{"id":100159,"date":"2026-06-25T20:09:53","date_gmt":"2026-06-25T20:09:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3723-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:09:53","modified_gmt":"2026-06-25T20:09:53","slug":"stc3723-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3723-2017\/","title":{"rendered":"STC3723-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3723-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00553-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Orlando Salazar Bedoya contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al m\u00ednimo vital y a la \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al no determinar las medidas de compensaci\u00f3n a que tiene derecho en el marco del proceso de restituci\u00f3n de tierras que Ignacio Campo Chavarriaga promovi\u00f3 contra personas indeterminadas, tr\u00e1mite en el que se le reconoci\u00f3 la calidad de segundo ocupante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, \u00abrevo[cando] el auto calendado el 02 de diciembre de 2016\u00bb, y como consecuencia de ello, que se ordene al Tribunal de Bogot\u00e1, \u00abdetermin[ar] la medida que [le] debe cobijar [como] segundo ocupante\u00bb (fl. 115).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Para respaldar la queja, aduce en compendio, que pese a que dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, mediante prove\u00eddo de 30 de septiembre de 2016, se le reconoci\u00f3 la citada condici\u00f3n respecto del inmueble a restituir, y en consecuencia, se orden\u00f3 la \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb de que trata la Ley 1448 de 2011, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 s\u00f3lo hizo \u00abla caracterizaci\u00f3n\u00bb de los habitantes del predio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que aunque la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas de esta capital solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n de la anterior decisi\u00f3n, con el fin que se determinara \u00abla imposici\u00f3n de la medida de atenci\u00f3n para el opositor\u00bb, la Colegiatura aludida la deneg\u00f3, tras considerar que dicha entidad era la obligada a establecer las compensaciones a que hubieren lugar, raz\u00f3n por la cual recurri\u00f3 sin \u00e9xito dicha determinaci\u00f3n, pues \u00e9sta se mantuvo inc\u00f3lume.  <\/span><\/p>\n

Indica que en el mentado prove\u00eddo se desconoci\u00f3 la sentencia T-315\/16, en la que se precis\u00f3 que para que se haga efectiva la especificaci\u00f3n de la medida, ya sea de compensaci\u00f3n monetaria, material o a trav\u00e9s de proyectos productivos a los referidos poseedores, \u00abe[ra] necesari[a] una orden judicial\u00bb, raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n  (fls. 53 a 61).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 3 de marzo de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        El Director Territorial para Tolima de la Unidad de Tierras puntualiz\u00f3, que en efecto la decisi\u00f3n proferida en el marco del proceso censurado quebranta las prerrogativas superiores del actor, pues no solo en el marco de sus competencia legales la entidad que representa no est\u00e1 en la potestad de establecer las compensaciones a que haya lugar a favor de los opositores, sino que jurisprudencialmente a trav\u00e9s de las sentencias T-315 y T-367 ambas de 2016, se indic\u00f3 que tal tem\u00e1tica estar\u00eda en cabeza de los funcionarios judiciales a trav\u00e9s de las correspondientes providencias (fls. 86 a 89).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.        La abogada de la Direcci\u00f3n Administrativa de Asuntos Jur\u00eddicos del citado Departamento, puntualiz\u00f3 que no ha vulnerado  derecho fundamental alguno al actor, pues la entidad ha \u00abactuado en calidad de interviniente dando estricto cumplimiento a las \u00f3rdenes impartidas por la autoridad judicial dentro del proceso Especial de Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb (fls. 132 y 133).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.        El Magistrado Sustanciador de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, luego de memorar las actuaciones que ha conocido en la citada controversia declarativa, y los distintos actos administrativos proferidos respecto de los segundos ocupantes y poseedores, puntualiz\u00f3 que ha  <\/span><\/p>\n

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\u00abadelantado los procedimientos necesarios para el reconocimiento como segundo ocupante del se\u00f1or Orlando Salazar Bedoya, a la luz del Acuerdo 029 de 2016 (\u2026). No se entiende el fundamento de la negativa de la UAEGRTD \u2013Regional Tolima para dar cumplimiento a las disposiciones desarrolladas por los art\u00edculos 15 y siguientes del texto citado, aparte de su interpretaci\u00f3n desafortunada de un extracto de la providencia, que a su entender da pie para la p\u00e9rdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo expedido con todas las formalidades legales por el supremo \u00f3rgano directivo de la entidad que representan\u00bb (fls. 188 a 192).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d.        Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        De igual manera es necesario destacar, que en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En el presente asunto se observa, sin duda, que la censura est\u00e1 encaminada contra el prove\u00eddo proferido el 2 de diciembre pasado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual se dispuso \u00abRECHAZAR la solicitud de modulaci\u00f3n de Sentencia, (…) en lo atinente al pronunciamiento (\u2026) de la medida de atenci\u00f3n para el opositor\u00bb (fls. 248 y 249), en el marco del proceso de restituci\u00f3n de tierras que Ignacio Ocampo Chavarriaga promovi\u00f3 en contra de personas indeterminadas, tr\u00e1mite en el que se reconoci\u00f3 a Orlando Salazar Bedoya  (aqu\u00ed accionante), la condici\u00f3n de segundo ocupante, pues en sentir de \u00e9ste, se desconocieron los precedentes jurisprudenciales respecto de la obligaci\u00f3n que tiene la autoridad judicial convocada de determinar con exactitud las medidas o compensaciones a que tiene derecho en raz\u00f3n a la citada calidad.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

4.        Examinada la providencia antes individualizada, la Sala estima que ciertamente la autoridad judicial convocada incurri\u00f3 en causal de procedibilidad del amparo que amerita la intervenci\u00f3n excepcional del Juez Constitucional, en la medida en que, ciertamente, no analiz\u00f3 como correspond\u00eda la problem\u00e1tica suscitada, y si bien cit\u00f3 normas y jurisprudencia respecto a los segundos ocupantes para apoyar la decisi\u00f3n por la cual consider\u00f3 que los aqu\u00ed accionantes ostentaban dicha calidad, el an\u00e1lisis resulta insuficiente para sustentar lo resuelto, tal y como pasa a verse:  <\/span><\/p>\n

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4.1.    En efecto, la citada Colegiatura para decidir de la manera como lo hizo, en lo que interesa en el presente asunto, esto es, la negativa de modular la sentencia respectiva de cara a la orden impartida a la citada Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, para que sea ella quien determine las medidas de protecci\u00f3n a favor del actor, puntualiz\u00f3 que de conformidad con el decreto 440 del 11 de marzo de 2016 y el Acuerdo 029 del mismo a\u00f1o, se otorgaron las potestades necesarias a la entidad administrativa para la atenci\u00f3n de los ciudadanos en la tan mentada condici\u00f3n, luego, la interpretaci\u00f3n dada a la sentencia C-330 de la referida anualidad,  <\/span><\/p>\n

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\u00abse aparta de la verdad, en cuanto el mismo acuerdo 029 (\u2026) expedido por el Consejo Directivo de la AUEGRTD, instancia superior de decisi\u00f3n de dicha entidad por ministerio del art\u00edculo 107 de la Ley 1448\/11, fijo un procedimiento para la determinaci\u00f3n de las medidas de atenci\u00f3n, que en todo caso, requiere para su inicio de la providencia judicial que reconozca la atenci\u00f3n la atenci\u00f3n de segundos ocupantes en el marco de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n, requisito que se encuentra cumplido\u00bb (id).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2.   Conforme a lo expuesto, no cabe duda para la Corte que tal razonar resulta censurable por esta v\u00eda, al haberse efectuado una errada interpretaci\u00f3n de la normatividad procesal y la precedentes jurisprudenciales sobre la materia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3.  Al respecto esta Sala recientemente en un asunto de con tornos similares al presente asunto, en el que precisamente otro Tribunal Especializado remiti\u00f3 su competencia a la entidad administrativa, en punto de las medidas de protecci\u00f3n a los terceros ocupantes, puntualiz\u00f3 que    <\/span><\/p>\n

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\u00abla omisi\u00f3n en que incurri\u00f3 el tribunal accionado, consistente en no asumir el pronunciamiento, seg\u00fan es su obligaci\u00f3n, en punto de las concretas medidas de protecci\u00f3n que corresponde adoptar a favor de la quejosa, en su calidad de segunda ocupante conforme as\u00ed la reconoci\u00f3, acarre\u00f3 proceder que soslaya el presupuesto b\u00e1sico que ata\u00f1e con la cumplida dispensaci\u00f3n de justicia a que est\u00e1 obligado todo funcionario judicial y que, parejamente, todo usuario ha de recibir, el cual, para el particular evento, dice con el intransferible deber de dar \u00edntegra y cabal definici\u00f3n a los litigios que le incumben, lo que necesariamente implica que el juzgador de conocimiento, con fundamento en una argumentaci\u00f3n que desarrolle los t\u00f3picos puestos a su consideraci\u00f3n, emita sobre el particular postura jur\u00eddica seg\u00fan las competencias atribuidas, ya que procederes en contrario, como se evidenci\u00f3 en el proceso del cual dimana la inconformidad, llegan al punto de desembocar en la reprochable situaci\u00f3n de que, con expresa anuencia de aquel, se deje a opci\u00f3n del ejecutor de una orden judicial, para el caso la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, la manera en que la misma ha de ser adoptada y cumplida, an\u00f3mala circunstancia que desestructura de suyo la raz\u00f3n de ser de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, destac\u00f3 que tanto la normatividad como la jurisprudencia han dejado en claro que es a los funcionarios judiciales a quienes les compete se\u00f1alar cu\u00e1les son las \u00abmedidas de atenci\u00f3n\u00bb a favor de los \u00absegundos ocupantes\u00bb, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab4.2.1.- La Ley 1448 de 2011, en su canon 102 del \u00abmantenimiento de competencia despu\u00e9s del fallo\u00bb, realza que \u00ab[d]espu\u00e9s de dictar sentencia, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 su competencia sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que, seg\u00fan fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias\u00bb (destacado propio, como tambi\u00e9n los todos siguientes vistos en el presente numeral).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2.2.- El Acuerdo 21 de 25 de marzo de 2015, \u00ab[p]or el cual se deroga el Acuerdo n\u00famero 18 de 2014 y se establece el reglamento para el cumplimiento de las providencias y medidas que ordenen la atenci\u00f3n a los Segundos Ocupantes dentro del marco de la Acci\u00f3n de Restituci\u00f3n\u00bb, mismo que es un acto administrativo revestido de la presunci\u00f3n de legalidad y que en sus considerandos expuso, como algunas de sus razones de ser, \u00ab[q]ue a pesar del reconocimiento que la Ley 1448 de 2011 realiza a favor de los opositores de buena fe exenta de culpa, en las providencias de restituci\u00f3n se han venido dando \u00f3rdenes a favor de los segundos ocupantes\u00bb, \u00ab[q]ue resulta imprescindible que la Unidad de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, como \u00f3rgano administrativo para la restituci\u00f3n de tierras de los despojados, establezca mecanismos puntuales para dar cumplimiento efectivo a las decisiones judiciales que reconozcan y ordenen atender a los segundos ocupantes\u00bb, y, \u00ab[q]ue de conformidad con lo expuesto, se hace necesario derogar el contenido del Acuerdo n\u00famero 18 de 2014 y definir la atenci\u00f3n a los segundos ocupantes a trav\u00e9s de la creaci\u00f3n de un reglamento para el cumplimiento de las \u00f3rdenes que han venido siendo proferidas por los jueces y magistrados de restituci\u00f3n\u00bb, al efecto establece dentro de su articulado, entre otras cosas, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En su norma 2\u00aa, referente al \u00abobjetivo y alcance\u00bb, enunci\u00f3 que \u00ab[e]l Acuerdo tiene como objetivo establecer el reglamento para el cumplimiento de las providencias que reconozcan y ordenen medidas a favor de los segundos ocupantes dentro del marco de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n. Estas medidas podr\u00e1n consistir en otorgar tierras y\/o proyectos productivos y gestionar la priorizaci\u00f3n para el acceso a programas de subsidio de vivienda y\/o de formalizaci\u00f3n de la propiedad rural, cuando sea el caso, a quienes se encuentren ocupando un predio objeto de restituci\u00f3n de tierras que hayan sido reconocidos como segundos ocupantes en las providencias proferidas por jueces y magistrados, con el fin de facilitar la restituci\u00f3n de tierras de manera oportuna , efectiva, sostenible y duradera en contextos sociales que promuevan la reconciliaci\u00f3n social y la paz\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En el precepto 3\u00ba, titulado \u00abinstancia ejecutora\u00bb, regl\u00f3 que \u00ab[l]a instancia ejecutora de las sentencias que ordenan medidas a favor de los segundos ocupantes ser\u00e1 la Unidad de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas a trav\u00e9s de las dependencias y \u00e1reas relacionadas con el objeto del presente Acuerdo, de conformidad con los lineamientos generales establecidos en la Ley1448 de 2011, en el presente documento y en sus Manuales T\u00e9cnicos Operativos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En la regla 8\u00aa, positiv\u00f3 que \u00ab[e]l cumplimiento de las providencias de los jueces y magistrados especializados que ordenen atender a los segundos ocupantes, se har\u00e1 teniendo en cuenta los siguientes criterios:\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       El par\u00e1grafo del mandato 12, que trata de los \u00abocupantes secundarios que no habitan ni derivan del predio restituido sus medios de subsistencia\u00bb, precis\u00f3 que \u00ab[c]uando el Juez o Magistrado lo considere, la medida descrita en el presente art\u00edculo podr\u00e1 disponerse para los segundos ocupantes contemplados en los art\u00edculos 9\u00ba, 10 y 11, sin que se requiera que sean declarados expresamente de buena fe en la providencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En el art\u00edculo 15, de la \u00abdeterminaci\u00f3n de la medida e informe de caracterizaci\u00f3n\u00bb, explica que \u00ab[l]os jueces y magistrados de restituci\u00f3n que en sus providencias declaren la existencia de segundos ocupantes que no fueron declarados de buena fe exenta de culpa del predio objeto de restituci\u00f3n y ordenen su atenci\u00f3n, determinar\u00e1n tambi\u00e9n la medida de atenci\u00f3n que proceda de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 8\u00ba y siguientes del presente acuerdo, con base en el informe de caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica y socioecon\u00f3mica que presenten las direcciones territoriales de la unidad a la defensor\u00eda del pueblo en virtud a los mecanismos de colaboraci\u00f3n y actuaci\u00f3n interinstitucional previamente suscritos entre las dos entidades, as\u00ed como tambi\u00e9n en las pruebas que el despacho considere decretar para el efecto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y, finalmente, en el 17 relativo a la \u00abexpedici\u00f3n del acto de inicio del procedimiento\u00bb, postul\u00f3 que \u00ab[u]na vez emitida la providencia mediante la cual se reconoce al segundo ocupante y dictada la medida con la cual ser\u00e1 atendido, la unidad administrativa especial de gesti\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras despojadas proceder\u00e1 a expedir un acto administrativo de inicio del procedimiento, en el cual se fijar\u00e1 el tr\u00e1mite para el cumplimiento de la medida que corresponda para cada caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.3.- A su vez, la Corte Constitucional sobre el tema aqu\u00ed abordado, ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2.3.1.- En Sentencia C-330 de 23 de junio de 2016, la cual declar\u00f3 \u00abExequible la expresi\u00f3n \u201cexenta de culpa\u201d contenida en los art\u00edculos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido de que es un est\u00e1ndar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido relaci\u00f3n directa o indirecta con el despojo, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia\u00bb y \u00abExhort[\u00f3] al Congreso de la Rep\u00fablica y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer e implementar una pol\u00edtica p\u00fablica comprensiva acerca de la situaci\u00f3n de los segundos ocupantes en el marco de la justicia transicional\u00bb, acot\u00f3 en algunos de sus pasajes que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[L]a Corte declarar\u00e1 la exequibilidad condicionada de los art\u00edculos demandados, en el entendido de que los jueces deben tomar en consideraci\u00f3n los factores de vulnerabilidad al aplicarlos, y exhortar\u00e1 a los \u00f3rganos pol\u00edticos para que establezcan una normatividad adecuada y una pol\u00edtica p\u00fablica integral, comprensiva y suficiente para la situaci\u00f3n de los segundos ocupantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] Finalmente, la Sala entra a definir los par\u00e1metros para esa aplicaci\u00f3n diferencial:  <\/span><\/p>\n

[\u2026] Sexto. La aplicaci\u00f3n diferencial o inaplicaci\u00f3n del requisito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4\u00ba Superior, exige una motivaci\u00f3n adecuada, transparente y suficiente, por parte de los jueces de tierras. Aunque, en general, la validez y legitimidad de las sentencias yace en su motivaci\u00f3n, en este escenario ese deber cobra mayor trascendencia, dada la permanente tensi\u00f3n de principios constitucionales que deben resolverse, y en virtud a las finalidades constitucionales que persigue la buena fe exenta de culpa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

S\u00e9ptimo. Los jueces deben establecer si proceden medidas de atenci\u00f3n distintas a la compensaci\u00f3n de la ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras para los opositores o no. Los acuerdos de la Unidad de Tierras y la caracterizaci\u00f3n que esta efect\u00fae acerca de los opositores constituyen un par\u00e1metro relevante para esta evaluaci\u00f3n. Sin embargo, corresponde al juez establecer el alcance de esa medida, de manera motivada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera, los jueces deben analizar la procedencia  de la remisi\u00f3n de los opositores a otros programas de atenci\u00f3n a poblaci\u00f3n vulnerable por razones econ\u00f3micas, desplazamiento forzado, edad, o cualquier otra, debe ser evaluada por los jueces de tierras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, m\u00e1s adelante adujo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, la Sala concluy\u00f3 que existe un problema de discriminaci\u00f3n indirecta que afecta exclusivamente a los segundos ocupantes en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y que no tuvieron relaci\u00f3n (ni directa, ni indirecta) con el despojo o el abandono forzado del predio objeto de restituci\u00f3n; consider\u00f3, adem\u00e1s, que este problema debe ser tomado en cuenta por los jueces de tierras en el marco de sus competencias; e incorpor\u00f3 un conjunto de criterios para la aplicaci\u00f3n conforme de la ley de tierras a la Carta Pol\u00edtica, tomando en consideraci\u00f3n que, en virtud de la complejidad de las tensiones constitucionales que se dan en estos tr\u00e1mites y debido a la ausencia de un \u00f3rgano de cierre en la justicia de tierras, los funcionarios judiciales requieren un conjunto de criterios orientadores para llevar solucionar la situaci\u00f3n constitucionalmente problem\u00e1tica a la que se hizo referencia en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] Adem\u00e1s, debido a la complejidad de la problem\u00e1tica de la ocupaci\u00f3n secundaria en el marco de un proceso de transici\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de lo que tiene que ver con la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica prevista en las normas demandadas, la Sala exhortar\u00e1 al Congreso de la Rep\u00fablica y al Gobierno Nacional  para que creen unas normas, un marco institucional y unas pol\u00edticas p\u00fablicas comprensivas, adecuadas y suficientes para hacer frente a esta arista del proceso de restituci\u00f3n de tierras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2.3.2.- En la Sentencia T-315 de 20 de junio de 2016, predic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es frente a este tipo de situaciones dentro del proceso de restituci\u00f3n que cobra medular importancia la labor de los jueces de tierras y la sana valoraci\u00f3n que hagan de la situaci\u00f3n del opositor que, en muchos casos, podr\u00eda estar reclamando derechos como segundo ocupante. Veamos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] En primer lugar, la actuaci\u00f3n del juez es crucial en este sentido, pues para que la Unidad de Restituci\u00f3n pueda adoptar medidas concretas de atenci\u00f3n, como la compensaci\u00f3n a trav\u00e9s de predios o proyectos productivos, es necesario una orden judicial al respecto. Dicho de otro modo, la Unidad no tiene la competencia para ordenar el reconocimiento de una persona como segundo ocupante, puesto que sus funciones est\u00e1n circunscritas particularmente a la ejecuci\u00f3n de lo ordenado por el funcionario judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] los jueces de restituci\u00f3n deber\u00e1n utilizar criterios como los anteriores y todas aquellas herramientas del orden interno como del derecho internacional de los DDHH y del DIH, para establecer el respectivo est\u00e1ndar probatorio de buena fe o buena fe exenta de culpa exigible a los segundos ocupantes al momento de considerar su petici\u00f3n, sea que se tramite por la v\u00eda de la oposici\u00f3n o de una forma posterior a la sentencia, sin perder de vista que las medidas de atenci\u00f3n o las compensaciones econ\u00f3micas a ordenar tienen un impacto enorme frente a la soluci\u00f3n definitiva de la problem\u00e1tica rural y de la inequidad social.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

4.2.3.3.- Y, en el Fallo T-367 de 12 de julio de 2016, puso de presente que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Ley 1448 de 2011, la Constituci\u00f3n y el Principio de Pinheiro n\u00famero 17 conduce a fijar la siguiente subregla constitucional: con posterioridad a la adopci\u00f3n de un fallo de restituci\u00f3n de tierras, en el cual se amparan los derechos de los reclamantes, con miras a proteger los derechos de quienes han probado ser segundos ocupantes, los Jueces y Magistrados preservan competencia para decretar ciertas medidas con miras a amparar a esta calidad de opositores (vgr. inclusi\u00f3n en programas productivos, etc).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La aplicaci\u00f3n de la referida subregla constitucional no se opone a que en el fallo de restituci\u00f3n de tierras, se les reconozca a las personas que cumplan los requisitos se\u00f1alados en la Sentencia C-330 de 2016 su calidad de segundos ocupantes y se decreten las medidas de protecci\u00f3n que debe ejecutar la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras. Lo anterior, bien entendido, como una declaraci\u00f3n judicial adicional a aquella referida a los opositores de buena fe exenta de culpa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo que concluy\u00f3, que el funcionario jurisdiccional con competencia  para decidir en controversias especiales de tierras, es quien tiene el deber de  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00abmanifestarse, en sus providencias, respecto de la concreta disposici\u00f3n de las medidas de atenci\u00f3n que corresponda otorgar a favor de los segundos ocupantes, inalienable ejercicio que, a priori, quedar\u00e1 satisfecho cuando, motivadamente y tras ser analizados todos los basamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en cuesti\u00f3n, se establezcan cu\u00e1les de aquellas aplican a cada caso en particular, y lo propio a fin de que el principio fundamental de asegurar la convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo, que por dem\u00e1s abreva de las razones que exhala la justicia para legitimarse por conducto de sus pronunciamientos, no se torne en letra yerma de la mano de la dejaci\u00f3n de las funciones que a cada servidor judicial le corresponden dentro de la \u00f3rbita de sus atribuciones legales; y enantes se dice que tal labor\u00edo queda satisfecho en principio, ya que ha de recordarse que el juzgador especializado \u00abmantiene su competencia sobre el proceso\u00bb incluso despu\u00e9s de dictar sentencia, de donde se desprende que ni en etapa posterior puede relevarse de decidir y adoptar, \u00e9l mismo -m\u00e1s otra autoridad y\/o entidad-, lo ata\u00f1edero con, para el caso que se est\u00e1 tratando, las \u00abmedidas de atenci\u00f3n\u00bb que corresponda aplicar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        As\u00ed las cosas, como las deducciones efectuadas por el Tribunal convocado en relaci\u00f3n, se itera, con las medidas de atenci\u00f3n de los terceros ocupantes dentro del memorado juicio compulsivo, lucen defectuosas, ello justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela en aras de restablecer los derechos fundamentales conculcados, a fin de que se resuelva nuevamente sobre esa puntual tem\u00e1tica, pronunci\u00e1ndose de fondo y puntualizando a que medidas tiene derecho el aqu\u00ed accionante, conforme las previsiones expuestas en l\u00edneas anteriores.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE a Orlando Salazar Bedoya el amparo invocado respecto a su derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia se dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la providencia proferida el 2 de diciembre de 2016, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y las decisiones que de ella dependan, dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras que Ignacio Ocampo Chavarriaga promovi\u00f3 frente a personas indeterminadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR a la preanotada Corporaci\u00f3n, que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, profiera nuevamente la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, en relaci\u00f3n a las medidas de protecci\u00f3n del aqu\u00ed accionante, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO: COMUN\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3723-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00553-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100159","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100159","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100159"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100159\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100159"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100159"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100159"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}