{"id":100172,"date":"2026-06-25T20:12:30","date_gmt":"2026-06-25T20:12:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3815-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:12:30","modified_gmt":"2026-06-25T20:12:30","slug":"stc3815-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3815-2017\/","title":{"rendered":"STC3815-2017"},"content":{"rendered":"

               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3815-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00041-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 21 de febrero de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Vel\u00e1squez Rodr\u00edguez contra la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor demanda el amparo del derecho al voto, presuntamente lesionado por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su reparo, asevera que el 2 de octubre de 2016 el Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia \u201c(\u2026) convoc\u00f3 al pueblo para un plebiscito relacionado con los acuerdos de la Habana [firmados] con la guerrilla de las FARC, [donde] manifest\u00f3 que si [aqu\u00e9l] era votado NO en mayor\u00eda, (\u2026) [dichos pactos] se caer\u00edan (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indica que \u201c(\u2026) el Senado no tiene la competencia para implementar lo que el pueblo ha rechazado (\u2026)\u201d, por tanto, no puede tomar decisiones sobre los mentados convenios, pues fueron vencidos por la voluntad de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Exige declarar sin efectos el mecanismo por el cual se acogieron los referidos arreglos de paz, denominado \u201cfast track\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado    <\/span><\/p>\n

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a)        La tutelada anot\u00f3 la ausencia de lesi\u00f3n de derechos fundamentales del quejoso, por cuanto la sentencia C-379 de 2016, estableci\u00f3 que el plebiscito especial no era para someter al Pa\u00eds a la vigencia del contenido y alcance de la prerrogativa de la paz, sino \u201c(\u2026) consultarle acerca de si aprobaba o no (\u2026)\u201d la determinaci\u00f3n pol\u00edtica incorporada en el Acuerdo final.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente,  acot\u00f3 que \u201c(\u2026) el resultado del 2 de octubre [pasado] no anul\u00f3 ni suspendi\u00f3 la obligaci\u00f3n constitucional del presidente de la rep\u00fablica de mantener el orden p\u00fablico a trav\u00e9s de la v\u00eda negociada para asegurar la [tranquilidad] y la convivencia pac\u00edfica de los colombianos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostuvo que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en sesi\u00f3n de 28 de noviembre de 2016 esgrimi\u00f3 que \u201c(\u2026) el Congreso de la Rep\u00fablica es un espacio democr\u00e1tico que puede imprimir legitimidad a lo acordado entre las partes para lograr la consolidaci\u00f3n del derecho a la paz en Colombia (\u2026)\u201d (fls. 26 a 33).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal consider\u00f3 improcedente el amparo, por cuanto,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) no se configur\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna al derecho al voto del accionante, [adem\u00e1s] \u00e9ste cuenta con otros medios ordinarios previstos en la ley, id\u00f3neos y eficaces, para controvertir las determinaciones del Gobierno Nacional, particularmente para discutir o atacar la Ley Estatutaria por la cual se adopt\u00f3 el Acuerdo de paz con el grupo guerrillero pluricitado (\u2026)\u201d (fls. 193 a 197).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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La interpuso el promotor resaltando los problemas de orden p\u00fablico que se presentan en la regi\u00f3n donde reside, concluyendo \u201c(\u2026) que lo acordado en la Habana no garantizar[\u00e1] [obtener] la tan estigmatizada paz (\u2026)\u201d  (fls. 236 a 237).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Delanteramente, se observa la improcedencia de esta salvaguarda, por cuanto si lo pretendido por el querellante, a trav\u00e9s de este mecanismo extraordinario, era evitar la refrendaci\u00f3n de los acuerdos de paz en el Congreso de la Rep\u00fablica, dicha actuaci\u00f3n fue agotada el 29 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por ende, se desprende la ocurrencia de un hecho consumado y la imposibilidad de efectuar un pronunciamiento sobre el particular. En cuanto a lo discurrido, esta Sala ha expresado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) el supuesto del da\u00f1o consumado impide el fin primordial de la acci\u00f3n de tutela, cual es la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, para evitar precisamente los da\u00f1os que dicha violaci\u00f3n pueda generar, y no una protecci\u00f3n posterior a la causaci\u00f3n de los mismos (\u2026). Tal interpretaci\u00f3n se desprende de lo dispuesto en el art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1992 en el sentido de que la acci\u00f3n de tutela es improcedente (\u2026) cuando sea evidente que la violaci\u00f3n del derecho origin\u00f3 un da\u00f1o consumado, salvo cuando contin\u00fae la acci\u00f3n u omisi\u00f3n violatoria del derecho\u2019 (Sentencias T-138 de 1994 y T-612 de 2008) (\u2026)\u201d1  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Refuerza el fracaso de este amparo la omisi\u00f3n del promotor en agotar los medios de defensa a su alcance para dilucidar las cuestiones alegadas por esta v\u00eda residual y subsidiaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, frente al Acuerdo 01 de 2016, \u201c(\u2026) [p]or medio del cual se establecen instrumentos jur\u00eddicos para facilitar y asegurar la implementaci\u00f3n y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera (\u2026)\u201d, el quejoso debi\u00f3 formular la respectiva demanda para lograr su control constitucional y, en consecuencia, esclarecer el concepto de \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d atado a su vigencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El presente acto legislativo rige a partir de la refrendaci\u00f3n popular del Acuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien el reclamante estima que el Congreso de la Rep\u00fablica no puede \u201cimplementar\u201d aquello que el \u201cpueblo rechaz\u00f3\u201d, considerando como no refrendado el mentado acuerdo final, por decisi\u00f3n mayoritaria obtenida en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, lo cierto es que en la actualidad cursan dos demandas contra el canon enunciado, admitidas el 22 de septiembre y 12 de diciembre de 2016 – decursos en los cuales no se observa que el tutelante haya intervenido-, siendo ese el escenario establecido legalmente para definir aspectos como los reprochados por el promotor, quien, entre otras cuestiones, critica la puesta en marcha del citado Acto Legislativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En esos t\u00e9rminos el ataque resulta prematuro frente a la disposici\u00f3n constitucional comentada, pues el juzgador natural es el primer llamado a resolver las quejas concernientes a los procesos bajo su cargo, est\u00e1ndole  vedado a esta jurisdicci\u00f3n intervenir anticipadamente.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corte manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Con todo y atendiendo a la relevancia de la tem\u00e1tica planteada, esta Corporaci\u00f3n estima necesario acotar que no encuentra arbitrariedad manifiesta en el proceder del Presidente de la Rep\u00fablica al remitir el pacto final al Congreso para su refrendaci\u00f3n, pues esa gesti\u00f3n encontr\u00f3 apoyo en lo considerado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, quien en ponencia de 28 de noviembre de 2016 concluy\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a Sala observa que desde el punto de vista de la naturaleza, fines y alcance del control pol\u00edtico que el Congreso de la Rep\u00fablica ejerce sobre el Gobierno Nacional (art\u00edculo 114 C.P.), resulta conforme a la Constituci\u00f3n que ese cuerpo legislativo, sin perjuicio de sus competencias de producci\u00f3n normativa, pueda hacer, en el contexto de una \u201cCitaci\u00f3n para discusi\u00f3n de pol\u00edticas y\/o temas generales\u201d de la Ley 5 de 1992 y de la funci\u00f3n de seguimiento de la pol\u00edtica de paz del art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 418 de 1997, una manifestaci\u00f3n pol\u00edtica, a t\u00edtulo de refrendaci\u00f3n, de los acuerdos de paz suscritos por el Presidente de la Rep\u00fablica. Como se\u00f1al\u00f3 la Corte Constitucional en relaci\u00f3n con el plebiscito, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no impide acudir a mecanismos de participaci\u00f3n democr\u00e1tica que permitan dotar de estabilidad y legitimidad pol\u00edtica a los acuerdos de paz suscritos por el Gobierno Nacional (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cDe acuerdo con el transcrito art\u00edculo 133 C.P. \u2013que consagra la representaci\u00f3n popular en cabeza de los miembros de cuerpos colegiados de elecci\u00f3n directa- y en ejercicio de la funci\u00f3n constitucional de control pol\u00edtico, la refrendaci\u00f3n por parte del Congreso debe entenderse como un voto de confianza respecto de la pol\u00edtica al mando en el manejo de la paz, con el fin de que la acci\u00f3n p\u00fablica y estatal en la materia tenga el mayor grado de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica posible, producto de las serias discusi\u00f3n y deliberaci\u00f3n acerca de los problemas cuya soluci\u00f3n reclama con insistencia la sociedad, por manera que -en el caso que ocupa a la Sala en este concepto-, las iniciativas, planes y compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo suscrito con las Farc cuenten con una base s\u00f3lida de estabilidad pol\u00edtica (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cDebe adem\u00e1s recordarse que uno de los principios de la arquitectura constitucional colombiana es la separaci\u00f3n funcional de sus \u00f3rganos pero con colaboraci\u00f3n mutua para el logro de sus fines\u201d y \u201carticulaci\u00f3n a trav\u00e9s de la integraci\u00f3n de varias fuerzas\u201d (art\u00edculo 113 C.P.), de modo que \u201cla visi\u00f3n de una r\u00edgida separaci\u00f3n de los poderes debe ser superada en la concepci\u00f3n que concilia el ejercicio de funciones separadas -que no pertenecen a un \u00f3rgano sino al Estado- con la colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica para la realizaci\u00f3n de sus fines, que no son otros que los del servicio a la comunidad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cTambi\u00e9n debe tenerse en cuenta que la paz es un derecho, un deber y un fin constitucional de car\u00e1cter esencial (Art\u00edculos 2, 22 y 95-6 C.P.), de modo que \u201clas medidas dirigidas a la b\u00fasqueda de la paz y la superaci\u00f3n del conflicto armado, tienen un innegable soporte constitucional, que a su vez es respaldado por el andamiaje jur\u00eddico que ofrecen diversas normas de derecho internacional\u201d. Y debe recordarse que la consecuci\u00f3n de la paz es un objetivo constitucional que vincula a todos los \u00f3rganos del Estado y que exige una actuaci\u00f3n concurrente de los mismos en el marco de sus respectivas competencias (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cEn consecuencia, si el Presidente de la Rep\u00fablica toma la decisi\u00f3n pol\u00edtica de llegar a un acuerdo de paz, dentro del cual se prev\u00e9, como expresi\u00f3n de seguridad y confianza mutua entre las partes y condici\u00f3n de eficacia el acuerdo, que esa decisi\u00f3n ser\u00e1 sometida a un mecanismo de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, no cabe una visi\u00f3n reduccionista de la legitimidad democr\u00e1tica del Congreso de la Rep\u00fablica y de los mecanismos de control pol\u00edtico previstos en la Constituci\u00f3n y la ley que lleve a negar esa posibilidad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cFinalmente, la Sala reitera que en cualquier caso una refrendaci\u00f3n como la analizada es diferente a la implementaci\u00f3n del Acuerdo Final, la cual, en cuanto comporte reformas constitucionales y legales, deber\u00e1 agotar los procedimientos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para ese efecto. Por tanto, debe tenerse en cuenta que los efectos de producci\u00f3n de normas en el ordenamiento positivo, como implementaci\u00f3n del acuerdo de paz, no se producen autom\u00e1ticamente por la firma del acuerdo ni por su refrendaci\u00f3n. Adem\u00e1s, en ning\u00fan caso, la decisi\u00f3n que adopte el Congreso de la Rep\u00fablica, con independencia de su sentido, comprometer\u00e1 a futuro la libertad de configuraci\u00f3n normativa que le reconocen la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley 5 de 1992 para el ejercicio de sus funciones normativas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cConforme a lo anterior,  <\/span><\/p>\n

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\u201cIII. La Sala RESPONDE:  <\/span><\/p>\n

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\u201c\u00bfPodr\u00eda el Congreso de la Rep\u00fablica efectuar la refrendaci\u00f3n sobre el Acuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera, suscrito por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia \u2013 Ej\u00e9rcito del Pueblo?\u201d  <\/span><\/p>\n

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\u201cS\u00ed. El Congreso de la Rep\u00fablica puede efectuar la refrendaci\u00f3n del nuevo \u201cAcuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera, suscrito por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia \u2013 Ej\u00e9rcito del Pueblo\u201d del 24 de noviembre de 2016, en virtud del mandato representativo y las amplias funciones de control pol\u00edtico que le reconoce la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En todo caso, esta refrendaci\u00f3n no produce la incorporaci\u00f3n del acuerdo a la Constituci\u00f3n ni lo dota de efectos de producci\u00f3n de normas en el ordenamiento positivo; estas tendr\u00edan que ser producto espec\u00edfico de la fase de implementaci\u00f3n del Acuerdo Final (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLa decisi\u00f3n que adopte el Congreso de la Rep\u00fablica, con independencia de su sentido, en ning\u00fan caso comprometer\u00e1 su libertad de configuraci\u00f3n normativa en el ejercicio de las competencias constituyentes y legislativas que le son propias (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, aunque como arriba se expuso, est\u00e1 pendiente de definirse la constitucionalidad de atar la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016 a la \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d, por cuenta de las dos demandas cursantes en el m\u00e1ximo Tribunal de esa jurisdicci\u00f3n, es del caso anotar que en la reciente sentencia C-699 de 2016 no se reproch\u00f3 la actividad del alto mandatario relacionada con remitir los acuerdos al Congreso, m\u00e1s bien, en procura de esclarecerse el alcance del enunciado concepto de \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d se fijaron unos par\u00e1metros que no lucen contrarios a la gesti\u00f3n desplegada por el Presidente de la Rep\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, se argument\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) La Corte observa que el art\u00edculo 5\u00ba del Acto Legislativo (\u2026) supedita su entrada en vigencia a una \u201crefrendaci\u00f3n popular del Acuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera\u201d. Sin embargo el Acto Legislativo no define qu\u00e9 debe entenderse por \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d. En los antecedentes parlamentarios de la reforma puede apreciarse adem\u00e1s que durante su tr\u00e1mite a\u00fan no se hab\u00eda establecido un \u00fanico mecanismo de refrendaci\u00f3n de acuerdos finales para la terminaci\u00f3n del conflicto, y fue precisamente por eso que se dej\u00f3 un t\u00e9rmino gen\u00e9rico y comprehensivo (\u2018refrendaci\u00f3n popular\u2019) (\u2026). La concepci\u00f3n de la refrendaci\u00f3n popular que se refleja en las deliberaciones del Congreso estaba ciertamente atada a un mecanismo de participaci\u00f3n ciudadana. Pero no es posible establecer con la misma certeza si cualquier mecanismo de participaci\u00f3n era suficiente, si era exigible agotar m\u00e1s de uno de ellos en caso de resultados adversos, o si luego de la expresi\u00f3n ciudadana era factible abrir un escenario adicional de negociaci\u00f3n en busca de mayores consensos. Por lo dem\u00e1s, las expectativas del \u00f3rgano que emite una constituci\u00f3n o una reforma constitucional pueden informar el sentido normativo que se les atribuya. Pero es tambi\u00e9n claro que los redactores de una norma no logran prever ciertos desenvolvimientos sociales y pol\u00edticos, que desajusten el balance de principios contenido en sus reglas, y es por eso que las expectativas originales, aunque informan, no determinan el sentido de la interpretaci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) La Constituci\u00f3n de 1991, al margen del acto bajo control, no emplea en ninguna de sus previsiones conjuntamente las palabras \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d, y de hecho tampoco usa el vocablo \u201crefrendaci\u00f3n\u201d. En algunas de sus disposiciones la Carta regula los referendos de leyes, de reformas constitucionales y de creaci\u00f3n de regiones (CP arts 103, 170, 307 y 377), que pueden concebirse como procesos para la refrendaci\u00f3n popular. Pero no es posible reconducir la refrendaci\u00f3n popular solo al g\u00e9nero de los referendos, pues la jurisprudencia ha considerado por ejemplo que el Congreso puede clasificar como de refrendaci\u00f3n popular a un mecanismo como el plebiscito (\u2026). Por su parte, las leyes estatutarias sobre mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana tampoco proveen un significado expreso para esos t\u00e9rminos. Ni la Ley 134 de 1994 \u2018Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana\u2019, ni la Ley 1757 de 2015 \u2018Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n del derecho a la participaci\u00f3n democr\u00e1tica\u2019, usan o definen la expresi\u00f3n refrendaci\u00f3n popular. La Ley 1745 de 2015 \u2018Por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasi\u00f3n de un Acuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto armado\u2019 no emplea tampoco esos vocablos en sus previsiones. La Ley 1806 de 2016 \u2018por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendaci\u00f3n del acuerdo final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera\u2019, en su t\u00edtulo y en sus art\u00edculos alude al t\u00e9rmino \u201crefrendaci\u00f3n\u201d, pero de hecho no emplea el vocablo \u201cpopular\u201d, y en momento alguno precisa qu\u00e9 debe entenderse por \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cEl ordenamiento jur\u00eddico no define entonces qu\u00e9 debe entenderse por refrendaci\u00f3n popular, y es adem\u00e1s claro que \u2013seg\u00fan el caso- el plebiscito o el referendo pueden servir para refrendar popularmente los actos de un proceso de terminaci\u00f3n del conflicto, pero no son los \u00fanicos aptos para ello. Adem\u00e1s, seg\u00fan  los antecedentes parlamentarios del Acto Legislativo 1 de 2016 el t\u00e9rmino refrendaci\u00f3n popular es deliberadamente gen\u00e9rico y comprehensivo, capaz de abarcar distintos m\u00e9todos de ratificaci\u00f3n, sin que estuvieran presentes caracter\u00edsticas necesarias y suficientes que agotaran su significado. (\u2026) Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que cuando una norma o reforma constitucional contemplan una instituci\u00f3n jur\u00eddica, pero no la desarrollan expresamente, hay \u201cun amplio margen de configuraci\u00f3n\u201d para las autoridades llamadas a aplicarlas o configurarlas. (\u2026) Esto indica que en principio son posibles distintas formas de refrendaci\u00f3n popular del acuerdo final, que pueden ser definidas por los \u00f3rganos encargados de aplicar el Acto Legislativo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Lo anterior no significa que pueda entonces asign\u00e1rsele cualquier significado a la refrendaci\u00f3n popular. La atribuci\u00f3n de sentido a conceptos gen\u00e9ricos usados en la Constituci\u00f3n tiene tambi\u00e9n ciertos l\u00edmites. Pero su alcance no se puede establecer \u00fanicamente con arreglo a una ex\u00e9gesis literal de las palabras, aun cuando el texto sea sin duda relevante en la interpretaci\u00f3n. Una Constituci\u00f3n debe interpretarse de forma integral y arm\u00f3nica. La jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado, en sinton\u00eda con una tendencia m\u00e1s amplia en el derecho comparado, que una Constituci\u00f3n debe interpretarse de forma integrada, arm\u00f3nica y coherente. (\u2026) Los l\u00edmites del concepto de refrendaci\u00f3n popular, vienen determinados por sus m\u00e1rgenes sem\u00e1nticos, su contexto de expedici\u00f3n, los principios constitucionales que aspiran a realizar, sus relaciones con otras previsiones normativas, y las aproximaciones conceptuales relevantes en la jurisprudencia nacional, la teor\u00eda constitucional y jur\u00eddica en general. A falta de definici\u00f3n expresa en el ordenamiento, debido a que no se identifica estrictamente con un mecanismo de participaci\u00f3n ciudadana en espec\u00edfico, y a causa de que est\u00e1 prevista como una condici\u00f3n para la entrada en vigencia de un esquema institucional para facilitar la transici\u00f3n hacia la paz, un an\u00e1lisis jur\u00eddico integral de la expresi\u00f3n \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d ofrece el siguiente marco conceptual.  En ese contexto preciso, la refrendaci\u00f3n popular designa un (i) proceso, (ii) en el cual haya participaci\u00f3n ciudadana directa, (iii) cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de b\u00fasqueda de mayores consensos, (iv) proceso que puede concluir en virtud de una expresi\u00f3n libre y deliberativa de una autoridad revestida de legitimidad democr\u00e1tica, (v) sin perjuicio de eventuales espacios posibles de participaci\u00f3n ciudadana para la revisi\u00f3n espec\u00edfica de aspectos concretos ulteriores. Mientras los \u00f3rganos pol\u00edticos encargados de aplicar las previsiones del Acto Legislativo 1 de 2016 se mantengan dentro de esos l\u00edmites, pueden definir si se ha cumplido la refrendaci\u00f3n popular, que es condici\u00f3n para su entrada en vigencia (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo con lo esgrimido, se reitera la ausencia de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales por parte de la autoridad convocada.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, la refrendaci\u00f3n confutada no se adelant\u00f3 con arbitrariedad, capricho o desafuero alguno, pues, como se advirti\u00f3, cont\u00f3 con un concepto favorable del Consejo de Estado y, seg\u00fan las propias disertaciones de la Corte Constitucional, le era dable al poder ejecutivo determinar la forma democr\u00e1tica de avalar los pactos suscritos para la finalizaci\u00f3n del conflicto con las Farc.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

5.        Por tanto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 21 de noviembre de 2013, exp. 85001-22-08-000-2013-00107-02.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras.      <\/span><\/p>\n

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               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA     Magistrado ponente            STC3815-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00041-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100172","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100172","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100172"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100172\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100172"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100172"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100172"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}