{"id":100153,"date":"2026-06-25T20:09:00","date_gmt":"2026-06-25T20:09:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3716-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:09:00","modified_gmt":"2026-06-25T20:09:00","slug":"stc3716-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3716-2017\/","title":{"rendered":"STC3716-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3716-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00614-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Rub\u00e9n Dur\u00e1n Moreno contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y el Ej\u00e9rcito Nacional, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad militar accionada, con la negativa a entregar las \u00f3rdenes de misi\u00f3n requeridas, con el fin de poder ejercer su defensa en el marco del proceso que extradici\u00f3n que se sigue en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Ejercito Nacional, entregar i) \u00abCopia de la orden de batalla frente al operativo que se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 16 de marzo de 2013, en el municipio de timbiqu\u00ed \u2013 Cauca, en la vereda el Saijal, en el cual se incautaron 4 toneladas de coca\u00edna a las FARC, operaci\u00f3n que lider\u00f3 el comandante de la brigada especial contra el narcotr\u00e1fico\u00bb; ii) \u00abexped[ir] certificaci\u00f3n de orden de batalla en [su] contra por posibles v\u00ednculos con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC)\u00bb (fl. 12, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis,  que como quiera que en la causa penal que se le sigue por los hechos antes descritos, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n le otorg\u00f3 un t\u00e9rmino perentorio para aportar las pruebas conducentes en procura de su defensa, el pasado 7 de diciembre solicit\u00f3 al Ejercito Nacional, por una parte, \u00abcopia de la orden de batalla frente al operativo que se llev\u00f3 a cabo el 16 de marzo de 2013, en el municipio de Timbiqu\u00ed\u00bb en donde se incaut\u00f3 una cantidad considerable de estupefacientes, y por la otra, \u00abcertificaci\u00f3n de orden de batalla en [su] contra por posibles v\u00ednculos\u00bb con el grupo guerrillero denominado Farc \u2013Ep.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque la citada petici\u00f3n traseg\u00f3 por varias autoridades, el 18 de enero de 2017 el Jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infanter\u00eda de Marina No. 4, deneg\u00f3 su reclamo, tras considerar que la informaci\u00f3n solicitada era \u00abde car\u00e1cter reservado, de acuerdo con lo dispuesto por el art\u00edculo 33 de la Ley estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013 \u2013 reserva de informaci\u00f3n de inteligencia y contrainteligencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Indica que el d\u00eda 16 del mismo mes y a\u00f1o, la Sala  de Casaci\u00f3n Especializada en lo Penal \u00aborden\u00f3 correr traslado para que dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas solicite las pruebas que tenga a bien\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abrequie[re] con car\u00e1cter urgente se suministre copia de los documentos citados\u00bb, en la medida que, dice, le permitir\u00edan desarrollar una efectiva defensa, y en el marco de dichos tr\u00e1mites judiciales de acuerdo al art\u00edculo 125 de la Ley 906 de 2004, es una obligaci\u00f3n de los \u00abparticulares (\u2026) prestar (\u2026) la colaboraci\u00f3n que requiera [la defensa] (\u2026) sin que puedan oponer reserva\u201d (fls. 1 a 13, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        El Comandante del Batall\u00f3n contra el Narcotr\u00e1fico No. 1, y, el Oficial de Operaciones del Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar del Ej\u00e9rcito, coincidieron en  puntualizar, que mediante el oficio No. 025\/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-CIMARCBRIM4-ASJUR-1.10 del 18 de enero pasado, se emiti\u00f3 respuesta a la solicitud elevada por el apoderado judicial del actor, sin que se tenga la posibilidad de entregar los documentos requeridos por \u00e9ste, pues no s\u00f3lo se trata de legajos restringidos de seguridad nacional, sino que para acceder a ellos la orden debe provenir de una autoridad judicial, administrativa, disciplinaria o fiscal; adem\u00e1s, que de conformidad con el art\u00edculo 35 de la Ley 1621 de 2013, los informes de inteligencia carecen de valor probatorio en los procesos de extradici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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b.        Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        De acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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Respecto al derecho de petici\u00f3n, no se discute que \u00e9ste ciertamente tiene raigambre constitucional fundamental, como se infiere de lo previsto en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y que este se concreta en la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades para obtener de ellas una respuesta oportuna y completa sobre el particular.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se tiene dicho que el contenido de la respuesta deber\u00e1 ser adecuado, es decir, que ha de guardar correspondencia con lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable, adem\u00e1s de que ella ha de ser dada de manera completa frente a todos los interrogantes que se planteen; desde luego, el derecho a que se alude se contrae tambi\u00e9n a que la solicitud se tramite y resuelva oportunamente, y, que la respuesta se d\u00e9 a conocer al interesado.  <\/span><\/p>\n

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2.         En el caso que ahora suscita la atenci\u00f3n de la Corte, el se\u00f1or Dur\u00e1n Moreno acusa al Ej\u00e9rcito Nacional de no haber resuelto todo lo pedido ante sus dependencias el pasado 7 de diciembre, argumentando la reserva que protege a algunos de los documentos por \u00e9l requeridos (fls. 1 a 13, \u00eddem), pues en su criterio, la informaci\u00f3n que requiri\u00f3 es necesaria para poder ejercer su defensa al interior del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n que se sigue en su contra.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, revisados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, advierte anticipadamente la Sala que la protecci\u00f3n suplicada habr\u00e1 de ser denegada, teniendo en cuenta lo siguiente, a saber:  <\/span><\/p>\n

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3.1.         Mediante escrito radicado el 7 de diciembre de 2016, el representante judicial del gestor solicit\u00f3 ante el Ej\u00e9rcito Nacional y la Tercera Brigada de la misma instituci\u00f3n, la expedici\u00f3n de la siguiente documentaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u00abcopia de la orden de batalla frente al operativo que se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 16 de marzo de 2013, en el municipio de timbiqu\u00ed \u2013 Cauca, en la vereda el Saijal, en el cual se incautaron 4 toneladas de coca\u00edna a las FARC, operaci\u00f3n que lider\u00f3 el comandante de la brigada especial contra el narcotr\u00e1fico (\u2026)\u00bb; ii) \u00abcertifi[car] si existe orden de batalla en (\u2026) [su contra] frente a los posibles v\u00ednculos (\u2026) con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC)\u00bb (fls. 14 a 17, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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3.2.          En virtud de lo anterior, el Jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infanter\u00eda de Marina No. 4, a trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n radicada bajo el el oficio No. 025\/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-CIMARCBRIM4-ASJUR-1.10 del 18 de enero de 2017, le puso de presente al peticionario, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[De] acuerdo a las pretensiones expuestas en su solicitud no es posible darle una respuesta favorable a la misma, pues se pretende el acceso a informaci\u00f3n privilegiada sujeta a reserva, debiendo aclarar frente a lo manifestado por usted que la informaci\u00f3n que solicita es de car\u00e1cter reservado, conforme el art\u00edculo 33 de la Ley estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, reserva de informaci\u00f3n de inteligencia y contrainteligencia.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido si bien usted invoca el art\u00edculo 23 de la ley 1755 de 2015, deber ter concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 24 de la ley 1755 de 2015, por medio del cual se reglamentan las informaciones y documentos reservados\u00bb (fl. 27, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.        De este modo, escrutada la prueba aportada por la autoridad accionada, se observa con facilidad que aunque el gestor considera que la respuesta dada sus peticiones es incompleta, lo cierto es que en \u00e9sta se motivaron claramente las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que impiden al Ej\u00e9rcito Nacional la entrega de cierta informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que se encuentra protegida a trav\u00e9s de reserva legal, de conformidad con la normatividad que rige la materia, por lo que no exist\u00eda realmente objeto para invocar el amparo constitucional, comoquiera que el contenido adverso de una contestaci\u00f3n, no implica per se desconocimiento al derecho fundamental de petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       En la materia se ha puntualizado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abel derecho de petici\u00f3n consagra para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (ver entre otras en CSJ STC 16965-2015 ).  <\/span><\/p>\n

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5.        Aunado a lo anterior, y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial, es del caso agregar que el actor tiene o tuvo la posibilidad de instaurar el mecanismo de insistencia conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 26 de la Ley 1755, seg\u00fan el cual \u00ab[s]i la persona interesada insistiere en su petici\u00f3n de informaci\u00f3n o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponder\u00e1 al Tribunal Administrativo con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogot\u00e1, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en \u00fanica instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petici\u00f3n formulada\u00bb; o en su defecto, solicitar a la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la etapa procesal correspondiente, el decreto de las pruebas requeridas, de conformidad con el art\u00edculo 500 de la Ley 906 de 2004.  <\/span><\/p>\n

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6.        De este modo, entonces, las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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