{"id":100162,"date":"2026-06-25T20:10:18","date_gmt":"2026-06-25T20:10:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3804-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:10:18","modified_gmt":"2026-06-25T20:10:18","slug":"stc3804-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3804-2017\/","title":{"rendered":"STC3804-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3804-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2016-00120-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juli\u00e1n Otero Salazar, en representaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Ind\u00edgena Campesina Gran Jard\u00edn de la Sierra1, contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio del Interior \u2013 Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas, Rom y Minor\u00edas y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder en Liquidaci\u00f3n; actuaci\u00f3n a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los Resguardos Ind\u00edgenas \u201cSan Bartolom\u00e9 de Males\u201d, \u201cC\u00f3rdoba \u2013 Nari\u00f1o\u201d y \u201cSimorna\u201d, los Ministerios del Interior \u2013 Direcci\u00f3n de Consulta Previa, de Defensa, Minas y Energ\u00eda, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, el Municipio de C\u00f3rdoba  – Nari\u00f1o, el Ej\u00e9rcito Nacional, Ecopetrol, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas, el Congreso de la Rep\u00fablica, la Agencia Nacional de Tierras, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Miner\u00eda, la Agencia de Desarrollo Rural, Cenit Transporte Log\u00edstica de Hidrocarburos S.A.S., la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, las Gobernaciones de Putumayo y Nari\u00f1o, la Alcald\u00eda de Orito y la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Nari\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano, en calidad de Vicecacique de la comunidad ind\u00edgena Gran Jard\u00edn de la Sierra, asentada en el Departamento del Putumayo, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales de esa poblaci\u00f3n al reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica, vida, integridad personal, garant\u00edas judiciales, libertad personal, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, honra, dignidad, libertad de conciencia, religi\u00f3n, libertad de pensamiento y expresi\u00f3n, protecci\u00f3n a la familia, a la ni\u00f1ez, a la mujer y a la tercera edad, igualdad de g\u00e9nero, propiedad privada, salud, educaci\u00f3n, libre circulaci\u00f3n, residencia, igualdad, desarrollo progresivo de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, protecci\u00f3n judicial, trabajo y salario justo, diversidad \u00e9tnica y cultural, no desaparici\u00f3n forzada, as\u00ed como los derechos colectivos y del medio ambiente, todos ellos, en sentir del actor, vulnerados por las autoridades gubernamentales accionadas, al desconocer la Escritura P\u00fablica No. 509 del 13 de enero de 1906, de la Notar\u00eda de Ipiales, Nari\u00f1o, para \u00ab\u2026quedarse con los recursos que sustentan a una comunidad, lucr\u00e1ndose ellos sin darle beneficio alguno a sus habitantes (\u2026) violando as\u00ed los derechos que tiene cada miembro\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este sentido, asegura que el Gobierno Nacional, a trav\u00e9s de las instituciones demandadas, ha dilatado por m\u00e1s de veintitr\u00e9s a\u00f1os los procesos instaurados para lograr su reconocimiento como resguardo ind\u00edgena, situaci\u00f3n que les ha impedido acceder a los beneficios que la legislaci\u00f3n nacional e internacional reconoce a ese tipo de organizaciones, tales como el acceso a los recursos estatales y a las regal\u00edas por la explotaci\u00f3n minera y de hidrocarburos, el respeto de su territorio ancestral por parte de terceros y su titulaci\u00f3n, la consulta previa para proceder a la autorizaci\u00f3n de proyectos industriales en la zona, entre otros.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Se respeten los derechos adquiridos de propiedades materiales e inscritos del globo de terreno que detentan con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o desde el a\u00f1o 1563, seg\u00fan consta en la Escritura P\u00fablica 509 de 1906.  <\/span><\/p>\n

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Se les reconozca como resguardo ind\u00edgena.  <\/span><\/p>\n

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Se revise la Escritura P\u00fablica No. 509 de 1906, a fin de disipar las dudas concernientes a la existencia del resguardo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se ordene a la Naci\u00f3n responder por los da\u00f1os causados a la comunidad, dada la inexistencia de una legislaci\u00f3n justa, coherente y protectora de esas comunidades.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Que los j\u00f3venes pertenecientes al resguardo no sean obligados a prestar el servicio militar.  <\/span><\/p>\n

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Que se lleve a cabo visita por parte del Gobierno Nacional a su lugar de asentamiento, para que se eval\u00fae el nivel del riesgo en que se encuentra cada miembro de la comunidad que necesita medidas de protecci\u00f3n inmediatas, para que no se sigan violando sus garant\u00edas superiores.[Folios 1-195, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Hacia el a\u00f1o 2000, fue constituida de hecho la Asociaci\u00f3n Ind\u00edgena Campesina Gran Jard\u00edn de la Sierra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el a\u00f1o 2011, dicha agrupaci\u00f3n se constituy\u00f3 legalmente como una empresa privada sin \u00e1nimo de lucro, encargada de coordinar y administrar programas y proyectos en beneficio de sus integrantes. [Folios 127-128, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. El 25 de febrero de 2014 el promotor del amparo, en su condici\u00f3n de Vicecacique de aquella comunidad, pidi\u00f3 al Ministerio del Interior realizar \u00ab\u2026un estudio etnol\u00f3gico en el Resguardo Ind\u00edgena de Origen Colonial Gran Jard\u00edn de la Sierra perteneciente al corregimiento de San Bartolom\u00e9 de Males como reza la Escritura P\u00fablica de Origen Colonial N\u00famero 509 y ubicado en zona rural entre los departamentos de Nari\u00f1o y Putumayo y frontera con Ecuador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 14 de marzo siguiente, la cartera requerida, inform\u00f3 al peticionario que su solicitud hab\u00eda sido remitida por competencia al Subgerente de Promoci\u00f3n, Seguimiento y Asuntos \u00c9tnicos del INCODER y que no era esa la autoridad encargada de dar respuesta a sus inquietudes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.  El 30 de abril posterior, el tutelante remiti\u00f3 al citado Ministerio \u00abla Estructura de Autogobierno del Resguardo Ind\u00edgena de Origen Colonial Gran Jard\u00edn de la Sierra ubicado en el corregimiento de San Bartolom\u00e9 de Males.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 30 de mayo de 2014, el Director de Asuntos Ind\u00edgenas, ROM y Minor\u00edas, contest\u00f3 al memorialista que \u00abno se tiene conocimiento sobre el mencionado \u201cResguardo\u201d Ind\u00edgena de Origen Colonial en la zona\u00bb, por lo que dio traslado de esa solicitud al Incoder, a las Gobernaciones de Putumayo y Nari\u00f1o, y a las Alcald\u00edas de \u00abMales, -Nari\u00f1o y Orito-, y Putumayo\u00bb, teniendo en cuenta que la pretensi\u00f3n de aqu\u00e9l se apoya en un \u00abt\u00edtulo colonial, cuyo n\u00famero es el 509, del cual el Resguardo de Males ha venido reclamando a su vez derechos territoriales, de acuerdo a las consideraciones de la Resoluci\u00f3n No. 1796 de 12 de septiembre de 2012\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 18 de marzo de 2016, el accionante insisti\u00f3 ante el Ministerio del Interior \u2013 Asuntos Ind\u00edgenas, Rom y Minor\u00edas, en el registro de la Asociaci\u00f3n Ind\u00edgena Campesina Gran Jard\u00edn de la Sierra, con miras a iniciar los tr\u00e1mites para que esa parcialidad fuese reconocida como Resguardo Ind\u00edgena.  <\/span><\/p>\n

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4. El promotor de la queja acudi\u00f3 a este mecanismo constitucional en busca de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de la poblaci\u00f3n que representa, porque, en su sentir, vienen siendo vulneradas de tiempo atr\u00e1s por el gobierno colombiano, tanto nacional como departamental y municipal, as\u00ed como por las distintas instituciones que lo integran, al desconocer indefinidamente las solicitudes que ha elevado para que les sea reconocido su estatus como Resguardo Ind\u00edgena y las prerrogativas legales y constitucionales que de all\u00ed derivan, a fin de superar las situaciones de abandono estatal, violencia, pobreza y falta de legislaci\u00f3n que los pobladores han enfrentado por m\u00e1s de cien a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, hizo ver su inconformidad con el reconocimiento del Resguardo Ind\u00edgena de Males, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n No. 1796 del 12 de septiembre de 2012, por considerar que desconoce la soberan\u00eda, autonom\u00eda y derecho ancestral de su pueblo tribal y que, ante el proceso de clarificaci\u00f3n de t\u00edtulos coloniales que se encuentra en curso, l\u00edderes de ese grupo, se desplazan por diferentes veredas y municipios de los Departamentos de Nari\u00f1o y Putumayo para adjudicarse tierras, sin el debido proceso y bajo las \u00f3rdenes del Municipio de C\u00f3rdoba (Nari\u00f1o), ente territorial encargado de cobrar el usufructo, regal\u00edas y otras prebendas que le corresponden a su comunidad, sin que el Estado les brinde ning\u00fan tipo de protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, denunci\u00f3 que las Gobernaciones, Alcald\u00edas y las Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales de los Departamentos de Putumayo y Nari\u00f1o, permiten (i) la tala indiscriminada de sus bosques primarios, sin contraprestaci\u00f3n alguna, (ii) el uso de glifosato, pese a que est\u00e1 prohibido, y (iii) otorgan permisos y licencias a personas y entidades, tanto nacionales e internacionales, para el usufructo de minerales, maderas y petr\u00f3leo, situaci\u00f3n que pasa por alto sus usos y costumbres, pues en ning\u00fan momento agotaron el tr\u00e1mite de la consulta previa, con desprecio de sus ra\u00edces ancestrales y culturales y su acceso a un medio ambiente sano.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 19 de junio de 2016 fue admitida la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a las entidades encausadas para que ejerciera su derecho de defensa. [Folios 559-561, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Minas, solicitaron ser desvinculados del tr\u00e1mite constitucional, por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva.  <\/span><\/p>\n

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A su turno el Ministerio del Interior aleg\u00f3 la falta de legitimidad del promotor del amparo para elevar esta solicitud, porque ante esa instituci\u00f3n no aparece registrado el resguardo ind\u00edgena que \u00e9l dice representar, motivo por el cual pidi\u00f3 vincular al tr\u00e1mite al \u00abGobernador del Resguardo de Males\u00bb. Agreg\u00f3 que mediante los Decretos 1952,1953 y 2333 de 2014, se concert\u00f3 con las comunidades ind\u00edgenas su funcionamiento mientras el Congreso de la Rep\u00fablica expide la ley org\u00e1nica de ordenamiento territorial correspondiente.  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Incoder en Liquidaci\u00f3n explic\u00f3 que no tiene competencia para llevar a cabo lo solicitado por el accionante, en raz\u00f3n de su actual situaci\u00f3n jur\u00eddica.  <\/span><\/p>\n

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indic\u00f3 que no es la entidad competente para atender las s\u00faplicas y reclamaciones que expone el actor de tutela, pues corresponde a las Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales y a los municipios, Distritos o \u00c1reas Metropolitanas, la ejecuci\u00f3n de las pol\u00edticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Alcald\u00eda Municipal de C\u00f3rdoba, expuso que \u00abexiste un asentamiento ind\u00edgena, el cual posee su respectivo cabildo denominado: \u201cCABILDO IND\u00cdGENA DEL RESGUARDO DE MALES \u2013 CORDOBA NARI\u00d1O\u201d, que posee el territorio \u00ab\u2026amparado con la escritura p\u00fablica No. 509 del 13 de enero de 1906 de la Notar\u00eda de Ipiales Nari\u00f1o y registrada en el libro primero (1) tomo \u00fanico\u2026\u00bb, t\u00edtulo escriturario que \u00ab\u2026corresponde \u00fanica y exclusivamente al Resguardo Ind\u00edgena de Males del Municipio de C\u00f3rdoba Nari\u00f1o; lo anterior nos lleva a resaltar sin temor o sesgo alguno, que es este quien ejerce autoridad y no es dable reconocer o crear otro cabildo dentro de este mismo territorio\u00bb. El Notario 1\u00ba del Circuito de Ipiales comparti\u00f3 tal postura.  <\/span><\/p>\n

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El Gobernador del Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Males, se opuso a la prosperidad del amparo, por no considerar viable \u00ab\u2026que una parte de una comunidad pretenda apropiarse de nuestro territorio menos alegando ser propietarios\u2026\u00bb. Agreg\u00f3 que el \u00fanico beneficiario del t\u00edtulo en el cual soporta sus pretensiones el accionante, a quien no reconoce como integrante de esa parcialidad, es el Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Males.  <\/span><\/p>\n

La Agencia Nacional de Tierras, pidi\u00f3 denegar el amparo porque la \u00abDirecci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas del Ministerio del Interior, respondi\u00f3 a la Subgerencia de Promoci\u00f3n, Seguimiento y Asuntos \u00c9tnicos del Incoder, durante el 2014 en tres (03) ocasiones que la comunidad y el resguardo Gran Jard\u00edn de la Sierra no ha existido y que las respuestas del Ministerio del Interior a los se\u00f1ores Juli\u00e1n Otero y Daniel Belalc\u00e1zar que fungen como autoridades ind\u00edgenas, han sido claras en cuanto a que la escritura 509 de 13 de enero de 1906, corresponde al Resguardo de Origen Colonial de Males y a las entidades departamentales de Nari\u00f1o\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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El Senado de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Miner\u00eda, la Gobernaci\u00f3n del Departamento de Nari\u00f1o, Cenit Transporte y Log\u00edstica de Hidrocarburos S.A. y la Presidencia de la Rep\u00fablica, manifestaron su ajenidad a los hechos en los que se funda la solicitud de protecci\u00f3n, por no ser las autoridades competentes para resolver asuntos como los puestos a consideraci\u00f3n por el actor, en esa medida, solicitaron su desvinculaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Tras rehacer la actuaci\u00f3n e integrar el contradictorio conforme lo ordenado por esta Corporaci\u00f3n en providencia de 15 de diciembre de 2016, el Tribunal concedi\u00f3 la salvaguarda rogada, y orden\u00f3  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026)a la Agencia Nacional de Tierras \u2013 Direcci\u00f3n de Asuntos \u00c9tnicos-, que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente providencia, realicen una visita a los territorios que ocupa la comunidad ind\u00edgena Gran Jard\u00edn de la Sierra y se determine su constituci\u00f3n, si a ello hubiere lugar.  Una vez obtenida la informaci\u00f3n pertinente, emita el concepto t\u00e9cnico socioecon\u00f3mico en la oportunidad debida. Acorde con lo anterior, en el t\u00e9rmino de seis (6) meses contados a partir de la emisi\u00f3n de dicho concepto, culmine el proceso de constituci\u00f3n del resguardo de la comunidad ind\u00edgena actora, si a ello hubiere lugar. Para el efecto, deber\u00e1 garantizar los derechos del Resguardo Ind\u00edgena de Males y allegar a esta Sala un informe sobre las actuaciones acometidas.\u00bb y adoptar \u00ab\u2026las medidas preventivas y de protecci\u00f3n de la comunidad ind\u00edgena Gran Jard\u00edn de la Sierra y el Resguardo Ind\u00edgena de Males, que considere necesarias para evitar que el territorio en disputa sea ocupado por terceros mientras culmina el proceso de constituci\u00f3n de su resguardo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) a la Defensor\u00eda del Pueblo que en ejercicio de las funciones que le asigna el art\u00edculo 282 de la Constituci\u00f3n Nacional, asesore y acompa\u00f1e a la comunidad ind\u00edgena Gran Jard\u00edn de la Sierra del municipio de C\u00f3rdoba \u2013 Nari\u00f1o y a su Asociaci\u00f3n Ind\u00edgena Campesina Gran Jard\u00edn de la Sierra y allegue un informe sobre el seguimiento y culminaci\u00f3n del proceso de constituci\u00f3n de resguardo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)Exhortar a la Procuradur\u00eda Delegada de Asuntos Ind\u00edgenas, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que en ejercicio de sus funciones, vigile el adelantamiento del proceso de constituci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena Gran Jard\u00edn de la Sierra. Lo propio suceder\u00e1 con la Defensor\u00eda del Pueblo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para arribar a su decisi\u00f3n, el A quo estim\u00f3 que \u00abel proceso de constituci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena Jard\u00edn de la Sierra ha tomado un tiempo irrazonable, al pasar m\u00e1s de dos a\u00f1os desde la primera solicitud ante el Ministerio del Interior y su traslado al Incoder, sin que ni siquiera se hubiese verificado una visita al territorio ni procedido estudio socioecon\u00f3mico alguno por parte de \u00e9sta \u00faltima autoridad omisi\u00f3n que ha puesto en riesgo la identidad cultural y \u00e9tnica de la comunidad, la ha privado de ser beneficiaria del Sistema General de Participaciones y ha desconocido profundamente su libertad de autodeterminaci\u00f3n y gobierno\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con la decisi\u00f3n, la Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas, Rom y Minor\u00edas del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras y el Resguardo Ind\u00edgena de Males, la impugnaron, con fundamento en similares argumentos a los que dieron soporte a sus pretensiones. En particular, la cartera ministerial aleg\u00f3 que de conformidad con la legislaci\u00f3n y la jurisprudencia sobre la materia, es competencia de la co impugnante adelantar el proceso de reconocimiento reclamado, por lo que no se le debe responsabilizar a esa autoridad del amparo otorgado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras cuestion\u00f3 que se le ordenara constituir el resguardo Ind\u00edgena Gran Jard\u00edn de la Sierra, cuando ya el Ministerio del Interior, la Gobernaci\u00f3n del Cabildo Ind\u00edgena de Males, el Alcalde Municipal de C\u00f3rdoba (Nari\u00f1o) y esa instituci\u00f3n, fueron claras en manifestar que ello era improcedente porque dicha comunidad no se encuentra registrada en sus bases de datos con el estatus de parcialidad o resguardo ind\u00edgena y porque se trata de personas que quieren usurpar los derechos que ostentan quienes en verdad integran esas organizaciones ancestrales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para finalizar, la organizaci\u00f3n ind\u00edgena opositora, aleg\u00f3 su falta de vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite pese a ostentar inter\u00e9s para intervenir. Adicionalmente, cuestiona que se concediera el amparo rogado por personas que su comunidad no ha reconocido como representante ni integrante y quien, asegura, pretende arrebatarles derechos que han ejercido pac\u00edficamente durante a\u00f1os inmemoriales. En ese sentido, aleg\u00f3 nuevamente, la falta de legitimaci\u00f3n del reclamante para elevar la presente queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y a\u00fan de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a la jurisdicci\u00f3n estuviera habilitado para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior porque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento breve y sumario y, por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto a requisitos como el de la legitimaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que aquella se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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3. Sobre este tema, la Sala se ha pronunciado de la manera que sigue:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb. (CSJ STC, 9 feb. 1996, rad. 2822; STC, 24 feb. 2004, rad. 00219-01; y STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, entre muchas otras)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el asunto bajo examen, aunque el Resguardo Ind\u00edgena impugnante insiste en la falta de legitimaci\u00f3n por activa del tutelante, la Corte encuentra que su inter\u00e9s para recurrir a esta v\u00eda constitucional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos de la comunidad ind\u00edgena Gran Jard\u00edn de la Sierra, est\u00e1 acreditado, en la medida en que las peticiones frente a las cuales exige una respuesta concreta, definitiva y de fondo por parte del Gobierno colombiano, fueron elevadas por \u00e9l, obrando como \u201cVicecacique\u201d de dicha poblaci\u00f3n, investidura que, seg\u00fan se extrae de la lectura de los documentos adjuntos a la demanda, surge de la organizaci\u00f3n gubernamental de hecho que adopt\u00f3 ese grupo para lograr su reconocimiento como resguardo ind\u00edgena independiente al de \u201cMales\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, se satisface la legitimaci\u00f3n por activa, cuestionada, se insiste por la organizaci\u00f3n ind\u00edgena opositora a la concesi\u00f3n del amparo que, dicho sea de paso, fue legalmente vinculada al tr\u00e1mite constitucional al punto que sus argumentos para desestimar las pretensiones fueron aportados y considerados en el fallo de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha reconocido el derecho de las comunidades ind\u00edgenas al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica como resguardos de esa naturaleza, con miras a garantizar diversas garant\u00edas de orden fundamental y colectivo, como las que en este caso invoca el quejoso, pues de dicho estatus, derivan m\u00faltiples prerrogativas que el Estado colombiano reconoce a los pueblos abor\u00edgenes para la protecci\u00f3n de todas las esferas de su vida, teniendo en cuenta sus usos y costumbres, su relaci\u00f3n con la tierra, su condici\u00f3n de vulnerabilidad por tratarse de grupos minoritarios e hist\u00f3ricamente violentados u olvidados por la sociedad en general, as\u00ed como la capacidad de autogobernarse y de acceder al Sistema General de Participaciones, entre muchos otros beneficios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed lo record\u00f3 la Alta Corporaci\u00f3n, en la sentencia T-379 de 2014, donde hizo la siguiente rese\u00f1a hist\u00f3rica al respecto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El derecho a la constituci\u00f3n de resguardos en los territorios que las comunidades ind\u00edgenas han ocupado ancestralmente fue protegido por primera vez por la Corte Constitucional en la sentencia T-188 de 1993.  [50] En este fallo se tutel\u00f3 el derecho de dos comunidades que hab\u00edan solicitado en repetidas ocasiones a la entidad administrativa de ordenamiento agrario, la constituci\u00f3n de un resguardo en el territorio que habitaban ancestralmente, para solucionar problemas de convivencia. La Corte concluy\u00f3 que del material probatorio se desprend\u00eda que la omisi\u00f3n de la autoridad competente de tramitar el procedimiento de constituci\u00f3n de resguardos hab\u00eda contribuido de manera directa a la vulneraci\u00f3n del derecho a la paz y a la amenaza del derecho a la vida que se cern\u00eda sobre los miembros de las parcialidades ind\u00edgenas en conflicto. Al respecto, manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

\u201cEl derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos \u00e9tnicos lleva impl\u00edcito, dada la protecci\u00f3n constitucional del principio de diversidad \u00e9tnica y cultural, un derecho a la constituci\u00f3n de resguardos en cabeza de las comunidades ind\u00edgenas.\u201d  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

Posteriormente, en la sentencia T-652 de 1998  [51], se ampar\u00f3 el derecho del pueblo Embera-Kat\u00edo del Alto Sin\u00fa, entre otras razones,  [52] porque su territorio hab\u00eda sido arbitrariamente seccionado por el Gobierno en dos resguardos, a pesar de que no exist\u00eda soluci\u00f3n de continuidad en el territorio. En esa oportunidad, la Corte se\u00f1al\u00f3 que la constituci\u00f3n de los resguardos debe \u201c(\u2026) partir del respeto por el derecho a la personalidad de cada uno de los pueblos ind\u00edgenas y raizales; para efectos jur\u00eddicos, estos pueblos deben ser identificados aplicando el art\u00edculo 1\u00b0, numerales 1 -literal b)-, y 2 del Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, o el art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto 2001 de 1988\u201d.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

De la misma manera, puede nombrarse la sentencia T-079 de 2001  [53], en la cual, la Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n estudi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el Gobernador del Resguardo Ind\u00edgena de Quizg\u00f3 asentado en el municipio de Silvia en el departamento del Cauca, quien fundamentaba la solicitud de amparo de los derechos de petici\u00f3n y de propiedad colectiva que estimaba vulnerados ante la dilaci\u00f3n injustificada en la tramitaci\u00f3n de la solicitud de ampliaci\u00f3n del resguardo por parte del INCORA. La Corte declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n de la comunidad ind\u00edgena, en el sentido de que la entidad se hab\u00eda tomado un tiempo irrazonable para dar respuesta a la solicitud de ampliaci\u00f3n del resguardo, excus\u00e1ndose \u00fanicamente en la complejidad del asunto, sin realizar otras actuaciones. Se orden\u00f3 entonces al INCORA resolver en el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas la solicitud de ampliaci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena. Lo relevante de esta providencia es que esta Corporaci\u00f3n observ\u00f3 que el plazo de 13 meses que se hab\u00eda tomado la entidad demandada para responder la solicitud, era un plazo irrazonable, pues, a pesar de que la ampliaci\u00f3n del resguardo implicaba la  discusi\u00f3n de territorios bald\u00edos, no se hab\u00eda emitido siquiera una respuesta, circunstancia que afectaba los derechos fundamentales de la comunidad ind\u00edgena  [54].    <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

La sentencia T-433 de 2011  [55], en la cual se analiz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta por representantes de las comunidades Embera Dobida de Eyakera del Choc\u00f3 contra los Ministerios de Agricultura, del Interior y de Medio Ambiente y el INCODER, debido a las dilaciones en la tramitaci\u00f3n de la titulaci\u00f3n de las tierras y constituci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena. La Corte luego de encontrar probado que la comunidad Embera Dobid\u00e1 inici\u00f3 un proceso de titulaci\u00f3n de su territorio, el cual no hab\u00eda culminado luego de 16 a\u00f1os de solicitudes e intervenciones ante el INCORA (y luego el INCODER), advirti\u00f3 que \u201cLa titulaci\u00f3n de la tierra, como derecho de las comunidades ind\u00edgenas, es esencial para la protecci\u00f3n de su derecho constitucional fundamental al reconocimiento de la diversidad \u00e9tnica y cultural. No se concibe a la comunidad ind\u00edgena sin su tierra\u201d.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

La sentencia T-009 de 2013  [56], en la cual se analiz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la comunidad ind\u00edgena Sikuani  Arizona Cupepe, del municipio de Cumaribo, Vichada, que solicitaba la constituci\u00f3n de su resguardo, que ya hab\u00eda tardado m\u00e1s de 14 a\u00f1os, ante el INCODER. La Corte tutel\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la identidad cultural, a la propiedad colectiva, a la vida digna y a la educaci\u00f3n de la comunidad ind\u00edgena accionante. Al ser esta providencia el precedente aplicable al caso concreto, sus fundamentos se desarrollar\u00e1n con m\u00e1s detalle en el ac\u00e1pite del an\u00e1lisis de la vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

Finalmente, en virtud de que en el caso concreto est\u00e1 de por medio un pueblo ind\u00edgena de contacto inicial  [57], es necesario mencionar la sentencia C-371 de 2014  [58], en la cual la Sala Plena de este Tribunal decidi\u00f3 declarar la constitucionalidad de los art\u00edculos 79, 80, 81 y 84 de la ley 160 de 1994 \u201cen el entendido que para la creaci\u00f3n de una zona de reserva campesina debe examinarse si en el \u00e1rea en la que se pretende constituir, existen territorios de pueblos ind\u00edgenas y tribales o presencia de dichos pueblos, caso en el cual deber\u00e1 garantizarse el derecho a la consulta previa\u201d. La Corte en la providencia hizo alusi\u00f3n a la presencia de pueblos de contacto inicial, con quienes no se ha tenido ninguna clase de interacci\u00f3n, \u201cpodr\u00eda facilitar que se configure una zona de reserva campesina en un espacio que tambi\u00e9n es habitado por pueblos ind\u00edgenas\u201d.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

5. Ahora bien, el art\u00edculo 85 de la Ley 160 de 1994, establece que corresponde al Incora (despu\u00e9s Incoder y hoy Agencia Nacional de Tierras y Agencia de Desarrollo Rural), estudiar las necesidades de tierras de las comunidades ind\u00edgenas, para el efecto de dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo y llevar a cabo \u00ab\u2026el estudio de los t\u00edtulos que aquellas presenten con el fin de establecer la existencia legal de los resguardos. Con tal objeto constituir\u00e1 o ampliar\u00e1 resguardos de tierras y proceder\u00e1 al saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que no pertenezcan a la respectiva parcialidad. As\u00ed mismo, reestructurar\u00e1 y ampliar\u00e1 los resguardos de origen colonial previa clarificaci\u00f3n sobre la vigencia legal de los respectivos t\u00edtulos, con las tierras pose\u00eddas por los miembros de la parcialidad a t\u00edtulo individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados en favor de la comunidad por el INCORA u otras entidades.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, de acuerdo con la informaci\u00f3n aportada por el Ministerio impugnante, el procedimiento para atender las solicitudes de reconocimiento de las comunidades que se reivindican como parcialidad ind\u00edgena en todo el territorio nacional, inicia con un estudio etnol\u00f3gico que busca establecer la realidad social de esas colectividades; estudio que es adelantado por uno de los antrop\u00f3logos adscritos a la Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas, Rom y Minor\u00edas.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

La caracterizaci\u00f3n en comento, de acuerdo con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 2.14.7.2. del Decreto 1071 de 2015, se ofrece necesaria, particularmente, cuando existe \u00ab\u2026duda sobre el car\u00e1cter y la pertenencia a un pueblo ind\u00edgena de una colectividad\u00bb, caso en el cual la Agencia Nacional de Tierras debe solicitar al Ministerio del Interior la realizaci\u00f3n de estudios etnol\u00f3gicos a fin de determinar si constituye una comunidad o parcialidad ind\u00edgena.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este sentido, la cartera ministerial precis\u00f3 que para adelantar el proceso de reconocimiento tantas veces mencionado, la ANT, debe seguir los siguientes pasos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u20261.Una vez priorizado y emitidos los respectivos autos de realizaci\u00f3n del estudio socioecon\u00f3mico, 2. Incoder realiza los trabajos de campo, 3. Sistematiza la informaci\u00f3n recogida en el campo, 4. Analiza la informaci\u00f3n, 5. Una vez sistematizada la informaci\u00f3n, no permite identificar la presencia de una comunidad y en el desarrollo del mismo, se genera[n] las dudas al respecto de lo se\u00f1alado en el par\u00e1grafo antes mencionado, solicitar\u00e1 a este Ministerio su participaci\u00f3n.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Vemos entonces que la Legislaci\u00f3n que regula la materia, hace referencia a dos tipos de procedimientos distintos entre s\u00ed, para hablar del caso concreto. Inicialmente, establece \u201cla constituci\u00f3n y\/o ampliaci\u00f3n de un resguardo ind\u00edgena\u201d a partir de la solicitud que en tal sentido hace una comunidad cuyos integrantes ostentan esa condici\u00f3n, es decir, son abor\u00edgenes y, por otra parte, consagra el proceso de \u201creestructuraci\u00f3n y\/o ampliaci\u00f3n de los resguardos de origen colonial previa clarificaci\u00f3n sobre la vigencia legal de los respectivos t\u00edtulos, con las tierras pose\u00eddas por los miembros de la parcialidad\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el caso objeto de estudio, de las diferentes solicitudes que ha elevado la comunidad representada por el actor al Ministerio del Interior, se extrae que persigue el adelantamiento de los dos tipos de procesos descritos, esto es, la constituci\u00f3n del resguardo, como uno aut\u00f3nomo y distinto al de \u201cMales\u201d, pues cuestiona su reconocimiento por parte del Incoder y, a su vez, esa organizaci\u00f3n desconoce su pertenencia a ese grupo y, por otra parte, reclama la titulaci\u00f3n de las tierras en donde se encuentra asentada, con base en la Escritura P\u00fablica No. 509 de 1906.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, frente al segundo requerimiento, el Ministerio del Interior a trav\u00e9s de su Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas, Rom y Minor\u00edas, ha sido claro en informar al actor, en varias oportunidades, como \u00e9l mismo lo pone de presente en su escrito incoatorio y en los anexos de la demanda, que no hay registro alguno de ese resguardo de origen colonial y que el mismo documento de propiedad en que se soportan para solicitar dicha titulaci\u00f3n es el que acredita al Resguardo de Males como detentador de aquellas tierras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, la comunidad tutelante carece de legitimidad para controvertir la Resoluci\u00f3n No. 1796 de 2012, emitida por el Incoder a favor del Resguardo de Males, para solicitar la clarificaci\u00f3n de la titulaci\u00f3n all\u00ed dispuesta, pues de considerar que en el \u00faltimo acto administrativo no se incluy\u00f3 la totalidad del terreno perteneciente a ese grupo, como lo asevera el reclamante, corresponde a la citada organizaci\u00f3n ind\u00edgena efectuar la correspondiente reclamaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente al t\u00f3pico de la constituci\u00f3n del resguardo de que trata la primera parte del art\u00edculo 85 de la Ley 160 de 1994, ya transcrito, la Sala comparte el criterio del Juzgador A quo, en cuanto a que pese a las diversas solicitudes del libelista que datan desde inicios del a\u00f1o 2014 y que fueron remitidas por competencia al entonces Incoder, hoy en manos de la Agencia Nacional de Tierras, su pedimento no ha sido resuelto y es deber de la accionada adelantar el procedimiento antes descrito para proceder a dar una soluci\u00f3n definitiva al asunto, sin que ello quiera decir que \u00e9sta debe ser favorable, como parece entenderlo seg\u00fan se extrae de su escrito de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, si un grupo organizado de personas elev\u00f3 desde hace m\u00e1s de tres a\u00f1os, una solicitud de reconocimiento como resguardo ind\u00edgena para efectos de obtener los beneficios legislativos y gubernamentales que la Naci\u00f3n reconoce a esas parcialidades, no hay raz\u00f3n alguna para que la autoridad competente omita su funci\u00f3n de pronunciarse al respecto, previo cumplimiento del debido proceso, establecido, como ya qued\u00f3 mencionado, en la Ley 60 de 1994 y sus decretos reglamentarios, adem\u00e1s de los que con posterioridad se han expedido en orden a garantizar los derechos de esa poblaci\u00f3n minoritaria y vulnerable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, la ANT, actual encargada de resolver el caso, no puede desconocer sus obligaciones legales de llevar a cabo el estudio socioecon\u00f3mico que hace parte de ese tr\u00e1mite y que ha sido reclamado taxativamente por el memorialista, para luego sistematizar y analizar la informaci\u00f3n obtenida y determinar si hay claridad o no sobre la presencia de una comunidad ind\u00edgena y la necesidad de solicitar el estudio etnogr\u00e1fico al Ministerio del Interior, todo ello, con miras a ofrecer una verdadera respuesta al pueblo requirente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ello, sin embargo, no comporta la transgresi\u00f3n ni el desconocimiento de los derechos del Resguardo de Males ya reconocido en la zona, pues ser\u00e1 competencia absoluta y aut\u00f3noma de la ANT, la decisi\u00f3n que respecto al asunto habr\u00e1 de adoptar, pero todo ello, una vez finalizada la ritualidad procesal ilustrada, donde, adem\u00e1s se dispuso garantizar los derechos de aquella, pues es l\u00f3gico que antes de hacer un exhaustivo trabajo de campo, no es posible ofrecer una soluci\u00f3n a la poblaci\u00f3n en favor de quien se incoa el amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden, la Sala confirmar\u00e1 integralmente la decisi\u00f3n objeto de censura, toda vez que no encuentra que al Ministerio del Interior se le hubiese impartido orden alguna con relaci\u00f3n al amparo, pues simplemente se le mencion\u00f3 par indicar que se proteger\u00edan los derechos de la comunidad representada por el accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 A cuya Junta de Acci\u00f3n comunal le fue reconocida personer\u00eda jur\u00eddica mediante Resoluci\u00f3n No. 0027-2003 expedida por la Subsecretar\u00eda de Desarrollo Comunitario de la Gobernaci\u00f3n de Nari\u00f1o.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3804-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2016-00120-02   (Aprobado en sesi\u00f3n quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100162","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100162","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100162"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100162\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100162"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100162"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100162"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}