constituy\u00f3 la garant\u00eda real.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

10. Contra la anterior decisi\u00f3n, no se formul\u00f3 impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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11. Con el fin de efectuar el remate del inmueble, mediante auto de 27 de abril se comision\u00f3 a la Notar\u00eda S\u00e9ptima del Circulo de Ibagu\u00e9.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12.  El 5 de mayo de 2015 los accionantes solicitaron que se declarara la nulidad de la actuaci\u00f3n, pues estimaron los ejecutados que al no haberse reestructurado la obligaci\u00f3n, el t\u00edtulo valor no era exigible.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13. Surtido el traslado de la decisi\u00f3n anterior, tras precisarse que en el expediente constaba la restructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n ejecutada, en auto de 3 de julio de 2015 se deneg\u00f3 la petici\u00f3n formulada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

14. Contra la anterior decisi\u00f3n no se present\u00f3 recurso alguno.  <\/span><\/p>\n

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15. El 5 de julio siguiente se efectu\u00f3 la diligencia de remate, adjudic\u00e1ndose el inmueble a Armando Monsalve Osorio, quien fue reconocido como cesionario del cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

16. Devuelto el despacho comisorio, por auto de 9 de diciembre de 2016 se aprob\u00f3 la subasta realizada.  <\/span><\/p>\n

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17. Los accionantes acuden a la acci\u00f3n de tutela insistiendo en la falta de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, situaci\u00f3n  que, afirman, imposibilita la ejecuci\u00f3n en su contra.  Aducen que pese a que el remate ya se realiz\u00f3, al no haberse registrado a\u00fan en el folio de matr\u00edcula, es posible que mediante este mecanismo excepcional, se garantice la protecci\u00f3n efectiva de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado al despacho accionado y se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las autoridades involucradas en el tr\u00e1mite cuestionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 solicit\u00f3 que se denegara el amparo constitucional peticionado, de atender que contra la sentencia y el auto a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad no se formul\u00f3 recurso alguno.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso que es objeto de estudio, de entrada advierte la Corte la improcedencia de la solicitud de amparo, toda vez que los accionantes no ejercieron de manera oportuna los mecanismos de defensa con los que contaban para cuestionar las decisiones que en el juicio ejecutivo les resultaron adversas.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, de atender que proferida la sentencia a trav\u00e9s de la cual se accedi\u00f3 a las s\u00faplicas de la parte ejecutante y se declararon impr\u00f3speros los medios exceptivos formulados por los accionantes, no se present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, medio de impugnaci\u00f3n que al ser procedente, conforme al art\u00edculo 360 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debi\u00f3 ser empleados a efectos de que all\u00ed se estudiaran la queja que ahora presentan.  <\/span><\/p>\n

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Con todo, y a pesar de que con posterioridad solicitaron la nulidad del tr\u00e1mite, cuyo fundamento fue la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito ejecutado -que tambi\u00e9n se invoca en el presente tr\u00e1mite-, emitido el pronunciamiento respectivo por parte del Juzgado accionado, quien estim\u00f3 la improcedencia de tal petici\u00f3n, los accionantes tampoco formularon reparo alguno a fin de insistir en lo que aqu\u00ed exponen, situaci\u00f3n que pudo lograrse a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, medio de impugnaci\u00f3n procedente, seg\u00fan se desprende del art\u00edculo 348  del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para la \u00e9poca en que se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed la cosas, prudente es recordar que la acci\u00f3n de tutela no puede ser empleada para soslayar que es en el proceso judicial donde -por excelencia- debe procurarse la protecci\u00f3n de las prerrogativas de orden fundamental de quienes participan en el litigio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, si el tutelante no aprovech\u00f3 el instrumento de defensa establecido en el ordenamiento procesal para controvertir la providencia en cita, no pueden aspirar a que en esta excepcional v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En casos similares al presente, la Sala ha destacado que \u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ SC 26 Ene. 2011, Exp. 00027-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pero m\u00e1s all\u00e1 de lo anterior, de superarse las falencias advertidas con anterioridad, tampoco ser\u00eda procedente la solicitud de amparo, pues tras verificar la motivaci\u00f3n expuesta por el juez de primera instancia para denegar la nulidad formulada por los accionantes, no logra advertirse que la misma desconozca las garant\u00edas fundamentales invocadas por los accionantes, as\u00ed como tampoco la jurisprudencia que en materia de reestructuraci\u00f3n ha emitido esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior de atender que la entidad judicial accionada, luego de citar la jurisprudencia a trav\u00e9s de la cual se ha desarrollado el tema en menci\u00f3n, procedi\u00f3 a verificar lo sucedido y estableci\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn el presente caso encuentra el despacho que la obligaci\u00f3n demanda se refiere al pagar\u00e9 numero 255873 7 52, cuya primera cuota se pact\u00f3 para el 5 de junio de 2009 (sic)1, y el pagar\u00e9 n\u00famero 106154 de 29 de abril de 2003.  <\/span><\/p>\n

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Frente a lo relativo al pagar\u00e9 numero 255873 7 52, el mismo cuenta con certificaci\u00f3n de Desglose del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 (Folio 14),  por cuanto el 27 de agosto de 2001 se termin\u00f3 el proceso ejecutivo hipotecario que cursaba contra los deudores, por haberse puesto al d\u00eda la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El apagar\u00e9 numero 106154 fue suscrito con posterioridad al 31 de diciembre de 1999 y la fecha de desglose del primer pagar\u00e9 mencionado, pues est\u00e1 fechado abril 29 de 2003\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego de lo cual procedi\u00f3 a verificar lo manifestado por las partes en cada una de las intervenciones que realizaron en el tr\u00e1mite y encontr\u00f3 que conforme a \u00abla demanda, sus anexos, y dem\u00e1s tramitaci\u00f3n adelantada en el proceso, encuentra el despacho que a folio 1 y 2 de cuaderno n\u00famero cinco, pruebas parte demandada, obra interrogatorio al representante de la entidad demandante, quien expres\u00f3 en repuesta a la pregunta cinco, que refer\u00eda por qu\u00e9 no se hab\u00eda demandado con el pagar\u00e9 original, respondi\u00e9ndose que los deudores han pedido la normalizaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y en el a\u00f1o 2003 obtuvieron refinanciaci\u00f3n (\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior concluy\u00f3 que \u00aba petici\u00f3n de los demandados se suscribi\u00f3 un nuevo pagar\u00e9 en el a\u00f1o 2003, que recogi\u00f3 las obligaciones contenidas en el pagar\u00e9 inicial, con nuevos plazos, con nuevas tasas de inter\u00e9s, lo cual constituye indudablemente una verdadera REESTRUCTURACI\u00d3N de la obligaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De esa manera al establecer que \u00aba petici\u00f3n de los deudores, la entidad demandante realiz\u00f3 la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n original, con suscripci\u00f3n de nuevo pagar\u00e9\u00bb procedi\u00f3 a negar la nulidad invocada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aquellas consideraciones no evidencian capricho del juzgador accionado, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias, pues su determinaci\u00f3n se sustent\u00f3 en una apreciaci\u00f3n racional de los medios probatorios obrantes en la actuaci\u00f3n, sin que pueda considerarse que la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 sea producto de una valoraci\u00f3n arbitraria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Particularmente, en lo que refiere a la actividad evaluativa de los medios de convicci\u00f3n, el Juzgado cumpli\u00f3 con su deber legal de justificar sus conclusiones con base en el convencimiento que form\u00f3 a partir de tales elementos, atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 187 del estatuto adjetivo, de ah\u00ed que en el asunto no se habilita la intervenci\u00f3n en sede constitucional, m\u00e1s cuando se tiene claro que el mecanismo excepcional al que ahora acude el demandada, s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar si \u00abse observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ SC 24 Jun. 2004, Exp. 00142-01; 27 Jun. 2007, Exp. 00911-00; 3 Nov. 2009, Exp. 01371-01; 16 Jun. 2011, Exp. 01192-00; 25 Ene. 2012, Exp. 00001-00, entre otras)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, dado que no se satisface ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, las cuales son capaces de estructurar defecto en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios persuasivos con entidad de tornar procedente la protecci\u00f3n bajo la perspectiva ius fundamental, no es posible en esta v\u00eda interferir en la tarea que los accionados acometieron con respaldo en la autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoce como atributos necesarios del ejercicio de la funci\u00f3n judicial.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ha dicho la Sala en otras oportunidades que al fallador de la tutela \u00able est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u2026\u00bb. (CSJ SC 5 Abr. 2010, Exp. 2010-00006-01; 3 Jun. 2011, Exp. 2011-00527-01 y 20 Sep. 2012, Exp. 2012-00245-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De ese modo, no se advierte que el Despacho judicial tutelado haya incurrido en desconocimiento de derecho fundamental alguno al actor, por lo que se denegar\u00e1 el amparo constitucional que aqu\u00ed se implora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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      <\/span><\/p>\n

1 La primera cuota deb\u00eda ser cancelada el 5 de junio de 1999      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3703-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00621-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100146","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100146"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100146\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}