{"id":100190,"date":"2026-06-25T20:14:31","date_gmt":"2026-06-25T20:14:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3834-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:14:31","modified_gmt":"2026-06-25T20:14:31","slug":"stc3834-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3834-2017\/","title":{"rendered":"STC3834-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3834-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2017-00063-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 9 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Carlos Alberto \u00c1ngel Urue\u00f1a contra el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la \u00abbuena fe\u00bb y al acceso \u00abefectivo\u00bb a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al rematar y adjudicar, con base en un aval\u00fao de m\u00e1s de un (1) a\u00f1o de vigencia, un bien inmueble de su propiedad, ello en el marco del proceso ejecutivo hipotecario que en su contra y de Clelia Mar\u00eda Hern\u00e1ndez Collazos, promovi\u00f3 la se\u00f1ora Ana Isabel Ledesma.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones y en cuando interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que al interior del juicio ejecutivo referido en l\u00edneas anteriores, el citado Despacho, a quien por reparto le correspondi\u00f3 conocer del mismo, resolvi\u00f3 adjudicar el bien inmueble de su propiedad, y objeto del litigio, a la sociedad \u00abSion Technology S.A.S.\u00bb, por la suma de \u00ab$220.000.00,00 M\/Cte, cuando \u00e9ste realmente soporta[ba], al a\u00f1o 2016, un valor comercial de $515.961.500,00 M\/Cte, [ello] seg\u00fan el aval\u00fao realizado por Jos\u00e9 Aldemar Toro Orjuela, adscrito a \u201cCORPOLONJAS DE COLOMBIA\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Aduce que el certificado catastral en que se fund\u00f3 dicha autoridad jurisdiccional para realizar la diligencia de remate el 24 de mayo de 2016, ten\u00eda a esa fecha m\u00e1s de un a\u00f1o de vigencia, por lo que, dice, hab\u00eda perdido entonces toda efectividad por \u00abdesactualizado e insuficiente\u00bb, lo que, afirma, configura una irregularidad que vicia el procedimiento, pues como bien se sabe, \u00abtodo aval\u00fao comercial, para efectos de adelantarse la diligencia de remate, debe estar debidamente actualizado y ser el m\u00e1s coherente \u2013 no solo por su vigencia, sino desde el punto de vista de su precio real-\u00bb; m\u00e1xime si se tiene en cuenta que \u00abel valorar un bien inmueble acorde a su justo y real precio, en uso del art\u00edculo 83 de la CP, (\u2026) es una obligaci\u00f3n de la parte actora, quien debe atender los principios de probidad y lealtad procesal con la parte demandada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiere que no obstante lo anterior, y en desconocimiento de la normativa aplicable al caso materia de estudio, se encuentra que \u00abel avalu\u00f3 comercial [aportado] a[l] proceso por la acreedora e igualmente vendedora del inmueble adjudicado, tiene el sello de garant\u00eda del Juzgado accionado mediante auto que le da plena eficacia jur\u00eddica, pero, [alega], \u00e9ste resulta temerario, imprudente, precipitado\u00bb, por lo que acude a este mecanismo excepcional a fin que se otorgue salvaguarden sus prerrogativas fundamentales (fls. 2 a 18, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  Sion Technology S.A.S. a trav\u00e9s de su representante legal, y como adjudicataria del bien inmueble objeto de la ejecuci\u00f3n por esta v\u00eda criticada, estim\u00f3 que \u00abno se han violado los derechos fundamentales del accionante y que la actuaci\u00f3n procesal dentro del asunto en cuesti\u00f3n se ci\u00f1\u00f3 a las normas sustantivas y adjetivas vigentes\u00bb (fl. 229, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.   El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Cali, tras memorar las actuaciones judiciales adelantadas en el marco del juicio ejecutivo censurado, manifest\u00f3 que \u00ablas providencias emitidas dentro del referido asunto, se encuentran debidamente motivadas y atemperadas al ordenamiento jur\u00eddico existente para el tema en concreto; raz\u00f3n por la cual, no se configura vulneraci\u00f3n o amenazada de derecho fundamental alguno del accionante por parte de ese Despacho Judicial\u00bb (fl. 232, ib.).   <\/span><\/p>\n

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c.   Ana Isabel Ledesma, quien funge como demandante en la causa que aqu\u00ed se critica, advirti\u00f3 que la preanotada sede judicial \u00abha obrado con debida diligencia y lealtad procesal, con la observancia de las normas objetivas que regulan el proceso ejecutivo\u00bb; a m\u00e1s de agregar, que los demandados en el referido tramite \u00abno objetaron el avalu\u00f3 del inmueble, no hicieron objeciones ni presentaron recursos al auto que fij\u00f3 fecha para remate, no hicieron presencia el d\u00eda de la diligencia, ni alegaron ninguna irregularidad en la instancia procesal pertinente\u00bb, lo que torna improcedente el amparo, pues este mecanismo no puede convertirse en \u00abuna tercera instancia para revivir t\u00e9rminos e instancias procesales (\u2026) que no se ejercieron por falta de diligencia y de cuidado [de las partes]\u00bb (fls. 241 a 244, ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, por inobservar el requisito de la subsidiariedad propio de la acci\u00f3n de tutela, pues \u00aben el caso sub examine se encuentra probado que todav\u00eda no se ha resuelto el recurso de queja [interpuesto por el accionante] contra el auto que neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de alzada\u00bb en virtud del cual el mismo pretend\u00eda cuestionar el que aprob\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del bien inmueble objeto del litigio; en este sentido se\u00f1al\u00f3, por no haberse agotado todos los recursos ordinarios, la s\u00faplica resulta improcedente, toda vez que \u00abla acci\u00f3n de tutela, en principio,  no procede cuando existe otro mecanismo de defensa judicial que resulte id\u00f3neo y eficaz para la protecci\u00f3n de los derechos que invoca el interesado, ello debido a su cariz netamente residual\u00bb (fls. 247 a 251, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, aduciendo, en suma, los mismos argumentos en que sustent\u00f3 el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que el Juez Constitucional de instancia, \u00aberr\u00f3neamente\u00bb consider\u00f3 que no se \u00abha[b\u00edan] agotado todos los recursos ordinarios\u00bb, ello por no haberse resuelto a\u00fan el recurso de queja por \u00e9l interpuesto en contra del auto que neg\u00f3 la alzada en virtud de la cual pretendi\u00f3 cuestionar aqu\u00e9l que aprob\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del bien objeto del juicio ejecutivo que se reprocha; sin embargo, aleg\u00f3, \u00e9ste omiti\u00f3 verificar que \u00aben el expediente [lo] contiene (\u2026), no existe evidencia que indique el pago de las expensas para expedir las copias pertinentes para su tr\u00e1mite correspondiente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente se\u00f1al\u00f3, que aun cuando en el sub lite se inobserv\u00f3 el requisito de subsidiariedad propio de la acci\u00f3n de tutela, ello por no haberse interpuesto oportunamente los recursos de ley que resultaban procedentes para cuestionar el aval\u00fao comercial del que se duele, lo cierto es que \u00abtal responsabilidad recae [exclusivamente] en [su] abogado de confianza (…), que era la \u00fanica persona que pod\u00eda y deb\u00eda actuar en [su] defensa\u00bb (fls. 261 a 277, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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1. De los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, se encuentra demostrado lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

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1.   El 24 de mayo de 2016, se llev\u00f3 a cabo la almoneda del bien ubicado en la \u00abcalle 5C No. 29-115, del Barrio San Francisco de [la] ciudad de Cali\u00bb, y objeto de la ejecuci\u00f3n tantas veces mencionada,  diligencia en la que la titular del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, resolvi\u00f3 \u00abadjudicar[lo] a la sociedad Sion Technology S.A.S., representada legalmente por Jhon Rodr\u00edguez Torres (\u2026),  por la suma de doscientos veinte millones de pesos M\/Cte ($220.000.000,00)\u00bb (fls. 296 y 297, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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1.   Mediante providencia del 26 de julio de la misma anualidad, dicha autoridad jurisdiccional resolvi\u00f3 impartir aprobaci\u00f3n al remate del referido bien inmueble (fls. 19 y 20, ib.), siendo ello notificado mediante estado del 2 de agosto siguiente (fl. 20, Op. Cit.).    <\/span><\/p>\n

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1.    Inconforme con tal determinaci\u00f3n, la parte demandada interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, ello con sustento en que \u00abel aval\u00fao comercial realizado el 1\u00ba de enero de 2015, el cual sirvi\u00f3 de fundamento para la diligencia de remate realizada el 24 de mayo de 2016, (…) no t[en\u00eda] eficacia por tener m\u00e1s de un a\u00f1o de vigencia\u00bb (fls. 22 a 35, ib\u00eddem); sin embargo, el Juzgado de conocimiento, tras resaltar que \u00abdichos argumentos debieron ser discutidos en las oportunidades procesales pertinentes, esto es, objetando el aval\u00fao en el t\u00e9rmino de traslado del mismo, presentando en tiempo y en debida forma el aval\u00fao comercial que se considera[ba] id\u00f3neo, o ejerciendo los recursos contra el auto que fija fecha y hora para la diligencia de remate\u00bb, resolvi\u00f3 no reponer el auto cuestionado y rechazar por improcedente la alzada (fls. 36 a 68, ib.).    <\/span><\/p>\n

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1.   El 1\u00ba de diciembre de 2016, tras estudiar los recursos de reposici\u00f3n y queja formulados por la parte pasiva de la litis para cuestionar el prove\u00eddo arriba referenciado, el Despacho convocado dispuso mantenerlo inc\u00f3lume, y requiri\u00f3 al recurrente a fin que aportara las expensas necesarias para expedir las copias necesarias para surtir la queja, so pena de que la misma fuera declarada desierta (fls. 56 y 57, ib.).    <\/span><\/p>\n

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4.   Bajo esa perspectiva, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que de acuerdo a las documentales arriba referenciadas, se encuentra que aunque el promotor del amparo tuvo a su alcance la posibilidad de exponer las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas ante el Juzgado accionado, conforme lo prev\u00e9 el numeral 2 del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[d]e los aval\u00faos que hubieren sido presentados oportunamente se correr\u00e1 traslado por diez (10) d\u00edas mediante auto, para que los interesados presenten sus observaciones. Quienes no lo hubieren aportado, podr\u00e1n allegar un aval\u00fao diferente, caso en el cual el juez resolver\u00e1, previo traslado de este por tres (3) d\u00edas\u00bb, en un acto constitutivo de incuria guard\u00f3 silencio, tal y como el mismo lo reconoci\u00f3 en el escrito de impugnaci\u00f3n, cerrando con ello toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a este mecanismo especial\u00edsimo que lejos est\u00e1 de tener como objeto revivir oportunidades perdidas dentro del proceso, en tanto que \u00e9ste no es el escenario natural donde debieron debatirse las diferentes discrepancias alegadas, y las pretensiones que motivan la presente acci\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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En punto a la improcedencia de la solicitud de amparo, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (Reiterada recientemente en STC1626-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00 y STC14062-2015).  <\/span><\/p>\n

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5.   Por \u00faltimo cabe precisar, que aunque tambi\u00e9n aqu\u00ed se duele el actor de no haber estado debidamente representado dentro del aludido proceso, lo que, a su juicio, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener lo pretendido, pues ese tema resulta ajeno a la \u00f3rbita de la tutela, en la medida que la inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal y como lo ha expuesto la Sala,   <\/span><\/p>\n

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\u00abno conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas\u00bb (STC1897-2016, reiterado en STC5350-2016).  <\/span><\/p>\n

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       6.   Sin necesidad de consideraciones adicionales, se ratificar\u00e1, por los motivos que acaban de expresarse, el fallo constitucional de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3834-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2017-00063-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100190","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100190","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100190"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100190\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100190"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100190"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100190"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}