{"id":100182,"date":"2026-06-25T20:13:46","date_gmt":"2026-06-25T20:13:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3825-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:13:46","modified_gmt":"2026-06-25T20:13:46","slug":"stc3825-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3825-2017\/","title":{"rendered":"STC3825-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3825-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68679-22-14-000-2017-00003-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Patricia Fern\u00e1ndez Acu\u00f1a, actuando en nombre propio y como Gerente Regional Nororiente de la Nueva EPS S.A., contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Contrataci\u00f3n y Segundo Civil del Circuito de El Socorro, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el incidente de desacato objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que estima vulnerados por las autoridades judiciales acusadas al imponerle sanci\u00f3n de arresto y multa por desacato, por el presunto incumplimiento a la orden de tutela emitida dentro de la acci\u00f3n constitucional promovida por Gilma Parada Duarte, como representante del menor Juli\u00e1n David Pico Parada, contra la Nueva EPS S.A.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene la cesaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n de la orden de arresto y multa impuesta en su contra.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Gilma Parada Duarte, actuando en representaci\u00f3n del ni\u00f1o Juli\u00e1n David Pico Parada, present\u00f3 una acci\u00f3n de esta misma naturaleza contra la Nueva EPS S.A., a fin de obtener la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores de aquel, la autorizaci\u00f3n y realizaci\u00f3n de las terapias fonoaudiol\u00f3gicas y ocupacionales, y el tratamiento integral de la discapacidad intelectual, el trastorno de lenguaje y la perturbaci\u00f3n de la actividad y atenci\u00f3n, que \u00e9l padece.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Contrataci\u00f3n, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, lo admiti\u00f3 el 29 de marzo de 2016.  <\/span><\/p>\n

3. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el fallador dict\u00f3 sentencia el 12 de abril de 2016, en la que concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional y orden\u00f3 a la entidad accionada que brindara los servicios de salud al menor accionante en Contrataci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. El 25 de julio siguiente, la actora solicit\u00f3 que se diera cumplimiento a la providencia anterior o, en caso de renuencia, se sancionara por desacato al organismo encausado.  <\/span><\/p>\n

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5. Mediante prove\u00eddo del 28 de julio de la anualidad referida, corregida el 5 de agosto posterior, la juzgadora requiri\u00f3 a la entidad promotora de salud para que informara si hab\u00eda cumplido la sentencia de amparo.  <\/span><\/p>\n

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6. La Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n ese asunto, mediante auto de agosto 30 del a\u00f1o citado.  <\/span><\/p>\n

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7. La juez de la causa dio apertura al tr\u00e1mite incidental especial, donde determin\u00f3 que la responsable del cumplimiento del fallo era Claudia Patricia Fern\u00e1ndez Acu\u00f1a, en calidad de Directora de la Regional Nororiente de la Nueva EPS S.A., y decret\u00f3 las pruebas correspondientes, a trav\u00e9s de providencia del 22 de agosto de la anualidad precedente.  <\/span><\/p>\n

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8. En prove\u00eddo del 2 de septiembre de 2016, el a quo declar\u00f3 que hubo desacato a la orden de tutela y sancion\u00f3 a la persona natural referida atr\u00e1s con arresto de tres d\u00edas y multa de tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.  <\/span><\/p>\n

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9. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Socorro, al pronunciarse sobre el grado jurisdiccional de consulta, determin\u00f3 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n anterior, el 12 de septiembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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10. Posteriormente, el 7 de diciembre del a\u00f1o aludido, la Nueva E.P.S. S.A. solicit\u00f3 la cesaci\u00f3n de efectos de la sanci\u00f3n por desacato porque se encontrar\u00eda prestando los servicios m\u00e9dicos requeridos por el ni\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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11. El juzgador determin\u00f3, el 12 de enero de 2017, que si bien se han contratado las terapias ocupacionales, no se ha resuelto lo concerniente al tratamiento de fonoaudiolog\u00eda, por lo que suspendi\u00f3 las sanciones decretadas por un plazo de 30 d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

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12. En criterio de la peticionaria de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que los despachos accionados incurrieron en defecto al sancionarla por desacato en el asunto mencionado, pese a que la entidad promotora de salud no cuenta con los servicios de fonoaudiolog\u00eda y terapia ocupacional en Contrataci\u00f3n, y que los mismos han sido autorizados en la E.S.E. Manuela Beltr\u00e1n ubicada en El Socorro, sin embargo las propuestas ofrecidas a la madre del menor no fueron aceptadas por ella, motivo por el cual no es procedente que se impongan las sanciones de arresto y multa. [Folios 1-15, c. 1]  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 13 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los estrados judiciales querellados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 83-85, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Promiscuo Municipal de Contrataci\u00f3n inform\u00f3 que, en providencia emitida el 12 de enero del a\u00f1o en curso, suspendi\u00f3 las sanciones de arresto y multa, a fin de que la entidad promotora de salud iniciar los tr\u00e1mites administrativos para que las terapias fueran proporcionadas en el lugar de residencia del ni\u00f1o. [Folios 97-98, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 24 de enero de 2017, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil concedi\u00f3 el amparo y dej\u00f3 sin efecto la sanci\u00f3n impuesta a la accionante, mediante las providencias fechadas los d\u00edas 2 y 12 de septiembre del a\u00f1o anterior, debido a que la Nueva EPS S.A. estaba en la imposibilidad material de cumplir la orden contenida en el fallo de tutela, pues los servicios de fonoaudiolog\u00eda y terapia ocupacional no pueden prestarse en Contrataci\u00f3n, ya que no existen instituciones prestadoras de salud habilitadas para ello en ese municipio, y adicionalmente se le brindaron alternativas a la madre del menor para que \u00e9l recibiera esos servicios en la E.S.E. Manuela Beltr\u00e1n de El Socorro, circunstancias que no se tuvieron en cuenta al imponer la sanci\u00f3n por desacato.  [Folios 122-132, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el Juzgado Promiscuo Municipal de Contrataci\u00f3n la impugn\u00f3, para lo cual indic\u00f3 que las terapias ocupacionales s\u00ed est\u00e1n siendo suministradas en ese municipio, que no hay prueba de las propuestas ofrecidas a la progenitora del ni\u00f1o, y que debe procurarse el cumplimiento de la orden de tutela. [Folios 143-145, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

2. De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para reclamar contra decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato, toda vez que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno.  <\/span><\/p>\n

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Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones. (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada en CSJ STC, 29 jun. 2011, exp. 00175-01).  <\/span><\/p>\n

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Se ha dicho, entonces, que \u00absi hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u00bb. (CSJ STC, 21 feb. 2003, exp. 00382)  <\/span><\/p>\n

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No obstante, tambi\u00e9n se estableci\u00f3 que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo en aquellos casos \u00aben que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008, exp. 00344-01), as\u00ed como en el supuesto circunscrito a que el juez del desacato \u00abse extralimita en el cumplimiento de sus funciones\u00bb; \u00abvulnera el derecho de defensa\u00bb o \u00abcuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CSJ STC, 30 en. 2013, exp. 00083-00).  <\/span><\/p>\n

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3. En el asunto que es objeto de estudio, la tutelante pretende controvertir por v\u00eda constitucional las decisiones de los Juzgados Promiscuo Municipal de Contrataci\u00f3n y Segundo Civil del Circuito de El Socorro, fechadas los 2 y 12 de septiembre de 2016, mediante las cuales se le impuso sanciones de multa y arresto en su contra, en su condici\u00f3n de Gerente Regional Nororiente de la Nueva EPS S.A., dentro del incidente de desacato promovido por Gilma Parada Duarte, como representante del menor Juli\u00e1n David Pico Parada, ante el presunto desobedecimiento a la orden de tutela dictada por la primera sede judicial citada el pasado 12 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, de la revisi\u00f3n de las diligencias accesorias cuestionadas, se advierte que el fallador constitucional de primer grado, en cumplimiento al procedimiento establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia sobre la materia, efectu\u00f3 un primer requerimiento a la accionada los d\u00edas 28 de julio y 5 de agosto del a\u00f1o citado y, m\u00e1s adelante, orden\u00f3 la apertura del tr\u00e1mite incidental el 22 de agosto siguiente, con la finalidad de que la incidentada ejerciera su derecho de defensa y aportara las pruebas que estimara convenientes.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, inclusive se observa que, despu\u00e9s de emitida la sanci\u00f3n por desacato, el a quo dispuso, mediante prove\u00eddo del 12 de enero de 2017, la suspensi\u00f3n de las medidas coercitivas impuestas contra la promotora de la queja por un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, ante el cumplimiento parcial de la orden de tutela, con el fin de que este fuera cabal, como mecanismo persuasivo propio de esa acci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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4. De las anteriores premisas surge evidente la improcedencia de la protecci\u00f3n suplicada, pues los hechos que expone la peticionaria del amparo no se relacionan con los eventos en que aquella ser\u00eda viable, pues adem\u00e1s de que nada se discute en torno de la imposibilidad de ejercer la defensa en el tr\u00e1mite incidental, o que se hubiera impedido intervenir luego de promovido el mismo, no se advierte extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de las funciones asignadas a los jueces que resolvieron la controversia, como tampoco que hubieren actuado de manera arbitraria o caprichosa.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, advierte la Sala que los excepcionales supuestos para la prosperidad de la acci\u00f3n incoada, establecidos por v\u00eda jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones surtidas al interior del incidente de desacato y a las que se hizo menci\u00f3n, no se hallan acreditados en el presente asunto, y por lo tanto, contrario a lo se\u00f1alado por el Tribunal en la sentencia impugnada, no hay lugar a acceder a lo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que es improcedente el resguardo deprecado, y por consiguiente, la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado debe ser revocada para, en su lugar, negar la salvaguarda solicitada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la providencia impugnada y, en su lugar, DENIEGA la protecci\u00f3n constitucional rogada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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