{"id":100149,"date":"2026-06-25T20:08:26","date_gmt":"2026-06-25T20:08:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3709-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:08:26","modified_gmt":"2026-06-25T20:08:26","slug":"stc3709-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3709-2017\/","title":{"rendered":"STC3709-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3709-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00561-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Irma Isabel Rodr\u00edguez Sarmiento contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, as\u00ed como los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, supuestamente conculcados por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia dictada el 25 de enero pasado, dentro del juicio de existencia de uni\u00f3n marital de hecho que promovi\u00f3 contra V\u00edctor Feria Hoyos.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, entonces, que se conceda la protecci\u00f3n constitucional invocada, ordenando al Tribunal de Cartagena \u2013Sala Civil Familia, \u00abdecret[ar] la nulidad del fallo [referido] y [que] se proceda a dictar nuevo fallo en el que se tenga en cuenta todas las pruebas\u00bb (fl. 18).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.    En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que adelant\u00f3 el litigio mencionado en l\u00edneas anteriores, con el prop\u00f3sito de obtener la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho que sostuvo con el demandado entre el 3 de febrero de 2008 y el 27 de mayo de 2015, s\u00faplica que fue acogida por el Juzgado Primero de Familia de Cartagena en sentencia de 1\u00b0 de junio de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relata que el extremo pasivo recurri\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, y en providencia del 25 de enero de la presente anualidad, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena la revoc\u00f3, para entonces, denegar la aspiraci\u00f3n del escrito inicial y estimar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito formulada por el demandado denominada \u00abinexistencia de los ritos formales y de fondo para que se tipifique la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, tras considerar que el v\u00ednculo afectivo sostenido entre las partes estuvo desprovisto de singularidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De este modo sostiene, que el estrado judicial convocado incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que, en su opini\u00f3n, i) omiti\u00f3 valorar la totalidad de los testimonios practicados dentro del asunto censurado; ii) desatendi\u00f3 las \u00abdeclaraciones extrajuicio\u00bb aportadas al tr\u00e1mite, pese a que no fueron tachadas de falsas; iii) desconoci\u00f3 que el demandado confes\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho cuando rindi\u00f3 el interrogatorio de parte; y, finalmente, iv) desech\u00f3 el m\u00e9rito probatorio de los correos electr\u00f3nicos allegados al juicio cuestionado, tras hallar ausente la forma en que se \u00abrecogieron, su autenticidad y de qu\u00e9 equipo se enviaron\u00bb, razones por las cuales acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 1 a 19).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Mediante auto del pasado 3 de marzo esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 61).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. El Tribunal accionado se atuvo a \u00ablos argumentos y decisiones adoptadas a lo largo del tr\u00e1mite cuestionado por la accionante\u00bb (fl. 73).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. A su turno, la Procuradur\u00eda 10 Judicial II de Familia de Cartagena, aleg\u00f3 que la sentencia cuestionada se encuentra ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, raz\u00f3n por la cual resulta inexistente la vulneraci\u00f3n alegada (fls. 75 a 77).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En el caso que se somete a examen, la accionante cuestiona la indebida valoraci\u00f3n probatoria en la que supuestamente incurri\u00f3 el Tribunal querellado al dictar la sentencia de segunda instancia el 25 de enero pasado, mediante la cual revoc\u00f3 el fallo de primer grado del 1\u00b0 de junio de 2016, que fue dictado por el Juzgado Primero de Familia de Cartagena, para en su lugar, entonces, declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abinexistencia de los ritos formales y de fondo para que se tipifique la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, dentro del juicio de existencia y uni\u00f3n marital de hecho que instaur\u00f3 contra V\u00edctor Feria Hoyos.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La Sala de cara a tal inconformidad, considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por la accionante resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial, la parte interesada no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.   En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, ya que de acuerdo a las documentales adosadas, las presuntas irregularidades en que incurri\u00f3 el ad-quem accionado en la sentencia de segunda instancia motivo de revisi\u00f3n, ha debido ser alegada por la parte aqu\u00ed interesada mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, de conformidad con lo consagrado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, pero como ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir a esta acci\u00f3n constitucional para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. As\u00ed, lo ha referido esta Corporaci\u00f3n en innumerables ocasiones, al sostener que cuando la parte interesada no propone oportunamente los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, \u00abqueda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le fue adversa, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 2002-2302; reiterada en STC119-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo esta Sala ha considerado, que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 de ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC310-2016).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Y a\u00fan con prescindencia de lo anterior, para la Corte la determinaci\u00f3n atacada estuvo soportada en argumentos que no lucen caprichosos ni arbitrarios, lo que impide su revisi\u00f3n a trav\u00e9s de este especial mecanismo, y anticipa entonces, el fracaso de lo reclamado.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.1.  En efecto, en el fallo de segundo grado de 25 de enero pasado, la Sala Civil Familia de Cartagena consider\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[P]ara el Tribunal merece mayor credibilidad el primer grupo de testigos, pues sus declaraciones resultan m\u00e1s contestes, coherentes, detalladas y completas, am\u00e9n de que conocieron de primera mano los hechos que aqu\u00ed se debaten, justamente a partir de estos testimonios la Sala encuentra que si bien durante el periodo que se se\u00f1ala en la demanda, el demandado V\u00edctor Ra\u00fal Feria Hoyos pudo haber sostenido una relaci\u00f3n amorosa con la demandante Irma Rodr\u00edguez Sarmiento, no puede desconocerse que al mismo tiempo en \u00e9poca concomitante tambi\u00e9n sosten\u00eda una relaci\u00f3n personal de por lo menos iguales caracter\u00edsticas con Carolina S\u00e1nchez Morich\u00fac, que est\u00e1 lejos de poder catalogarse como una relaci\u00f3n pasajera, porque contrario a esta percepci\u00f3n lo que dejan ver las pruebas es que de tal uni\u00f3n surgieron dos hijos y que seg\u00fan se dijo con ella sostiene un v\u00ednculo sentimental desde el a\u00f1o 1994 y es con quien actualmente convive en el inmueble del conjunto residencial Arboleda Real, las declaraciones de esos testigos entonces, permiten concluir que el aqu\u00ed demandado V\u00edctor Ra\u00fal Feria Hoyos lleg\u00f3 a sostener relaciones simult\u00e1neas, tanto con la demandante como con Carolina S\u00e1nchez Morich\u00fac durante el tiempo indicado en la demanda, de donde se colige que la ausencia del requisito de singularidad necesario para predicar la conformaci\u00f3n de una uni\u00f3n marital de hecho en este tipo de eventos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, a diferencia de lo que expone el apoderado de la parte demandada, no es posible valorar las copias simples allegadas al proceso en la primera instancia, puesto que al momento de su incorporaci\u00f3n al expediente estaba vigente el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de suerte que su valor demostrativo estaba atado a esa normatividad, la cual s\u00f3lo reconoc\u00eda valor probatorio a las copias que hubieren sido objeto de autenticaci\u00f3n, lo cual aqu\u00ed no se presenta. Por otra parte en cuanto a los correos electr\u00f3nicos que fueron aportados como material probatorio y en los que se apoy\u00f3 el a quo para adoptar su decisi\u00f3n, debe recordarse que la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia precis\u00f3 en la Sentencia de 27 de agosto de 2015, que si bien es cierto la Ley 257 del 99 reconoce los mensajes de datos, admisibilidad como medio de prueba, as\u00ed como fuerza demostrativa, y que la jurisprudencia ha admitido que el documento electr\u00f3nico es equivalente al documento escrito, lo cierto es que esa misma Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que su valor probatorio est\u00e1 sujeto a la confiabilidad a la forma en que se haya generado, archivado o comunicado, y ha agregado que la conservaci\u00f3n de la integridad de la informaci\u00f3n, la manera en que se identifique a su iniciador, y cualquier otro factor pertinente seg\u00fan lo previene el art\u00edculo 11 de la Ley citada, a la vez que su apreciaci\u00f3n est\u00e1 supeditada a las reglas de la sana cr\u00edtica y dem\u00e1s criterios reconocidos legalmente para la valoraci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n, de manera que la valoraci\u00f3n judicial de este tipo de pruebas est\u00e1 antecedida de la comprobaci\u00f3n de los criterios de inalterabilidad, rastreabilidad, recuperabilidad y conservaci\u00f3n, en el caso que se analiza se allegaron varios documentos que recogen los correos que mutuamente se hab\u00edan dirigido el demandante, la demandante y el demandado, de los cuales hay que advertir no existe certeza sobre la integralidad de la informaci\u00f3n que contienen, la forma como se generaron, su autenticidad o si en verdad las cuentas de correo de las que se enviaron pertenecen a las se\u00f1aladas personas, todos estos elementos indispensables que el juzgador debe tener en cuenta para que los mensajes de datos se puedan valorar y de ellos extraer alg\u00fan valor probatorio; pero tambi\u00e9n es cierto que al momento de contestar la demanda el recurrente nada dijo en contra de estos mensajes, desconoci\u00e9ndolos o discutiendo siquiera su contenido y eventual m\u00e9rito probatorio, y m\u00e1s a\u00fan aunque unos fueron le\u00eddos textualmente en la audiencia celebrada a instancias del a quo, tampoco en esta oportunidad lo reproch\u00f3 ni puso su autenticidad en entre dicho por medio del recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal circunstancia la Sala entiende que las partes pudieron haberlos convalidado de manera que ser\u00eda procedente su valoraci\u00f3n tambi\u00e9n en esta Sede; no obstante, a\u00fan de valorar tales pruebas, su an\u00e1lisis no hace m\u00e1s que afianzar la conclusi\u00f3n de la Sala puesto que el contenido de esos mensajes de datos deja claro que los t\u00e9rminos y trato que mutuamente se daban las partes distaban de ser los que caracterizan a una pareja singular y estable, en efecto no pueden tenerse en cuenta esos correos como evidencia de la estabilidad y exclusividad de esta relaci\u00f3n, porque al contrario en ellos se pone de presente la tensi\u00f3n que generaba la simultaneidad de las relaciones del demandado y como cada vez m\u00e1s se deterioraba y casi que se extingu\u00eda la comunicaci\u00f3n entre V\u00edctor Ra\u00fal Feria Hoyos e Irma Rodr\u00edguez Sarmiento, a consecuencia de la relaci\u00f3n con su otra compa\u00f1era.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, ante la ausencia del requisito de singularidad mencionado, no pod\u00eda declararse la uni\u00f3n marital invocada en la demanda, lo que implica a su vez que si no existe la uni\u00f3n marital, nunca podr\u00eda formarse una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes como dijo la Corte Suprema en la sentencia de 11 de marzo de 2009, expediente No.00197, en ese orden de ideas se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb (fl. 58, Cd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2.          De este modo, la autoridad judicial querellada, luego de valorar los testimonios rendidos dentro del juicio cuestionado y los documentos arrimados a \u00e9ste, concluy\u00f3 que el demandado V\u00edctor Ra\u00fal Feria Hoyos sostuvo relaciones sentimentales simult\u00e1neas tanto con la demandante Irma Isabel Rodr\u00edguez Sarmiento como con Carolina S\u00e1nchez, durante el periodo en que se pretendi\u00f3 la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho -3 de febrero de 2008 y el 27 de mayo de 2015, de ah\u00ed que el v\u00ednculo sostenido por las partes estaba desprovisto de singularidad, presupuesto necesario para acceder a la aspiraci\u00f3n del escrito inaugural, de conformidad con el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3.  Luego se desprende de lo expuesto, que la decisi\u00f3n que se reprocha por esta v\u00eda se motiv\u00f3 adecuadamente, y se soport\u00f3 en una razonada interpretaci\u00f3n, que con independencia de que se comparta o no por la parte accionante, se itera, no se muestra irrazonable y por ende, no quebranta las garant\u00edas reclamadas, lo que descarta cualquier posible intervenci\u00f3n del juez de tutela para modificarla, pues a \u00e9ste  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; criterio reiterado en STC12953-2014 y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 7  mar. 2008, Rad.  00514-01, reiterada, entre otros en STC7950-2014; STC8572-2014; STC8880-2014; STC9717-2014; STC11408-2014; STC12953-2014; y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3709-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00561-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Irma […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100149","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100149\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}