{"id":100164,"date":"2026-06-25T20:10:52","date_gmt":"2026-06-25T20:10:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3806-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:10:52","modified_gmt":"2026-06-25T20:10:52","slug":"stc3806-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3806-2017\/","title":{"rendered":"STC3806-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3806-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 66001-22-13-000-2017-00063-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Alcald\u00eda y Personer\u00eda Municipales, a la Regional Risaralda de la Defensor\u00eda del Pueblo y de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Banco de la Mujer S.A.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la vida digna y \u201cgarant\u00edas procesales\u201d, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, al no tener por publicado el aviso a la comunidad de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, con la difusi\u00f3n que de \u00e9l hizo la emisora de la Polic\u00eda Nacional, seg\u00fan certificaci\u00f3n aportada a las diligencias.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se ordene a la sede demandada tener por satisfecha dicha actuaci\u00f3n procesal. [Folio 2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 27 de mayo de 2015, el tutelante present\u00f3 Acci\u00f3n Popular contra el Banco de la Mujer, sucursal de la calle 19, sin n\u00famero, contiguo al 10-76 de la ciudad de Pereira, por considerar que vulneraba los derechos colectivos de sus usuarios en condici\u00f3n de discapacidad, porque carece de v\u00edas de accesibilidad id\u00f3neas para ellos.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de dicha localidad, mediante auto de 3 de junio de 2015, admiti\u00f3 la referida demanda y orden\u00f3 las notificaciones y publicaciones de ley. Particularmente orden\u00f3 que a costa del demandante se comunicara lo decidido a la comunidad, mediante la publicaci\u00f3n \u00ab\u2026en el Diario del Ot\u00fan o en el Peri\u00f3dico La Tarde\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. El 7 de septiembre de 2015, se tuvo por contestada oportunamente la demanda, se reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado judicial de la entidad financiera y \u00ab[c]on el fin de impulsar el tr\u00e1mite ordenado en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998\u2026\u00bb, se orden\u00f3 oficiar a la Polic\u00eda Nacional para que publicara a trav\u00e9s de su emisora el aviso a la comunidad; adicionalmente, se dispuso integrar el contradictorio con el arrendador del predio donde funciona el local comercial de la accionada.  <\/span><\/p>\n

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4. El 23 de octubre siguiente, se ofici\u00f3 a la instituci\u00f3n de seguridad mencionada, a efectos de que informara los resultados del tr\u00e1mite encomendado, requerimiento en el que se insisti\u00f3 mediante auto de julio 18 de 2016.  <\/span><\/p>\n

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5. El 4 de agosto de 2016, la autoridad contest\u00f3 que \u00ab\u2026a trav\u00e9s de la emisora 99.1 FM, se dio a conocer ampliamente la informaci\u00f3n solicitada, desde el momento de recibir el documento, de manera permanente y por un periodo de 20 d\u00edas.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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6. El 10 del mismo mes y a\u00f1o, la autoridad cognoscente orden\u00f3 publicar el aviso a la comunidad nuevamente, pero esta vez, \u00ab\u2026en un diario de amplia y reconocida circulaci\u00f3n en la Regi\u00f3n a costa del interesado\u2026\u00bb, en aras de evitar eventuales nulidades, para lo cual otorg\u00f3 al actor popular un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, so pena de declarar el desistimiento t\u00e1cito de su queja.  <\/span><\/p>\n

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7. El 3 de octubre de 2016, el fallador decret\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada de la queja, ante el transcurso del lapso concedido sin que se solventara la carga procesal rese\u00f1ada.  <\/span><\/p>\n

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8. Inconforme, el reclamante recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n aquella determinaci\u00f3n, pues en su sentir, dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico es inaplicable a la acci\u00f3n popular por su naturaleza constitucional.  <\/span><\/p>\n

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9. El 26 de octubre siguiente, se resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n adoptada y negar la concesi\u00f3n de la censura subsidiaria por improcedente.  <\/span><\/p>\n

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10. El promotor del amparo acude a este mecanismo por considerar que el juez de la causa ha vulnerado sus prerrogativas constitucionales al \u00ab\u2026no darle valor\u2026\u00bb a la publicaci\u00f3n realizada por la emisora de la Polic\u00eda Nacional. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 3 de febrero de 2017 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 5, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Personer\u00eda Municipal de Pereira intervino para recordar el car\u00e1cter constitucional y preventivo de las acciones populares, as\u00ed como el deber de toda autoridad judicial de darle el tr\u00e1mite establecido en la normatividad especial que regula la materia, sin exponer su criterio frente al caso concreto. [Folios 8-10, c.1]  <\/span><\/p>\n

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La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regional Risaralda y la Alcald\u00eda Municipal de Pereira, por su parte, se declararon ajenas a los hechos que suscitan la protecci\u00f3n invocada. [Folios 12-13 y 24-30, c.1]  <\/span><\/p>\n

El Juzgado tutelado, remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n cuestionada, sin pronunciarse frente a la solicitud de amparo. [Folios 15-16 y 19-22, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. El 17 de febrero de 2017 el Tribunal, neg\u00f3 el amparo deprecado, por hallar insatisfecho el requisito de la subsidiaridad que rige el amparo, en tanto que el tutelante no hizo uso del recurso que proced\u00eda contra la decisi\u00f3n censurada. [Folios 35-38, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el quejoso indic\u00f3 que apela el fallo, sin adicionar los motivos de su inconformidad. [Folio 41, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para cuestionar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha considerado que cuando el pronunciamiento objeto de reproche desconoce de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, no resulta conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01)  <\/span><\/p>\n

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Igualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01)  <\/span><\/p>\n

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2. As\u00ed ocurre en el caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de subsidiariedad, por no recurrirse la providencia que se cuestiona, es evidente que el Juzgador incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho que afecta el debido proceso del actor, pues sin raz\u00f3n jur\u00eddica alguna se desconoci\u00f3 la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad que llev\u00f3 a cabo la emisora de la Polic\u00eda Nacional (99.1 FM), cuando de la comunicaci\u00f3n emitida por esa autoridad, a solicitud del juzgado, a trav\u00e9s de dicho medio de comunicaci\u00f3n \u00ab\u2026se dio a conocer ampliamente la informaci\u00f3n solicitada, desde el momento de recibir el documento, de manera permanente y por un periodo de 20 d\u00edas.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala observa que el \u00fanico argumento que esgrimi\u00f3 el funcionario para desatender aquella constancia de difusi\u00f3n, fue la necesidad de evitar futuras nulidades, pero, en manera alguna explic\u00f3 de qu\u00e9 manera podr\u00eda estar viciada la actuaci\u00f3n en caso de considerar satisfecha de esa manera la comunicaci\u00f3n de la queja a la comunidad, pese a que el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, es clara al se\u00f1alar que dicha publicaci\u00f3n podr\u00e1 llevarse a cabo \u00ab\u2026a trav\u00e9s un medio masivo de comunicaci\u00f3n o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Mem\u00f3rese que esta Corporaci\u00f3n, ha puesto de relieve la importancia de ciertos principios en desarrollo de las acciones populares, por tratarse de un \u00abmecanismo constitucional para la defensa de derechos e intereses colectivos\u2026\u00bb pues no en vano, el legislador enfatiz\u00f3 en la normatividad especial que las regula en la aplicaci\u00f3n \u00ab\u2026de los principios de \u201cprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u201d, los cuales deben materializarse por v\u00eda del impulso oficioso, preferente y proactivo por parte del Juez en orden a obtener una decisi\u00f3n de fondo, as\u00ed como de la prescripci\u00f3n de facilidades para la formulaci\u00f3n de la \u201cdemanda o petici\u00f3n\u201d\u00bb (arts. 5, 6, 14, 17, 18, entre otros de la Ley 472 de 1998). (CSJ AC013-201712 Ene. 2017, Rad. 2016-03353-00).  <\/span><\/p>\n

Y es que, si por disposici\u00f3n expresa del juzgador accionado se llev\u00f3 a cabo la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad por medio de la emisora de la Polic\u00eda Nacional, tal como se dispuso en auto de 7 de septiembre de 2015, a fin de dar impulso oficioso al asunto, mal pod\u00eda desconocer posteriormente el juzgador aquella orden, al disponer una nueva publicaci\u00f3n del aviso en un \u00ab\u2026diario de amplia y reconocida circulaci\u00f3n en la Regi\u00f3n\u2026\u00bb, m\u00e1xime, cuando, se reitera, no se motiv\u00f3 de ninguna manera cu\u00e1l era la raz\u00f3n jur\u00eddica que le imped\u00eda considerar satisfecha aquella actuaci\u00f3n, con la ya adelantada.  <\/span><\/p>\n

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3. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado y en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos la decisi\u00f3n censurada y las que derivaron de aquella, y en su lugar, contin\u00fae con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular donde se origin\u00f3 la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional invocada. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos la decisi\u00f3n censurada y las que derivaron de aquella, y en su lugar, contin\u00fae con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular donde se origin\u00f3 la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3806-2017   Radicaci\u00f3n n. 66001-22-13-000-2017-00063-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100164","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100164","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100164"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100164\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}