{"id":100150,"date":"2026-06-25T20:08:33","date_gmt":"2026-06-25T20:08:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3712-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:08:33","modified_gmt":"2026-06-25T20:08:33","slug":"stc3712-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3712-2017\/","title":{"rendered":"STC3712-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3712-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00646-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Audifarma S.A. contra la Sala Civil Familia del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La entidad accionante solicit\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnera por el Tribunal accionado quien dentro de la acci\u00f3n popular que en su contra se formul\u00f3, decidi\u00f3 revocar la sentencia emitida por el a quo y ordenarle contratar los servicios de un int\u00e9rprete para personas sordas sordo ciegas e hipoac\u00fasicas.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se deje sin efecto la referida decisi\u00f3n, y en su lugar se mantenga la negativa de las pretensiones invocadas por el actor popular.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Javier El\u00edas Arias Idarraga formul\u00f3 acci\u00f3n popular en contra Audifarma, con el fin de que dicha entidad, en garant\u00eda de los derechos colectivos de los usuarios sordos, sordo-ciegos e hipoac\u00fasticos, instalara en la sede ubicada en Av Norte No 9 -03 de la ciudad de Cali, se\u00f1ales luminosas y sonoras, adem\u00e1s de contratar un int\u00e9rprete que garantice la comunicaci\u00f3n de los referidos usuarios.  <\/span><\/p>\n

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2. Enterada de la actuaci\u00f3n, la accionada edific\u00f3 su defensa en la ausencia de prestaci\u00f3n de servicios de car\u00e1cter p\u00fablicos, pues los medicamentos que all\u00ed se comercializan solo son entregados a los afiliados de las EPS con las que tiene convenio, situaci\u00f3n que restringe los usuarios que ingresan a la sede respecto de la cual se present\u00f3 la queja popular.  <\/span><\/p>\n

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3. Surtidas las etapas pertinentes, el 3 de octubre de 2016 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira declar\u00f3 pr\u00f3spera las excepciones formuladas por la entidad farmac\u00e9utica y deneg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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4. Contra la anterior decisi\u00f3n, el actor popular formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. En sentencia de 8 de febrero de la presente anualidad, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira emiti\u00f3 sentencia en la que revoc\u00f3 la de primera instancia y orden\u00f3 a la autoridad accionada contratar los servicios de un int\u00e9rprete para las personas con la incapacidad mencionada.  <\/span><\/p>\n

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6. La entidad accionada considera que la anterior decisi\u00f3n vulnera sus derechos, de atender que como lo advirti\u00f3 el juez de primera instancia, los servicios que dicha entidad presta no est\u00e1n dirigidos al p\u00fablico en general, sino a un n\u00famero determinado de personas.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 13 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado al despacho accionado y se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las autoridades involucradas en el tr\u00e1mite cuestionado.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub-judice, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n del accionante y aquellos expuestos por el ad quem, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la providencia cuestionada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

       En efecto, para abordar los planteamientos de la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, la Corporaci\u00f3n colegiada luego de hacer un recuento de las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n popular, estableci\u00f3 que las obligaciones impuestas por la ley 982 de 2005, s\u00f3lo son predicables de instituciones que presten servicios de car\u00e1cter p\u00fablico, en la medida en que con ellas se pretende erradicar la existencia de \u00ab\u201cbarreras\u201d que impidan acceder a los usuarios del sistema a los servicios ofrecidos, los cuales deben proveerse de manera eficiente y oportuna, as\u00ed, en trat\u00e1ndose de discapacitados auditivos o visuales, que presentan dificultades de comunicaci\u00f3n, deben emplearse los mecanismos creados por la ley para sortear aquel obst\u00e1culo, de tal suerte que puedan acceder al servicio directamente y por sus propios medios\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, cit\u00f3 la sentencia emitida por la Secci\u00f3n Cuarta de ese alto Tribunal el 01 de noviembre de 2012, en el expediente 2008-00007-02, seg\u00fan la cual:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026 el servicio farmac\u00e9utico, por su propia naturaleza, est\u00e1 relacionado con la prestaci\u00f3n integral del servicio de salud a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en esa medida, se torna en parte del servicio p\u00fablico de salud.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que la producci\u00f3n, almacenamiento, comercializaci\u00f3n, dispensaci\u00f3n o aseguramiento de la calidad de los medicamentos, dispositivos m\u00e9dicos o las materias primas necesarias para su elaboraci\u00f3n, es un servicio necesario para que el Sistema de Seguridad Social cumpla con sus objetivos. Subl\u00ednea ajena al texto original\u00bb  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, de lo anterior y con apoyo, adem\u00e1s, en la afirmaci\u00f3n realizada por Audifarma S.A.1, concluy\u00f3 que se encontraba \u00abconstatada la amenaza del derecho colectivo necesario para garantizar la movilidad de las personas sordo-ciegas y el acceso a los servicios de salud all\u00ed prestados, lo que afecta la intercomunicaci\u00f3n de la accionada con sus usuarios. Y desde luego que esa ausencia en las instalaciones, amenaza los derechos de las personas con discapacidad visual y auditiva, quienes deben contar con especial protecci\u00f3n dada su vulnerabilidad por lo que se justifica amparar los derechos colectivos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Aquellas consideraciones no evidencian capricho del juzgador accionado, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias, pues su determinaci\u00f3n se sustent\u00f3 en una apreciaci\u00f3n racional de los medios de persuasi\u00f3n debidamente incorporados frente a la normatividad que consider\u00f3 aplicable, y de contera, dado que a las conclusiones materia de cr\u00edtica, se arrib\u00f3 con base en el cuidadoso estudio de tales elementos, la providencia dictada no se evidencia reflejo de un criterio arbitrario.  <\/span><\/p>\n

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Particularmente, en lo que refiere a la actividad evaluativa de los medios de convicci\u00f3n, el Juzgado cumpli\u00f3 con su deber legal de justificar sus conclusiones con base en el convencimiento que form\u00f3 a partir de tales elementos, atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 187 del estatuto adjetivo, de ah\u00ed que en el asunto no se habilita la intervenci\u00f3n en sede constitucional, m\u00e1s cuando se tiene claro que el mecanismo excepcional al que ahora acude el demandada, s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar si \u00abse observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ SC 24 Jun. 2004, Exp. 00142-01; 27 Jun. 2007, Exp. 00911-00; 3 Nov. 2009, Exp. 01371-01; 16 Jun. 2011, Exp. 01192-00; 25 Ene. 2012, Exp. 00001-00, entre otras)  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, dado que no se satisface ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, las cuales son capaces de estructurar defecto en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios persuasivos con entidad de tornar procedente la protecci\u00f3n bajo la perspectiva ius fundamental, no es posible en esta v\u00eda interferir en la tarea que la Sala accionada acometi\u00f3 con respaldo en la autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoce como atributos necesarios del ejercicio de la funci\u00f3n judicial.     <\/span><\/p>\n

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Ha dicho la Sala en otras oportunidades que al fallador de la tutela \u00able est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u2026\u00bb. (CSJ SC 5 Abr. 2010, Exp. 2010-00006-01; 3 Jun. 2011, Exp. 2011-00527-01 y 20 Sep. 2012, Exp. 2012-00245-01)  <\/span><\/p>\n

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4. De ese modo, no se advierte que el Despacho judicial tutelado haya incurrido en desconocimiento de derecho fundamental alguno al actor, por lo que se denegar\u00e1 el amparo constitucional que aqu\u00ed se implora.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Seg\u00fan la cual \u00abno cuenta con colaboradores vinculados para el desarrollo de las funciones como Interprete o Gu\u00eda\u00bb      <\/span><\/p>\n

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