{"id":100152,"date":"2026-06-25T20:08:53","date_gmt":"2026-06-25T20:08:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3714-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:08:53","modified_gmt":"2026-06-25T20:08:53","slug":"stc3714-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3714-2017\/","title":{"rendered":"STC3714-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3714-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00568-00  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por H\u00e9ctor Ramiro Ojeda Bayona contra la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con la falta de celeridad en el tr\u00e1mite del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho que promovi\u00f3 contra los herederos determinados e indeterminados de Diana Yoreidis Zambrano Torres.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Arauca que  \u00abproceda de inmediatamente o m\u00e1ximo en el t\u00e9rmino de quince d\u00edas calendario, a dictar sentencia\u00bb dentro del citado juicio (fl. 115).   <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar la queja, aduce en compendio, que como quiera que el deceso de su compa\u00f1era Diana Yoreidis Zambrano Torres tuvo ocurrencia el 19 de febrero de 2012, por causa de los hechos acaecidos en un ret\u00e9n de la Polic\u00eda Nacional, demand\u00f3 administrativamente a la citada instituci\u00f3n y solicit\u00f3 \u00abla respectiva indemnizaci\u00f3n\u00bb ante la compa\u00f1\u00eda de Seguros Suramericana S.A., quien objet\u00f3 el reclamo, tras considerar que deb\u00eda \u00aballegar sentencia judicial que declarara\u00bb el v\u00ednculo marital.   <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que pese a que desde el 15 de mayo de la citada anualidad promovi\u00f3 el litigio referido en l\u00edneas anteriores, que surtido el tr\u00e1mite correspondiente, el 15 de enero de 2013 ingres\u00f3 el expediente al Despacho para sentencia1, y, que la se\u00f1ora Agripina del Carmen Orozco el 24 de abril siguiente formul\u00f3 una nulidad procesal, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Arauca s\u00f3lo hasta el \u00ab9 de marzo de 2015\u00bb, esto es, \u00abdos a\u00f1os despu\u00e9s de que se propuso el incide\u00bb, resolvi\u00f3 negativamente lo pedido por la mentada interviniente, disponiendo adem\u00e1s, la designaci\u00f3n del curador ad litem para el menor hijo de la causante.  <\/span><\/p>\n

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Indica que aunque el citado curador contest\u00f3 la demanda \u00absin objeci\u00f3n alguna\u00bb, con posterioridad reclam\u00f3 \u00abotra nulidad por deficiencias en el poder otorgado\u00bb para demandar, incidente que el Juzgado aludido deneg\u00f3, y apelada la decisi\u00f3n, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de la mentada ciudad confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente sostiene, que el 24 de noviembre pasado solicit\u00f3 celeridad en el tr\u00e1mite del proceso, con el fin que se dicte sentencia, pues las anteriores circunstancias \u00abha[n] impedido el acceso al pago de las indemnizaciones que [l]e corresponden\u00bb, raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 1 a 7).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 6 de marzo de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        La representante legal judicial de Seguros Generales Suramericana S.A., puntualiz\u00f3 que desconoce los pormenores de la proceso judicial que se censura, pues su actuaci\u00f3n se circunscribi\u00f3 a objetar la reclamaci\u00f3n tendiente al pago de la indemnizaci\u00f3n por el deceso de la se\u00f1ora Diana Zambrano, habida cuenta que el aqu\u00ed accionante no acredit\u00f3 la condici\u00f3n de beneficiario (fls. 44 a 48).  <\/span><\/p>\n

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b.        El Secretario del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Arauca, memor\u00f3 todas las actuaciones que el Despacho ha conocido respecto del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho que se acusa (fls. 54 y 55).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.        De igual manera es necesario destacar, que en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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3.        De cara a los argumentos planteados por el actor, y no sin antes precisar que esta Corporaci\u00f3n asumi\u00f3 el conocimiento de este tr\u00e1mite en aras de proteger los derechos de aqu\u00e9l, pese a que en el mismo no se cuestion\u00f3 decisi\u00f3n alguna del Tribunal, se observa que lo pretendido a trav\u00e9s del mismo es que se ordene al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Arauca, \u00abproced[er] inmediatamente o m\u00e1ximo en el t\u00e9rmino de quince d\u00edas calendario, a dictar sentencia\u00bb,  en el marco del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho que promovi\u00f3 contra los herederos determinados e indeterminados de Diana Yoreidis Zambrano Torres, pues en su sentir, ha existido una tardanza injustificada en el tr\u00e1mite de la aludida controversia.  <\/span><\/p>\n

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4.        Sin embargo, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias no se advierte que la autoridad convocada hubiese incurrido en la falla endilgada, pues el funcionario judicial ha dado el tr\u00e1mite correspondiente al asunto puesto a su conocimiento, resolviendo en el prudencial t\u00e9rmino no solo todas y cada una de las etapas procesales, sino las nulidades formuladas por las partes y los terceros que se consideraron con derechos en la controversia, junto con los recursos que se han interpuesto contra cada una de sus decisiones; luego entonces, no puede alegarse mora judicial en el tr\u00e1mite del litigio, cuando existen de por medio unas circunstancias medianamente razonables, para justificar tal tardanza, lo que de manera alguna, puede considerarse adem\u00e1s una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados, pues inclusive, n\u00f3tese, por una parte, que \u00e9ste no es el \u00fanico litigio que conoce el Despacho convocado, en raz\u00f3n de que tuvo que asumir el conocimiento de las controversias que conoc\u00eda el hom\u00f3logo Segundo Promiscuo de Familia de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n de la entrega en vigencia del sistema oral; y por la otra, el pasado 7 de marzo la mentada autoridad corri\u00f3 traslado para presentar los alegatos de conclusi\u00f3n en el proceso, raz\u00f3n por la cual, cumplido dicho t\u00e9rmino, nada obsta para que se profiera la sentencia correspondiente (fl. 55, \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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5.  Al respecto, ha indicado la Corte en insistidas oportunidades, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla falta de cumplimiento estricto de los t\u00e9rminos procesales por parte de los funcionarios judiciales no genera, per se, violaci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso\u201d2, de manera que \u201cla mora en que pueden incurrir las autoridades judiciales en la resoluci\u00f3n de los conflictos no puede ser apreciada s\u00f3lo desde una \u00f3ptica objetiva, esto es, computando simple y llanamente el plazo se\u00f1alado por el ordenamiento jur\u00eddico para adoptar la decisi\u00f3n respectiva, sino que es preciso apreciarla tomando en cuenta un c\u00famulo de aspectos, tales como, la carga laboral de la oficina, la planta de personal de la misma, la implementaci\u00f3n log\u00edstica etc., pues todos estos factores, entre otros, influyen de manera directa en la buena marcha de los despachos judiciales y en la cumplida administraci\u00f3n de justicia\u201d (CSJ STC 22 ene. 2010, Rad. 00017, reiterada el 21 may. 2010. Rad. 00705 y en STC730-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Finalmente t\u00e9ngase en cuenta, que el promotor del resguardo no acredit\u00f3 la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio, en raz\u00f3n a que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, STC5535-2015; reiterado en STC9557-2016).  <\/span><\/p>\n

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7.        Las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Refiere el actor, que quien conoc\u00eda de la controversia para ese entonces, era el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Arauca que en raz\u00f3n de la entrada en vigencia del sistema oral, remiti\u00f3 las diligencias al hom\u00f3logo Primero Promiscuo de Familia de la misma ciudad..    <\/span><\/p>\n

2 Cfr. sentencia T-1227 de 2001.      <\/span><\/p>\n

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