{"id":100191,"date":"2026-06-25T20:14:37","date_gmt":"2026-06-25T20:14:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3835-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:14:37","modified_gmt":"2026-06-25T20:14:37","slug":"stc3835-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3835-2017\/","title":{"rendered":"STC3835-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3835-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2017-00002-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00ba de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Liliana Mar\u00eda M\u00e1rquez contra el Ministerio de Transporte-Grupo de Reposici\u00f3n Integral de Veh\u00edculos.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, presuntamente conculcados por la entidad accionada, al haberle impuesto una restricci\u00f3n de tr\u00e1nsito al veh\u00edculo de su propiedad identificado con las placas OSG-043.  <\/span><\/p>\n

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Pide entonces, que se ordene al Ministerio de Transporte \u00abel levantamiento de la restricci\u00f3n al veh\u00edculo de carga [referido] impuesto en el sistema RUNT\u00bb (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que es propietaria del cami\u00f3n de placas OSG-043, sobre el cual figura inscrita una medida de \u00abrestricci\u00f3n a veh\u00edculo de carga\u00bb, en el Registro \u00danico Nacional de Tr\u00e1nsito \u2013RUNT, que le fue impuesta por Mintransporte, raz\u00f3n por la cual formul\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante dicha Cartera con fin de obtener el levantamiento de la restricci\u00f3n memorada; empero, en respuesta del 11 de noviembre de 2014, ese pedimento fue desestimado con sustento en que sobre el automotor en menci\u00f3n se present\u00f3 un tr\u00e1mite de reposici\u00f3n por desintegraci\u00f3n, situaci\u00f3n que deb\u00eda esclarecer la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n o un \u00abjuez de la Rep\u00fablica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que instaur\u00f3 denuncia penal en contra de Sandra Carolina Ot\u00e1lora Fonseca y Ra\u00fal Restrepo Ospina por el presunto delito de \u00abfalsedad\u00bb, pues, afirma, son los responsables de alterar la identificaci\u00f3n de los datos del cami\u00f3n de marras y de adelantar la cancelaci\u00f3n de la matr\u00edcula de tr\u00e1nsito y su destrucci\u00f3n total, lo cual, en \u00faltimas, fue lo que origin\u00f3 la imposici\u00f3n de la medida descrita.  <\/span><\/p>\n

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Tras ese relato sostiene, que el ente cuestionado quebrant\u00f3 sus prerrogativas, toda vez que la restricci\u00f3n decretada sobre su automotor le impide transportar \u00abproductos no perecederos\u00bb entre las ciudades de Villavicencio y San Jos\u00e9 del Guaviare, actividad econ\u00f3mica de la que depende el sustento de su familia (fls. 1 a 9, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        La Fiscal\u00eda 27 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Granada adujo, que se encuentra indagando la \u00ablegitimidad del cami\u00f3n\u00bb de propiedad de la accionante, pero \u00abhasta la fecha no se ha podido obtener de las diferentes entidades oficiales y privadas documentaci\u00f3n que indique que el automotor de la se\u00f1ora Liliana fuera \u201cgemeliado\u201d\u00bb (fl. 48, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b.)        El Ministerio de Transporte aleg\u00f3 que la restricci\u00f3n impuesta sobre el automotor de la gestora \u00abno es una limitaci\u00f3n a la propiedad, tan solo es una marcaci\u00f3n de identificaci\u00f3n de un veh\u00edculo que se supone ya fue objeto de reposici\u00f3n ante este Ministerio o en su defecto registra una solicitud por medio de la cual adjuntaron documentaci\u00f3n para iniciar o finalizar la reposici\u00f3n pero que actualmente registra en el sistema RUNT en estado ACTIVO, raz\u00f3n por la cual esta entidad estatal con el \u00fanico \u00e1nimo de no afectar los principios constitucionales, ni derechos de terceros de buena fe, se somete a iniciar un debido proceso tomando como primera medida la identificaci\u00f3n con la marcaci\u00f3n de los automotores que presentan esta situaci\u00f3n en el RUNT, para posteriormente realizar un exhaustivo an\u00e1lisis interno el cual se puede decir que toma un largo tiempo, como quiera que son m\u00e1s de 1000 veh\u00edculos con esta misma condici\u00f3n, poner al tanto a las autoridades competentes de investigar los hechos mencionados, para que con ello se garantice la defensa de las personas que resulten involucradas\u00bb (fls. 64 a 66, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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c.)        Por su parte, la Polic\u00eda Nacional argument\u00f3, que dentro del tr\u00e1mite previsto para la desintegraci\u00f3n f\u00edsica total de los veh\u00edculos de servicio p\u00fablico de transporte automotor de carga, cumple con la funci\u00f3n de identificar t\u00e9cnicamente \u00e9stos, por lo que no tiene injerencia en la restricci\u00f3n decretada por la Cartera atacada sobre el cami\u00f3n de la accionante (fls. 95 a 97, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla promotora de la presente acci\u00f3n cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, v\u00eda judicial que a juicio de esta corporaci\u00f3n, resulta id\u00f3nea y efectiva para la salvaguarda de las prerrogativas que estima conculcadas, pues a trav\u00e9s de ese medio puede demostrar la invalidez del acto administrativo mediante el cual se impuso la medida de \u201crestricci\u00f3n\u201d a su veh\u00edculo de carga y de paso, solicitar la \u201csuspensi\u00f3n provisional\u201d de dicho acto\u00bb  (fls. 109 a 113 ib\u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 118 a 121, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.        En este caso, la accionante se queja porque el Ministerio de Transporte le neg\u00f3 el levantamiento de la restricci\u00f3n de tr\u00e1nsito impuesta sobre automotor de su propiedad, lo cual, en su sentir, desconoce las garant\u00edas deprecadas, pues ello le impide desarrollar la actividad econ\u00f3mica de la que depende el sostenimiento de su familia.  <\/span><\/p>\n

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3.        Bajo esa perspectiva, para la Sala el amparo invocado no puede salir avante, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian:  <\/span><\/p>\n

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3.1.        En primer lugar, la solicitud de protecci\u00f3n carece del presupuesto de inmediatez, puesto que entre la fecha en que la Cartera accionada le neg\u00f3 el levantamiento de la restricci\u00f3n de tr\u00e1nsito motivo de inconformidad (11 de noviembre de 2014), y el momento en que se interpuso la presente demanda de tutela (18 de enero de 2017), transcurri\u00f3 con largueza un t\u00e9rmino superior a seis (6) meses, el cual es estimado como razonable por esta Corporaci\u00f3n para intentar la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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Es suficientemente conocido que, pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo \u2013m\u00e1s de 2 a\u00f1os y 2 meses- sin que la promotora del amparo solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con la imposici\u00f3n de la restricci\u00f3n de tr\u00e1nsito que pesa sobre el cami\u00f3n de su propiedad, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este aspecto, reiteradamente se ha puntualizado, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A]quellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-01, reiterada en STC5510-2015 y en STC4519-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.2.          De otro lado, la gestora a\u00fan cuenta o contaba con la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa con el fin de procurar la defensa de sus garant\u00edas. Obs\u00e9rvese que Liliana Mar\u00eda M\u00e1rquez Acosta tiene o tuvo a su alcance las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho previstas en los art\u00edculos 137 y 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respectivamente, para debatir los motivos por los cuales considera que se debe levantar la restricci\u00f3n de tr\u00e1nsito que se impuso sobre su veh\u00edculo.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha considerado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]n principio las controversias en torno de la legalidad de los \u2018Actos Legislativos\u2019 y \u2018actos administrativos\u2019, como lo son, ya los preparatorios ora los de ejecuci\u00f3n (\u2026), deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, sin que sea viable pretender sustituirlos por este mecanismo especial de protecci\u00f3n de las garant\u00edas inherentes a las personas, lo cual desnaturaliza la s\u00faplica tutelar que, en modo alguno, puede servir de medio para ventilar disconformidades que no se han puesto previamente en conocimiento de los acusados, habida cuenta de su car\u00e1cter subsidiario\u00bb (ver entre otras, en STC5357-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.3.        Ahora bien, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece que la tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa, salvo que aqu\u00e9lla se formule para evitar un perjuicio irremediable; sin embargo, en el sub examine el accionante no prob\u00f3 un detrimento de tal magnitud que torne viable otorgar el presente reclamo, a\u00fan como mecanismo transitorio. Sobre el tema la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, STC15617-2014 y STC15970-2016, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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3.4.          Por \u00faltimo, ha de tenerse en cuenta que actualmente se encuentra en curso denuncia penal formulada por la aqu\u00ed interesada contra Sandra Carolina Ot\u00e1lora Fonseca y Ra\u00fal Restrepo Ospina por el presunto delito de \u00abfalsedad\u00bb, por haber supuestamente alterado la identificaci\u00f3n de los datos del cami\u00f3n de marras y adelantar la cancelaci\u00f3n de su matr\u00edcula de tr\u00e1nsito y su destrucci\u00f3n total, escenario en el cual la accionante podr\u00e1 solicitar el restablecimiento de los derechos vulnerados con el punible, pues el art\u00edculo 22 de la Ley 906 de 2004 dispone, que \u00abCuando sea procedente, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y los jueces deber\u00e1n adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4.        Corolario de lo anterior, se impone mantener el fallo constitucional confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA decisi\u00f3n constitucional de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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