{"id":100151,"date":"2026-06-25T20:08:44","date_gmt":"2026-06-25T20:08:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3713-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:08:44","modified_gmt":"2026-06-25T20:08:44","slug":"stc3713-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3713-2017\/","title":{"rendered":"STC3713-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3713-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00486-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el se\u00f1or Jaime O\u00f1ate Almazo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, y los dem\u00e1s intervinientes del tr\u00e1mite incidental a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo \u00aben condiciones dignas\u00bb y al \u00absalario justo\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la providencia emitida el 30 de marzo de 2016, dentro del incidente de restituci\u00f3n de bienes y cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos de los predios rurales denominados \u00abPANAMERICANO\u00bb y \u00abLAS PALMAS\u00bb, llevado a cabo en el marco del proceso de justicia y paz que se le sigue al postulado Hern\u00e1n Giraldo Serna.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que \u00abse DECLARE LA NULIDAD DEL [CITADO] FALLO\u00bb (fl. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.    En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que no obstante haber adquirido los predios antes mencionados mediante sentencia judicial que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra la providencia proferida el 19 de junio de 2014, por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, dentro del tr\u00e1mite incidental referido en l\u00edneas precedentes, resolvi\u00f3 confirmar la declaratoria de nulidad de aquella determinaci\u00f3n y la consecuente orden de restituci\u00f3n, y, adicionar lo resuelto en el sentido de \u00abhacer extensivos los efectos a la Fiduciaria Alianza S.A.\u00bb, mediante \u00abun fallo alejado sustancialmente de los preceptos constitucionales y desconociendo el orden legal establecido\u00bb, en la medida que con \u00e9ste se desconoce una decisi\u00f3n judicial dictada por un Juez de la Rep\u00fablica revestida de legalidad, as\u00ed como sus derechos frente a la rese\u00f1ada propiedad, por ser, dice, su \u00abposeedor\u00bb y quien \u00ablo cuidaba\u00bb y \u00abexplotaba econ\u00f3micamente\u00bb, ya que desde ni\u00f1o fue llevado a ese lugar a \u00abtrabajar\u00bb, sin que se le reconociera salario o prestaci\u00f3n alguna, sumado a que la citada autoridad no s\u00f3lo dej\u00f3 de tener en cuenta las consideraciones vertidas en la sentencia C-060 de 2008, proferida por la Corte Constitucional, sino que tambi\u00e9n, asegura, no valor\u00f3 correctamente las pruebas recaudadas dentro del aludido tr\u00e1mite, las cuales, asevera, dejan ver con claridad que \u00e9l ostenta la calidad de propietario y que las sociedades reclamantes no tienen la condici\u00f3n de v\u00edctimas.          <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente sostiene, que si bien la referida determinaci\u00f3n le fue notificada \u00abel d\u00eda 16 de mayo de 2016 mediante Oficio No 2743\u00bb, no por ello el reclamo no atiende el requisito de la inmediatez, puesto que su demora en acudir a la justicia radic\u00f3 en las amenazas de las que ha sido objeto por parte del grupo al margen de la ley denominado \u201cLos Urabe\u00f1os\u201d, las cuales \u00abse concretaron el d\u00eda 2 de septiembre [siguiente] cuando por labores de investigaci\u00f3n contra la delincuencia, el comando de la Polic\u00eda Metropolitana de Santa Marta orden\u00f3 a sus miembros que fueran a [su] casa y nos informaran del posible atentado y que nos protegi\u00e9ramos saliendo de [ella]\u00bb, situaci\u00f3n que, dice, lo oblig\u00f3 a \u00abescond[erse] en la Guajira\u00bb, motivo por el cual se debe estudiar de fondo la presente solicitud de amparo (fls. 1 a 30).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 6 de marzo hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 43).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  La magistrada ponente de la decisi\u00f3n confirmada y modificada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, luego de hacer un rese\u00f1a de la situaci\u00f3n analizada por el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con fundamento en que \u00abla cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos fraudulentos como fue el t\u00edtulo de propiedad que el se\u00f1or O\u00d1ATE ALMAZO obtuvo en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, es una facultad que la ley 1448 de 2011 otorga al funcionario que decide la restituci\u00f3n en aras de poder materializar las \u00f3rdenes que en ese contexto se profieren pues los bienes a restituir no pueden estar a nombre de terceros\u00bb, excepto cuando \u00abdem[uestran] que actuaron [con] buena fe exenta de culpa\u00bb, hecho que \u00abde ninguna manera fue probado por el [actor] dentro del incidente, ya que su defensa se centr\u00f3 en que no ocurri\u00f3 ning\u00fan despojo, sin embargo dicho despojo qued\u00f3 plenamente probado\u00bb (fls. 51 y 52).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.  La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por medio de la Fiscal 124 Seccional adscrita a la Oficina de Coordinaci\u00f3n del Grupo de Persecuci\u00f3n de Bienes de la Unidad Especializada de Justicia Transicional, luego de historiar las actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n del incidente criticado, solicit\u00f3 denegar el resguardo implorado, con sustento en que estas se encuentran ajustadas a derecho (fls. 72 a 84).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.  La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema, a trav\u00e9s del magistrado ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, despu\u00e9s de explicar las razones que llevaron a esa Corporaci\u00f3n a adoptarla, pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, en raz\u00f3n a que \u00abel tr\u00e1mite del asunto ha sido normal y se han respetado derechos, tr\u00e1mites y dem\u00e1s aspectos del proceso de Justicia y Paz\u00bb (fls. 103 a 109).  <\/span><\/p>\n

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d.  Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los interesados en la presente queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.  Descendiendo al caso concreto, de entrada se observa que la protecci\u00f3n reclamada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aflora con nitidez que el reclamo no cumple con el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, si en cuenta se tiene que la decisi\u00f3n cuestionada, esto es, la providencia por medio de la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte confirm\u00f3 y adicion\u00f3 el prove\u00eddo de 19 de junio de 2014, proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, dentro del incidente de restituci\u00f3n de bienes y cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos llevado a cabo en el marco del proceso de justicia y paz que se le sigue al postulado Hern\u00e1n Giraldo Serna, el que a su vez decret\u00f3, entre otros, la nulidad de la sentencia a trav\u00e9s de la cual se declar\u00f3 la pertenencia de los predios denominados \u201cPanamericano\u201d y \u201cLas Palmas\u201d en favor del aqu\u00ed interesado1, data del 30 de marzo de 2016 (fls. 114 a 134), en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 10 de febrero del presente a\u00f1o (fl. 1), circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.       <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo bastante significativo \u2013casi nueve meses2-, sin que el accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con la misma, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado presupuesto, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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3.    Ahora, aun acept\u00e1ndose que el presente reclamo s\u00ed atiende el aludido presupuesto, o que se obviara la inmediatez atendiendo lo observado por el actor, observa la Sala que tampoco \u00e9ste tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, pues lo finalmente decidido de manera alguna puede considerarse caprichoso o absurdo, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Corporaci\u00f3n censurada, a punto de analizar los reparos aducidos por el actor con el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, tuvo en consideraci\u00f3n los temas relacionados con i) el derecho de las v\u00edctimas a obtener la restituci\u00f3n de los bienes afectados por la comisi\u00f3n de conductas punibles; ii) los requisitos establecidos en la normatividad y la jurisprudencia para acceder a la restituci\u00f3n de bienes dentro del marco de la justicia transicional de justicia y paz; y, iii) las condiciones que debe tener quien alega buena fe exenta de culpa, por lo que finalmente concluy\u00f3, con sujeci\u00f3n a las pruebas recaudadas dentro del asunto sometido a su consideraci\u00f3n, que el accionante \u00abno es un tercero de buena fe exenta de culpa\u00bb, raz\u00f3n por la que se impon\u00eda restituir a las v\u00edctimas los predios de los cuales fueron despojados y, por ende, confirmar la providencia confutada.  <\/span><\/p>\n

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Para llegar a dicha determinaci\u00f3n, dicha Colegiatura  expres\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abProcede la Sala a revisar, en primer t\u00e9rmino, si se demostr\u00f3 el cumplimiento de los requisitos expuestos en precedencia para que las presuntas v\u00edctimas puedan acceder a la restituci\u00f3n de los bienes, seg\u00fan la solicitud de la Fiscal\u00eda 39.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

1.- Que los bienes objeto de restituci\u00f3n hayan sido denunciados, entregados u ofrecidos por los postulados, adem\u00e1s de tener vocaci\u00f3n reparadora.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con el t\u00f3pico, la apoderada del opositor expresa en su escrito de sustentaci\u00f3n, que contrario a lo aseverado por el a-quo, el postulado Hern\u00e1n Giraldo Serna, nunca denunci\u00f3, entreg\u00f3 u ofreci\u00f3 el predio \u201cEl Para\u00edso\u201d, sino tan s\u00f3lo las mejoras en \u00e9l plantadas, mismas que a la postre ya no existen, dada la invasi\u00f3n que del predio hicieron personas desplazadas.  <\/span><\/p>\n

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       Al revisar el haz probatorio se encuentra que en la videoconferencia de enero de 2011, se interroga al postulado Hern\u00e1n Giraldo Serna, sobre los predios en cuesti\u00f3n y aduce que \u00e9l invirti\u00f3 en ellos la suma de treinta millones de pesos, a instancias de Samuel Carvajal (integrante de su grupo), quien le dijo que la tierra la cuidaba \u201cun se\u00f1or\u201d, por m\u00e1s de dieciocho a\u00f1os. Finalmente, a petici\u00f3n de su defensor el implicado aduce que entrega el predio para que sea tornado a sus verdaderos due\u00f1os y que all\u00e1 el Se\u00f1or O\u00f1ate tendr\u00e1 que demostrar lo que adujo cuando los invit\u00f3 a invertir en esas tierras.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Posteriormente, el postulado insiste en que \u00e9l hace entrega de lo que le pertenece en esos predios y aduce que no es cierto, como lo dice O\u00f1ate Almazo, que \u00e9ste \u00faltimo hubiera sembrado \u201cplatanito\u201d y \u201ccacaito\u201d, por cuanto la \u00fanica explotaci\u00f3n econ\u00f3mica que tuvieron fue el cultivo de pl\u00e1tano que el mismo Giraldo Serna financi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

En suma, de las diversas salidas que frente a los predios en cuesti\u00f3n hace el postulado, se extrae que \u00e9ste s\u00ed tiene la voluntad de hacer entrega de los mismos para que formen parte del proceso en punto de reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, voluntad que, contrario a lo aseverado por la representaci\u00f3n del opositor, no es exclusiva del defensor de turno de Giraldo Serna, sino que \u00e9ste la ratifica de viva voz, aunque reconoce que cuando \u00e9l entr\u00f3 a invertir, O\u00f1ate Almazo ya alegaba tener 18 a\u00f1os de tenencia de la tierra.   <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

De otra parte, los predios (\u201cla tierra\u201d como los llama Giraldo Serna), s\u00ed tienen vocaci\u00f3n reparadora, puesto que devueltos a sus propietarios leg\u00edtimos, \u00e9stos recuperan bienes de contenido patrimonial de los que han sido despojados, con lo cual, al menos de forma parcial, se reparan los da\u00f1os causados con la acci\u00f3n il\u00edcita a la que fueron sometidos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.- Que se acredite la condici\u00f3n de v\u00edctimas de quien reclama la restituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con el punto concreto, la Fiscal\u00eda solicitante aport\u00f3 como evidencias demostrativas los siguientes elementos:  <\/span><\/p>\n

       2.1        Sobre la existencia y representaci\u00f3n de las sociedades reclamantes:  <\/span><\/p>\n

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       Copia de la escritura p\u00fablica n\u00famero 1023 de 18 de abril de 1989, Notar\u00eda 33 del c\u00edrculo Notarial de Bogot\u00e1, mediante la cual se constituye la sociedad \u201cPromotora Constructora S.A.\u201d, a la vez que certificado de C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, de 6 de junio de 2007, en el que se aduce que la sociedad no ha cumplido con su deber de renovar la matr\u00edcula mercantil desde 1995, pero que no ser\u00e1 disuelta hasta 18 de abril de 2088.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Copia de la escritura p\u00fablica 1317 de 3 de junio de 1994 de la Notar\u00eda 43 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, sobre la constituci\u00f3n de la sociedad \u201cInversiones Tur\u00edsticas Mendihuaca S.A.\u201d. Aporta certificado de C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 de fecha 10 de agosto de 2010, con similar anotaci\u00f3n al anterior, frente a la renovaci\u00f3n de la matr\u00edcula mercantil; igualmente afirma que la sociedad no ha sido disuelta y no lo ser\u00e1 hasta el de junio de 2.094.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2        En relaci\u00f3n con la propiedad leg\u00edtima de los predios en conflicto:  <\/span><\/p>\n

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Previamente a se\u00f1alar los elementos aportados, se  clarifica que los dos predios fueron segregados de uno de mayor extensi\u00f3n que fue dividido en tres: \u201cLas Palmas\u201d con nueva matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 080-38450; \u201cPanamericano\u201d al que se le asign\u00f3 el n\u00famero 080-42847; y por \u00faltimo \u201cLos Doctores\u201d  con matr\u00edcula inmobiliaria 080-38451.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el predio \u201cLas Palmas\u201d ados\u00f3 certificado de tradici\u00f3n, (matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 080-38450), expedido el 3 de febrero de 2010, en el cual aparece que el predio que era de propiedad de \u201cPromotora Constructora S.A.\u201d fue transferido a t\u00edtulo de fiducia mercantil a \u201cFiduciaria Alianza S.A.\u201d, seg\u00fan anotaci\u00f3n N\u00b0 3, de fecha 21 de julio de 1994; el valor de la transacci\u00f3n anotado es de $12.000.000. Agrega tambi\u00e9n respecto de este tr\u00e1mite, la copia de la escritura N\u00b0 4608 de 7 de julio de 1994, de la Notar\u00eda 6\u00aa de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto al predio \u201cPanamericano\u201d, trajo certificado de tradici\u00f3n (matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 080-42487), donde aparece como propietario \u201cInversiones Tur\u00edsticas Mendihuaca S.A.\u201d, seg\u00fan anotaci\u00f3n # 4 de fecha 9 de diciembre de 1994, empresa que adquiri\u00f3 por compraventa por valor de $15\u2019000.000. Anex\u00f3 el Ente acusador, el t\u00edtulo consistente en la escritura p\u00fablica n\u00famero 11711 de 12 de octubre de 1994 expedida en la Notar\u00eda 27 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre \u00e9ste \u00faltimo, el certificado de tradici\u00f3n muestra en las anotaciones 5, 6 y 7, que se declar\u00f3 pertenencia en favor de Jaime O\u00f1ate Almazo, apareciendo \u00e9ste como titular del derecho de dominio.  <\/span><\/p>\n

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En la actualidad ambos predios est\u00e1n declarados en abandono por el INCODER, siendo la m\u00e1s reciente anotaci\u00f3n que aparece en cada uno de los folios de matr\u00edcula.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con el material previamente analizado se demuestra que para el lapso comprendido entre enero de 1991 y la actualidad, el leg\u00edtimo propietario inscrito del predio \u201cLas Palmas\u201d es la sociedad \u201cPromotora Constructora S.A.\u201d  A su vez, que el leg\u00edtimo propietario inscrito del predio \u201cPanamericano\u201d, fue \u201cInversiones Tur\u00edsticas Mendihuaca S.A.\u201d desde octubre de 1994, hasta 12 de marzo de 2009, fecha en que se registr\u00f3 la sentencia declarativa de pertenencia en favor de Jaime O\u00f1ate Almazo, quien desde la \u00faltima data es propietario inscrito, aunque no ostente la tenencia material del terreno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3        En relaci\u00f3n con la condici\u00f3n de v\u00edctimas de las dos sociedades mencionadas, se adjuntaron los siguientes medios demostrativos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Declaraci\u00f3n jurada de Juan Fernando Blanco Guauke, quien aduce que desde 2007 vienen denunciado ante la Unidad de Justicia y Paz que fueron  v\u00edctimas de despojo, a trav\u00e9s de desplazamiento forzado, del predio \u201cPanamericano\u201d cuyo leg\u00edtimo due\u00f1o es \u201cInversiones Tur\u00edsticas Mendihuaca S.A.\u201d,  empresa de la cual es socio.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Agrega el testigo que el terreno fue adquirido por la sociedad mencionada, en tanto que \u201cPromotora Constructora S.A., adquiri\u00f3 el predio \u201cLas Palmas\u201d\u00b8 adyacente al suyo, con el prop\u00f3sito de desarrollar un ambicioso proyecto tur\u00edstico; pero que en el a\u00f1o 2003, los dos lotes fueron invadidos por miembros del \u201cBloque Resistencia Tayrona\u201d de las autodefensas, comandado por Hern\u00e1n Giraldo Serna.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El testigo aporta documentos que demuestran la constituci\u00f3n de las dos sociedades, tanto como la propiedad registrada de los fundos; el proyecto que pretend\u00edan desarrollar en ellos; las \u201cfacturas\u201d de cobro que constitu\u00edan las vacunas que les impon\u00edan las \u201cconvivir\u201d, y, por \u00faltimo, las denuncias que hicieran el 7 de junio de 2007 y 14 de abril de 2011, Juan David Ferrer Santamar\u00eda y Freddy Padilla Serna, respectivamente.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dentro de los referidos documentos, obra el informe semestral de la \u201cFiduciaria Alianza S.A.\u201d, el que incluye el informe de visita al predio, realizada el d\u00eda 30 de abril de 2006. Expresa, en uno de sus apartes: \u201cDe acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por el vecindario, la zona estaba ocupada por la AUC desmovilizada un mes atr\u00e1s\u201d.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuando al opositor el informe de visita manifiesta:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

               \u201cHacia la parte central encontramos una platanera         explotada         para beneficio del se\u00f1or Jaime O\u00f1ate, que a su vez         tiene vivienda de         bareque y madera en el sector de la playa, esta         persona manifiesta que         el (sic) se apropio (sic) de estos terrenos         porque lleva viviendo 14 a\u00f1os en estas tierras y trabaj\u00f3 con los         socios del proyecto, y jam\u00e1s recibi\u00f3 ninguna contraprestaci\u00f3n,         raz\u00f3n por la cual trabaja y vive de lo que estos terrenos         producen, para su propio beneficio y el de su familia\u201d         (negrilla         fuera de texto original)  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, agrega:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

               \u201cPara finalizar la conversaci\u00f3n con el se\u00f1or O\u00f1ate me indico (sic) que el (sic) no se iba a salir de all\u00ed tan f\u00e1cil         por las razones comentadas y que nunca le hab\u00edan pagado por el trabajo y mantenimiento del terreno. Me hizo el comentario de que el Se\u00f1or Ernesto Arango hace un a\u00f1o lo trato (sic) de sacar de all\u00ed bajo amenazas pero le fue imposible\u201d   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Tambi\u00e9n aport\u00f3 la Fiscal\u00eda, el proyecto denominado \u201cMel\u00eda Bah\u00eda Tayrona\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Igualmente, se suministraron las declaraciones juradas de Freddy Jos\u00e9 Padilla Serna, Juan David Ferrer Santamar\u00eda, Luis Alfredo Rosero y Sandra Rubiano Layt\u00f3n, quienes declaran que las sociedades son las leg\u00edtimas propietarias de los predios; que alrededor de 2003 fueron despojadas de ellos con intervenci\u00f3n de las AUC, concretamente el Bloque Resistencia Tayrona, grupo comandado por \u201cCirilo\u201d (Samuel Carvajal); que los propietarios fueron amenazados para que no regresaran, primero a trav\u00e9s de Sandra Rubiano, que era la representante legal en Santa Marta, y despu\u00e9s, de los socios que intentaron ejercer la posesi\u00f3n sobre los predios. No denunciaron el despojo desde que se enteraron del mismo, por miedo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Coinciden tambi\u00e9n en afirmar, que para la \u00e9poca en que se produjo la usurpaci\u00f3n, el Se\u00f1or Jaime O\u00f1ate estaba en el predio, armado y respaldado por \u201cla empresa\u201d, que no era otra que el Bloque Resistencia Tayrona; que \u00e9ste impidi\u00f3 el ingreso a los socios y que a cambio de la devoluci\u00f3n de la tierra, ped\u00edan trescientos millones de pesos.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Los elementos citados son suficientes para declarar probada la condici\u00f3n de v\u00edctimas de las dos empresas, en la medida en que ellas eran las leg\u00edtimas propietarias de los lotes \u201cPanamericano\u201d y \u201cLas Palmas\u201d, y que la consolidaci\u00f3n del despojo se produjo con la intervenci\u00f3n de miembros del Bloque Resistencia Tayrona, al mando de Hern\u00e1n Giraldo Serna, concretamente, el grupo cuyo cabecilla era Samuel Carvajal (ya fallecido), quien prest\u00f3 su apoyo y respaldo a Jaime O\u00f1ate Almazo, para que \u00e9ste pudiera concretar el proceso que  le entreg\u00f3 la propiedad jur\u00eddica de \u201cPanamericano\u201d y la posesi\u00f3n material de \u00e9ste y \u201cLas Palmas\u201d.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

3.- Demostrar que quien alega la condici\u00f3n de v\u00edctima, ha sufrido un da\u00f1o:  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

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         <\/span><\/p>\n

Sin duda alguna, de conformidad con los documentos adosados a la foliatura, las sociedades afectadas adquirieron los terrenos con el prop\u00f3sito de hacer un proyecto hotelero que fracas\u00f3 por diversas causas, entre otras la imposibilidad de obtener las licencias ambientales, pero ello no es suficiente para considerar que los lotes no ten\u00edan o no tienen valor alguno.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Respecto del ac\u00e1pite anterior, basta traer a colaci\u00f3n las declaraciones de los socios, quienes afirman que en 2007, cuando le reclamaban a Hern\u00e1n Giraldo Serna la devoluci\u00f3n de los predios y \u00e9ste se comprometi\u00f3 a ello, tuvieron ocasi\u00f3n tambi\u00e9n de dialogar con el se\u00f1or Jaime O\u00f1ate, el cual pidi\u00f3 la compensaci\u00f3n en dinero de trescientos millones de pesos, por tanto, la conclusi\u00f3n es que el tema es de \u00edndole patrimonial y hay un da\u00f1o que afecta las sociedades propietarias, al punto que tienen pasivos que no han podido cubrir, entre otras cosas, por la p\u00e9rdida de los terrenos.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

4.- Nexo de causalidad entre el da\u00f1o y el hecho victimizante:  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con este aspecto, no cabe la menor duda para la Sala que la materializaci\u00f3n del despojo en favor de Jaime O\u00f1ate Almazo, se concret\u00f3 con la directa y decidida intervenci\u00f3n del grupo de autodefensas al mando del desmovilizado Hern\u00e1n Giraldo Serna.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Es evidente que el proyecto de turismo que pretendieron las sociedades, hab\u00eda fracasado; pero \u00e9sta no fue la causa de la p\u00e9rdida de los lotes, ya que sobre ellos ejerc\u00edan cierto control las mismas, a trav\u00e9s de visitas ocasionales a los predios realizadas por los representantes legales, como Sandra Rubiano, por los socios e incluso por la Fiduciaria Alianza S.A.; pero fue s\u00f3lo cuando apareci\u00f3 el grupo de miembros del Bloque Resistencia Tayrona, que las sociedades dejaron de ejercer esos actos de se\u00f1or y due\u00f1o, pues ante la amenaza e intimidaci\u00f3n de que fueron objeto, sencillamente, no volvieron, por temor fundado en la intimidaci\u00f3n, como lo afirman los declarantes.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Tal fuerza psicol\u00f3gica fue la ejercida sobre los socios, al punto que incluso se abstuvieron de denunciar los hechos, pues tem\u00edan que con ello se materializaran las amenazas y estuvieran en peligro sus vidas, adem\u00e1s de su patrimonio, como lo relatan en sus declaraciones.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

As\u00ed pues, luego de impedir que los leg\u00edtimos propietarios continuaran ejerciendo actos de se\u00f1or\u00edo sobre los predios, Jaime O\u00f1ate Almazo se vio en plenas posibilidades de iniciar el proceso de pertenencia que concluy\u00f3 con \u00e9xito cuando ya el grupo se hab\u00eda desmovilizado.   <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

En suma, la intimidaci\u00f3n ejercida sobre los propietarios de los lotes, fue la causa eficiente por la que abandonaron definitivamente la visita a los mismos, lo que facilit\u00f3 la consolidaci\u00f3n de la propiedad en cabeza de Jaime O\u00f1ate, pues, \u00e9ste tuvo el camino expedito para incoar el proceso de pertenencia sin oposici\u00f3n alguna, por tanto, el nexo de causalidad entre el da\u00f1o y el hecho victimizante es palmario en este asunto.  <\/span><\/p>\n

Es evidente que O\u00f1ate Almazo ten\u00eda v\u00ednculos con los predios objeto del incidente, desde hac\u00eda varios a\u00f1os, pero el mismo no era como poseedor, sino como trabajador, por tanto, tal condici\u00f3n no me permitir\u00eda alcanzar el prop\u00f3sito de hacerse due\u00f1o, como se ver\u00e1 a continuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

5.- Buena fe del opositor:  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Como se ha advertido, no obstante lo anterior, es viable que existan derechos derivados de la buena fe exenta de culpa, que permiten que un tercero se oponga a las medidas judiciales que sobre predios se puedan tomar en el marco de los procesos de Justicia y Paz.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Alega el opositor que \u00e9l estaba en los lotes desde 1987, es decir, por un lapso superior a 20 a\u00f1os; que ingres\u00f3 all\u00ed por orden de los socios, quienes posteriormente no le pagaron lo que le adeudaban; que ejerci\u00f3 explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de los predios y que obtuvo decisi\u00f3n favorable a sus pretensiones en el proceso de pertenencia.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Respecto de tales condiciones, la Sala encuentra que hay aspectos que decididamente obran en contra del opositor, como son:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) Al haber obtenido la declaraci\u00f3n de pertenencia por prescripci\u00f3n extintiva de 20 a\u00f1os, demuestra que es de mala fe, puesto que tal condici\u00f3n le obligaba, para aquella data, a ejercer actos de se\u00f1or\u00edo por el doble del tiempo que un poseedor de buena fe, a quien se le exig\u00eda tan s\u00f3lo 10 a\u00f1os de posesi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)  Si puede ser cierto -como lo acept\u00f3 la primera instancia y lo resalta la recurrente- que cuando ingres\u00f3 Jaime O\u00f1ate Almazo, a los predios lo hizo en forma pac\u00edfica, no ocurre lo mismo con su permanencia en ellos, pues para evitar la acci\u00f3n de los leg\u00edtimos propietarios, O\u00f1ate Almazo, se respald\u00f3 con el comandante \u201cCirilo\u201d, miembro del \u201cBloque Resistencia Tayrona\u201d, lo cual implica una acci\u00f3n de violencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Existen dudas serias y fundadas sobre el tiempo real de permanencia del opositor en los predios para el momento en que pidi\u00f3 la pertenencia, puesto que cuando en abril de 2006, habl\u00f3 con el enviado de la \u201cFiduciaria Alianza S.A.\u201d, le argument\u00f3 que ten\u00eda 14 a\u00f1os de estar en el terreno y un a\u00f1o m\u00e1s tarde, cuando inici\u00f3 el proceso civil, argument\u00f3 que hab\u00eda completado 20 a\u00f1os, es decir, el tiempo necesario para lograr el cometido.  <\/span><\/p>\n

Frente a este aspecto, ser\u00eda necesario responderse los siguientes cuestionamientos: i. \u00bfCu\u00e1ndo efectivamente ingres\u00f3 a los lotes el se\u00f1or O\u00f1ate Almazo?; ii. \u00bfEn qu\u00e9 calidad ingres\u00f3 a los mismos: como trabajador o como poseedor? iii. \u00bfSi entr\u00f3 como trabajador, cu\u00e1ndo transform\u00f3 su calidad a poseedor? iv. \u00bfAdmite la legislaci\u00f3n civil que un mero tenedor se convierta en poseedor? v. \u00bfSi ello fuere posible, desde cu\u00e1ndo se cuenta el tiempo para optar por la prescripci\u00f3n extraordinaria, esto es, desde cu\u00e1ndo comenz\u00f3 el conteo de los veinte a\u00f1os, desde que era tenedor o desde que se convirti\u00f3 en poseedor?, s\u00f3lo para resaltar algunos aspectos dubitativos del ejercicio de la pretendida posesi\u00f3n del opositor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La respuesta a los anteriores planteamientos, arroja el siguiente resultado:  <\/span><\/p>\n

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i.        Se desconoce la fecha exacta en que el Se\u00f1or O\u00f1ate Almazo inici\u00f3 su relaci\u00f3n con los predios objeto de despojo, ya que \u00e9ste ten\u00eda era un v\u00ednculo con la sociedad que era originalmente propietaria de todo el terreno, relaci\u00f3n que perdur\u00f3 a\u00fan despu\u00e9s de la divisi\u00f3n y de que O\u00f1ate Almazo ingresara al predio \u201cLas Palmas\u201d, ya que segu\u00eda recolectando cocos para Ernesto Arango, quien continu\u00f3 siendo socio de la propietaria del predio \u201cLos Doctores\u201d, uno de los tres en que se dividi\u00f3 el predio inicial.  <\/span><\/p>\n

ii.        Conforme fue reconocido por el propio O\u00f1ate Almazo y por Sandra Rubiano, el opositor entr\u00f3 al predio \u201cLas Palmas\u201d, como trabajador; la segunda adujo que ingres\u00f3 exactamente como jornalero ocasional.  <\/span><\/p>\n

iii. Establecido que ingres\u00f3 como jornalero, se desconoce cu\u00e1ndo mut\u00f3 su calidad a poseedor, es decir, a ostentar la materialidad de la cosa con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o; adem\u00e1s, frente a este aspecto, no se puede desconocer el contenido del art\u00edculo 777 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

       iv. De acuerdo con la norma citada en precedencia, el mero paso del tiempo no permite la metamorfosis, de suerte que habr\u00eda sido necesario establecer cu\u00e1ndo y a trav\u00e9s de qu\u00e9 hecho fue que el simple tenedor se transform\u00f3 en poseedor, situaci\u00f3n que si bien fue advertida en el fallo de pertenencia, no gener\u00f3 ninguna manifestaci\u00f3n por la juez, que simplemente acepta sin razonamiento alguno, que Jaime O\u00f1ate haya ingresado en 1987 como trabajador, transform\u00e1ndose despu\u00e9s en poseedor, sin que se precise cu\u00e1ndo, pero contabiliz\u00e1ndose los 20 a\u00f1os necesarios para usucapir, desde su ingreso como trabajador en 1987.   <\/span><\/p>\n

       Sobre el particular, del haz probatorio aportado por la Fiscal\u00eda se infiere que el hecho que permiti\u00f3 el cambio de tenedor a poseedor, no fue otro que el ingreso de los grupos armados irregulares a respaldar al se\u00f1or O\u00f1ate Almazo e invertir en explotaci\u00f3n comercial, que hasta ese momento no se hab\u00eda hecho, lo que se ubica temporalmente en el a\u00f1o 2003, seg\u00fan las pruebas aportadas por la Fiscal\u00eda 39.  <\/span><\/p>\n

v. El t\u00e9rmino de los 20 a\u00f1os para adquirir por posesi\u00f3n extraordinaria, sin dubitaci\u00f3n alguna, se deber\u00eda haber contado desde que entr\u00f3 en posesi\u00f3n, pues, antes era un mero tenedor sin vocaci\u00f3n de llegar a ser un verdadero titular del derecho de dominio sobre el bien, esto es, O\u00f1ate Almazo se transform\u00f3 de tenedor a poseedor, aproximadamente desde el a\u00f1o 2003.   <\/span><\/p>\n

vi. Que el opositor no contaba con los 20 a\u00f1os requeridos para usucapir, lo corrobora el administrador del Predio Los Caballos 2, contiguo a los lotes objeto de este incidente, cuando afirma sin dubitaci\u00f3n alguna, que conoce a Jaime O\u00f1ate Almazo porque trabaj\u00f3 para la empresa propietaria de la finca en la que labora, que ello ocurri\u00f3 durante un a\u00f1o, sin recordar bien si en el a\u00f1o 92 o 93, pero dice que ya en los lotes objeto del incidente, s\u00f3lo lo ha visto hace cinco o seis a\u00f1os, aunque no sabe en qu\u00e9 condici\u00f3n est\u00e1 ah\u00ed. Se resalta que la declaraci\u00f3n aludida fue recepcionada por la Fiscal\u00eda el d\u00eda 6 de diciembre de 2011, es decir, que para este testigo, O\u00f1ate Almazo, pudo llegar en 2005 o 2006 a instalarse en los predios objeto del despojo, y no desde 1987, como se dijo en el proceso de pertenencia.  <\/span><\/p>\n

vii.- En los documentos suministrados por la Jefe de Recursos Humanos de Frutesa S.A., correspondiente a la carpeta Jaime O\u00f1ate Almazo,  se encuentra su Hoja de Vida, en la que afirma que reside en un predio arrendado por Filomena Narv\u00e1ez, a quien le paga $8.000.oo pesos de arriendo. Este medio de prueba permite inferior que para la \u00e9poca en que elabor\u00f3 su hoja de vida, 1992 aproximadamente, no ostentaba la calidad de poseedor de los predios, o as\u00ed lo habr\u00eda consignado en su curr\u00edculo, al menos como direcci\u00f3n de residencia.  <\/span><\/p>\n

              <\/span><\/p>\n

a. Dentro del proceso de pertenencia se cit\u00f3 al representante legal de la empresa propietaria a una direcci\u00f3n en Santa Marta, (Calle 15 # 3-67 I. 104 en Santa Marta) que si bien es cierto fue de la sociedad afectada, tambi\u00e9n lo es que ya estaba en desuso, lo que gener\u00f3 que \u00e9sta no se enteraran efectivamente del proceso y sus consecuencias, como lo afirman los socios, ya que finalmente la empresa accionada, Inversiones Mendihuaca S.A. fue emplazada y representada procesalmente por curador Ad l\u00edtem.     <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Corolario de lo anotado, es afirmar que en el caso concreto, el Se\u00f1or Jaime O\u00f1ate Almazo, no es un tercero de buena fe exenta de culpa, puesto que sab\u00eda de antemano qui\u00e9nes eran los propietarios de los lotes, lo cual se extrae de la forma en que ingres\u00f3 a ellos, as\u00ed como del hecho que la representante legal en Santa Marta, los socios y el delegado de la Fiduciara, fueran al predio a reclamar por su presencia en los mismos, siendo repelidos con actos de violencia psicol\u00f3gica, por la intimidaci\u00f3n sufrida, dada la presencia de miembros del Grupo Resistencia Tayrona, del que era jefe el postulado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con el argumento que le deb\u00edan salarios, Jaime O\u00f1ate Almazo, opt\u00f3 por apropiarse de los predios, lo que no lograr\u00eda pac\u00edficamente,  por tanto, se respald\u00f3 en los grupos armados ilegales, de los cuales, si bien, no aparece como uno de sus miembros, s\u00ed hay demostraci\u00f3n que \u00e9stos lo apoyaron en al menos dos aspectos: a) intimidando a los due\u00f1os para que no regresaran por esos fundos y b) suministr\u00e1ndole el dinero necesario para hacer un cultivo de pl\u00e1tano tecnificado que le permitiera acreditar la explotaci\u00f3n material del predio dentro del proceso de pertenencia, en el cual realmente no tuvo opositor, pues el representante legal de Inversiones Tur\u00edsticas Mendihuaca S.A., fue emplazado al no comparecer personalmente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El primer aspecto, demostrado con las declaraciones de los socios y representantes legales de las sociedades y con el informe de la \u201cFiduciaria Alianza S.A.\u201d, donde quien hace la visita al predio, deja constancia que en la zona, la presencia de grupos al margen de la ley, es palmaria.  <\/span><\/p>\n

Y el segundo, probado con las diversas declaraciones del desmovilizado Hern\u00e1n Giraldo Serna, quien reconoce que suministr\u00f3 el dinero, por requerimientos de Samuel Carvajal, para que sembraran pl\u00e1tano en esas tierras.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed pues, no existe duda respecto a que los predios fueron ofrecidos por el desmovilizado; los reclamantes tienen la calidad de v\u00edctimas; han sufrido un da\u00f1o patrimonial ostensible con la p\u00e9rdida jur\u00eddica y material de los predios; hay nexo de causalidad entre la presencia paramilitar en los mismos y el despojo o da\u00f1o del cual fueron v\u00edctimas y, por \u00faltimo, mal pudiera considerarse a Jaime O\u00f1ate Almazo como tercero de buena fe exenta de culpa, pues, se trata de una persona que adquiri\u00f3 por la v\u00eda de la prescripci\u00f3n extraordinaria y que obtuvo la sentencia favorable falseando la verdad, puesto que lo cierto es que la posesi\u00f3n no fue de 20 a\u00f1os como qued\u00f3 explicado supra y tampoco pac\u00edfica, como lo exige la legislaci\u00f3n civil, para despojar a un propietario de tal calidad y entreg\u00e1rsela a otro que si ha cumplido con el deber de hacer de \u00e9sta, una funci\u00f3n social.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo estas condiciones, no le asiste raz\u00f3n al apelante porque obr\u00f3 dolosamente y con tal actitud, queda claro que no se le reconoce la buena fe exenta de culpa, la que est\u00e1 destinada, como lo advierte la jurisprudencia citada, a personas que han adquirido por compraventa o permuta, negocio en que no han sido negligentes en el establecimiento de quien es el verdadero justo due\u00f1o, para adquirir de \u00e9l y no de otro, la propiedad de un inmueble.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En conclusi\u00f3n, la Sala, en el marco del procedimiento de la Ley de Justicia y Paz reconoce el derecho que les asiste a las v\u00edctimas de ser reparadas efectiva y oportunamente, por tanto, opta por confirmar en forma integral la decisi\u00f3n recurrida, al estar conforme a derecho.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, surge necesario precisar que en la decisi\u00f3n se debe incluir como beneficiara de la misma a la \u201cFiduciaria Alianza S.A.\u201d, en raz\u00f3n a que est\u00e1 vinculada al predio \u201cLas Palmas\u201d, mediante un contrato de fiducia que para el momento hist\u00f3rico en que se produce esta determinaci\u00f3n, no ha finiquitado legalmente.  <\/span><\/p>\n

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Colof\u00f3n de lo anterior es que aunque la providencia es confirmatoria de la decisi\u00f3n, deber\u00e1 adicionarse para extender la orden de protecci\u00f3n en favor y beneficio de la \u201cFiduciaria Alianza S.A.\u201d, dentro de sus competencias y con respeto de esta judicatura, al contrato existente entre las sociedades, as\u00ed como de las obligaciones insolutas entre ellas\u00bb (fls. 114 a 134).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor los Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n acusada hubieran incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n cuestionada est\u00e1 soportada en argumentos s\u00f3lidos y en una apreciaci\u00f3n razonable del material probatorio recaudado, los cuales detallan las razones por las cuales el tutelante no puede ser considerado un tercero de buena fe exento de culpa y, por ende, un leg\u00edtimo propietario de los bienes inmuebles tantas veces mencionados, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en la rese\u00f1ada providencia se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la referida determinaci\u00f3n, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada \u00faltimamente, entre otros, en STC18363-2016, STC18524-2016, STC2847-2017 y STC2999-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.        Por tanto, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta.    <\/span><\/p>\n

2 Contados desde el 16 de mayo de 2016, fecha en la que seg\u00fan lo afirm\u00f3 el actor le fue comunicada la determinaci\u00f3n criticada.      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3713-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00486-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100151","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100151"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100151\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100151"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}