{"id":100175,"date":"2026-06-25T20:12:50","date_gmt":"2026-06-25T20:12:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3818-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:12:50","modified_gmt":"2026-06-25T20:12:50","slug":"stc3818-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3818-2017\/","title":{"rendered":"STC3818-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3818-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00112-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 7 de febrero de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la tutela promovida por Antonio Jos\u00e9 Ardila Torres frente a las Fiscal\u00edas de Descongesti\u00f3n Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Popay\u00e1n y Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El gestor del auxilio demanda la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por las accionadas.  <\/span><\/p>\n

2. Como sustento de su inconformidad se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que en el a\u00f1o 2004, adquiri\u00f3 por compra efectuada a William Gonz\u00e1lez Horta la camioneta de placas CBH-729, sin haber registrado dicho negocio ante la autoridad de tr\u00e1nsito correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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Arguye que en el mes de febrero de 2015, el mencionado automotor  fue inmovilizado por funcionarios de la Polic\u00eda Nacional, por cuanto, presentaba una anotaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Popayan por el delito de hurto, siendo querellante Juvencio Burbano Espa\u00f1a.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que solicit\u00f3 al ente investigador la entrega a su favor del memorado veh\u00edculo, empero, su pedimento fue denegado el 5 de abril de 2016 y confirmado en segunda instancia por la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad en providencia de 6 de enero de 2017, quien dispuso la entrega provisional del referido bien al denunciante de la mentada causa criminal.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que exigi\u00f3 a la entidad acusadora, la prescripci\u00f3n del punible indagado, sin obtener hasta la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego un pronunciamiento sobre ese aspecto.  <\/span><\/p>\n

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3. Requiere se resuelva de forma inmediata la aludida  petici\u00f3n y se le restituya el veh\u00edculo involucrado.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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a. La Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, manifest\u00f3 acogerse a los \u201c(\u2026) fundamentos jur\u00eddicos consignados en la decisi\u00f3n (\u2026)\u201d ahora atacada por el aqu\u00ed promotor (fl. 95).  <\/span><\/p>\n

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b. La Fiscal\u00eda de Descongesti\u00f3n Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de esa capital, arguy\u00f3 que el asunto subex\u00e1mine contin\u00faa en investigaci\u00f3n preliminar, y sostuvo como motivo del no pronunciamiento respecto de la solicitud de \u201cprescripci\u00f3n\u201d presentada por el interesado, la elevada carga laboral de esa dependencia (fl. 98).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda, porque \u201c(\u2026) las providencias censuradas se sustentan en motivos razonables que eliminan cualquier viso de arbitrariedad que le[s] hagan perder legitimidad, pues los argumentos esgrimidos por la autoridad (\u2026) accionada, son serios y sensatos, en cuanto resolvieron el asunto de cara a la normatividad aplicable y los elementos de prueba allegados al proceso (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Frente a la mora denunciada expres\u00f3 que \u201c(\u2026) si bien existe una dilaci\u00f3n en resolver el asunto que reclama el actor, ello obedece al elevado c\u00famulo de trabajo que presenta ese despacho, sin que sea el turno del asunto reclamado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Finaliz\u00f3 exhortando al ente investigador a cargo de la memorada causa penal, \u201c(\u2026) para que en la medida de lo posible, elabore proyecto de decisi\u00f3n respecto de la solicitud de prescripci\u00f3n (\u2026) a m\u00e1s tardar en el mes de abril de 2017 (\u2026)\u201d (fls. 140 a 159).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el promotor realzando los argumentos del libelo genitor, agregando que al despoj\u00e1rsele de la posesi\u00f3n del mentado automotor \u201c(\u2026) [le] ocasiona[ron] grandes y graves perjuicios (\u2026) irremediables (\u2026)\u201d, porque con aqu\u00e9l, solventaba \u201c(…) las necesidades b\u00e1sicas [de] alimentaci\u00f3n, servicios y educaci\u00f3n de [su] hija (\u2026)\u201d (fls. 172 a 196).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Antonio Jos\u00e9 Ardila Torres reprocha las decisiones de los fiscales convocados al resolver sobre la entrega provisional del veh\u00edculo inmiscuido en el proceso criminal subj\u00fadice; por tanto, esta Sala analizar\u00e1 el pronunciamiento de la entidad acusadora delegada ante el Tribunal, puesto que en esa instancia el tema debatido qued\u00f3 clausurado.  <\/span><\/p>\n

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2. Examinado dicho prove\u00eddo, no emerge irregularidad alguna con fuerza suficiente como para permitir el paso a esta excepcional justicia.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la autoridad fustigada infiri\u00f3 que el gestor no reun\u00eda las condiciones legales para obtener la entrega del rodante hurtado, pese haber alegado ser el poseedor de dicho bien por m\u00e1s de 10 a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

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Para arribar a la anterior conclusi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Sobre el particular esta Delegada ante el Tribunal Superior apunta que la propiedad privada en nuestro medio est\u00e1 condicionada a la adquisici\u00f3n con justo t\u00edtulo. El delito por lo tanto no es [y] no puede ser fuente de causa l\u00edcita, porque donde est\u00e9 la cosa all\u00e1 clama por su due\u00f1o y no por el tenedor leg\u00edtimo o de buena fe. En materia civil y comercial, s\u00f3lo es posible reivindicar contra el tenedor que no haya obrado de buena fe exenta de culpa, porque existiendo ella sin culpa, se reputa due\u00f1o. Pero las normas civiles o de comercio no pueden desdoblar el principio del derecho penal, porque en esta materia la ley prefiere al propietario de la cosa al momento de cometerse el hecho y no al tercero de buena fe\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) La Constituci\u00f3n Nacional, en su art\u00edculo 250, se\u00f1ala entre los deberes de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el procurar hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios ocasionados con el delito. Esto da base, entonces, para resolver este asunto mediante el mecanismo jur\u00eddico del restablecimiento del derecho, porque es all\u00ed donde parece acunarse el problema (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El funcionario judicial debe restituir al propietario, poseedor o tenedor, el bien materia del il\u00edcito, excepci\u00f3n hecha de aquellos que deben entregarse al Estado. Es que por causa de la unidad de jurisdicci\u00f3n, en el funcionario judicial se aglutinan no s\u00f3lo las facultades para decidir acerca de la acci\u00f3n penal sino tambi\u00e9n para desatar aquellas que aparentan un car\u00e1cter privado. De tal modo se piensa porque se tiene el poder-deber de procurar que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes del suceso delictivo. Las trascendentales repercusiones que en la sociedad causa la conducta punible, implican que el funcionario pueda tanto castigar al responsable como hacer todo lo necesario para que el damnificado recobre el statu quo que ten\u00eda antes de la ocurrencia delictuosa\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPor ello, esta Delegada est\u00e1 parcialmente de acuerdo con la decisi\u00f3n adoptada por la primera instancia en el entendido que la posesi\u00f3n por parte de un tercero que puede ser de buena fe, -en este caso del se\u00f1or ANTONIO JOSE ARDILA TORRES – no genera causa l\u00edcita en raz\u00f3n de una presunta conducta punible, sino que sigue siendo il\u00edcita\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Aunque el actor no comparta las anteriores premisas, ello no convierte esa determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitirle el paso de esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue adoptado teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el proceso y la normatividad aplicable al caso.  <\/span><\/p>\n

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4. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Al respecto, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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5. Sobre la falta de pronunciamiento frente a la citada solicitud de prescripci\u00f3n, es menester destacar que si el querellante estima injustificada la demora de la Fiscal\u00eda para definir ese t\u00f3pico, tiene a su alcance la posibilidad de recusar a la autoridad tutelada, en caso de encontrarse en presencia de las circunstancias contempladas en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 99 de la Ley 600 de 2000 y 56 de la Ley 904 de 2004.  <\/span><\/p>\n

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Sobre ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n en un caso an\u00e1logo expuso:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El accionante se queja por la demora en que ha incurrido la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Bajo ese contexto, la Sala aprecia que tal y como lo consider\u00f3 el juez constitucional de primer grado, el accionante tiene a su disposici\u00f3n \u00abla figura jur\u00eddica de la recusaci\u00f3n\u00bb, (CSJ STC 27 sep 2013, rad. 01645-01). Al respecto, en un caso de contornos similares la Corte estim\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u201cEl ordenamiento procesal penal, en el numeral 7 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, establece la posibilidad de formular impedimento en caso de \u2018que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u2019, y en el art\u00edculo 60 de la misma normatividad prev\u00e9 que \u2018si el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declarare cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u2019, raz\u00f3n por la cual, dichos mecanismos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, pues de lo contrario se invadir\u00edan injustificadamente las privativas funciones y competencia de otras autoridades (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026).  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) En una cuesti\u00f3n similar, dijo la Sala de Casaci\u00f3n Penal que \u2018tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c\u2018(\u2026) De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u2019 (CSJ STC 29 jun 2011, rad. 54769, reiterada en las de 20 jun 2012, rad. 011221-01; 25 jul 2012, rad. 01254-01, 13 mar 2013, rad. 00178 -01) (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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6. Finalmente, La salvaguarda pretendida tampoco sale avante como mecanismo transitorio, pues, de un lado, no se demostr\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, entendido como \u201c(\u2026) aqu\u00e9l da\u00f1o que reviste cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pued[e] evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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7. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

En comisi\u00f3n de servicios  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2014, exp. 11001-02-04-000-2014-02258-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ STC 1 sept. 2011, Rad. 2011-00194-01.      <\/span><\/p>\n

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