{"id":100173,"date":"2026-06-25T20:12:34","date_gmt":"2026-06-25T20:12:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3816-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:12:34","modified_gmt":"2026-06-25T20:12:34","slug":"stc3816-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3816-2017\/","title":{"rendered":"STC3816-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3816-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2017-00006-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 24 de enero de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Daniela V\u00e9lez Franco contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil -CNSC- y la Universidad de la Sabana.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora demanda la protecci\u00f3n de los derechos de petici\u00f3n, igualdad y debido proceso, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

2.        Como fundamento de su reparo, sostiene que se inscribi\u00f3 en la Convocatoria 331 de 2015 de la CNSC, abierta para la provisi\u00f3n de empleos en la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia UAEMC.  <\/span><\/p>\n

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Relata que en el examen de conocimientos alcanz\u00f3 un puntaje de 96.58 sobre 100, \u201c(\u2026) obteniendo el (\u2026) m\u00e1s alto para el cargo al cual aspir[a] (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Con posterioridad se publicaron los resultados de la prueba de an\u00e1lisis de antecedentes, donde le fueron asignados 5.0 de los 100 posibles.  <\/span><\/p>\n

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Formul\u00f3 reclamaci\u00f3n frente a esa determinaci\u00f3n, cuestionando la valoraci\u00f3n de  <\/span><\/p>\n

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(i) los estudios profesionales, por cuanto no se tuvo en consideraci\u00f3n una certificaci\u00f3n de una especializaci\u00f3n, de la cual se extra\u00eda \u201c(\u2026) que s\u00f3lo estaba a la espera de la ceremonia de grado (\u2026)\u201d;  <\/span><\/p>\n

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(ii) educaci\u00f3n informal, pues realiz\u00f3 varios cursos que en su criterio, s\u00ed se asimilaban a las funciones de la vacante seleccionada; y  <\/span><\/p>\n

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Con oficio de 28 de diciembre de 2016, la Universidad de la Sabana, contratada por la CNSC para desarrollar el proceso de selecci\u00f3n, \u201c(\u2026) sin argumentos de fondo (\u2026)\u201d, desestim\u00f3 sus alegaciones y ratific\u00f3 su calificaci\u00f3n (fl. 16, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, en concreto, contestar su reclamaci\u00f3n exponiendo claramente los motivos de la decisi\u00f3n y subsanando las falencias presentadas en su evaluaci\u00f3n (fl. 19, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta de los accionados    <\/span><\/p>\n

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a)        La Universidad de la Sabana se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto no lesion\u00f3 las garant\u00edas de la peticionaria, pues en la prueba de an\u00e1lisis de antecedentes, la cual es clasificatoria, aqu\u00e9lla s\u00f3lo alcanz\u00f3 5.00 puntos; adem\u00e1s, la reclamaci\u00f3n frente a la misma se desat\u00f3 el 28 de diciembre de 2016, resolvi\u00e9ndose  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) cada uno de los interrogantes planteados en el escrito [e] indic\u00e1[ndose] las razones por las cuales la universidad no consider[\u00f3] acertadas las observaciones, as\u00ed mismo, se aclararon aspectos sobre factores, criterios, clasificaci\u00f3n y normatividad aplicada, sin que se diera variaci\u00f3n alguna a la puntuaci\u00f3n obtenida inicialmente (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 la inviabilidad del resguardo, porque la tutelante cuenta con otras herramientas de defensa (fls. 39 al 96, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b)        La CNSC, extempor\u00e1neamente, se\u00f1al\u00f3 la improcedencia del auxilio, por cuanto la tutelante puede acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa y demandar los actos presuntamente lesivos de sus prerrogativas. Advirti\u00f3 que revisados los documentos aportados por la promotora, se extra\u00eda que su calificaci\u00f3n en la etapa de an\u00e1lisis de antecedentes se hab\u00eda emitido correctamente, decisi\u00f3n ratificada al desatarse la reclamaci\u00f3n por ella propuesta (fls. 93 al 99, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues la querellante tiene a su alcance los medios procesales para reprochar las actuaciones aqu\u00ed criticadas. A\u00f1adi\u00f3 la inexistencia de un perjuicio irremediable (fls. 64 al 80, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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La actora impugn\u00f3 con argumentos similares a los expresados en el libelo introductor. Resalt\u00f3 que los accionados no desvirtuaron sus alegaciones y anot\u00f3 la falta de claridad del a quo en relaci\u00f3n con el da\u00f1o irreparable porque \u201c(\u2026) pareciera entonces, que es necesario encontrarse en una situaci\u00f3n en la que peligre la misma existencia para que se considere grave la violaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, asever\u00f3 que la Corte Constitucional en sentencia T-384 de 1998, reliev\u00f3 la procedencia de esta salvaguarda, relegando la v\u00eda contencioso administrativa, porque \u00e9sta no ofrece la misma protecci\u00f3n \u201c(\u2026) debido a la prolongaci\u00f3n en el tiempo para obtener una decisi\u00f3n justa (\u2026)\u201d (fl. 90 y 91, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Emerge claro el fracaso del resguardo deprecado, por cuanto las gestiones confutadas no son censurables ante esta jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.         En efecto, para reprochar la legalidad de la calificaci\u00f3n de la prueba de an\u00e1lisis de antecedentes asignada a la querellante y la respuesta a su reclamaci\u00f3n donde se ratific\u00f3 el resultado a ella asignado, est\u00e1 consagrado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, estatuido en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011 actual C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  <\/span><\/p>\n

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Ese es el escenario propicio para debatir, por ejemplo, la valoraci\u00f3n de las certificaciones de estudios profesionales, de educaci\u00f3n no formal y las constancias laborales arrimadas por la quejosa.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, la discusi\u00f3n planteada es ajena a esta especial jurisdicci\u00f3n, pues este mecanismo es de car\u00e1cter residual. Sobre lo expuesto esta Corporaci\u00f3n en casos an\u00e1logos ha precisado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Es evidente el fracaso de la acci\u00f3n, habida cuenta que las controversias en torno a las manifestaciones de voluntad de la administraci\u00f3n deben ventilarse ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa, a trav\u00e9s de los instrumentos id\u00f3neos para proteger las prerrogativas esenciales de los supuestos afectados, sin que le est\u00e9 permitido al fallador constitucional inmiscuirse en tal esfera, pues, su funci\u00f3n es subsidiaria y residual (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [l]as inconformidades contra actos administrativos (\u2026) para acceder a puestos de carrera administrativa, por regla general, no son susceptibles de debate a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, pues, para ello concierne al afectado acudir a la jurisdicci\u00f3n competente y a trav\u00e9s del procedimiento legalmente establecido para el efecto (\u2026) habida cuenta que la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa es el escenario natural de dicha controversia donde con mayor detalle podr\u00e1 debatirse la habilidad del actor, en las etapas procesales establecidas para dicho prop\u00f3sito (\u2026)\u201d (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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El amparo tambi\u00e9n resulta improcedente como mecanismo transitorio, porque, de un lado, no hay prueba de un perjuicio irremediable, m\u00e1xime cuando la tutelante no ha sido excluida del concurso, pues la evaluaci\u00f3n controvertida apenas es de car\u00e1cter clasificatorio.  <\/span><\/p>\n

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Y, de otro, por cuanto en el procedimiento rese\u00f1ado la querellante puede reclamar las medidas pertinentes \u201c(\u2026) para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso (\u2026)\u201d, previstas en el art\u00edculo 229 y siguientes de la citada Ley 1437 de 2011, cautelas id\u00f3neas y eficaces para conjurar el eventual da\u00f1o irreparable.  <\/span><\/p>\n

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3.        Tampoco se halla la vulneraci\u00f3n de la prerrogativa establecida en el art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica, pues no se evidencia un trato diferenciado e injustificado impartido por los acusados a la petente, aspecto al cual se agrega que no es viable la intervenci\u00f3n del juez constitucional en asuntos como el presente porque  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) cualquier decisi\u00f3n modificatoria de la situaci\u00f3n actual de la accionante pondr\u00eda en condiciones de desigualdad a los dem\u00e1s participantes del proceso de selecci\u00f3n, atribuci\u00f3n que por consiguiente s\u00f3lo puede asumir la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa por ser la competente para decidir los conflictos que eventualmente podr\u00edan variar las reglas generales del concurso de marras (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, tampoco resulta dable la aplicaci\u00f3n de la sentencia T-384 de 1998, pues adem\u00e1s del efecto interpartes de esas decisiones, los fundamentos de hecho insertos en esa providencia -dirigidos a lograr una pensi\u00f3n de sobrevivientes-, difieren ostensiblemente de lo alegado por esta v\u00eda residual y extraordinaria.  <\/span><\/p>\n

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4.        En consecuencia, se ratificar\u00e1 la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1CSJ STC de 28 de febrero de 2014, exp. 76001-22-03-000-2014-00015-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC. 8 de abril de 2009, Rad. 00041-01.      <\/span><\/p>\n

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