{"id":100183,"date":"2026-06-25T20:13:54","date_gmt":"2026-06-25T20:13:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3826-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:13:54","modified_gmt":"2026-06-25T20:13:54","slug":"stc3826-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3826-2017\/","title":{"rendered":"STC3826-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-003-2017-00019-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 6 de febrero de 2017, proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida a trav\u00e9s de apoderado judicial por Jairo Antonio Cuchivaque Patarroyo contra el Ej\u00e9rcito Nacional \u2013 Direcci\u00f3n de Sanidad y el Ministerio de Defensa Nacional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante por intermedio de abogado, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por las entidades accionadas, al negarle el reconocimiento y pago de la bonificaci\u00f3n especial adicional del 25% sobre la pensi\u00f3n de invalidez que le fue otorgada, mediante acta de Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda No. TML15-1-387 MDNSG TML 41.1 del 21 de agosto de 2015.  <\/span><\/p>\n

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       Solicita entonces, puntualmente, que se ordene a las autoridades convocadas, reconocer y pagar a su favor i) \u00abla bonificaci\u00f3n especial adicional al 25% de la pensi\u00f3n de [invalidez]\u00bb, as\u00ed como ii) \u00abel retroactivo de [dicha] bonificaci\u00f3n (\u2026) desde el momento que [le fue] otorgada la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que en el a\u00f1o 1998 ingres\u00f3 a las filas del Ej\u00e9rcito Nacional como \u00absuboficial\u00bb, siendo el \u00faltimo grado obtenido en la instituci\u00f3n el de Sargento Viceprimero; que posteriormente, esto es, en el a\u00f1o 2010, estando en una operaci\u00f3n de acci\u00f3n contra grupos al margen de la ley, \u00abfue herido por arma de fuego en hombro con trauma raquimedular en T12-L1 tratado por ortopedia que dej[\u00f3] como secuela a) paraplej\u00eda, b) vejiga neurog\u00e9nica, c) cicatrices con defecto est\u00e9tico severo\u00bb, por lo que en Junta M\u00e9dico Laboral celebrada el 9 de febrero de 2005, fue calificado con una disminuci\u00f3n de la capacidad del 100%, y, declarado no apto para el servicio.  <\/span><\/p>\n

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Relata que ante tal situaci\u00f3n, el 13 de enero de 2015, \u00abradic\u00f3 solicitud de reconocimiento del beneficio especial del 25% adicional a la mesada pensional de invalidez, al cual alude el par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 33 del Decreto 4433 de 2004, ante el Director de Sanidad Militar del Ej\u00e9rcito Nacional\u00bb, la cual fue resuelta a su favor mediante acta adicional No. 001 del 6 de febrero de 2015 por tal Direcci\u00f3n, por lo que requiri\u00f3 al Director de Prestaciones Sociales la materializaci\u00f3n de tal prerrogativa.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que no obstante lo anterior, mediante acta del 21 de agosto siguiente, el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, \u00abactuando como \u00faltima instancia\u00bb, resolvi\u00f3 calificarlo \u00abcomo una persona independiente para realizar las actividades b\u00e1sicas de la vida cotidiana, seg\u00fan el \u00edndice de Barthel que le califica 80 puntos sobre 100, y por esta raz\u00f3n este cuerpo colegiado decide NO OTROGAR el 25% adicional\u00bb, sin tener en cuenta, dice, las verdaderas condiciones m\u00e9dicas en las que en la actualidad se encuentra, situaci\u00f3n que a todas luces vulnera las prerrogativas fundamentales invocadas (fls. 1 a 10, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ej\u00e9rcito Nacional, dando contestaci\u00f3n al escrito de tutela, solicit\u00f3 denegar el amparo inquirido, pues el actor pretende, luego de 10 a\u00f1os del retiro de la instituci\u00f3n, lograr el beneficio del 25% adicional de la mesada pensional, pese a que no solo \u00abpor el hecho de tener una DCL del 100%, se concluya autom\u00e1ticamente que necesita de una tercera persona, por el contrario pese a poder una disminuci\u00f3n de la capacidad laboral, sigui\u00f3 al servicio en labores administrativas\u00bb; a m\u00e1s que el derecho fundamental al m\u00ednimo vital \u00abse encuentra plenamente protegido toda vez que actualmente el se\u00f1or CUCHIVAQUE PATARROYO percibe COMO MESADA PENSIONAL el 95% del \u00faltimo ingreso [que] asciende a la suma de $2\u2019860.012,05, tal y como consta en la copia de la n\u00f3mina correspondiente al mes de enero de 2017\u00bb (fls. 42 a 47, Id.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras indicar que  <\/span><\/p>\n

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\u00abes de entender que el accionante para poder ejercer sus derechos y garant\u00edas constitucionales que estima vulnerados debe acudir a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, pues el hecho que el TRIBUNAL MEDICO LABORAL DE REVISION MILITAR Y DE POLICIA haya estimado que no tiene derecho al incremento del 25% sobre su pensi\u00f3n de invalidez, no quiere decir que esa decisi\u00f3n no pueda ser controvertida ante el juez correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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No puede perderse de vista, adem\u00e1s, que en el escrito de tutela el promotor del amparo no aleg\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable y a pesar que realiza algunas afirmaciones para su configuraci\u00f3n, tales como que se est\u00e1 afectando su derecho al m\u00ednimo vital o que ha requerido la ayuda de amigos, en realidad no las acompa\u00f1a del sustento probatorio y argumentativo del caso como para sostener que se est\u00e9 afectando su derecho al m\u00ednimo vital o el de su familia.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, si la vulneraci\u00f3n del m\u00ednimo vital del accionante por la ausencia de ingresos no ha sido acreditada, sino que por el contrario, se encuentra demostrado que recibe mensualmente la suma correspondiente por concepto de su mesada pensional, y no se satisfacen las dem\u00e1s condiciones de procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela para la obtenci\u00f3n de la prestaci\u00f3n, el amparo no puede abrirse paso por la existencia de medios de defensa judicial para dirimir la controversia\u00bb (fls. 51 a 61, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El actor protest\u00f3 el anterior fallo, aduciendo similares argumentos a los del ruego tuitivo (fls. 78 a 85, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.         La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el caso que ahora suscita la atenci\u00f3n de la Corte, el se\u00f1or Cuchivaque Patarroyo reprocha concretamente a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, el acto administrativos en virtud del cual se le neg\u00f3 el reconocimiento del beneficio del 25% adicional a la mesada pensional que por invalidez percibe desde el a\u00f1o 2005 (acta de Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de polic\u00eda No. TML15-1-387MDNSG 1ML 41.1 21 de 21 agosto de 20151), pues a su juicio, con tal determinaci\u00f3n se desconoci\u00f3 el porcentaje de incapacidad que le fue diagnosticado al momento de su retiro -100%, situaci\u00f3n que, por ende, asegura, vulnera sus prerrogativas fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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4.        Sin embargo, de la manera como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, el amparo solicitado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por los motivos que a continuaci\u00f3n se exponen:  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, como quiera que transcurrieron casi 2 a\u00f1os respecto de la emisi\u00f3n del acto administrativo referenciado, sin que el inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con dicha decisi\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, de cara a la tem\u00e1tica puntual de la inmediatez, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en STC2481-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.2.   S\u00famese a lo expuesto, que tampoco obra prueba alguna dentro del expediente de la que pueda establecerse que el interesado hizo uso de la v\u00eda judicial id\u00f3nea, esta es, la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de cuestionar ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa la legalidad del acto administrativo cuestionado, herramienta que resultaba id\u00f3nea y eficaz para defender los derechos que considera conculcados.  <\/span><\/p>\n

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En estas condiciones, conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, no cabe duda que la queja constitucional luce improcedente, toda vez que si el ordenamiento legal ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para el resguardo de esas prerrogativas, ha de recurrirse y estarse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente del de brindar a la persona el resguardo inmediato de los derechos fundamentales que la Carta reconoce.  <\/span><\/p>\n

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Como se ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo extraordinario solamente se puede acudir previo agotamiento de todos los instrumentos que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, puesto que \u00abla acci\u00f3n de tutela no puede sustituir los conductos regulares que los interesados deben seguir cuando se presentan situaciones de esta naturaleza, en orden a que el propio ente dentro del marco de sus competencias emita pronunciamiento frente a las peticiones respetuosas que formulen y, de ser el caso, adopte las medidas pertinentes\u00bb (CSJ STC, 3 feb. 2012, Rad. 2011-00912-01, reiterado entre otros en STC2481-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener la determinaci\u00f3n constitucional criticada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Fls. 17 a 22, cdno. 1.      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-003-2017-00019-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 6 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100183","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100183","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100183"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100183\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100183"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}