{"id":100189,"date":"2026-06-25T20:14:27","date_gmt":"2026-06-25T20:14:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3833-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:14:27","modified_gmt":"2026-06-25T20:14:27","slug":"stc3833-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3833-2017\/","title":{"rendered":"STC3833-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3833-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00241-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mi diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elizabeth Aguirre Cifuentes contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y la Nueva EPS S.A., tr\u00e1mite al que fue vinculado el FOSYGA.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, presuntamente conculcados por las entidades accionadas, al no resolver su estado de afiliaci\u00f3n al sistema de salud de la Polic\u00eda Nacional, ello en calidad de beneficiaria de su compa\u00f1ero permanente, el Sr. Intendente Robin Stip L\u00f3pez Acosta.   <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita concretamente que se ordene al Ministerio de Defensa Nacional, a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional y a la Empresa Promotora de Salud Nueva EPS S.A., seg\u00fan corresponda, \u00abcoord[inar] su afiliaci\u00f3n al r\u00e9gimen especial de la Polic\u00eda Nacional, en calidad de beneficiaria de [su] compa\u00f1ero permanente, el Sr. Intendente (\u2026) Robin Stip L\u00f3pez Acosta (\u2026), afiliaci\u00f3n (\u2026) solicitada y aprobada el 24 de agosto del 2000\u00bb, y, adicionalmente, \u00abanula[r] la factura No. 527-2017-HOCEN, por valor de novecientos once mil pesos M\/L ($911.300,00), emitida por la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional \u2013Seccional Bogota, [as\u00ed como] los futuros cobros que se puedan generar por el error cometido por el antiguo Instituto de Seguros Sociales\u00bb (fl. 49, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de sus reparos, aduce en lo esencial, que el 15 de marzo de 1982, su se\u00f1ora madre Cleotilde Cifuentes Toro, la afili\u00f3 como beneficiaria al Sistema de Salud del Instituto de Seguros Sociales \u2013ISS, raz\u00f3n por la cual, el 15 de marzo del 2000, y ante su estado de gravidez, solicit\u00f3 ante dicha entidad autorizaci\u00f3n para realizarse un  \u00abcontrol prenatal\u00bb, servicio que le fue negado con sustento en \u00abhab[er] cumplido la mayor\u00eda de edad y en no [haber] certificado ninguna discapacidad, enfermedad u otra [condici\u00f3n] que justificara su continuidad [en el sistema, ello conforme a] lo establecido en la Ley 100 de 1993, art\u00edculo 163, [atinente] a la cobertura familiar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiere que ante tal situaci\u00f3n, su compa\u00f1ero permanente, \u00abque desde el a\u00f1o 1998 labora en la Polic\u00eda Nacional\u00bb, la afili\u00f3 al R\u00e9gimen Especial de esa Instituci\u00f3n, quien desde el 28 de septiembre de 2000 hasta el mes de noviembre de 2014, \u00abatendi\u00f3 y asumi\u00f3 los costos en el servicio de salud para el nacimiento de [su] hija\u00bb; empero, advierte, en esa \u00faltima data le comunicaron que \u00aben el Sistema del Fondo de Solidaridad y Garant\u00edas \u2013FOSYGA, aparec\u00eda con doble vinculaci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la que el 19 de diciembre siguiente, requiri\u00f3 a la Nueva EPS S.A. para que tramitara \u00ab[su] desafiliaci\u00f3n inmediata\u00bb, frente a lo que le indicaron que su estado era \u00abCANCELADO\u00bb, teniendo como causal concreta de ello \u00abEXCLUSI\u00d3N POR MAYOR DE 25 A\u00d1OS\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, afirma que el 10 de enero de 2015, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional \u2013Seccional Bogot\u00e1, le inform\u00f3 que desde el 10 de enero del 2001 se encontraba retirada del Subsistema de Salud, situaci\u00f3n que la impuls\u00f3 a elevar petici\u00f3n ante el FOSYGA para aclarar su situaci\u00f3n, recibiendo del mismo un reporte con la anotaci\u00f3n \u00abDESAFILIACI\u00d3N \u2013 Entidad Nueva EPS\u00bb, y m\u00e1s adelante otro en el que concretamente se le se\u00f1al\u00f3: \u00abel 19\/12\/2014 recibimos solicitud de cancelaci\u00f3n de la base de datos de la Nueva EPS, por encontrarse activa en la red de servicios de la Polic\u00eda Nacional, por lo cual la afiliaci\u00f3n a la Nueva EPS fue cancelada bajo causal traslado de R\u00e9gimen de Excepci\u00f3n desde el 22\/12\/2014, as\u00ed mismo [dicha] novedad fue reportada en la BDUA (Base \u00danica de Datos de Afiliados al Sistema), de acuerdo a las fechas establecidas en la resoluci\u00f3n 1344 y 2629 vigentes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente resalt\u00f3, que \u00ablos distintos tr\u00e1mites administrativos [a que ha sido sometida] han vulnerado [sus] derechos a la salud y a la seguridad social, puesto que por un desorden o error (\u2026) Entre la EPS accionada y la Direcci\u00f3n de Salud de la Polic\u00eda Nacional, apareci\u00f3 como si estuviera multi-afiliada, situaci\u00f3n que nunca ocurri\u00f3\u00bb, raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo excepcional, para que sean acogidas las pretensiones por ella formuladas (fls. 49 a 61, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  El Director Jur\u00eddico del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social inform\u00f3, que \u00ablos responsables por la veracidad de los datos [consignados en la BDUA], es la fuente [de la] informaci\u00f3n, que en este caso son las EPS y el Municipio, y no [la cartera ministerial que representa], quien solamente cumple con una funci\u00f3n de operador de la informaci\u00f3n\u00bb (fls. 70 a 72, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.   El Director de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, despu\u00e9s de pronunciarse respecto a la normativa constitucional y legal que establece la estructura org\u00e1nica interna de la entidad, resalt\u00f3 que el asunto puesto a su consideraci\u00f3n le compete directamente es a la Seccional de Sanidad de Bogot\u00e1 (fls. 76 a 79, ib.).     <\/span><\/p>\n

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c.   La Nueva EPS, dando contestaci\u00f3n al escrito de tutela, advirti\u00f3 que \u00abuna vez revisada la base de afiliados [a la entidad, se evidencia que] la se\u00f1ora Elizabeth Aguirre Cifuentes se encontraba afiliada en calidad de BENEFICIARIA; [sin embargo,] su estado actual es CANCELADO por traslado al r\u00e9gimen de excepci\u00f3n desde el 22 de diciembre de 2014\u00bb; en este sentido concluy\u00f3 que no se encuentra demostrada \u00abviolaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales de la usuaria, puesto que la conducta asumida por la [EPS], para el caso que nos ocupa, se ajusta (\u2026) a la normatividad legal vigente en lo relativo al manejo de sus afiliados, se trata entonces de una CONDICTA LEG\u00cdTIMA que por tanto torna improcedente la acci\u00f3n de tutela\u00bb (fls. 83 a 86, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

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d.    Por su parte la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional \u2013Seccional Bogot\u00e1, precis\u00f3 que los derechos de la accionante han sido garantizados de manera eficaz por tal dependencia, pues a la fecha \u00e9sta \u00abse encuentra en estado ACTIVO en el subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda, y, [por tanto], puede acceder a los servicios de salud que est\u00e1n incluidos en el Acuerdo 002 de 2001\u00bb (fls. 106 y 107, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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e.    Finalmente, la Superintendencia de Salud aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante no \u00abdeviene de una acci\u00f3n ni omisi\u00f3n [que le sea] atribuible\u00bb (fls. 115 a 118, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia, tras advertir que la queja de la accionante se circunscribe a \u00abla vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental a la salud, de un lado, por la negativa de las autoridades reconvenidas a definir su estado de afiliaci\u00f3n para la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos, y, de otro, para que se le exonere del pago reclamado por la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional por concepto de la atenci\u00f3n que le prest\u00f3 durante el lapso que present\u00f3 multiafiliaci\u00f3n\u00bb, resolvi\u00f3 negar la solicitud de amparo invocada.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, y respecto de la situaci\u00f3n primero referenciada, advirti\u00f3 que \u00abseg\u00fan se desprende del informe rendido por las [entidades involucradas] en el presente tr\u00e1mite, [la misma] se halla superada, ello en la medida en que la Nueva EPS hizo saber que actualmente la tutelante se encuentra desafiliada, y, [por su parte,] la Direcci\u00f3n de Sanidad (\u2026) manifest\u00f3 que actualmente aqu\u00e9lla se encuentra en estado ACTIVO, lo que quiere decir que las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n se deprec\u00f3 a trav\u00e9s de este mecanismo no se encuentran en peligro de ser violadas, lo que conlleva al despacho negativo de las pretensiones ante la carencia actual de objeto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, en lo atinente a la exoneraci\u00f3n a que hace alusi\u00f3n la interesada, manifest\u00f3 que \u00abdicho pedimento tiene un car\u00e1cter eminentemente econ\u00f3mico, siendo claro que \u201c(\u2026) como regla general, en materia de reconocimiento de derechos patrimoniales o legales, al juez de tutela no le corresponde se\u00f1alar el contenido de las decisiones que deben tomar las autoridades p\u00fablicas en ejercicio de su competencia para ello, [toda vez que] no cuenta con los elementos de juicio indispensables para resolver sobre los derechos por cuyo reconocimiento y efectividad se propende\u00bb, situaci\u00f3n que, puntualiz\u00f3, \u00abno puede soslayarse en el interior de este tr\u00e1mite, pues lo cierto es que no existe claridad en cuanto a la entidad que le corresponde cubrir los servicios que se reclaman durante el periodo referenciado, asunto que, se itera, escapa a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (fls. 121 a 127, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La tutelante se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, alegando, en suma, que \u00aba) No se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela, ni al derecho impetrado; b) Se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, como lo establece la ley; c) Se funda en consideraciones inexactas cuando no totalmente err\u00f3neas; d) Incurre el fallador en error esencial de derecho\u00bb, pues, alega, el a quo constitucional \u00abno examin\u00f3 [sus] argumentos acerca de la conducta omisiva [en que incurrieron] la Direccion de sanidad de la Polic\u00eda Nacional y la Empresa Promotora de Salud Nueva EPS S.A, y del error administrativo cometido por el extinto Instituto de Seguros Sociales\u00bb (fls. 134 a 136, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.   En el caso que ocupa ahora la atenci\u00f3n de la Corte, la se\u00f1ora Elizabeth Aguirre Cifuentes pretende concretamente, por un lado, que se ordene a la Empresa Promotora de Salud \u201cNueva EPS S.A\u201d y a la Direccion de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, definir su estado de afiliaci\u00f3n al sistema de salud, y, por otro, que se le exonere a su compa\u00f1ero permanente del pago de la factura No. \u00ab527-2016-HOCEN\u00bb, en virtud de la cual se le efectu\u00f3 el cobro de la atenci\u00f3n m\u00e9dica que le fue a ella suministrada, dice,  durante el periodo de tiempo en que presentaba multiafiliaci\u00f3n; pues, en su sentir, la problem\u00e1tica que la aqueja responde exclusivamente al error administrativo en que incurri\u00f3 el extinto Instituto de Seguros Sociales \u2013ISS, al ceder una base de datos viciada con sendas \u00abinconsistencias\u00bb que afectaron \u00abel principio de confianza leg\u00edtima y de buena fe\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.    Visto lo anterior, y una vez estudiados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, advierte la  Sala que la solicitud de protecci\u00f3n por esta v\u00eda elevada carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian.  <\/span><\/p>\n

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3.1.  En primer lugar, y en lo referente a la indefinici\u00f3n del estado de afiliaci\u00f3n al sistema de salud en que supuestamente se encuentra la interesada, no cabe duda para la Corte la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada, toda vez que, tal y como lo inform\u00f3 la Entidad Promotora de Salud \u201cNueva EPS S.A\u201d, \u00abla se\u00f1ora Elizabeth Aguirre Cifuentes, identificada con C.C. 52729116, se encontraba afiliada en calidad de BENEFICIARIA; [sin embargo,] su estado actual es CANCELADO por TRASLADO AL R\u00c9GIMEN DE EXCEPCI\u00d3N desde el 22 de diciembre de 2014\u00bb (fls. 83 a 86, cdno. 1); y, adem\u00e1s, como lo report\u00f3 la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional el 10 de enero de 2015, \u00abtras [ser] verificada la Base de Datos \u00danica de Afiliados (BDUA) FOSYGA, [la accionante] registraba en estado ACTIVO en la entidad prestadora de salud LA NUEVA EPS, motivo por el cual NO era procedente [su] afiliaci\u00f3n (…) hasta tanto no se realizara el tr\u00e1mite de desafiliaci\u00f3n ante esa entidad y se reportara [dicho] estado (\u2026) ante el FOSYGA\u00bb, lo que en efecto ocurri\u00f3 el 13 de marzo de 2015, fecha a partir de la cual la usuaria se encuentra en estado \u00abACTIVO en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Polic\u00eda\u00bb; raz\u00f3n por la cual, se advierte, la misma puede acceder all\u00ed a recibir la atenci\u00f3n medica que requiera, circunstancia que descarta, por obvias razones, la intromisi\u00f3n del Juez de tutela en este particular asunto.     <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, conviene recordar que para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de protecci\u00f3n debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o amenaza, carece de sentido hablar de la necesidad de amparo, criterio igualmente sostenido por la jurisprudencia constitucional al se\u00f1alar que  <\/span><\/p>\n

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\u00abes indispensable un m\u00ednimo de evidencia f\u00e1ctica, de suerte que sea razonable pensar en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o o en el menoscabo material o moral del derecho cuya efectividad se solicita a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Por consiguiente, quien pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su pretensi\u00f3n, como quiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la amenaza de afectaci\u00f3n\u00bb (C.C. T-864\/99, reiterado en T-088\/08).  <\/span><\/p>\n

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3.2.   Ahora bien, respecto a la pretensi\u00f3n atinente a la exoneraci\u00f3n del pago reclamado por la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, ello por concepto de la atenci\u00f3n m\u00e9dica que recibi\u00f3 la se\u00f1ora Aguirre Cifuentes, recuerda la Sala que la acci\u00f3n de tutela no es el instrumento id\u00f3neo para el reconocimiento de prestaciones de car\u00e1cter eminentemente econ\u00f3mico, pues seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00e9sta fue instituida para \u00abla protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha insistido, que \u00abla tutela no fue instituida para obtener el resarcimiento de perjuicios econ\u00f3micos o el reconocimiento de derechos patrimoniales, sino que fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, por eso hizo bien el Tribunal al desde\u00f1ar el amparo pedido\u00bb (Recientemente reiterado en CSJ STC955\u20132016).  <\/span><\/p>\n

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4.    Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente      STC3833-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00241-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mi diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100189","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100189"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100189\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100189"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}