{"id":100170,"date":"2026-06-25T20:12:02","date_gmt":"2026-06-25T20:12:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3812-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:12:02","modified_gmt":"2026-06-25T20:12:02","slug":"stc3812-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3812-2017\/","title":{"rendered":"STC3812-2017"},"content":{"rendered":"

               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3812-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2017-00015-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 15 de febrero de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Victoria Rojas Rojas contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. La gestora suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por el accionado.  <\/span><\/p>\n

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2. Como respaldo de su reproche manifiesta que fue demandada por Fernando Rojas Rojas, en juicio de \u201crendici\u00f3n provocada de cuentas\u201d ante el estrado aqu\u00ed convocado, litigio zanjado en providencia de 7 de diciembre de 2012, mediante la cual se aprobaron los balances financieros all\u00ed aportados.  <\/span><\/p>\n

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Arguye que en ese asunto a solicitud de la parte actora, el tutelado libr\u00f3 mandamiento ejecutivo por el monto all\u00ed aprobado, sin embargo, el mismo fue revocado por el querellado, al prosperar el recurso de reposici\u00f3n ejercido por la aqu\u00ed interesada contra dicha disposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Se duele la gestora porque el despacho acusado el 30 de mayo de 2014 adicion\u00f3 oficiosamente el mentado auto aprobatorio de cuentas, argumentando que \u201cpor error involuntario\u201d se omiti\u00f3 incorporar en \u00e9l, la formalidad que permit\u00eda el cobro del valor reconocido.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que interpuso los remedios ordinarios frente a la anterior determinaci\u00f3n, por considerarla una v\u00eda de hecho, empero, los mismos se desestimaron.   <\/span><\/p>\n

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3. Implora ordenar al convocado, \u201cdeclarar la nulidad\u201d del memorado pleito, a partir del prove\u00eddo que agreg\u00f3 la orden de pago censurada.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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El estrado fustigado manifest\u00f3 que el presente amparo \u201c(\u2026) no cumple con los requisitos de inmediatez ni subsidiariedad, [por cuanto], la controversia [planteada] se resolvi\u00f3 desde hace aproximadamente siete (7) meses (\u2026)\u201d (fls. 68).    <\/span><\/p>\n

1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 el ruego, porque la decisi\u00f3n censurada \u201c(\u2026) no se muestra antojadiza, ni mucho menos hu\u00e9rfana de motivaci\u00f3n, sino que es producto de una posici\u00f3n jur\u00eddica de cara a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ense\u00f1a el infolio, de manera que no es dable la intervenci\u00f3n del Juez constitucional para invalidarla, so pretexto de no compartirla (\u2026)\u201d (fls. 77 a 82).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la quejosa repitiendo los defectos, que en su sentir, se estructuraron en el caso subex\u00e1mine (fls. 154 a 156).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. La reclamante concreta su ataque en el prove\u00eddo de 30 de mayo de 2014, mediante el cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, adicion\u00f3 el auto aprobatorio de las cuentas presentadas en el pleito bajo estudio, sin embargo, para resolver esta protecci\u00f3n se tomara como punto de partida la providencia dictada el 10 junio de 2016 (fl. 37), puesto que con aqu\u00e9lla el tema aqu\u00ed reprochado cobr\u00f3 fuerza de ejecutoria.  <\/span><\/p>\n

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2. Sin dificultad se advierte el fracaso de la salvaguarda,  por cuanto fue incoada tard\u00edamente el 3 de febrero de 2017, esto es, luego de superado el t\u00e9rmino de 6 meses estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En no pocas ocasiones, esta Corporaci\u00f3n dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, si la censora se demor\u00f3 para presentar la petici\u00f3n constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al funcionario querellado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas como soporte de tal amparo.  <\/span><\/p>\n

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3. Si se dejara de lado la falencia anterior, el ruego tampoco ser\u00eda exitoso, porque no se advierte irregularidad en el argumento invocado por el juzgador cuestionado para adicionar el auto aprobatorio de cuentas, en el sentido de ordenar el pago de las cifras all\u00ed establecidas en favor de Fernando Rojas Rojas y en contra de la aqu\u00ed promotora. En efecto, sobre ese t\u00f3pico sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [si bien] el estatuto procesal contempla la posibilidad de adicionar, dentro de un t\u00e9rmino, una providencia que adolezca de un pronunciamiento que debi\u00f3 darse de conformidad con la ley, no es menos cierto que  [la] interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica de esta puede llegar a generar vulneraci\u00f3n del derecho sustancial de la parte, raz\u00f3n por la que la jurisprudencia gener\u00f3 la figura denominada \u201cexceso ritual manifiesto (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El  art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra como uno de los principios de la administraci\u00f3n de justicia la prevalencia del derecho sustancial. (\u2026) La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que, por disposici\u00f3n del [anterior precepto], las normas no deben convertirse en obst\u00e1culo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realizaci\u00f3n. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en s\u00ed misma (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) En el sub j\u00fadice, en el auto de fecha 7 de diciembre de 2012 se omiti\u00f3 realizar el pronunciamiento expresamente se\u00f1alado en el numeral 5 del art. 418 del C.P.C. que indica \u201csi el demandado no presenta las cuentas en el t\u00e9rmino se\u00f1alado, el juez, por medio de auto que no tendr\u00e1 recurso alguno, ordenar\u00e1 pagar lo estimado en la demanda. Este auto presta m\u00e9rito  ejecutivo\u201d. Hecho que permite hacer de este un t\u00edtulo ejecutivo (\u2026), por lo que de no hacerse el pronunciamiento inicial no tiene el efecto pretendido, haciendo de esta una decisi\u00f3n inaplicable, motivo por el cual el Despacho en aplicaci\u00f3n de la figura del \u201cexceso ritual manifiesto\u201d procedi\u00f3 a [ordenar] el pago de las cuentas aprobadas (\u2026)\u201d (fl. 37 a 40).  <\/span><\/p>\n

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Aunque la actora no comparta el anterior argumento, ello no convierte esa determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitirle el paso de esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue adoptado con sustento en los mandatos jur\u00eddicos y jurisprudenciales respectivos, aplicables al caso.  <\/span><\/p>\n

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4. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Al respecto, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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       5. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ. STC 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.      <\/span><\/p>\n

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