{"id":100160,"date":"2026-06-25T20:09:58","date_gmt":"2026-06-25T20:09:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3802-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:09:58","modified_gmt":"2026-06-25T20:09:58","slug":"stc3802-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3802-2017\/","title":{"rendered":"STC3802-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3802-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00612-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Marino Guti\u00e9rrez Isaza, Martha Luc\u00eda Escobar de Guti\u00e9rrez y Jorge Ricardo Guti\u00e9rrez Escobar contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito Adjunto, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito, todos de Bogot\u00e1, y todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Los accionantes solicitaron el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estiman vulnerado por la autoridad judicial encausada al negar la nulidad del proceso ejecutivo adelantado en su contra por el Banco Popular S.A., pese a que se dict\u00f3 sentencia de casaci\u00f3n declarando obligaci\u00f3n solidaria de esa entidad de indemnizar los da\u00f1os y perjuicios causados por el delito de estafa agravada, del cual son v\u00edctimas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se declare la nulidad del asunto referido y no contin\u00fae adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En 1999, el Banco Popular S.A. promovi\u00f3 demanda ejecutiva mixta de mayor cuant\u00eda contra Marino Guti\u00e9rrez Isaza, Martha Luc\u00eda Escobar de Guti\u00e9rrez y Jorge Ricardo Guti\u00e9rrez Escobar, a fin obtener el pago de los saldos insolutos de las obligaciones incorporadas en el pagar\u00e9 n.\u00b0 070-01-06488-5.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento del asunto, libr\u00f3 mandamiento de pago el 30 de noviembre del a\u00f1o en cita y orden\u00f3 el traslado a la parte pasiva.  <\/span><\/p>\n

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3. Los demandados se opusieron a las pretensiones, presentaron excepciones de m\u00e9rito denominadas  \u00abfalta de contraprestaci\u00f3n o compensaci\u00f3n en el negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n del t\u00edtulo valor\u00bb, \u00abfuerza\u00bb, \u00abexceptio doli\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb y \u00ababuso del derecho\u00bb, y adem\u00e1s tacharon de falso el t\u00edtulo valor adosado.  <\/span><\/p>\n

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4. De otro lado, los ejecutados presentaron denuncia penal contra Blanca Miryam Ram\u00edrez de Pe\u00f1a, Daniel Nova Pradilla, Marco Fidel Urbano Franco, Amparo Salazar de Molina y Ram\u00f3n Nova Pradilla, por los presuntos delitos de estafa y fraude procesal respecto al pagar\u00e9 referido.  <\/span><\/p>\n

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5. Adicionalmente, la demandante present\u00f3 una nueva demanda ejecutiva contra la parte pasiva, a fin de obtener el pago de las obligaciones contenidas en los pagar\u00e9s n.\u00b0 72070000797-7 y 72070000597-7, de la cual se libr\u00f3 orden de apremio el 19 de junio de 2000.  <\/span><\/p>\n

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6. Los ejecutados tambi\u00e9n se opusieron a las s\u00faplicas e incoaron medios exceptivos en t\u00e9rminos similares a los se\u00f1alados atr\u00e1s y tambi\u00e9n tacharon de falsos tales documentos.  <\/span><\/p>\n

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7. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el juez de la causa dict\u00f3 sentencia el 9 de octubre de 2007, en la que declar\u00f3 no probados los medios exceptivos ni la tacha de falsedad, y en su lugar, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la parte desfavorecida interpuso el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en fallo adiado el 26 de junio de 2008, confirm\u00f3 la providencia recurrida.  <\/span><\/p>\n

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10. Por otra parte, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito Adjunto de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 23 de marzo de 2012, condenando a Ram\u00f3n Nova Pradilla, Daniel Nova Pradilla y Amparo Salazar de Molina como coautores responsables de la conducta punible de estafa agravada, sin embargo no conden\u00f3 por concepto de responsabilidad civil al Banco Popular S.A.  <\/span><\/p>\n

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11. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al pronunciarse sobre el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n anterior, emiti\u00f3 fallo el 15 de marzo de 2013, modificando parcialmente aquella determinaci\u00f3n en lo relativo al pago de los perjuicios materiales.  <\/span><\/p>\n

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12. El condenado Ram\u00f3n Nova Pradilla, la parte civil y el representante del Ministerio P\u00fablico presentaron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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13. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dict\u00f3 sentencia el 11 de marzo de 2015 en la que dispuso, entre otros asuntos, revocar la absoluci\u00f3n decretada a favor de la entidad financiera y, en cambio, le impuso la obligaci\u00f3n solidaria de indemnizar los da\u00f1os y perjuicios causados con el delito de estafa agravada, en su condici\u00f3n de tercero civilmente responsable.  <\/span><\/p>\n

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14. A finales del a\u00f1o citado, los se\u00f1ores Guti\u00e9rrez Isaza, Escobar de Guti\u00e9rrez y Guti\u00e9rrez Escobar solicitaron la nulidad del proceso ejecutivo mencionado, con base en el fallo precedente y la causal de proceder contra providencia ejecutoriada del superior y revivir un proceso legalmente concluido.  <\/span><\/p>\n

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15. El Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al cual se reasign\u00f3 el asunto aludido, neg\u00f3 la petici\u00f3n anterior mediante auto de 3 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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16. Contra esta decisi\u00f3n, el extremo pasivo formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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17. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del prove\u00eddo fechado el 13 de diciembre de 2016, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n censurada.  <\/span><\/p>\n

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18. En criterio de los peticionarios de la salvaguarda se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado, dado que el juicio ejecutivo adelantado en su contra termin\u00f3 con la sentencia emitida por la Hom\u00f3loga Penal, en donde se resolvi\u00f3 que el Banco Popular S.A. hab\u00eda, de manera indirecta, estafado a los demandados mediante las operaciones bancarias que dieron origen a los t\u00edtulos valores que se est\u00e1n cobrando, por tal motivo, dados los efectos erga omnes y la cosa juzgada penal, no es procedente que contin\u00fae la ejecuci\u00f3n, m\u00e1xime que la entidad crediticia fue condenada a restituir las sumas de dinero objeto de ese litigio.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad querellada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito Adjunto, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito, todos de Bogot\u00e1, y todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa.  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que la nulidad deprecada por los ejecutados fue negada porque los motivos expresados fueron planteados anteriormente como excepciones de m\u00e9ritos, las cuales fueron denegadas.  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que el proceso penal se encuentra en los despachos de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n de la copia del auto proferido el 13 de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Banco Popular S.A. se\u00f1al\u00f3 que es improcedente la acci\u00f3n de tutela interpuesta, pues de la responsabilidad declarada en el proceso penal no se deriva la inviabilidad e invalidez del proceso ejecutivo promovido en contra de los accionantes, el cual cumple los requisitos legales para continuar adelante.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 relat\u00f3 brevemente lo decidido mediante la sentencia del 15 de marzo de 2013 y anex\u00f3 copia de esa determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub judice, aunque el reclamo constitucional se dirige contra los autos del 3 de agosto y 13 de diciembre de 2016, proferidos por el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior, ambos de Bogot\u00e1, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 del \u00faltimo de los referidos, toda vez que es el que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al despacho colegiado accionado para confirmar la providencia que neg\u00f3 la nulidad del proceso ejecutivo adelantado por el Banco Popular S.A., contra los aqu\u00ed reclamantes, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto esa determinaci\u00f3n no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quienes promovieron la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

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En efecto, se avizora que en la decisi\u00f3n censurada, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 la declaraci\u00f3n de nulidad del asunto referido con base en la causal de proceder contra providencia ejecutoriada del superior y revivir un proceso legalmente concluido, el ad quem dispuso confirmarla, con base tras considerar que, en el caso no se configuraba la causal alegada, esto es la dispuesta en el 3 del canon 140 del otrora estatuto procesal, \u00abque se configura cuando se \u201c\u2026 procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia\u2026\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Para sustentar su determinaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3, que se expon\u00eda como hechos de la nulidad que \u00abla Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia el 11 de marzo de 2015, cas\u00f3 parcialmente la providencia del 15 de marzo de 2013, para declarar a dos empleados del Banco Popular S.A. como responsables del punible de estafa agravada y, a este \u00faltimo, en su condici\u00f3n de tercero civilmente responsable, obligado a cancelar solidariamente los perjuicios irrogados con el punible\u2026 Por tanto, a su juicio, tal circunstancia incide directamente sobre la validez de la actuaci\u00f3n surtida en la causa compulsiva, pues, a la postre, la misma finiquit\u00f3 con dicho pronunciamiento, de lo contrario ser\u00eda desconocer los efectos de cosa juzgada que una sentencia proferida en esa jurisdicci\u00f3n irradia sobre el diligenciamiento que nos ocupa.  <\/span><\/p>\n

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       Sin embargo, se\u00f1al\u00f3, luego de citar jurisprudencia de \u00e9sta Corporaci\u00f3n, en la que se se\u00f1ala que tal causal se configura, \u00abcuando el juzgador inferior desconoce, de alg\u00fan modo, lo resuelto por el superior en determinada providencia que haya decidido uno de los recursos legalmente admisibles frente a ella, en el respectivo proceso\u00bb (CSJ SC, 2 Dic. 1999, Exp. 5292); que los supuestos f\u00e1cticos en que cimientan los ejecutados la invalidez propuesta no se adec\u00faan al supuesto normativo consagrado en la previsi\u00f3n, simple y llanamente porque el pronunciamiento que estima desconocido, no se profiri\u00f3 dentro de una misma causa.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3, \u00abal margen de la conmutabilidad que pudiera representar tal decisi\u00f3n en el juicio compulsivo, lo cierto es que las providencias surtidas y proferidas en un proceso diferente, en las que vale decir, ninguna menci\u00f3n se hizo frente a la p\u00e9rdida de ejecutoria y coercibilidad de los instrumentos b\u00e1culo de la presente acci\u00f3n, no tienen la virtualidad de configurar el defecto blandido.\u00bb (Se resalta).  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que, sin duda, indic\u00f3 \u00abla Sala Penal de la Alta Corporaci\u00f3n, para el caso de marras, no funge como Ad-quem, ya que la pluricitada determinaci\u00f3n no la adopt\u00f3 para desatar un recurso ordinario o extraordinario de la causa, as\u00ed como tampoco se ha emitido pronunciamiento en la misma que ponga fin a la actuaci\u00f3n, de suerte que la providencia cuestionada est\u00e1 ajustada a la legalidad\u00bb. Y en ese orden, \u00abDespunta, entonces la improsperidad del recurso, ya que los fundamentos f\u00e1cticos en que se apoya la petici\u00f3n que ahora ocupa   la   atenci\u00f3n   de   la   Sala   no   se acreditaron\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed, que el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, indica que el proceso es nulo, \u00abCuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia.  <\/span><\/p>\n

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Norma de la que se desprende, que el referido motivo de invalidez, se puede presentar de tres maneras: (i) porque se procede contra providencia ejecutoriada del superior; (ii) cuando se revive un proceso legalmente concluido; y (iii) cuando se pretermite la respectiva instancia.  <\/span><\/p>\n

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3.1. Ahora bien, frente a la primera es claro que debe entenderse, que el mismo ocurre cuando se desconoce la providencia del superior, pero dentro del mismo proceso o actuaci\u00f3n en curso, m\u00e1s no de otros litigios, porque entonces, ya no ser\u00eda objeto de nulitaci\u00f3n, sino de otro tipo de mecanismo judicial, como por ejemplo la excepci\u00f3n de cosa juzgada.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto en sentencia de 2 de diciembre de 1999, esta Sala, en sede de revisi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan se infiere de la naturaleza y estructura de los motivos de nulidad a que se refiere el precepto anterior, s\u00f3lo cabe considerar los vicios procesales que dimanen del mismo proceso o actuaci\u00f3n procesal en curso; o, lo que es igual, no incluye, para que se configure alguno de ellos,  los tr\u00e1mites o las providencias judiciales surtidos y dictadas en otros procesos preexistentes a aqu\u00e9l en que se alegan, por significativa que pueda ser la relaci\u00f3n o conexidad entre unos y otros.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esa restricci\u00f3n sucede del modo comentado,  ya que,  por fuera de que la norma en cuesti\u00f3n no da cabida a la posibilidad de traer situaciones extra\u00f1as al proceso mismo, existen otros caminos o v\u00edas procesales que permiten hacer valer en un juicio lo decidido en oportunidad anterior por la jurisdicci\u00f3n; por ejemplo, la excepci\u00f3n de cosa juzgada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) A partir de la premisa precedente y en lo pertinente al caso subjudice, es claro que si el motivo de nulidad estriba en que el juez \u00abprocede contra providencia ejecutoriada del superior\u00bb,  ello s\u00f3lo podr\u00e1 acontecer cuando el juzgador inferior desconoce, de alg\u00fan modo, lo resuelto por el superior en determinada providencia que haya decidido uno de los recursos legalmente admisibles frente a ella, en el respectivo proceso; desde luego, ello es as\u00ed, porque la aludida causal de nulidad, conforme lo tiene dicho la Corte, est\u00e1 encaminada a preservar el orden de los procesos y el acatamiento de las resoluciones judiciales por parte de los jueces de grado inferior, quienes dentro de la competencia funcional que se ejerce en relaci\u00f3n con un proceso determinado, deben cumplir las decisiones proferidas por los jueces de grado superior, cuando estos resuelvan los recursos de queja, s\u00faplica, apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n y revisi\u00f3n, o en su caso la consulta, sometidos a su consideraci\u00f3n. (CSJ SC, 2 Dic. 1999, exp. 5292, reiterado en SC de 31 de mayo de 2006, rad. 1997-10152-01 y SRC6958-2014)  <\/span><\/p>\n

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Y es que lo anterior, se explica, por cuanto debe entenderse, que cuando la norma refiere \u00absuperior\u00bb, hace referencia, necesariamente, al funcional del juzgador que conoce del asunto, porque, interpretar lo contrario, ser\u00eda tanto como entender que los jueces estar\u00edan supeditados a cualquier fallador de diferente al rango, independientemente, de la especialidad o jurisdicci\u00f3n a la que pertenezcan, lo que suyo desconoce la organizaci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia de acuerdo a lo establecido en la Ley 270 de 1996.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Interpretaci\u00f3n, que ha venido siendo reiterada por la Corte, que una providencia m\u00e1s reciente, AC de 4 de julio de 2013, rad. 2013-00070-00, se\u00f1al\u00f3 que: (\u2026) conviene aclarar que el superior al que se refiere la norma es necesariamente el jer\u00e1rquico funcional, que en el caso concreto en el que se profiri\u00f3 la sentencia materia del recurso, por tratarse de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, de acuerdo con lo preceptuado en los art\u00edculos 11 y 15 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia) es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y en una \u00faltima, se volvi\u00f3 a referir la Sala, para indicar que: \u00abLa causal se refiere es a decisiones opuestas en un solo proceso, provenientes de dos autoridades de diferente rango dentro de una misma estructura jurisdiccional, si la providencia que se discute es el fallo de una Sala Civil de Tribunal Superior, no puede perderse de vista que su superior jer\u00e1rquico es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y no la Corte Constitucional. (CSJ SC12559-2014, 18 de sep. 2014, Rad 2012-02110-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Incluso, las partes se ver\u00edan sometidas a la vulneraci\u00f3n a su debido proceso, pues pese a poner en conocimiento su controversia de acuerdo a la competencia fijada por la Ley, juez natural, la misma ser\u00eda objeto de conocimiento y decisi\u00f3n por cualquier otro funcionario judicial.  <\/span><\/p>\n

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3.2. En cuanto a la segunda forma de configurar la nulidad, estos es que se reviva un proceso terminado legalmente, de igual forma que la anterior, tiene \u00fanicamente lugar cuando el fallador prosigue el litigio, cuando ya se ha dado por culminado por cualquiera de las causales de la norma procesal.  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, cuando se revive el mismo juicio, en donde se solicita la invalidez del tr\u00e1mite, sin embargo, no tiene ocurrencia, cuando el juicio este en curso, y  se pretenda terminar en virtud de otro de diferente naturaleza y en el que no se discuti\u00f3 el problema jur\u00eddico debatido en el que se desea acabar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, indic\u00f3 esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) De otro lado, se observa patente que si el vicio procesal radica en que el juez \u00abrevive un proceso legalmente concluido\u00bb, ello \u00fanicamente tendr\u00e1 lugar cuando el fallador prosigue o adelanta el proceso anulable a pesar de haber terminado el mismo por sentencia o providencia en firme. El entendimiento de lo acabado de decir, se hace m\u00e1s claro a\u00fan si se tiene en cuenta que la reforma introducida por el citado decreto 2282 de 1989,  elimin\u00f3 la expresi\u00f3n de que el juez \u00abrevive procesos legalmente concluidos\u00bb,  en plural, y la sustituy\u00f3 por la f\u00f3rmula singular de revivir \u00abun proceso legalmente concluido\u00bb,  con lo cual se despeja cualquier incertidumbre sobre el particular y  d\u00e9jase radicado el motivo de nulidad respecto de que se reviva el mismo proceso en donde se alega la nulidad y no otro. (CSJ SC, 2 Dic. 1999, exp. 5292, reiterado en SC de 31 de mayo de 2006, rad. 1997-10152-01 y SRC6958-2014)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3. De manera que la determinaci\u00f3n del Tribunal, se ajust\u00f3 a las normas y precedentes, que regulan el tema, en tanto que deneg\u00f3 la nulidad, porque: (i) la providencia, que se se\u00f1al\u00f3 como aquella contra la que se procedi\u00f3, fue proferida en un proceso diferente, y adem\u00e1s (ii) la Sala de Casaci\u00f3n Penal, de la Corte Suprema de Justicia, no era el superior funcional de la Sala Civil del Tribunal Superior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del solicitante de amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a subjetivos disensos frente a las razones en que el fallador accionado se soport\u00f3 para arribar a su conclusi\u00f3n, inconformidades que, naturalmente, exceden el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed que no existe duda, por consiguiente, que no fue por defecto sustantivo o procedimental, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el accionado tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, se itera, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del tutelante.  <\/span><\/p>\n

4. Al margen de lo anterior, se advierte, que si el juez penal, hubiese querido dar por terminado el litigio ejecutivo o que los t\u00edtulos se entendieran sin validez, as\u00ed lo hubiese resuelto, sin embargo guard\u00f3 silencio frente a dicha circunstancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que si bien, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en el fallo de 15 de septiembre de 2015, conden\u00f3 al Banco Popular como tercero civilmente responsable, al pago de perjuicios ocasionados con la conducta punible de estafa en la que se  vieron involucrados dos de sus empleados, ello no conlleva, por muy loable que parezca dicha interpretaci\u00f3n, que deba deducirse que impl\u00edcitamente si orden\u00f3 la culminaci\u00f3n del litigio civil y por tanto, el funcionario judicial que conoce del asunto darlo por culminado sin m\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En especial, cuando se encuentra, que si bien en tal asunto se discuti\u00f3 la estafa en la que participaron dos de los trabajadores de la entidad financiera contra los ac\u00e1 accionantes, lo cierto es que en tal controversia, no se debati\u00f3 la eficacia de los t\u00edtulos valores base de la ejecuci\u00f3n, ni el juicio civil contra ellos seguido, por el contrario la sanci\u00f3n al banco, se debi\u00f3 a la falta de diligencia en escoger a sus empleados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Finalmente, esta Corporaci\u00f3n advierte que adem\u00e1s, que si lo que se quieren los tutelantes es que se reconozca que la parte demandante del proceso ejecutivo incurri\u00f3 en una maniobra fraudulenta, por cuanto cobr\u00f3 unos t\u00edtulos que ellos firmaron enga\u00f1ados y que as\u00ed fue entendido por la justicia penal, la protecci\u00f3n tambi\u00e9n es improcedente, por cuanto los tutelantes tuvieron a su alcance otro medio judicial para debatir tales situaciones de hecho, id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed quejoso, que no hizo uso de las herramientas que contempla la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley que el interesado ha desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre este tema, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

(Salvamento de voto)  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00612-00  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con todo el respeto que profeso por quienes suscriben la providencia, debo se\u00f1alar las razones de mi voto disidente en la tutela formulada por Marino Guti\u00e9rrez Isaza, Martha Luc\u00eda Escobar de Guti\u00e9rrez y Jorge Ricardo Guti\u00e9rrez Escobar contra la decisi\u00f3n proferida el 13 de diciembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo incoado por el Banco Popular S. A., respecto de los aqu\u00ed accionantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Metodol\u00f3gicamente para la comprensi\u00f3n de mi salvamento y en aras de la objetividad, expondr\u00e9 sucintamente la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica. Posteriormente los motivos de mi disenso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Los hechos fundantes de la protecci\u00f3n constitucional suplicada.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1.1. Los se\u00f1ores Ram\u00f3n Nova Pradilla, Daniel Nova Pradilla y Amparo Salazar de Molina, en el a\u00f1o de 1997 constituyeron la sociedad ARPRINT S. A., para continuar  actividades comerciales con tres corporaciones ya existentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.2. Mediante la intervenci\u00f3n de Marco Fidel Urbano y Myriam Ram\u00edrez de Pe\u00f1a, funcionarios del Banco Popular S. A., los accionantes constitucionales aceptaron formar parte de la compa\u00f1\u00eda referida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3. Deb\u00edan aportar a la empresa ARPRINT S. A. un total de $112.000 d\u00f3lares. Por esto adquirieron un cr\u00e9dito con el Banco Popular S. A. equivalente a ese monto y suscribieron los pagar\u00e9s No. 42070000597-7 y 72070000597-1.           <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.4. Aseguran los promotores que el producto del cr\u00e9dito aprobado fue destinado sin su autorizaci\u00f3n para pagar a la entidad financiera mencionada deudas de \u201c(\u2026) dif\u00edcil recuperaci\u00f3n\u201d  contra\u00eddas con anterioridad por ARPRINT DE COLOMBIA LTDA., de la cual no hacen parte.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.5. Luego de efectuar los primeros pagos del cr\u00e9dito, los libelistas cuestionaron la direcci\u00f3n del capital desembolsado, en consecuencia, decidieron no pagar las cuotas y formularon denuncia penal por los memorados hechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.6. El juicio penal culmin\u00f3 con la condena en primera y segunda instancia de Ram\u00f3n Nova, Daniel Nova Pradilla y Amparo Salazar de Molina, por el delito de estafa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.7. Mediante sentencia del 11 de marzo de 2015, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia,  confirm\u00f3 la condena de los socios involucrados y adem\u00e1s encontr\u00f3 responsables a Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam Ram\u00edrez de Pe\u00f1a en calidad de coautores del delito de estafa agravada y  declar\u00f3 civilmente responsable al Banco Popular S. A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.8. Con base en los antelados t\u00edtulos valores suscritos para obtener el cr\u00e9dito, los reclamantes fueron demandados, para el pago forzoso de la obligaci\u00f3n, litigio que termin\u00f3 con fallo adverso a los ejecutados de 9 de octubre de 2007 proferido por el Juez Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y confirmado el 26 de junio de 2008 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.9. El compulsivo se halla vigente, en estado de aval\u00fao y remate de bienes para el cumplimiento de la orden de apremio, etapa en la cual los rogantes del auxilio pusieron en conocimiento la sentencia de casaci\u00f3n penal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.10 En esas condiciones, las v\u00edctimas ejecutadas civilmente y actuales gestores constitucionales, solicitaron la nulidad de la ejecuci\u00f3n con apoyo en las decisiones penales, edificando su petici\u00f3n en el ordinal 3\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, referente a \u201c[cuando] el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite integralmente la instancia\u201d (fl. 170).  <\/span><\/p>\n

1.11. La invalidaci\u00f3n fue negada por el estrado judicial que actualmente conoce del juicio civil, decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal convocado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.12. Los impulsores se\u00f1alan que el decurso seguido en su contra, termin\u00f3 con la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto all\u00ed se resolvi\u00f3 que \u201cestafaron a los demandados mediante la operaci\u00f3n bancaria que dio origen a los t\u00edtulos valores que se pretenden cobrar\u201d (fl. 171).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.13. En el proceso penal se conden\u00f3 a la entidad de cr\u00e9dito a restituir las sumas pagadas por los deudores, no obstante, el cobro forzoso continu\u00f3, proceder \u201cinadmisible [pues su] ilicitud ya fue declarada por la autoridad de cierre en materia penal\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Razones por las cuales debi\u00f3 ampararse en la presente causa constitucional:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Esta salvaguarda es el \u00fanico mecanismo de defensa con que cuentan los afectados, para obtener el restablecimiento de sus derechos superiores.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Conforme a los hechos expuestos en el libelo constitucional, la obligaci\u00f3n objeto del cobro compulsivo carec\u00eda de causa onerosa por haberse hallado civilmente responsable por el delito de estafa al Banco Popular S. A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La sentencia constitucional, no tuvo en cuenta que las sumas perseguidas, se causaron con ocasi\u00f3n del fraude del cual fueron v\u00edctimas los se\u00f1ores Marino Guti\u00e9rrez Isaza, Martha Luc\u00eda Escobar de Guti\u00e9rrez y Jorge Ricardo Guti\u00e9rrez Escobar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los accionantes ciertamente obtuvieron un cr\u00e9dito. Su desembolso deb\u00eda ser a favor de Arprint S. A., pero las sumas fueron autoapropiadas por la entidad financiera para el pago de cartera de dif\u00edcil recaudo adeudado por otra sociedad Arprint de Colombia Ltda., de la cual no eran titulares de cuotas de capital. Empero, la destinaci\u00f3n ilegal se ejecut\u00f3 por la instituci\u00f3n bancaria sin el consentimiento de los deudores, como se reitera, con prop\u00f3sito diferente para el cual se autoriz\u00f3 el pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El extremo demandado en el cuestionado juicio coercitivo en curso, son las mismas v\u00edctimas del decurso penal,  por lo tanto, incidente directamente en el proceso civil, frente a la sustantividad de los t\u00edtulos venero de la ejecuci\u00f3n, pues son representativos de una obligaci\u00f3n, aun cuando a cargo de los accionantes, son carentes de causa y objeto jur\u00eddico respecto de la ejecuci\u00f3n debatida, por la  forma como la ejecutante artificiosamente manipul\u00f3 la finalidad jur\u00eddico-econ\u00f3mica del capital mutuado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La sentencia de tutela no contempl\u00f3 el aspecto sustantivo de los capitales cobrados en la cuestionada litis, ni la exigibilidad de la indemnizaci\u00f3n por perjuicios del juicio penal, directamente entrelazada con los pagar\u00e9s y las garant\u00edas del caso, it\u00e9rase, por consecuencia de la condena criminal de la parte ejecutante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Continuar con el juicio coercitivo denunciado, en la forma como persiste la judicatura civil, atenta contra el derecho material y ofende la justicia. Se desinteresa por los efectos de la conducta reprochada por la jurisdicci\u00f3n penal, que no es ajena, de ning\u00fan modo, al proceso civil; y en consecuencia, deja en tela de juicio la funci\u00f3n de administrar justicia desde el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un evento de similares contornos al que es materia de an\u00e1lisis, la Corte Constitucional precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [H]abr\u00e1 de partirse de la premisa de que el delito por s\u00ed mismo no puede ser fuente de derechos, motivo por el cual, atendiendo a que el derecho reclamado por el se\u00f1or Juan Carlos Pimienta V\u00e1squez y otros, se deriva (\u2026) de una conducta punible, se deber\u00e1 dar prevalencia, sin dubitaci\u00f3n alguna, a las garant\u00edas constitucionales de la v\u00edctima del delito de falsedad en documento privado (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) No se puede desconocer que el litigio promovido por el se\u00f1or Pimienta V\u00e1squez, tiene como origen un t\u00edtulo valor calificado como falso, que como tal, no puede ser fuente v\u00e1lida de derechos; menos a\u00fan, cuando sus consecuencias jur\u00eddicas entra\u00f1an menoscabo a los derechos fundamentales del accionante, los cuales deber\u00e1n ser reivindicados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAcorde con lo anotado no se puede permitir que la sentencia proferida por el Juez 8\u00b0 Civil Municipal de Barranquilla, contin\u00fae produciendo efectos jur\u00eddicos, lo que a la saz\u00f3n implicar\u00eda el remate de los bienes del deudor en el proceso civil (y v\u00edctima en el proceso penal), toda vez que ello conducir\u00eda a reconocer que el delito puede ser fuente o causa l\u00edcita de los derechos que de all\u00ed se pretenden derivar, sin importar el detrimento de los derechos fundamentales de aquel a quien le falsearon su firma, seg\u00fan los experticios realizados por autoridades competentes\u201d1.   <\/span><\/p>\n

En este caso, el problema no es de falsedad, sino de estafa, pero, razones similares iluminan el asunto y permiten advertir la recta vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores de los accionantes, porque la denunciada ejecuci\u00f3n se sustenta en t\u00edtulos cuyo contenido obligacional se sentenci\u00f3 ofensivo e il\u00edcito frente al patrimonio de los deudores demandados en el compulsivo, en el cual subyace una relaci\u00f3n causal necesaria, con efecto directo e innegable que debi\u00f3 llamar la atenci\u00f3n al juzgador civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La nulidad propuesta por los rogantes puso en conocimiento del juez natural la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de los t\u00edtulos que sustentaron la demanda ejecutiva. A\u00fan cuando el reproche se encamin\u00f3 por una arista procesal, la funci\u00f3n de administrar justicia no debi\u00f3 quedarse en una respuesta estrictamente formal y simplista, para ignorar ap\u00e1ticamente abordar el derecho material en conflicto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunque se hubiera dictado sentencia, la ejecuci\u00f3n termina propiamente con el pago total de la obligaci\u00f3n. Con posterioridad al fallo que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n siguen las actuaciones necesarias para satisfacer el cr\u00e9dito cobrado, por medio de la almoneda, y en cualquiera de esas fases, ante la evidencia de los hechos injustos, el juez no puede ser una mera estatua de m\u00e1rmol; a fortiori, si con la sentencia de casaci\u00f3n penal, en la cual se conden\u00f3 al Banco Popular, se le hizo civilmente responsable por la comisi\u00f3n de un injusto penal, ligado medularmente con la causa civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta Sala, en sede de revisi\u00f3n ha enfrentado la incidencia de la sentencia penal por el delito de estafa, en los juicios ejecutivos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPuestas as\u00ed las cosas, aflora evidente que del prealudido fallo penal emanan unas consecuencias que necesariamente conducen a aniquilar la sentencia proferida por el tribunal dentro del se\u00f1alado proceso ejecutivo, en la medida en que \u00e9sta, it\u00e9rase, decididamente se bas\u00f3 en el t\u00edtulo valor respecto del cual en aquella providencia se afirm\u00f3 la adulteraci\u00f3n de la firma imputada como la del avalista; la circunstancia de que ello sea as\u00ed, vale precisar, que Ayala P\u00e9rez no fue la persona que en la mentada calidad sign\u00f3 el cartular, determina que \u00e9l no asumi\u00f3 ninguna obligaci\u00f3n cambiaria, desde luego que, a t\u00e9rminos del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo de Comercio, \u00e9sta \u201cderiva su eficacia de una firma puesta en un t\u00edtulo valor y de su entrega con la intenci\u00f3n de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulaci\u00f3n\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. A esta altura de mi pol\u00e9mica contra la sentencia constitucional y como he citado el recurso de revisi\u00f3n, debo se\u00f1alar en forma contundente, que el mecanismo de la tutela es el \u00fanico medio para evitar un perjuicio irremediable, pues los accionantes no poseen otro medio judicial diferente para salvaguardar su derecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Contrario a lo considerado por la Sala en la providencia, los accionantes no cuentan con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. Al momento cuando se profiri\u00f3 la sentencia de casaci\u00f3n penal (11 de marzo de 2015) hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de cinco a\u00f1os3 desde la confirmaci\u00f3n del fallo civil del cuestionado litigio, proferido el 26 de junio de 2008, y en consecuencia, vacua es esa soluci\u00f3n sugerida por virtud de la innegable caducidad consolidada, en cualquiera de las causales revisorias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De haberse formulado la revisi\u00f3n dentro del l\u00edmite temporal, dadas las particularidades del asunto bajo estudio, ninguna de las causales de revisi\u00f3n se ajustar\u00eda para la procedencia del recurso:  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. La causal primera reza: \u201c[h]aberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u201d. Este motivo espec\u00edfico no es aplicable, por cuanto la sentencia penal de casaci\u00f3n, no devela la existencia de una prueba documental novedosa, para invocarla. En el mismo sentido no es aplicable la causal segunda, por cuanto en el decurso penal no se declar\u00f3 la falsedad de los documentos que sirvieron de base para la ejecuci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. La causal tercera \u201cHaberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en raz\u00f3n de ellas\u201d, tampoco se ajusta al fundamento f\u00e1ctico exigido por este precepto.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. La sentencia del ejecutivo no se fund\u00f3 en dictamen de peritos condenados por il\u00edcitos cometidos en la producci\u00f3n de dicha prueba, por lo tanto, el numeral 4 del art\u00edculo 355 del estatuto procedimental tampoco se aviene.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. La sentencia penal no declar\u00f3 que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento del juez civil.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. La causal sexta dicta: \u201cHaber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u201d. Tampoco es aplicable por cuanto la maquinaci\u00f3n debe producirse al interior del proceso, y en el presente evento la estafa se configur\u00f3 de forma previa al proceso ejecutivo.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. No existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al litigio y que no era susceptible de recurso (Num. 8 idem).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. No se configura elemento que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso (Num. 9 art 355 Ibidem).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La condena penal, no tiene entidad suficiente para permitir curso al medio extraordinario, quedando indefensos los ejecutados, ante el inminente remate de sus bienes. En tales condiciones no se entiende, porqu\u00e9 la revisi\u00f3n puede ser el camino id\u00f3neo o la otra v\u00eda que conmina la Carta, cuando se niega un resguardo. En la hip\u00f3tesis se crea al justiciable la expectativa de otra senda con ilusi\u00f3n fallida, puesto que como se demostr\u00f3, ninguna de las causales de revisi\u00f3n legitma actualmente a los afectados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Es protuberante la trasgresi\u00f3n a los derechos de los aqu\u00ed accionantes, quienes quedan realmente desprovistos para hacer valer sus derechos frente a la ejecuci\u00f3n, la cual, pese a observar con rigurosidad los preceptos adjetivos, soslaya la primac\u00eda del derecho sustancial y la justicia material, valor supremo del quehacer jurisdiccional.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de manera excepcional, la Corporaci\u00f3n ha relievado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]xisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cSe impone entonces proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. No soslaya la Corte que si bien no se utilizaron las herramientas que se tuvieron al alcance para impugnar las decisiones que ahora cuestiona, habida cuenta que no se interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a ellas, \u201ctal abandono no tiene la suficiente trascendencia para denegar el amparo por esta raz\u00f3n, si se tiene en cuenta que el Estado en cabeza de los Jueces de la Rep\u00fablica deben y pueden en ejercicio de su plena autonom\u00eda que le otorga la Ley y la Constituci\u00f3n, realizar sin ninguna clase de cortapisas los actos preparatorios a efectos de llevar a cabo la venta forzada (\u2026)\u201d4 (se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Por \u00faltimo, en punto de la inmediatez los gestores de la salvaguarda, propusieron la respectiva nulidad ante el juez de conocimiento, negada por auto del 3 de agosto de 2016, decisi\u00f3n confirmada por el superior el 13 de diciembre del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De modo que para el cotejo de la oportunidad temporal en la interposici\u00f3n de la tutela, los accionantes agotaron los medios procesales a su disposici\u00f3n, pues la \u00faltima actuaci\u00f3n realizada, a efectos de obtener la terminaci\u00f3n del pleito, se dio con la solicitud de anulaci\u00f3n negada en ambas instancias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No se desconoce que los promotores del amparo constitucional, Marina Guti\u00e9rrez Isaza, Martha Luc\u00eda Escobar de Guti\u00e9rrez y Jorge Ricardo Guti\u00e9rrez Escobar, son deudores del Banco Popular, respecto del derecho literal y aut\u00f3nomo incorporado en dos pagares, girados para cubrir su aporte e ingreso en la sociedad ARPRINT S. A., constituida con antelaci\u00f3n por Ram\u00f3n y Daniel Nova Pradilla y Amparo  Salazar de Molina.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No se cierne sobre la actuaci\u00f3n ejecutiva, en s\u00ed misma considerada, mira de la acci\u00f3n constitucional, donde, seg\u00fan sentencias de 9 de octubre de 2007, emitida por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y de 26 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n a favor del Banco Popular y en contra de Marina Guti\u00e9rrez Isaza, Martha Luc\u00eda Escobar de Guti\u00e9rrez y Jorge Ricardo Guti\u00e9rrez Escobar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Empero, refulgente e innegable aparece que no se tuvo en cuenta el hecho sobreviniente, con incidencia en el anterior proceso, ocurrido el 11 de marzo de 2015, fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, que dej\u00f3 en firme las condenas penales se\u00f1aladas y orden\u00f3 a la citada entidad bancaria, como responsable civilmente, a restituir a las v\u00edctimas del delito, esto es, a los all\u00ed ejecutados, ahora actores constitucionales, las sumas cobradas como consecuencia de la operaci\u00f3n bancaria que dio origen a los t\u00edtulos valores aducidos compulsivamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si los ejecutados, es irrefragable, son deudores del derecho incorporado en los pagar\u00e9s citados, pues el delito cometido no lo fue por su creaci\u00f3n o emisi\u00f3n, sino por destinaci\u00f3n diferente del cr\u00e9dito otorgado y el Banco Popular, a su vez, es civilmente deudor de esos mismos dineros y dem\u00e1s, pero por su desviaci\u00f3n, solidariamente con los condenados criminalmente, las sentencias penales no pueden pasarse por alto en la ejecuci\u00f3n, con mayor raz\u00f3n cuando no son las providencias de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, su finiquito, sino el respectivo pago como ya lo anunci\u00e9. Por esto cualquier disquisici\u00f3n sobre si exist\u00edan otros medios de defensa judicial paralelos o aut\u00f3nomos al proceso compulsivo caen al vac\u00edo frontalmente seg\u00fan lo he expuesto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. En ese orden, frente al hecho sobreviniente indicado, la negativa a conceder la tutela deja en entredicho las garant\u00edas ius constitucionales de los accionantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Injustificado e inaceptable: si el Banco Popular  se auto-pag\u00f3 una deuda de \u201cdif\u00edcil recuperaci\u00f3n\u201d a cargo de ARPRINT DE COLOMBIA LTDA., es claro que con independencia de esa relaci\u00f3n sustancial, resultar\u00eda premiado con un doble pago, respecto de los mismos hechos, como es el derivado tambi\u00e9n de la mentada ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cohet\u00e1neamente, en la misma l\u00ednea, los ejecutados, al margen de sus relaciones con los condenados penalmente, inclusive de la sociedad donde unos y otros son socios, resultar\u00edan beneficiados, pues recibir\u00edan del Banco Popular una suma equivalente a los dineros desviados, entre otros perjuicios, pero a su vez, a cambio de nada, seguir\u00edan vinculados a la sociedad ARPRINT S. A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese, si el delito juzgado no tuvo su origen en la creaci\u00f3n o emisi\u00f3n de los susodichos pagar\u00e9s objeto de cobro, sino en la destinaci\u00f3n diferente del cr\u00e9dito otorgado, esto significa que los ejecutados siguen siendo deudores del Banco Popular, pero a su vez, aqu\u00e9llos son acreedores de esta entidad, respecto de los perjuicios causados en el il\u00edcito penal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De este modo, con mayor raz\u00f3n la tutela ha debido tener recibo favorable, en el entendido de facilitar al interior de la ejecuci\u00f3n, mientras no haya sucedido el pago, los cruces de cuentas correspondientes.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

La salvaguarda se impon\u00eda, como el \u00fanico remedio judicial efectivo a favor de los reclamantes del auxilio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con toda consideraci\u00f3n,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Fecha ut supra  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 Corte Constitucional. Sentencia T 104 de 26 de febrero de 2014.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ, Sentencia de 5 de marzo de 2007, expediente no. 11001-02-03-000-2001-00212-01.    <\/span><\/p>\n

3 El art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso, precept\u00faa que la  revisi\u00f3n podr\u00e1 interponerse, dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, con l\u00edmite m\u00e1ximo de cinco (5) a\u00f1os, seg\u00fan la causal invocada.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ STC, 29 abr. 2014, rad. 00008-01.      <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3802-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00612-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100160","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100160","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100160"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100160\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100160"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100160"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100160"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}