{"id":100166,"date":"2026-06-25T20:11:23","date_gmt":"2026-06-25T20:11:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3808-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:11:23","modified_gmt":"2026-06-25T20:11:23","slug":"stc3808-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3808-2017\/","title":{"rendered":"STC3808-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3808-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2017-00001-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el veinticinco de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Martha, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Arloth Murc\u00eda Medina contra el Ministerio del Trabajo, tr\u00e1mite al que se dispuso vincular a EPS Sanitas, Positiva ARL.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, estabilidad laboral reforzada, seguridad social, m\u00ednimo vital, y dignidad, los cuales considera vulnerados por el ente ministerial accionado, que en resoluci\u00f3n de 27 de octubre de 2016 declar\u00f3 insubsistente el nombramiento que se le hizo en el cargo de \u00abDirectora Territorial C\u00f3digo 0042 Grado 12, de libre nombramiento y remoci\u00f3n, ubicado en la Direcci\u00f3n Territorial de Magdalena\u00bb, el cual ven\u00eda desempe\u00f1ando desde el 14 de mayo de 2015.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, entonces, que se deje sin efecto el referido acto administrativo y, en su lugar, se ordene su reintegro inmediato, bien sea al cargo que ven\u00eda ejerciendo o en uno de iguales caracter\u00edsticas y asignaci\u00f3n mensual.  Como consecuencia de lo anterior, solicita el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, as\u00ed como el pago de la indemnizaci\u00f3n que contempla el art\u00edculo 26 de la ley 361 de 1997. [Folio 28, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Mediante resoluci\u00f3n 1963 de 12 de mayo de 2015, la accionante se vincul\u00f3 con el Ministerio de Trabajo en el cargo de Director Territorial C\u00f3digo 42, Grado 12, de libre nombramiento y remoci\u00f3n, ubicado en la direcci\u00f3n Territorial del Magdalena.  <\/span><\/p>\n

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2. Enterada de la designaci\u00f3n, la tutelante tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo el d\u00eda 14 del mismo mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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3. En resoluciones emitidas el 11 de noviembre de 2015, 15 de enero y 2 de septiembre de 2016, con ocasi\u00f3n de las dolencias que padec\u00eda la accionante, se le concedi\u00f3 licencia remunerada por el t\u00e9rmino de 5, 5 y 9 d\u00edas, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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4. Aduce la accionante que debido a las incapacidades que le prescribieron, empez\u00f3 a recibir llamadas de parte de la Rosa Mar\u00eda Ariza Gamba, Subdirectora de Talento Humano de la cartera ministerial accionada, quien de forma insistente solicit\u00f3 que presentara renuncia al cargo que ejerc\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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5. En vista de lo anterior, con fundamento en las disposiciones de la ley 1010 de 2006, la tutelante present\u00f3 queja por acoso laboral, tr\u00e1mite que fue iniciado por parte de la Doctora Erminda D\u00edaz, quien en varias ocasiones la cit\u00f3 a efectos de realizar video conferencia con la persona contra la cual se formulaba la queja, pero debido a problemas t\u00e9cnicos y laborales, no asisti\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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6. Pese a lo anterior, mediante resoluci\u00f3n 4380 de 27 de octubre de 2016, la Ministra del Trabajo, sin ning\u00fan tipo de motivaci\u00f3n, declar\u00f3 insubsistente el nombramiento que se le hab\u00eda realizado para ocupar el cargo mencionado.   <\/span><\/p>\n

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5. En resoluci\u00f3n de 21 de diciembre de 2016 se orden\u00f3 a favor de la exfuncionaria el pago de $16\u2019061.059, por concepto de liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales.  <\/span><\/p>\n

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6. La peticionaria del amparo considera que la entidad accionada transgredi\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales con el acto de insubsistencia, pues no tuvo en cuenta que ante sus padecimientos m\u00e9dicos y la queja que formul\u00f3 por acoso laboral, aquella integra el grupo de personas respecto de las cuales es predicable la estabilidad laboral reforzada.  Adujo tambi\u00e9n que dicha decisi\u00f3n, ante sus especiales circunstancias, debi\u00f3 ser motivada.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a las autoridades involucradas para que ejercieran su derecho a la defensa. (Folio 37)  <\/span><\/p>\n

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2. Sanitas EPS inform\u00f3 que la accionante se encuentra afiliada al sistema de seguridad social en salud como beneficiaria de su esposo, sin que pueda considerarse que los hechos en que se fundamenta la vulneraci\u00f3n le sean atribuibles.   <\/span><\/p>\n

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El Ministerio del Trabajo inform\u00f3 que no ha vulnerado los derechos de la accionante, pues el cargo que aquella desempe\u00f1aba era de libre nombramiento y remoci\u00f3n, y en ese sentido, la permanencia de aquella en el cargo hace parte de la discrecionalidad del nominador. Adujo que debido a las caracter\u00edsticas especiales del empleo, tampoco le es exigible la motivaci\u00f3n del acto administrativo a trav\u00e9s del cual fue declarada insubsistente.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con la queja laboral, adujo que ante la ausencia del material probatorio que certifique lo dicho por la accionante, necesario es esperar la culminaci\u00f3n del tr\u00e1mite que al respecto aquella inici\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte ARL positiva inform\u00f3 que con ocasi\u00f3n de las dolencias de la accionante, se inici\u00f3 el procedimiento tendiente a establecer el origen de su patolog\u00eda, y teniendo en cuenta que no se encontraron pruebas que permitieran concluir que el mismo tiene lugar con las actividades que aquella desempe\u00f1aba, concluy\u00f3 que \u00abes de origen com\u00fan\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. En fallo de 25 de enero de 2017, el Tribunal Superior de Santa Marta neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada porque la actora ten\u00eda otros medios de defensa, como la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho contra la decisi\u00f3n cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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4. Reiterando los argumentos de su escrito inicial, la promotora del amparo impugn\u00f3 el fallo.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo porque el accionante, previo a acudir al amparo constitucional debi\u00f3 ejercer los medios de defensa ordinarios que la legislaci\u00f3n laboral y administrativa contemplan para que se formule el reclamo que aqu\u00ed expone.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el cuestionamiento y debate del acto administrativo proferido por el Ministerio de Trabajo el 27 de octubre de 2016, que declar\u00f3 insubsistente su nombramiento en el cargo de \u00abDirector Territorial C\u00f3digo 0042 Grado 12, de libre nombramiento y remoci\u00f3n, ubicado en la direcci\u00f3n Territorial Magdalena\u00bb, debi\u00f3 suscitarse y definirse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, mediante las acciones correspondientes, como la de nulidad y restablecimiento del derecho, en virtud de la cual, incluso, pudo solicitar la suspensi\u00f3n provisional de la decisi\u00f3n que consideraba lesiva a sus derechos.   <\/span><\/p>\n

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Es en tal escenario creado por el legislador en donde el peticionario del amparo puede debatir las irregularidades que advierta respecto de la decisi\u00f3n de la que se queja, si es que advierte en la misma un exceso o desv\u00edo por parte de quien fuese su empleador, como ac\u00e1 se alega. En efecto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la accionada y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar. (\u2026) Recu\u00e9rdese que en situaciones como la acaecida, orientada al an\u00e1lisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad \u201ccorresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u201d\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2000, rad. 1030, reiterada en STC, 6 nov. 2009, rad. 00335-01 y CSJ STC, 23 jul. 2013, rad. 00348-01)   <\/span><\/p>\n

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De ese modo, si el tutelante no aprovech\u00f3 los instrumentos de defensa que tuvo a su alcance, no puede aspirar a que en esta excepcional v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que \u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ SC 26 Ene. 2011, Exp. 00027-00)  <\/span><\/p>\n

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3. Sin que pueda considerarse que las falencias advertidas pueden superarse, pues de lo aducido por la accionante y las respuestas brindadas por las autoridades accionadas, no logra acreditarse un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria.   <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, de atender que, de un lado, ante la declaratoria de insubsistencia, a la accionante se le cancelaron todas las prestaciones sociales que la legislaci\u00f3n laboral establece, lo que garantiza la subsistencia econ\u00f3mica de aquella, y de otro,  no se observa que la culminaci\u00f3n de la vinculaci\u00f3n laboral genere una mengua en la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos que aquella requiere para el tratamiento de su dolencia, pues seg\u00fan inform\u00f3 Sanitas EPS, la tutelante tiene afiliaci\u00f3n vigente como beneficiaria de su esposo.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, posible es concluir que en el caso, (\u2026) no se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional (CSJ STC 11 may. 2010, exp. 00249-01, reiterada 11 feb. 201, Rad. 2015-03212-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Por \u00faltimo, en lo que respecta a la queja por acoso laboral, si bien esta Corporaci\u00f3n reconoce el pronunciamiento que al respecto emiti\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia T-882 de 20061, seg\u00fan el cual el tr\u00e1mite administrativo que al respecto se adelanta cuando la v\u00edctima es un funcionario p\u00fablico no resulta ser eficaz, lo cierto es que en el presente caso, mas all\u00e1 de las afirmaciones realizadas por la tutelante, no se encuentran suficientes elementos probatorios que permitan concluir que la conducta denunciada se concret\u00f3, siendo entonces imposible la intromisi\u00f3n del juez de tutela en ese punto.  <\/span><\/p>\n

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5. Las anteriores razones se estiman suficientes para concluir la negativa de las s\u00faplicas del presente tr\u00e1mite, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia.    <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u00abcuando el acoso laboral tiene lugar en el sector p\u00fablico, la v\u00edctima del mismo cuenta tan s\u00f3lo con la v\u00eda disciplinaria para la protecci\u00f3n de sus derechos, mecanismo que no s\u00f3lo es de car\u00e1cter administrativo y no judicial en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 86 Superior, sino que no resulta ser eficaz para el amparo del derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas. Aunado a lo anterior, como se ha se\u00f1alado, para el caso del sector p\u00fablico el legislador no previ\u00f3 la puesta en marcha de medidas preventivas, como s\u00ed su sucede en el \u00e1mbito privado\u00bb.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3808-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2017-00001-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100166","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100166"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100166\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100166"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}