{"id":100179,"date":"2026-06-25T20:13:21","date_gmt":"2026-06-25T20:13:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3822-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:13:21","modified_gmt":"2026-06-25T20:13:21","slug":"stc3822-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3822-2017\/","title":{"rendered":"STC3822-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76111-22-13-000-2017-00004-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticinco de enero de dos mil diecisiete por la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Buga, como superior funcional del Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio C\u00e9sar Calle V\u00e1squez contra el despacho judicial mencionado, la Administradora Colombiana de Pensiones, y la Gerencia Nacional de Reconocimiento, Gerencia Nacional de N\u00f3mina y la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de esa entidad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar, partes e intervinientes en el incidente de desacato objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, vida digna y seguridad social, que estima vulnerados por las autoridades p\u00fablicas acusadas al dejar sin efectos las sanciones impuestas por desacato a los funcionarios de Colpensiones por el a quo constitucional, por presunto cumplimiento mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 GNR 328648 de noviembre 3 de 2016, dentro del acci\u00f3n de tutela promovido por \u00e9l contra esa entidad p\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se revoquen y dejen sin efecto el auto censurado y la resoluci\u00f3n referida, y se ordene emitir unas nuevas determinaciones en las que se confirme la sanci\u00f3n por desacato y se reconozca y pague los intereses moratorios de la pensi\u00f3n de vejez.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el 2014, Julio C\u00e9sar Calle V\u00e1squez present\u00f3 una acci\u00f3n de esta misma naturaleza contra la Administradora Colombiana de Pensiones, a fin de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores y el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez, junto con los intereses de mora.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar, <\/span><\/p>\n

Valle, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, lo admiti\u00f3 el 10 de diciembre del a\u00f1o citado.  <\/span><\/p>\n

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3. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el fallador dict\u00f3 sentencia el 16 de enero de 2015, en la que concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional y orden\u00f3 a la entidad accionada que reconociera y pagara la prestaci\u00f3n solicitada por el quejoso, incluyendo los meses retroactivos y las mesadas adicionales desde que se caus\u00f3 ese derecho, junto con sus intereses moratorios.  <\/span><\/p>\n

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4. Posteriormente, el actor solicit\u00f3 que se diera cumplimiento a la providencia anterior y se iniciara el incidente de desacato contra el organismo encausado.  <\/span><\/p>\n

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5. En la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 GNR 224382 del 29 de julio de 2016, la entidad accionada reconoci\u00f3 a favor del accionante la pensi\u00f3n de vejez en la cuant\u00eda de $8.570.307, de conformidad con el r\u00e9gimen de aviadores civiles.  <\/span><\/p>\n

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6. En auto del 19 de septiembre de la anualidad anterior, la juez de la causa envi\u00f3 un requerimiento previo relacionado con la petici\u00f3n anterior a Mauricio Olivera, en calidad de presidente, Luis Fernando Ucros Vel\u00e1squez, como Gerente Nacional de Reconocimiento de Pensiones, Doris Patarroyo Patarroyo, en condici\u00f3n de Gerente Nacional de N\u00f3mina, y Paula Marcela Cardona Ruiz, como Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones, todos de Colpensiones.  <\/span><\/p>\n

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7. La falladora abri\u00f3 y corri\u00f3 traslado del incidente especial el 6 de octubre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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8. El 25 de octubre de 2016, el a quo sancion\u00f3 a las personas naturales referidas atr\u00e1s con arresto de un d\u00eda y multa de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente por desacato a la orden de tutela.  <\/span><\/p>\n

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9. La Gerencia Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 GNR 328648 de noviembre 3 del a\u00f1o en cita, modific\u00f3 el acto administrativo emitido anteriormente, a fin incluir la prestaci\u00f3n del se\u00f1or Calle V\u00e1squez en la n\u00f3mina de ese mes.  <\/span><\/p>\n

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10. El Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo, al pronunciarse sobre el grado jurisdiccional de consulta, dej\u00f3 sin efectos las sanciones impuestas, con fundamento en que se hab\u00eda dado cumplimiento a la orden de amparo, pues se orden\u00f3 la inclusi\u00f3n en n\u00f3mina de la pensi\u00f3n del actor, mediante providencia fechada el 22 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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11. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el despacho accionado revoc\u00f3 la sanci\u00f3n por desacato impuesta a los funcionarios de la Administradora Colombiana de Pensiones, con base en el supuesto cumplimiento del fallo de tutela, sin embargo no examin\u00f3 que el acto administrativo desacata aquella providencia en raz\u00f3n a que no se reconoci\u00f3 la retroactividad de su mesada pensional, pese a que fuera ordenada por el juez de tutela. [Folios 2-15, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades querelladas y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 68-69, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo inform\u00f3 que actu\u00f3 conforme a la ley en el tr\u00e1mite de consulta de incidente por desacato, en el que se verific\u00f3 el cumplimiento a lo ordenado con fecha de inclusi\u00f3n en n\u00f3mina. [Folio 83, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, la Administradora Colombiana de Pensiones se opuso a la prosperidad del resguardo, puesto que se orden\u00f3 el reconocimiento de una pensi\u00f3n con diversas irregularidades en la sentencia de tutela, la cual constituye una cosa juzgada fraudulenta, por lo que se han iniciado las investigaciones penales correspondientes, y que el retroactivo pensional se reconoce a partir de la fecha en que dej\u00f3 de realizar aportes a pensi\u00f3n como trabajador dependiente, sin embargo el actor no presenta novedad de retiro. [Folios 86-100, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 25 de enero de 2017, el Tribunal Superior de Buga concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo que continuara el tr\u00e1mite de consulta del incidente de desacato, debido a que incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico pues determin\u00f3 err\u00f3neamente que se hab\u00eda cumplido la orden de tutela, pese a que el acto administrativo emitido por Colpensiones solamente hace referencia al reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez del se\u00f1or Calle V\u00e1squez y a su inclusi\u00f3n en n\u00f3mina, sin que haya pronunciamiento sobre los meses retroactivos y las mesadas adicionales, que deben ser pagadas con los intereses moratorios, motivo por el cual el despacho accionado carec\u00eda de apoyo probatorio para considerar que se hab\u00eda acatado la orden de protecci\u00f3n constitucional. [Folios 133-139, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la Administradora Colombiana de Pensiones la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito de intervenci\u00f3n. [Folio 155, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

2. De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para reclamar contra decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato, toda vez que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno.  <\/span><\/p>\n

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Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones. (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada en CSJ STC, 29 jun. 2011, exp. 00175-01).  <\/span><\/p>\n

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Se ha dicho, entonces, que \u00absi hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u00bb. (CSJ STC, 21 feb. 2003, exp. 00382)  <\/span><\/p>\n

No obstante, tambi\u00e9n se estableci\u00f3 que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo en aquellos casos \u00aben que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008, exp. 00344-01), as\u00ed como en el supuesto circunscrito a que el juez del desacato \u00abse extralimita en el cumplimiento de sus funciones\u00bb; \u00abvulnera el derecho de defensa\u00bb o \u00abcuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CSJ STC, 30 en. 2013, exp. 00083-00).  <\/span><\/p>\n

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3. En el asunto que es objeto de estudio, el tutelante pretende controvertir por v\u00eda constitucional la determinaci\u00f3n del Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo, fechada el 22 de noviembre de 2016, en sede jurisdiccional de consulta mediante la cual se dejaron sin efecto las sanciones impuestas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar, consistentes en multa y arresto en contra de Mauricio Olivera, en calidad de presidente, Luis Fernando Ucros Vel\u00e1squez, como Gerente Nacional de Reconocimiento de Pensiones, Doris Patarroyo Patarroyo, en condici\u00f3n de Gerente Nacional de N\u00f3mina, y Paula Marcela Cardona Ruiz, como Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones, todos de Colpensiones, puesto que ya se hab\u00eda emitido un acto administrativo ordenando la inclusi\u00f3n en n\u00f3mina de la pensi\u00f3n del actor, en cumplimiento de la orden de tutela dictada por la segunda sede judicial citada el pasado 16 de enero de 2015.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, de la revisi\u00f3n de las diligencias accesorias cuestionadas, se advierte que el fallador constitucional de primer grado, en cumplimiento al procedimiento establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia sobre la materia, efectu\u00f3 un primer requerimiento a los accionados el 19 de septiembre de 2016 y ante la ausencia de respuesta alguna, orden\u00f3 la apertura del tr\u00e1mite incidental el 6 de octubre siguiente, con la finalidad de que los incidentados ejercieran su derecho de defensa y aportaran las pruebas que estimaran convenientes.  <\/span><\/p>\n

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De las anteriores premisas surge evidente la improcedencia de la protecci\u00f3n suplicada, pues los hechos que expone el peticionario del amparo no se relacionan con los eventos en que aquella ser\u00eda viable, pues adem\u00e1s de que nada se discute en torno de la imposibilidad de ejercer la defensa en el tr\u00e1mite incidental, o que se hubiera impedido intervenir luego de promovido el mismo, no se advierte extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de las funciones asignadas a los jueces que resolvieron la controversia, como tampoco que hubieren actuado de manera arbitraria o caprichosa.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, se advierte que el quejoso no puede pretender desconocer las herramientas jur\u00eddicas que el legislador implement\u00f3 para garantizar la efectividad del amparo constitucional concedido y acudir a un nuevo tr\u00e1mite tutelar, pues si estima que el referido mecanismo accesorio no resulta id\u00f3neo para tal efecto, puede hacer uso de las dem\u00e1s v\u00edas judiciales y\/o administrativas con miras a lograr el cumplimiento que anhela, con las consecuentes sanciones de ley.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que es improcedente el resguardo deprecado, y por consiguiente, la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado debe ser revocada para, en su lugar, negar la salvaguarda solicitada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la providencia impugnada y, en su lugar, DENIEGA la protecci\u00f3n constitucional rogada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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