{"id":100161,"date":"2026-06-25T20:10:09","date_gmt":"2026-06-25T20:10:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3803-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:10:09","modified_gmt":"2026-06-25T20:10:09","slug":"stc3803-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3803-2017\/","title":{"rendered":"STC3803-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3803-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00043-01  <\/span><\/p>\n

             (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira: actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a Leandro Giraldo, la Alcald\u00eda, el Procurador y el Defensor del Pueblo \u2013 Regional de esa ciudad.    <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El accionante, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, por cuanto la acci\u00f3n popular con radicado No. 2015-01322 fue rechazada por competencia con desconocimiento del art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, las normas de orden p\u00fablico que rigen este tipo de procesos y la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, generando a su juicio inseguridad jur\u00eddica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, pretende, se \u00abordene inmediatamente al tutelado admitir inmediatamente mi acci\u00f3n amparado en el auto del 23 de enero de 2017 proferido por la tutelada en A. grupo 2016-451.  <\/span><\/p>\n

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Se ordene a la tutelada que aporte un listado de todas las acciones populares que haya rechazado aportando el auto de rechazo para cada una de ellas.\u00bb. [Folio 27, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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       1. Leandro Giraldo present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Bancolombia el 7 de diciembre de 2015, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira \u2013 Risaralda con radicado No. 2015-01322.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        2. El asunto fue rechazado  por falta de competencia el 21 de enero de 2016 y el 15 de febrero siguiente se neg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        3. El 28 de abril de ese a\u00f1o el proceso fue remitido al Juzgado Primero Civil del Circuito de Caucasia \u2013 Antioquia mediante oficio No. 0345.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        4. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus derechos por cuanto la demanda fue rechazada por competencia con total desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales y normatividad que rige la materia. [Folios 26-27, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto del 3 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se dispuso la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el litigio y se orden\u00f3 correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 30, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira \u2013 Risaralda se opuso a las pretensiones de la demanda y se\u00f1al\u00f3 que quien figura como demandante en la acci\u00f3n popular radicada con el n\u00famero 2015-01322 es el se\u00f1or Leandro Giraldo y no el ahora accionante Javier El\u00edas Arias Idarraga, por lo que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno. [Folio 33, c.1]  <\/span><\/p>\n

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El Alcalde Municipal de Pereira solicit\u00f3 negar el amparo por carecer de legitimaci\u00f3n en  la causa por pasiva para pronunciarse al respecto.  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 15 de febrero de 2017, el Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional en tanto que el accionante carece de legitimaci\u00f3n en la causa para controvertir decisiones adoptadas en el proceso judicial cuestionado por cuanto no es parte en la actuaci\u00f3n cuestionada. [Folios 47-49, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n el promotor de la acci\u00f3n la impugn\u00f3 para cuyo efecto se limit\u00f3 a expresar \u00abSOLICITO AMPARAR LA TUTELA\u00bb.  [Folio 51, c.1]  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de la Corte ha sido invariable al se\u00f1alar que son dos los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: la inmediatez y la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses.\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  Casualmente  <\/span><\/p>\n

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En virtud del otro principio se\u00f1alado, debe recordarse que el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque no atiende ninguno de los postulados que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso las decisiones que cuestiona el actor popular son aquellas a trav\u00e9s de las cuales el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira rechaz\u00f3 por competencia la acci\u00f3n popular radicada con No. 2015-01322 y la que neg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra aquella disposici\u00f3n, decisiones emanadas el 21 de enero y 15 de febrero de 2016, cuando el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 1\u00ba de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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Esta circunstancia deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir, aproximadamente once meses desde la emisi\u00f3n de la \u00faltima decisi\u00f3n atacada, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera ampliamente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales [6 meses],  sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. De otra parte, la solicitud de amparo tampoco atiende el principio de subsidiariedad pues se observa conforme a la respuesta ofrecida por la autoridad accionada que la referida acci\u00f3n popular fue remitida al Juzgado Primero Civil del Circuito de Caucasia – Antioquia  y que el despacho receptor, no se ha pronunciado si acoge el criterio del funcionario remitente, pues en caso de discrepancia, deber\u00e1n dar aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026 Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso.  <\/span><\/p>\n

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El juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.  <\/span><\/p>\n

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El juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.  <\/span><\/p>\n

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El juez o tribunal al que corresponda, resolver\u00e1 de plano el conflicto y en el mismo auto ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.  <\/span><\/p>\n

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Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempe\u00f1en funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deber\u00e1 resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.  <\/span><\/p>\n

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La declaraci\u00f3n de incompetencia no afecta la validez de la actuaci\u00f3n cumplida hasta entonces.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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4. Significa lo anterior, que al sentenciador de tutela no le corresponde definir el funcionario judicial al cual le compete conocer la litis, conforme lo pretende el accionante  porque con ese proceder se estar\u00eda usurpando la atribuci\u00f3n constitucional y legalmente asignada a esta Corporaci\u00f3n en el respectivo tr\u00e1mite legal, en caso de suscitarse el conflicto negativo de competencia.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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5. En consecuencia se confirma el fallo impugnado pero por estas razones.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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