{"id":100188,"date":"2026-06-25T20:14:22","date_gmt":"2026-06-25T20:14:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3832-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:14:22","modified_gmt":"2026-06-25T20:14:22","slug":"stc3832-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3832-2017\/","title":{"rendered":"STC3832-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3832-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00074-03  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).   <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 2 de febrero de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Antonia Pinto Torres contra la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte pasiva de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        La gestora reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, de petici\u00f3n y a la \u00abreparaci\u00f3n\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias emitidas en ambas instancias en el marco de la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2016-00010-00, que promovi\u00f3 en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV.  <\/span><\/p>\n

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       En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se ordene a la citada entidad, \u00abresolver el recurso de apelaci\u00f3n presentado\u00bb contra la resoluci\u00f3n que le neg\u00f3 la inscripci\u00f3n en el Registro \u00danico de V\u00edctimas (RUV) (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, aduce en lo esencial, que con la acci\u00f3n constitucional referida l\u00edneas atr\u00e1s, pretendi\u00f3 la revocatoria del acto administrativo mencionado, ya que, dice, la UARIV \u00abrealiz[\u00f3] un ejercicio de interpretaci\u00f3n contrario a las normas y sin valorar el control de convencionalidad, con la jurisprudencia de la corte constitucional y los autos de seguimiento del mismo tribunal\u00bb, pretensi\u00f3n que fue negada en ambas instancias por las instancias judiciales accionadas, \u00absin siquiera verificar que la UARIV [le] hab\u00eda contestado [el recurso de] apelaci\u00f3n\u00bb que formul\u00f3 contra la rese\u00f1ada decisi\u00f3n, por lo que, asegura, \u00abpermitieron que se agraviara el postulado constitucional al debido proceso\u00bb, raz\u00f3n por la que considera que debe ser atendido su reclamo a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional (fls. 1 a 8, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  El Juez Segundo Penal del Circuito de Yopal, solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo suplicado, con sustento en que \u00abquien est\u00e9 inconforme con lo decidido en una sentencia de tutela s\u00f3lo puede optar por solicitar la revisi\u00f3n de [\u00e9sta], en la cual se pueden corregir posibles errores de los jueces\u00bb, mientras que \u00absi lo que se alega es la vulneraci\u00f3n del debido proceso o del derecho de defensa en una sentencia de tutela, resulta admisible solicitar la nulidad de la misma\u00bb (fl. 131, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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b.  El Tribunal Superior de la misma ciudad a trav\u00e9s de su secretar\u00eda general, inform\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n conoci\u00f3 en segunda instancia del amparo cuestionado, el cual evacu\u00f3 con sentencia de 7 de abril de 2016, confirmando la negativa dispuesta por el a quo, actuaci\u00f3n en la que \u00abse respetaron a cabalidad los derechos y garant\u00edas de las partes\u00bb (fl. 136, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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c.  La entidad vinculada, guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, por cuanto \u00abse interpu[so] acci\u00f3n de tutela contra un fallo de amparo, gesti\u00f3n que como lo ha sostenido es[a] Sala no puede aceptarse, no solo porque se crear\u00eda una cadena indefinida de mecanismos extraordinarios de protecci\u00f3n, (\u2026) sino adem\u00e1s, porque se desconocer\u00eda la revisi\u00f3n como la v\u00eda id\u00f3nea para controlar las decisiones de la \u00edndole mencionada y su tr\u00e1mite, cuando la Corte Constitucional lo considere pertinente\u00bb; sumado a que, \u00abbasta revisar la sentencia proferida por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Casanare, para establecer que de manera clara y precisa le puso de presente al aqu\u00ed accionante las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas por las cuales resolvi\u00f3 confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad\u00bb (fls. 141 a 151, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La tutelante se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, insistiendo en los mismos planteamientos que expuso en la queja constitucional (fls. 157 a 160, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite; o cuando la decisi\u00f3n afecta de manera grave una garant\u00eda fundamental en sujetos considerados de especial protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.        Aqu\u00ed, tras realizar el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional instaurado por la se\u00f1ora Mar\u00eda Antonia Pinto Torres, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, uno de sus objetivos es atacar la sentencia del 7 de abril de 2016, emitida por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Yopal, que confirm\u00f3 la negativa del amparo dispuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente que recientemente la misma accionante impuls\u00f3 en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de alguna de las hip\u00f3tesis en las que la Corte ha admitido de manera excepcional\u00edsima la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

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3.        T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, escenario donde la parte interesada podr\u00e1, seg\u00fan el caso, acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto1, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, \u00fanicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto.  <\/span><\/p>\n

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En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera  <\/span><\/p>\n

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\u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CJS STC, 22 ago. 2008, Rad. 01317-00, reiterada recientemente en STC9442-2016, STC9896-2016 y STC1988-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.        Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional.      <\/span><\/p>\n

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