{"id":100186,"date":"2026-06-25T20:14:05","date_gmt":"2026-06-25T20:14:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3830-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:14:05","modified_gmt":"2026-06-25T20:14:05","slug":"stc3830-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3830-2017\/","title":{"rendered":"STC3830-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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STC3830-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00246-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Liliana Su\u00e1rez Pedraza contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de dicha urbe, as\u00ed como la parte activa y dem\u00e1s intervinientes del juicio reivindicatorio a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, dentro del proceso reivindicatorio que los se\u00f1ores Jos\u00e9 Domingo Rodr\u00edguez Vargas y Luis Alfredo Rodr\u00edguez ,promovieron en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Del escrito de tutela, en armon\u00eda con los dem\u00e1s documentos allegados con \u00e9ste, la Sala colige que lo que exige la actora para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, es que se dejen sin efecto las decisiones adoptadas al interior del citado litigio a partir del prove\u00eddo de 12 de mayo de 2016, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, reanudar la actuaci\u00f3n sin admitir adici\u00f3n o reforma alguna a la demanda (fls. 1 a 4, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, aduce en lo esencial, que luego de haber propuesto excepciones de m\u00e9rito contra la demanda que dio origen al litigio referido en l\u00edneas precedentes, el Despacho acusado llev\u00f3 a cabo la audiencia prevista en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, diligencia en la cual, dice, dicha autoridad \u00abasumi\u00f3 una serie de actos violatorios del debido proceso\u00bb, al haber otorgado a su contraparte un t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para que adicionara o reformara la demanda, teniendo en cuenta los medios de defensa que hab\u00edan sido propuestos, por lo que una vez \u00e9sta fue presentada, el juez procedi\u00f3 a admitirla mediante prove\u00eddo de 12 de mayo de 2016, decisi\u00f3n que se mantuvo pese a ser recurrida.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que adem\u00e1s de lo anterior, el juez accionado no le comunic\u00f3 la renuncia al poder que su apoderado judicial present\u00f3 el 5 de agosto siguiente, omisi\u00f3n que, dice, la perjudic\u00f3, pues el pasado 17 de enero, data en la cual se llev\u00f3 a cabo la diligencia de inspecci\u00f3n judicial al bien inmueble objeto del proceso, fue dictada la sentencia que puso fin al mismo, en la que se acogieron las pretensiones de los demandantes, por lo que se comision\u00f3 la entrega del bien al Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de esta capital.        <\/span><\/p>\n

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Finalmente sostiene, que tales actuaciones se hicieron \u00absin el lleno de las formalidades legales\u00bb, raz\u00f3n por la que considera que su reclamo debe ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n (fls. 1 a 4, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.   El Juez Treinta y Siete Civil Municipal de Bogot\u00e1, luego de memorar las actuaciones que ha desplegado ese despacho para auxiliar la comisi\u00f3n proveniente de la oficina judicial acusada, con ocasi\u00f3n del juicio reivindicatorio que se debate, solicit\u00f3 denegar lo pretendido, tras se\u00f1alar que \u00abno ha vulnerado en ning\u00fan momento los derechos fundamentales en cabeza de la parte accionante, toda vez que siempre ha actuado bajo los preceptos de la normatividad aplicable para cada caso\u00bb (fls. 45 y 46, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.    El Titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, se limit\u00f3 a manifestar que \u00abse remite a todas y cada una de las actuaciones surtidas en el plenario, especialmente a las que ata\u00f1en a la queja constitucional impetrada (\u2026), las que dicho sea de paso, se profirieron conforme a la ley, y con estricto apego a la realidad procesal\u00bb (fls. 48, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c.    Luz Mar\u00eda del Carmen Lozano Casta\u00f1eda, quien dijo ser apoderada judicial de los demandantes del rese\u00f1ado litigio, se opuso al \u00e9xito del auxilio implorado, aduciendo que la tutelante \u00abha utilizado diferentes maniobras con el prop\u00f3sito de apoderarse del inmueble de propiedad de sus poderdantes\u00bb, siendo la presente solicitud una m\u00e1s de esas actuaciones, la cual est\u00e1 encaminada a \u00abDILATAR el proceso y por ende la entrega del bien inmueble mencionado\u00bb, (fls. 4 y 5, Cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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d.    Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia, tras citar los requisitos de procedibilidad del amparo contra decisiones judiciales, lo desestim\u00f3, tras considerar que  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se satisfacen los referidos presupuestos, en primer lugar, por no cumplirse el requisito de inmediatez, si se tiene en cuenta que entre la fecha en la que se notific\u00f3 el auto por el que se rechaz\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n de admitir la reforma de la demanda (15 de junio de 2016), y la data en la que la accionante promovi\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela (6 de febrero de 2017), transcurri\u00f3 un periodo que desborda el t\u00e9rmino razonable y proporcional que se requiere para la procedencia de la solicitud (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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En segundo t\u00e9rmino, por no cumplirse el requisito de la subsidiariedad, dado que el expediente del proceso reivindicatorio ense\u00f1a que la promotora de esta acci\u00f3n no se hizo presente en la diligencia de inspecci\u00f3n practicada sobre el inmueble objeto de dicho litigio, y mucho menos interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia que all\u00ed se profiri\u00f3, pese a que aquel plenario igualmente revela que mediante telegrama se le comunic\u00f3 a la accionante de la hora y fecha se\u00f1alada para la diligencia, sin que aparezca que el mismo hubiere sido devuelto.  <\/span><\/p>\n

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En tercer lugar, habida cuenta que ta[mpoco] se encuentra acreditado que [la] accionante hubiese alegado ante el juez de conocimiento, la falta de defensa t\u00e9cnica de         que ac\u00e1 se duele\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 a lo dicho, respecto de la actuaci\u00f3n desplegada por el juzgado municipal vinculado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se observa vulneraci\u00f3n alguna por parte del Juez comisionado para la diligencia de entrega, habida cuenta que de los autos emerge que \u00e9ste se limit\u00f3 a dar cumplimiento a la orden proferida en una sentencia que no fue impugnada por la accionante, se\u00f1alando el d\u00eda 15 de marzo del corriente a\u00f1o con tal prop\u00f3sito, seg\u00fan consta en las copias allegadas del respectivo despacho comisorio\u00bb (fls. 50 a 56, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante se mostr\u00f3 inconforme con el anterior fallo, insistiendo en los reparos que expuso contra la admisi\u00f3n de la reforma de la demanda que dio origen al juicio reivindicatorio criticado (fl. 64, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por la se\u00f1ora Liliana Su\u00e1rez Pedraza, de entrada se advierte que la misma no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues en lo que toca con la decisi\u00f3n por medio de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la reforma a la demanda, dentro del proceso reivindicatorio que los se\u00f1ores Jos\u00e9 Domingo Rodr\u00edguez Vargas y Luis Alfredo Rodr\u00edguez promovieron en contra de la accionante, el resguardo no cumple con el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, como bien lo indic\u00f3 el a quo constitucional, si en cuenta se tiene que dicha determinaci\u00f3n data del 12 de mayo de 2016, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 6 de febrero de 2017 (fl. 1), circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a las aludidas determinaciones no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo \u2013casi 8 meses1-, sin que la tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con la demarcada providencia, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado requisito, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.   <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-00; citada entre otras en STC16688-2015, STC608-2016, STC1898-2016, STC2172-2016, STC1536-2017).  <\/span><\/p>\n

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3.    Por otra parte, basta decir, en cuanto al reproche endilgado contra la sentencia emitida por el Despacho acusado el 17 de enero hoga\u00f1o, que no s\u00f3lo la misma fue debidamente notificada a las partes de acuerdo a lo estipulado en el art\u00edculo 294 del C\u00f3digo de General del Proceso, sino que la actora, en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de asistir junto a su precursor judicial a la diligencia en la que esta se dict\u00f3 y, por ende, dej\u00f3 de formular el recurso de apelaci\u00f3n en su contra, \u00fanica herramienta que proced\u00eda a fin de ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, al haber desaprovechado el mecanismo que estaba a su disposici\u00f3n para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva para sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; mencionada recientemente en STC1897-2016, STC2512-2016 y STC1726-2017).  <\/span><\/p>\n

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Puntualizando que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago. 2008, Rad. 01343-00; citada \u00faltimamente en STC2173-2016 y STC1722-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.   Finalmente cabe acotar, respecto de la falta de comunicaci\u00f3n de la renuncia al poder efectuada por su apoderado judicial, que a voces del inciso 4\u00ba del art\u00edculo 76 de la nueva Codificaci\u00f3n Procesal, \u00ab[l]a renuncia no pone t\u00e9rmino al poder sino cinco (5) d\u00edas despu\u00e9s de presentado el memorial de la renuncia en el juzgado, acompa\u00f1ado de la comunicaci\u00f3n enviada al poderdante en tal sentido\u00bb, la que deber\u00e1 ser realizada por el abogado, so pena de no operar la renuncia; de ah\u00ed que se pueda afirmar que aqu\u00e9l nunca dej\u00f3 de ejercer la representaci\u00f3n judicial de la tutelante en la memorada actuaci\u00f3n, pues de acuerdo a lo informado por \u00e9sta, no recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n en tal sentido, circunstancia que descarta, entonces, que la autoridad convocada haya incurrido en la vulneraci\u00f3n que se le endilga por este puntual aspecto, m\u00e1xime cuando el inciso 2\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 372 ejusdem, autoriza al juez a llevar a cabo la audiencia all\u00ed prevista aunque no est\u00e9 presente una de las partes o su apoderado2.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, el hecho de que el mandatario judicial de la promotora no haya ejercido en debida forma el mandato encomendado en el juicio criticado, no se erige en un motivo suficiente y tampoco aceptable para conceder la protecci\u00f3n solicitada, pues, recu\u00e9rdese que, la Corte ha considerado que la eventual negligencia del apoderado tampoco sirve como,  <\/span><\/p>\n

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\u00abelemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional; (\u2026) pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de sus profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones judiciales (\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(\u2026) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u2019. 2003-00157\u00bb (CSJ STC, 6 sep. 2011, Rad. 2011-01816-00, citado entre otros en STC2012-2015 y STC11347-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.   Por tanto, las razones que anteceden se estiman suficientes para mantener inc\u00f3lume el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Contados desde la fecha en que fue notificado el rechazo del recurso de reposici\u00f3n que la actora formul\u00f3 contra la decisi\u00f3n referenciada, esto es, el 15 de junio de 2016.    <\/span><\/p>\n

2 El \u00fanico evento en que esta no puede esta realizarse, es cuando ninguna de las partes concurra a la misma, conforme lo dispone el inciso 2\u00ba del numeral 4\u00ba del citado canon.      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO      STC3830-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00246-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100186","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100186","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100186"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100186\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100186"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}