{"id":100163,"date":"2026-06-25T20:10:44","date_gmt":"2026-06-25T20:10:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3805-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:10:44","modified_gmt":"2026-06-25T20:10:44","slug":"stc3805-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3805-2017\/","title":{"rendered":"STC3805-2017"},"content":{"rendered":"

      ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3805-2017  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2017-00088-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de  quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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        Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el catorce de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juli\u00e1n Cesar Escobar Mafla contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n Civil, ambos del referido Distrito Judicial, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y vivienda digna que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo hipotecario instaurado en su contra, porque se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, sin revisar adecuadamente le t\u00edtulo base de la acci\u00f3n; adem\u00e1s se aprob\u00f3 una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la demandante, en la que no se acredita la idoneidad de quien la realiz\u00f3, ni fue revisada por la Superintendencia Financiera, y a\u00fan m\u00e1s grave, se fij\u00f3 fecha para remate.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende, que se ordene al Juzgado \u00absuspender la diligencia de remate hasta tanto no revise las pruebas entregadas a trav\u00e9s de mi apoderado\u00bb donde se evidencia las irregularidades con la que el Banco ha cobrado la obligaci\u00f3n. [Folio 3, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Bancolombia S.A., inici\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria contra el ac\u00e1 accionante, a fin de que \u00e9ste cancelara unos dineros incorporados en un pagar\u00e9, que fue allegado como base de la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. El Conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, que en auto de 20 de junio de 2011, libr\u00f3 mandamiento de pago, en la forma solicitada.  <\/span><\/p>\n

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4. Notificado el ejecutado por intermedio de Curador Ad-litem, guardo silencio, por lo que el 28 de abril de 2014, se profiri\u00f3 providencia ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n y por ende, rematar el inmueble objeto de la garant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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5. La parte demandante, present\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la cual fue aprobada mediante auto de 2 de febrero de 2015.  <\/span><\/p>\n

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6. En prove\u00eddo de 19 de diciembre de 2016, avaluado y secuestrado el inmueble hipotecado, se fij\u00f3 fecha y hora para llevar a cabo el remate del de \u00e9ste, para el 14 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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7. En criterio del peticionario del amparo las autoridades judiciales vulneraron sus derechos deprecados, porque sin revisar adecuadamente le t\u00edtulo base de la acci\u00f3n, se dio tr\u00e1mite a la demandada interpuesta en virtud de aqu\u00e9l, se libr\u00f3 mandamiento de pago y se seguir adelante la ejecuci\u00f3n, en total estado de indefensi\u00f3n, e incluso, se ha se\u00f1alado fecha para el remate de sus inmuebles.   <\/span><\/p>\n

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De igual forma, indic\u00f3 que se aprob\u00f3 una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la demandante, en la que no se acredita la idoneidad de quien la realiz\u00f3, ni fue revisada por la Superintendencia Financiera. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 6 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, orden\u00e1ndose el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 6, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Tercero Civil del  de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, luego de hacer un recuento de lo actuado ante dicho Despacho, indic\u00f3 que no era procedente el amparo, porque adem\u00e1s de que no se cumple con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, tampoco se encontraba que se hubiese incurrido en una de las causales para la prosperidad de la protecci\u00f3n frente a decisiones judiciales. [Folio 12, c.1]  <\/span><\/p>\n

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De igual forma, Bancolombia S.A., solicit\u00f3 se denegara el amparo porque  no exist\u00eda ninguna vulneraci\u00f3n a los derechos del accionante. [Folio 23, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. Mediante providencia de 14 de febrero de 2017, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos invocados, porque no se cumpl\u00edan los principios de inmediatez y subsidiariedad, como quiera que el actor pese a considerar vulneratorios de sus derechos con el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de 15 de febrero de 2015, lo que evidencia que dej\u00f3 transcurrir m\u00e1s de 2 a\u00f1os para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional, sumado a que no interpuso los mecanismos, como la objeci\u00f3n a dicha actuaci\u00f3n, pese a que cont\u00f3 con todas las garant\u00edas al interior del proceso. [Folio 33, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con dicha providencia, el reclamante la impugn\u00f3, con sustento en que el remate se hab\u00eda llevado el d\u00eda anterior, sin que se hubiera resuelto la tutela, lo que gener\u00f3 un da\u00f1o irreparable. [Folios 37 y 38, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

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Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: \u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. (CSJ STC, 2 Ago 2007, Rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a esta herramienta excepcional, pues no se puede convertir en generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de otras personas.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, el segundo de los requisitos de procedibilidad del reclamo constitucional, est\u00e1 referido a la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, al amparo no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con tal postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 como causal de improcedencia la de existir \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso bajo estudio, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el reclamante del amparo cuestiona el auto mandamiento de pago, la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y la que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte demandante, providencias que datan de 20 de junio de 2011, 28 de abril de 2014 y 2 de febrero de 2015, en tanto que se acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n constitucional el 3 de febrero de 2017, luego de transcurrido m\u00e1s de 2 a\u00f1os de proferida la \u00faltima de las decisiones y 3 y 6 a\u00f1os respecto de las otras.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior deja en evidencia que el peticionario del amparo para interponer la tutela dej\u00f3 transcurrir un per\u00edodo superior al que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que hubiera demostrado alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. A\u00fan si se hiciera abstracci\u00f3n de lo anterior, no ser\u00eda posible acceder a las pretensiones del ciudadano, porque no atienden el comentado principio de subsidiariedad, pues el accionante no aprovech\u00f3 los recursos que ten\u00eda a su alcance al interior del proceso ejecutivo para propender por la protecci\u00f3n de los derechos que ahora estima vulnerados, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esos mecanismos de contradicci\u00f3n ordinarios, que en su momento no emple\u00f3 para proteger las garant\u00edas constitucionales cuya protecci\u00f3n reclama.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, en lo concerniente \u00abfalta de claridad del t\u00edtulo, falta de unidad jur\u00eddica del t\u00edtulo base de recaudo y el petitum de la demanda, inexistencia real del t\u00edtulo valor como base de recaudo, liquidaci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n efectuada arbitrariamente por la parte demandante sin aceptaci\u00f3n de la misma por la parte demandada y sin el conocimiento de esta lo cual va en contra de la ley marco de vivienda, cobro de intereses sobre un capital inexistente, inaplicabilidad de la ley comercial al contrato de mutuo con intereses para la adquisici\u00f3n de vivienda, error esencial de hecho, excesiva onerosidad de la obligaci\u00f3n, exceso en el cobro de intereses y los provenientes del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n del t\u00edtulo valor\u00bb, se resalta por la Sala que el ejecutado no manifest\u00f3 no expueso nada al respecto al interior del proceso, y en las oportunidades procesales, las inconformidades que alega en sede de tutela, a trav\u00e9s de las excepciones previas o de m\u00e9rito, pese a que fue notificado en legal forma, por lo que desaprovech\u00f3 dichos medios de defensa, sin que sea permitido que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional se suplan los mecanismos ordinarios de defensa que no agot\u00f3 en el tr\u00e1mite referido.  <\/span><\/p>\n

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De igual forma, respecto a las presuntas irregularidades sobre la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues a pesar de tener la posibilidad de objetar dichas cuentas de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 521 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma vigente para la fecha del proferimiento de tal decisi\u00f3n (2 de febrero de 2015).  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, ninguna actuaci\u00f3n de las referidas despleg\u00f3 en su defensa el tutelante, a pesar de que eran los mecanismo id\u00f3neas para exponer las quejas que por esta v\u00eda realiza, lo que evidencia la decid\u00eda con la que ha actuado el promotor del amparo en su defensa.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que atendido el car\u00e1cter subsidiario de la queja constitucional, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Adicional a lo expuesto, en relaci\u00f3n a la queja del tutelante, sobre que se haya realizado el remate sin resolverse la tutela, debe decirse que tal circunstancia tampoco constituye alguna vulneraci\u00f3n, porque lo cierto es que tal acto deriva de determinaciones v\u00e1lidamente proferidas en el curso de la ejecuci\u00f3n, las cuales no se suspenden por la interposici\u00f3n del queja.    <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte ha se\u00f1alado que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la  interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb.  (Sentencia de 28 de octubre de 2009, exp. T-2009-1496-01, citada el 29 de agosto de 2012, exp. 2012-01295-01).  <\/span><\/p>\n

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5. De las anteriores consideraciones surge evidente que la protecci\u00f3n reclamada en esta excepcional v\u00eda deb\u00eda denegarse, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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