{"id":100169,"date":"2026-06-25T20:11:53","date_gmt":"2026-06-25T20:11:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3811-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:11:53","modified_gmt":"2026-06-25T20:11:53","slug":"stc3811-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3811-2017\/","title":{"rendered":"STC3811-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3811-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2017-00020-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 15 de febrero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Grupo Prodigyo S.A. contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n iniciada por Mar\u00eda Helena Jim\u00e9nez Cariello frente a la aqu\u00ed actora.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        La sociedad accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos consagrados en los art\u00edculos 11, 13 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, presuntamente lesionados por la autoridad jurisdiccional querellada.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que negoci\u00f3 la n\u00famero 57 de esas unidades inmobiliarias con Mar\u00eda Helena Jim\u00e9nez Cariello y en desarrollo de ese pacto, suscribieron una promesa de compraventa, donde se convino como precio del inmueble $84.990.000, pag\u00e1ndose de \u00e9ste como cuota inicial $25.500.000.  <\/span><\/p>\n

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Relata que si bien en ese documento se fij\u00f3 el 5 de marzo de 2014 para firmar la escritura de compraventa en la Notar\u00eda Segunda de dicha ciudad, entre las 8:30 a.m. y las 9:00 a.m., con anterioridad a ese d\u00eda se explic\u00f3 la imposibilidad de hacerlo porque  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) el \u00e1rea de ventas hab\u00eda informado que las obras de terminados de zonas comunes estaban atrasadas por efecto de los acontecimientos de orden p\u00fablico, esto es, los constantes atentados en la v\u00eda Panamericana de Cali a Popay\u00e1n, los hechos notorios de bloqueo de los campesinos y las intensas lluvias que mermaron la capacidad de desarrollo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

Advierte que a pesar de indicarle a Jim\u00e9nez Cariello la viabilidad de ampliar en un mes el lapso para la escrituraci\u00f3n, conforme a lo establecido en la promesa, \u00e9sta se neg\u00f3 y asesorada por su abogado y esposo, Humberto Molano Hoyos, exigi\u00f3 la expedici\u00f3n de un acta de comparecencia en la mencionada Notar\u00eda, report\u00e1ndose la presencia de ambos contratantes.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que tampoco hab\u00eda lugar a firmar la enajenaci\u00f3n porque s\u00f3lo hasta el mismo 5 de marzo de 2014, a las 9:30 a.m. se alleg\u00f3 \u201c(\u2026) la carta de cr\u00e9dito de DAVIVIENDA y ella por s\u00ed misma no daba lugar al pago del precio, pues no estaba la minuta de hipoteca y [su] (\u2026) suscripci\u00f3n (\u2026) por el representante (\u2026)\u201d del banco.  <\/span><\/p>\n

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Como, en su criterio, la situaci\u00f3n descrita generaba un \u201cmutuo disenso\u201d, cuando la promitente compradora reclam\u00f3 lo devuelto como cuota inicial y la cancelaci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal, convenida en $8.499.000, se le inform\u00f3 que s\u00f3lo hab\u00eda lugar a restituirle lo primero.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que no logr\u00f3 celebrar un nuevo acuerdo con la prenombrada, por lo cual \u00e9sta inici\u00f3 en su contra el decurso ejecutivo aqu\u00ed censurado.  <\/span><\/p>\n

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Tan pronto como se enter\u00f3 de ese litigio y para evitar las cautelas decretadas, el 9 de abril de 2014 consign\u00f3 a \u00f3rdenes del a quo los $25.500.000 depositados por Jim\u00e9nez Cariello para que \u00e9sta los reclamara.  <\/span><\/p>\n

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Frente al mandamiento de pago, librado por la suma antes rese\u00f1ada m\u00e1s la cl\u00e1usula penal, la tutelante, a trav\u00e9s de reposici\u00f3n, aleg\u00f3 \u201c(\u2026) falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva [e] inexistencia de t\u00edtulo claro expreso y exigible que se pueda derivar como elemento para ejecutar y acceder a las pretensiones (\u2026)\u201d, fundando esas defensas, en s\u00edntesis, en el incumplimiento de las obligaciones por parte de la demandante.  <\/span><\/p>\n

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Mediante sentencia anticipada de 25 de noviembre de 2014 el Juzgado Segundo Civil Municipal de Descongesti\u00f3n decret\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de ausencia de legitimaci\u00f3n y declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, providencia notificada con edicto desfijado el 3 de diciembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que a pesar de enviarse el expediente al estrado de origen, dada la firmeza de la providencia descrita, con posterioridad se agreg\u00f3 un escrito allegado, supuestamente, el 3 de diciembre de 2014, con el cual su contraparte  demandaba la adici\u00f3n del citado fallo y por lo cual las diligencias regresaron al despacho de descongesti\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Esa \u00faltima autoridad, el 16 de junio de 2015 complement\u00f3 su providencia para disponer la entrega de los $25.500.000 a Prodigyo S.A.  <\/span><\/p>\n

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Acota que s\u00f3lo frente a esa determinaci\u00f3n se propuso apelaci\u00f3n; sin embargo, el 1\u00b0 de julio de 2015 se concedi\u00f3 el recurso contra la sentencia y su adici\u00f3n y aunque formul\u00f3 reposici\u00f3n respecto de ese \u00faltimo pronunciamiento, la misma se neg\u00f3 el 11 de diciembre de 2015.  <\/span><\/p>\n

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La alzada correspondi\u00f3 al juzgado del circuito querellado y \u00e9ste la admiti\u00f3 el 23 de febrero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Luego de recepcionarse las alegaciones de los extremos procesales, se profiri\u00f3 fallo el 26 de octubre de 2016 revoc\u00e1ndose el de primer grado e imponi\u00e9ndose seguir adelante el compulsivo de acuerdo con el mandamiento coercitivo; adem\u00e1s, se imput\u00f3 a la obligaci\u00f3n como pago parcial los $25.500.000 consignados por la querellante.  <\/span><\/p>\n

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Con ese pronunciamiento se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, por cuanto (i) se le dio fuerza ejecutiva a la promesa por el s\u00f3lo hecho de no suscribirse la escritura de compraventa; (ii) se adujo equivocadamente que la compradora compareci\u00f3 a la Notar\u00eda para \u201c(\u2026) pagar el saldo (\u2026)\u201d, cuando la carta de aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito se alleg\u00f3 apenas el 5 de marzo de 2014, de forma extempor\u00e1nea a las 9:30 a.m. y sin los tr\u00e1mites adicionales; (iii) se estim\u00f3 erradamente que ese documento era \u201cgarant\u00eda de pago\u201d, a pesar de pactarse en la cl\u00e1usula d\u00e9cima de la promesa, \u201c(\u2026) que si no se ha[b\u00eda] pagado la deuda (\u2026) p[od\u00eda] la vendedora abstenerse de firmar (\u2026)\u201d; y (iv) no se resolvi\u00f3 sobre el fundamento de las \u201cexcepciones\u201d invocadas.  <\/span><\/p>\n

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El 1\u00b0 de diciembre de 2016 se aprobaron las costas a cargo de la actora en $2.543.000 y en auto de 12 de diciembre de 2016, se decret\u00f3 el embargo de las cuentas bancarias por $58.000.000.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que tras consignar $13.000.000 para evitar la materializaci\u00f3n de las medidas cautelares, recurri\u00f3 las anteriores decisiones y en prove\u00eddo de 12 de enero de 2017 se dispuso mantener lo concerniente a las costas y ajustar las cautelas en $20.000.000 (fls. 1 al 14, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Pide, en concreto, revocar la decisi\u00f3n de segunda instancia (fl. 14, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado    <\/span><\/p>\n

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La titular del estrado querellado se opuso a la prosperidad de la salvaguarda porque, en su sentir, no cometi\u00f3 arbitrariedad en la providencia criticada, pues  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) las motivaciones all\u00ed plasmadas est\u00e1n dentro del \u00e1mbito de interpretaci\u00f3n que permite la norma, sin que se advierta defecto sustancial alguno, como tampoco procedimental, en tanto que, se motivaron debidamente las decisiones tomadas y en todo momento se observaron las formas propias del proceso, respetando las garant\u00edas de las partes comprometidas (\u2026). [A\u00f1adi\u00f3 que] en el caso a estudio (sic) de la promesa de compraventa se desprende una obligaci\u00f3n que re\u00fane los requisitos que se se\u00f1alan en el art. 488 [del C.P.C.] para demandarse ejecutivamente (\u2026)\u201d (fls. 212 y 213, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal accedi\u00f3 a la salvaguarda impetrada y, en consecuencia, dej\u00f3 sin efecto el fallo de 26 de octubre de 2016 y las actuaciones subsiguientes surtidas en el juicio reprochado. Asimismo, le impuso al juzgador atacado pronunciarse, nuevamente, sobre la apelaci\u00f3n de la sentencia de primer grado \u201c(\u2026) atendiendo a los par\u00e1metros plasmados en [la] providencia (\u2026)\u201d de esa Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, por cuanto estim\u00f3 la comisi\u00f3n de una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, pues  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) la juez al tomar la carta de aprobaci\u00f3n de cr\u00e9dito como prueba del cumplimiento, incurre en un error de valoraci\u00f3n probatoria, pues este documento es una mera expectativa, que se refiere a que solo relativiza las etapas de aprobaci\u00f3n de un c\u00f3digo de cr\u00e9dito interno y de tipo informativo para el usuario en relaci\u00f3n al progreso del tr\u00e1mite bancario. En ning\u00fan caso por si solo constituye un derecho ya establecido, pues en materia de cr\u00e9dito \u00e9ste se perfecciona con la entrega o desembolso del dinero. Es por ello que la carta de aprobaci\u00f3n visible a folios 9 y ss. del expediente dice textualmente: \u2018condiciones del cr\u00e9dito (…) 3. El desembolso del cr\u00e9dito estar\u00e1 sujeto a la disponibilidad de fondos de DAVIVIENDA. As\u00ed mismo, tanto el desembolso como la subrogaci\u00f3n, seg\u00fan sea el caso, estar\u00e1n sujetos al mantenimiento de las circunstancias patrimoniales personales, de comportamiento de pagos y de cualquier otra \u00edndole del beneficiario, que hayan sido determinadas para la presente aprobaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn el caso que nos ocupa al advertir la juez que la carta de aprobaci\u00f3n de cr\u00e9dito es prueba sumaria del cumplimiento del contrato por parte de la ejecutante, incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho (\u2026) en tanto que se hizo una valoraci\u00f3n defectuosa o contraevidente de las pruebas existentes, pues como se explic\u00f3 no puede equipararse a una prueba plena del cumplimiento contractual, ya que dicho documento no es m\u00e1s que una mera expectativa que informa al usuario en relaci\u00f3n a un tr\u00e1mite bancario, y que para llegar a ser plena prueba de intenci\u00f3n de pago, debe ser complementado con otros documentos como ser\u00eda por ejemplo, la demostraci\u00f3n que ya se realiz\u00f3 el desembolso, o un cheque del banco, entre otros. Por lo anterior, a juicio de esta Sala no se trata de una simple valoraci\u00f3n aceptable de una prueba, sino que nos encontramos ante una vulneraci\u00f3n palmaria de los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y a la doble instancia (\u2026)\u201d (fls. 219 al 225, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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Mar\u00eda Helena Jim\u00e9nez Cariello, mediante apoderado judicial, pidi\u00f3 revocar el fallo de primer grado dado que, en su criterio, el auxilio rogado resulta improcedente, por cuanto la juez acusada no incurri\u00f3 en irregularidad, adem\u00e1s, pasaron m\u00e1s de cuatro (4) meses desde la emisi\u00f3n de la sentencia confutada y la sociedad actora no agot\u00f3 todos los recursos a su alcance en el juicio criticado.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 la inexistencia de la indebida valoraci\u00f3n probatoria aducida por el a quo constitucional, pues \u00e9ste afirm\u00f3 su incumplimiento contractual porque ella no prob\u00f3 el pago del precio convenido, cuando en la cl\u00e1usula quinta de la promesa expresamente se determin\u00f3 como forma de cancelaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n el 30% del valor del bien como cuota inicial \u201c(\u2026) ya (\u2026) cancelados (\u2026)\u201d -para la \u00e9poca de ese negocio- y $59.490.000, que pod\u00edan ser \u201c(\u2026) tramit[ados] ante entidad crediticia o con recursos propios (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Acot\u00f3 que el banco aprob\u00f3 el pr\u00e9stamo, pero el desembolso lo condicion\u00f3, entre otras cosas, a la presentaci\u00f3n del acta de entrega del bien, lo cual no pudo darse porque Prodigyo S.A. no hab\u00eda terminado la obra para el 5 de marzo de 2014, fecha pactada para la escrituraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Cuestion\u00f3 la ausencia de pronunciamiento del Tribunal en relaci\u00f3n con la devoluci\u00f3n de los $25.500.000 consignados a \u00f3rdenes del pleito censurado y destac\u00f3 que el desacato al acuerdo contractual es imputable exclusivamente a la constructora aqu\u00ed accionante (fls. 231 al 234, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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En escrito separado, la impugnante se\u00f1al\u00f3 que en el 2003 contrajo matrimonio con Humberto Molano Hoyos y con \u00e9ste procre\u00f3 dos hijos actualmente menores de edad.  <\/span><\/p>\n

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Asegur\u00f3 que su esposo proviene de una familia campesina desplazada por la violencia del municipio de Purac\u00e9 -Cauca- y su cu\u00f1ada y el grupo familiar de \u00e9sta, integrado por el consorte de la recurrente y otros, se encuentra inscrita en el Registro \u00danico de V\u00edctimas desde el 2016, circunstancia que tambi\u00e9n \u201c(\u2026) debe irradiarse sobre su n\u00facleo familiar (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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Tras insistir en el acatamiento de sus obligaciones como promitente compradora y en haber celebrado ese negocio \u201c(\u2026) con la esperanza de obtener (\u2026)\u201d una vivienda, asever\u00f3 que lleva m\u00e1s de dos a\u00f1os en el proceso reprochado sin lograr el reintegro de los valores sufragados como cuota inicial y por lo cual contin\u00faa pagando arriendo (fls. 6 al 10, cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Con el prop\u00f3sito de desatar la protecci\u00f3n impetrada, es preciso indicar que en el juicio criticado se libr\u00f3 mandamiento coercitivo el 25 de marzo de 2014, para obtener la cancelaci\u00f3n de  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) $25.500.000 por concepto de capital de la obligaci\u00f3n contenida en el contrato de promesa de compraventa (\u2026), m\u00e1s los intereses moratorios (\u2026) liquidados desde el 5 de marzo de 2014 y hasta el pago total de la obligaci\u00f3n (\u2026) [y] $8.499.000 por concepto de cl\u00e1usula penal derivada de la obligaci\u00f3n contenida en el contrato [mencionado] (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Notificada de la orden compulsiva, la accionante formul\u00f3 reposici\u00f3n frente a \u00e9sta pretendiendo su revocatoria \u201c(\u2026) por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y por inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo (\u2026)\u201d. Ello lo fundament\u00f3, en s\u00edntesis, en la ausencia de prueba del incumplimiento de sus obligaciones como promitente vendedora y en la insuficiencia del \u201cacta de comparecencia\u201d para demostrar el desobedecimiento endilgado; asimismo, expuso que en la data para la suscripci\u00f3n de la escritura de compraventa   <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) ni siquiera se aport\u00f3 minuta, ni tr\u00e1mite alguno referenciado y conocido por la constructora ante el banco con el que se verificar\u00eda que se dar\u00eda pago del saldo en esa fecha y hora, menos constancia de pago o capacidad de pago con recursos propios (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Subsidiariamente, reclam\u00f3 decretar la indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones, por cuanto  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) referir que los $25.000.000 de abonos son un capital, es un craso error, porque aqu\u00ed no hay capital en t\u00e9rminos de deuda, de entrega en mutuo, o figura alguna, sino unos abonos en cuenta para comprar una casa, cuyo contrato pretende determinar la parte demandante que se resuelva sin resolverlo en disenso, por esta v\u00eda ejecutiva (\u2026). Pero m\u00e1s all\u00e1, procede (\u2026) a exigir judicialmente el pago de una cl\u00e1usula penal, con un t\u00edtulo como el que hemos indicado no es de recibo el m\u00e9rito ejecutivo (\u2026), [pues] presu[me] (\u2026) que el contrato est\u00e1 resuelto, que es al parecer un acto igual o asimilado a la decisi\u00f3n de un juez y declara sin f\u00f3rmula de juicio que hemos incumplido (\u2026). [Adem\u00e1s,] exige se ejecuten intereses moratorios (\u2026) cuando no hay tal mora (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El 27 de noviembre de 2014, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Popay\u00e1n emiti\u00f3 sentencia anticipada acogiendo la excepci\u00f3n previa de falta de legitimaci\u00f3n en la causa y decretando la terminaci\u00f3n del compulsivo. Esa decisi\u00f3n se bas\u00f3, particularmente, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [N]o luce absurdo (\u2026) concluir que para que el juez pueda librar mandamiento ejecutivo, la demanda de tal \u00edndole debe ser presentada con arreglo a la ley, acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo (\u2026) y (\u2026) dice la ley,  que no pueden demandarse sino las obligaciones expresas, claras y exigibles (\u2026). Del mismo modo, que para poder ejecutar las obligaciones de su demandado el ejecutante debe comprobar previamente que ha cumplido las suyas, porque a nadie le es l\u00edcito \u2018prevalerse de su propia torpeza\u2019 alegando el cumplimiento cuando \u00e9l no ha cumplido, siendo necesario para poder intentar la acci\u00f3n de resoluci\u00f3n o cumplimiento, con mayor raz\u00f3n lo es para obtener la pretensi\u00f3n ejecutiva. Precediendo de esa consideraci\u00f3n que, la accionante compradora no comprob\u00f3 en debida forma el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de pagar el valor acordado en el momento de la comparecencia a suscribir la escritura, toda vez que (\u2026) aporta una carta de aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pero de la misma no se comprueba cumplimiento de la obligaci\u00f3n, s\u00f3lo es una carta simple donde le dicen en junio de 2013 por parte del Banco Davivienda que le aprueban el cr\u00e9dito, pero  no demuestra siquiera sumariamente que haya adelantado tr\u00e1mites ante la constructora para dar a conocer esa situaci\u00f3n con antelaci\u00f3n aun cuando nueve meses antes de la fecha pactada para suscribir la escritura, ya hab\u00eda conocido la carta del Banco (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cNo puede olvidarse que la cl\u00e1usula penal se pacta para sancionar a la incumplida, lo que reclama de la ejecutante que pruebe el cumplimiento de sus obligaciones en legal forma, porque en los contratos bilaterales nadie est\u00e1 en mora de cumplir lo pactado, mientras el otro no cumpla por su parte (\u2026)\u201d (fls. 97 al 107, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El extremo all\u00e1 actor deprec\u00f3 oportunamente la adici\u00f3n del anterior pronunciamiento, porque, en su criterio, deb\u00eda ordenarse en su favor la entrega de los $25.500.000 consignados por la constructora.  <\/span><\/p>\n

Mediante determinaci\u00f3n de 16 de junio de 2015 se complement\u00f3 el fallo citado para disponer la devoluci\u00f3n de los dineros referidos a Prodigyo S.A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con escritos de 6 de diciembre de 2014 y 24 de junio de 2015, la all\u00e1 demandante formul\u00f3 apelaci\u00f3n frente a la sentencia referida y su adici\u00f3n, sosteniendo, concretamente, el m\u00e9rito ejecutivo de la promesa por as\u00ed consignarse en ese instrumento, el desacato de los deberes de la sociedad petente porque no termin\u00f3 a tiempo las obras y se abstuvo de firmar la escritura de compraventa y la inobservancia de la actitud de la ejecutada, quien sufrag\u00f3 los $25.000.000 al juzgado para que fuesen restituidos a Jim\u00e9nez Cariello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concedida la alzada el 1\u00b0 de julio de 2015, decisi\u00f3n ratificada en sede de reposici\u00f3n el 11 de diciembre siguiente, el despacho accionado la admiti\u00f3 el 18 de febrero de 2016 y el 26 de octubre siguiente la resolvi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con esa \u00faltima providencia se revoc\u00f3 la sentencia anticipada y su complementaci\u00f3n, se declararon \u201c(\u2026) no probadas las excepciones de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones [e] inexistencia de t\u00edtulo claro expreso y exigible (\u2026)\u201d y se orden\u00f3 continuar la ejecuci\u00f3n, procedi\u00e9ndose a liquidar el cr\u00e9dito y a imputar a \u00e9ste el dep\u00f3sito de $25.000.000 efectuado por la constructora. Dicho fallo se argument\u00f3 como sigue:  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Como sabemos la obligaci\u00f3n derivada de la promesa de contrato es la de suscribir la escritura p\u00fablica, en este caso el t\u00edtulo es complejo, compuesto por varios documentos de cuya valoraci\u00f3n conjunta aparece la obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. Sin embargo en este caso se solicit\u00f3 que conforme a la prueba documental constituida por la promesa de contrato y el acta de comparecencia ante notario, de las que se plasm\u00f3 prestar\u00edan m\u00e9rito ejecutivo al incumplirse cualquiera de las cl\u00e1usulas se establece el incumplimiento por parte del vendedor al no entregar la casa en la fecha y hora convenidos, tesis que comparte este Juzgado en cuanto que la promesa bilateral de celebrar un contrato son verdaderos contratos bilaterales en que las obligaciones contra\u00eddas por las partes consisten precisamente en el hecho de celebrar un contrato, en esta clase de contratos cada parte es al mismo tiempo deudor y acreedor, de la obligaci\u00f3n a su cargo y acreedora de la obligaci\u00f3n de su contratante, considerando ahora la reciprocidad de las obligaciones generadas por \u00e9l (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cExistiendo a juicio de este despacho una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible a favor de la demandante y a cargo de la constructora demandada, no siendo de recibo las excepciones planteadas (\u2026) y denominadas indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones, pues la demandante a trav\u00e9s de este proceso persigue la devoluci\u00f3n de la suma dada como cuota inicial para adquirir una vivienda que no le fue entregada en fecha y hora se\u00f1aladas en la promesa de contrato celebrada, y una cl\u00e1usula penal inherente al mismo contrato que prev\u00e9 una anticipaci\u00f3n de perjuicios en caso de incumplimiento, y al igual como se puede observar el grupo demandado una vez notificado del auto que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo, cancel\u00f3 la suma entregada por la demandante como parte de la cuota inicial, lo que indica que no obstante predicar la inoperancia de la acci\u00f3n propuesta, devuelve sin intereses la suma recibida por concepto de cuota inicial en aras de evitar a su defendida perjuicios en caso de decretarse medidas cautelares en su contra (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [R]esulta colegir que la fecha estipulada para el cumplimiento es de car\u00e1cter determinado, lo que consecuentemente torna exigible la misma lo que a la luz del art. 488 del C.P.C., califica al documento contentivo de la promesa como t\u00edtulo ejecutivo, pues la obligaci\u00f3n en [\u00e9l] contenida es exigible, porque el deudor no cumpli\u00f3 en el tiempo estipulado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn cuanto a la obligaci\u00f3n de cancelar la cl\u00e1usula penal por medio de la acci\u00f3n ejecutiva, esta pretensi\u00f3n no ofrece reparo, en cuanto que la demandante no est\u00e1 exigiendo a trav\u00e9s de esta v\u00eda judicial el cumplimiento de la obligaci\u00f3n principal, toda vez que el deudor GRUPO PRODIGYO incumpli\u00f3, el d\u00eda 5 de marzo de 2014 la obligaci\u00f3n de suscribir la escritura p\u00fablica, pues se ha estipulado por las partes los casos en que se debe pagar pena, por lo cual no podr\u00e1 el deudor alegar ninguno de los razonamientos para exonerarse del pago de la sanci\u00f3n, pues como se dijo el incumplimiento de cualquiera de las cl\u00e1usulas dar\u00eda lugar al pago de la sanci\u00f3n penal al establecerse en la promesa su m\u00e9rito ejecutivo, sin necesidad de otro requisito, si no el tenor literal de la voluntad expresada en la promesa suscrita (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn lo que respecta a la solicitud de adici\u00f3n de la sentencia anticipada de fecha 27 de noviembre de 2014, basada en que al dictarse la sentencia nada se dijo con relaci\u00f3n a la consignaci\u00f3n efectuada por la demandada, considera el Despacho que este valor debe imputarse como pago parcial a la acreencia demandada en el sentido de que este Despacho revocar\u00e1 la providencia que declar\u00f3 en sentencia anticipada la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPor lo cual el Despacho revocar\u00e1 la providencia calendada el 27 de noviembre de 2014, y en su lugar ordenara continuar conforme al mandamiento de pago de fecha 25 de marzo de 2014 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cRespecto a la legitimaci\u00f3n en la causa, las partes est\u00e1n legitimadas por activa y pasiva, respectivamente si se tiene en cuenta que ambas suscribieron un contrato de promesa de compraventa, que es el que hoy nos convoca (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        El amparo se abre paso porque en la providencia confutada de 26 de octubre de 2016, la juzgadora denunciada no desat\u00f3 con suficiencia lo relativo a las excepciones previas planteadas \u2013falta de legitimaci\u00f3n en la causa e indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones- y tampoco estudi\u00f3 a profundidad el car\u00e1cter de t\u00edtulo ejecutivo de la promesa de compraventa. Adem\u00e1s, al fallar de fondo el asunto reprochado, disponiendo la continuaci\u00f3n del compulsivo y la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, incurri\u00f3 en un error procedimental que genera la conculcaci\u00f3n de las prerrogativas invocadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.         Como se deduce de la transcripci\u00f3n arriba efectuada, la funcionaria acusada se limit\u00f3 a expresar que, en su opini\u00f3n, no se presentaba la indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones porque era dable, en un juicio ejecutivo, exigir la \u201cdevoluci\u00f3n\u201d de las sumas pagadas como parte del valor del inmueble objeto de la compraventa y, adem\u00e1s, demandar la cancelaci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal por incumplimiento de la promesa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En criterio de esta Corte, no es acertado aseverar que a la primera de las reclamaciones del extremo all\u00e1 actor pod\u00eda impart\u00edrsele el tr\u00e1mite compulsivo, pues la obligaci\u00f3n de reembolsar los valores sufragados como cuota inicial no se hallaba inserta en el documento allegado como t\u00edtulo y de igual modo, tampoco era resultado de un juicio en el cual se hubiese dispuesto la resoluci\u00f3n del contrato con las correspondientes restituciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y sobre la falta de legitimaci\u00f3n por activa y pasiva, sustentada en el incumplimiento de las obligaciones de las partes, particularmente de la demandante por no pagar la totalidad del precio prometido en venta, la argumentaci\u00f3n de la falladora es igualmente exigua, pues \u00e9sta se restringi\u00f3 a expresar que el inter\u00e9s de los intervinientes nac\u00eda de la suscripci\u00f3n de la promesa, empero no se pronunci\u00f3 sobre las aserciones de la ejecutada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2.         Ahora, aunque podr\u00eda decirse que los requisitos del t\u00edtulo s\u00ed fueron estudiados, cuesti\u00f3n de forzoso an\u00e1lisis para el ad quem y materia de la alzada como arriba se precis\u00f3, lo cierto es que las apreciaciones de la funcionaria de segundo grado tampoco evidencian el an\u00e1lisis necesario que ha debido hacerse al texto de la promesa de compraventa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, si la demandante pretend\u00eda el recaudo de los montos previamente cancelados por ella como cuota inicial y la cl\u00e1usula penal pactada por el incumplimiento de las obligaciones, el despacho debi\u00f3 dilucidar si tales cargas, conforme al contrato preparatorio, estaban revestidas de claridad, expresividad y exigibilidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, no se encuentra elucubraci\u00f3n en tal sentido, por cuanto la juzgadora s\u00f3lo se\u00f1al\u00f3, brevemente, que el negocio cumpl\u00eda con los presupuestos indicados por el legislador para ser promesa y que la cl\u00e1usula penal pod\u00eda cobrarse porque, sin mayor an\u00e1lisis sobre las pruebas adosadas, esto es, la constancia notarial de 5 de marzo de 2014 y la carta de aprobaci\u00f3n de un pr\u00e9stamo en favor de Mar\u00eda Elena Jim\u00e9nez Cariello, era evidente -para la tutelada- el desacato de las obligaciones a cargo de Prodigyo S.A. y la intenci\u00f3n de la compradora de cancelar el saldo del precio del inmueble el d\u00eda pactado para la escrituraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, la autoridad denunciada releg\u00f3 la normatividad aplicable en materia contractual y en obligaciones para determinar, realmente, si quien demand\u00f3 era el contratante cumplido y si en tal calidad, pod\u00eda obtener la ejecuci\u00f3n del t\u00edtulo allegado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, omiti\u00f3 apreciar la promesa suscrita entre los extremos procesales a la luz de los art\u00edculos 14981  y 16032 del C\u00f3digo Civil. Con apoyo en \u00e9stos habr\u00eda concluido que dicho pacto es un negocio oneroso y conmutativo, donde cada uno contrajo responsabilidades, siendo forzoso cumplir de buena fe \u201c(\u2026) todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligaci\u00f3n, o que por ley pertenecen a ella (\u2026)\u201d y resultando habilitado para acudir a la jurisdicci\u00f3n, en pro de la ejecuci\u00f3n obligacional, s\u00f3lo quien hubiese atendido completamente sus compromisos, esto \u00faltimo seg\u00fan se colige de lo preceptuado en el canon 1546 \u00eddem3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3. Resta indicar, como antes se sostuvo, que la falladora denunciada incurri\u00f3 en error al decidir de fondo la ejecuci\u00f3n reprochada, pues, ciertamente, si estimaba la no configuraci\u00f3n de las excepciones previas y el cumplimiento de los requisitos del t\u00edtulo -ambas cuestiones alegadas mediante reposici\u00f3n al mandamiento de pago-, ha debido declarar tal situaci\u00f3n y limitarse a devolver las diligencias al a quo para que \u00e9ste continuara el tr\u00e1mite del compulsivo y tras concluir sus etapas, emitiera el fallo definitivo, el cual es igualmente susceptible de alzada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, se halla un defecto procedimental en la decisi\u00f3n fustigada, cuesti\u00f3n sobre la cual el Alto Tribunal Constitucional ha advertido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Con relaci\u00f3n al defecto procedimental absoluto se ha dicho que encuentra soporte normativo en los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que se refieren a los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

\u201cLa jurisprudencia de la Corte ha reconocido dos modalidades de este defecto: i) absoluto, que se genera cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido   y ii) por exceso ritual manifiesto, \u201cque tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) A su vez, la providencia incurre en error absoluto si el juez i) sigue un tr\u00e1mite totalmente ajeno al dispuesto para el asunto sometido a su competencia  , ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento y, de esa forma, conculca derechos de alguna de las partes   y iii) pasa por alto el debate probatorio, vulnerando los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los intervinientes en la actuaci\u00f3n. La procedencia de la acci\u00f3n contra una providencia judicial por esta causal se halla, de todas formas, condicionada a que no exista posibilidad de corregir la ir  regularidad por ninguna otra v\u00eda y a que ocasione una vulneraci\u00f3n ostensible, definitiva y notoria que se refleje en la decisi\u00f3n judicial cuestionada (\u2026)\u201d4 (subraya fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se insiste, si una vez efectuado el estudio sobre las excepciones previas alegadas por la tutelante y los presupuestos del t\u00edtulo ejecutivo, la juzgadora querellada concluye la improcedencia de las primeras y el m\u00e9rito compulsivo de la promesa, debe remitir el asunto al juez municipal para que \u00e9ste contin\u00fae con el tr\u00e1mite establecido para los juicios coercitivos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo contrario, generar\u00eda como se anunci\u00f3, la pretermisi\u00f3n de toda una instancia y la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas a la defensa y contradicci\u00f3n de los involucrados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        En consecuencia, si la autoridad enjuiciada no tuvo en consideraci\u00f3n las disquisiciones pertinentes sobre los aspectos rese\u00f1ados, se corrobora el quebranto de la prerrogativa fundamental prevista en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos5, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos en los cuales la autoridad profiere una decisi\u00f3n ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, como la aqu\u00ed atacada, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n, por cuanto, se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcci\u00f3n del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada por virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Sobre lo argumentado en la apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la falladora enjuiciada, en cumplimiento de la orden a darse en este tr\u00e1mite, deber\u00e1 actuar en procura de las prerrogativas de todos los interesados en el juicio ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        As\u00ed las cosas, se modificar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO:        MODIFICAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se le ordena al titular del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, previa recepci\u00f3n del expediente, deje sin efecto la providencia de 26 de octubre de 2016 y las que de \u00e9sta se desprendan y defina, nuevamente, la apelaci\u00f3n incoada contra la sentencia anticipada y su complementaci\u00f3n, resolviendo las excepciones previas y lo concerniente a los requisitos del t\u00edtulo aportado. En caso de estimar no configuradas las primeras y el m\u00e9rito coercitivo del segundo, deber\u00e1 as\u00ed declararlo y remitir las diligencias al a quo para que \u00e9ste siga con el tr\u00e1mite pertinente, conforme a lo expresado en este pronunciamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 \u201cARTICULO 1498. CONTRATO CONMUTATIVO Y ALEATORIO. El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o p\u00e9rdida, se llama aleatorio (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

2 \u201cARTICULO 1603. EJECUCI\u00d3N DE BUENA FE. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligaci\u00f3n, o que por ley pertenecen a ella (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

3 \u201cARTICULO 1546. CONDICION RESOLUTORIA T\u00c1CITA. En los contratos bilaterales va envuelta la condici\u00f3n resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. (\u2026) Pero en tal caso podr\u00e1 el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resoluci\u00f3n o el cumplimiento del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

5 CSJ. STC de19 jun. 2013, rad. 2013-00182-01.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC3811-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2017-00020-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100169","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100169","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100169"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100169\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100169"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100169"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100169"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}