{"id":100192,"date":"2026-06-25T20:14:43","date_gmt":"2026-06-25T20:14:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3836-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:14:43","modified_gmt":"2026-06-25T20:14:43","slug":"stc3836-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3836-2017\/","title":{"rendered":"STC3836-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3836-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00010-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el veintisiete de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nohora Esperanza Zambrano Camargo, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad; actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 vincular a los Juzgados Tercero, Cuarto y Primero de Descongesti\u00f3n de la misma especialidad y localidad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La ciudadana solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a una pronta y efectiva administraci\u00f3n de justicia, por considerar que la autoridad accionada los desconoci\u00f3 al acceder a la solicitud de desistimiento t\u00e1cito elevada por su contraparte, pese a que no estaban satisfechos los presupuestos legales para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende, que se deje sin efectos la decisi\u00f3n censurada y, en su lugar, se contin\u00fae con la ejecuci\u00f3n. [Folios 1-8, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 30 de mayo de 2008, la tutelante promovi\u00f3 demanda ejecutiva singular contra Yolanda Ca\u00f1as de Celis y V\u00edctor Leonardo Celis Ca\u00f1as, a fin de obtener el pago de la suma de $39.695.396 m\u00e1s los intereses de ley, representada en el pagar\u00e9 No. 4783903.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de C\u00facuta, que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo el 17 de junio del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 31 de julio siguiente, se accedi\u00f3 al embargo de los bienes inmuebles con matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 260-132984 y 260-132985, como medidas cautelares.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

4. Notificados, los demandados manifestaron su oposici\u00f3n a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las excepciones de m\u00e9rito que denominaron \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva\u201d, \u201causencia de instrucciones para llenar en blanco\u201d e \u201cimprocedencia del cobro de intereses\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Agotadas las fases procesales pertinentes, el juez cognoscente emiti\u00f3 sentencia el 29 de julio de 2011, a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n y en consecuencia, desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Inconforme, la ejecutante impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 30 de marzo de 2012, el Tribunal Superior de C\u00facuta, revoc\u00f3 integralmente la decisi\u00f3n impugnada y en su lugar, dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 8 de mayo de 2012, la Juez 3\u00aa Civil del Circuito de C\u00facuta, manifest\u00f3 su impedimento para conocer el asunto, por ostentar parentesco de consanguinidad con ambos extremos del litigio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Tras aceptar la separaci\u00f3n del conocimiento de la juzgadora, por auto de 8 de agosto de 2012, el Juez 4\u00ba Civil del Circuito dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el superior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. El 9 de octubre de 2012, la ejecutante present\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. El 12 de diciembre de 2012, se le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al estado de cuentas, por no haber sido objetado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. El 31 de mayo de 2013, a solicitud de la demandante, se decret\u00f3 el embargo de remanentes en los procesos ejecutivos hipotecarios Nos. 474-1999, 675-1999 y 380-1999.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13. Las diligencias fueron reasignadas al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n, despacho que las remiti\u00f3 al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito, tras la terminaci\u00f3n de la medida. Previamente, el 1\u00ba de diciembre de 2015, la ejecutada solicit\u00f3 declarar el desistimiento t\u00e1cito en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

14. El 12 de febrero de 2016, la Juez receptora se declar\u00f3 impedida para conocer el asunto y dispuso enviarlo al Juzgado 5\u00ba de la misma especialidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

15. El 4 de mayo de 2016, la \u00faltima autoridad judicial, admiti\u00f3 el impedimento y accedi\u00f3 a lo pedido por la pasiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

16. El 4 de agosto siguiente se libraron las comunicaciones comunicando la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

17. La accionante acude al amparo constitucional, por considerar que la precitada autoridad vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al declarar la terminaci\u00f3n anticipada del proceso, sin tener en cuenta que los constantes cambios de sede del expediente, le impidieron hacer seguimiento al mismo.  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 18 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado de los interesados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 22-23, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida el juzgado accionado contest\u00f3 la demanda. Para tal efecto afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada se adopt\u00f3 con fundamento en las normas aplicables y de manera ajustada a derecho. [Folio 31, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, los ejecutados, aseveraron que la tutelante no hizo uso de los mecanismos judiciales de defensa con que contaba para controvertir la providencia cuestionada, emitida hace m\u00e1s de ocho meses, raz\u00f3n por la cual la solicitud de amparo se torna improcedente. [Folios 32-33 y 35-36, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 27 de enero de 2017, el Tribunal Superior de C\u00facuta, deneg\u00f3 el amparo deprecado por hallar insatisfechos los requisitos de subsidiaridad e inmediatez que rigen la acci\u00f3n de tutela. [Folios 38-44, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora del amparo la impugn\u00f3 por considerar que privilegia las formas sobre los derechos sustanciales y tras insistir en los argumentos que dieron soporte a su queja, pidi\u00f3 que se accediera a sus pretensiones. [Folios 50-54, c.1]  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiaridad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. No obstante, cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante y afecta garant\u00edas de superior valor como lo son los derechos al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, la concesi\u00f3n del amparo se torna obligatoria y no puede desconocerse, so pretexto de que no se cumplieron unos requisitos de naturaleza procesal.  <\/span><\/p>\n

As\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, al se\u00f1alar que a pesar de que el reclamante no haya utilizado los medios de defensa legales para impugnar las decisiones que censura por v\u00eda de tutela, excepcionalmente es posible \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.\u00bb (CSJ STC, 12 oct. 2012, rad. 2012-1545-01, reiterada en CSJ STC, 01 dic. 2014, rad. 2014-02694-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En id\u00e9ntico sentido se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n de tutela, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiaridad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13 ago. 2013, rad. 2013-00093-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. As\u00ed ocurre en el presente caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de la subsidiaridad, al no interponerse los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra la providencia que dispuso aplicar la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito en el asunto donde se origina la queja, es evidente la incursi\u00f3n del fallador accionado en un defecto sustancial que habilita la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela para conjurar la ostensible transgresi\u00f3n a la garant\u00eda fundamental del debido proceso de la peticionaria del amparo, pues no existi\u00f3 ninguna raz\u00f3n jur\u00eddicamente v\u00e1lida para que se decretara la terminaci\u00f3n del proceso, cuyos efectos contin\u00faan teniendo vigencia en la actualidad, circunstancia que impone la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n deprecada, como pasa a explicarse.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

4. Conviene recordar que trat\u00e1ndose de la aplicaci\u00f3n de dicha figura jur\u00eddica, esta Sala ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo [317 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026\u00bb. (CSJ STC16508-2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, CSJ STC2604-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-00172-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el Juez Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta, en providencia del 4 de mayo de 2016, estim\u00f3 procedente la declaratoria del desistimiento t\u00e1cito en el juicio ejecutivo promovido por la ciudadana reclamante, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, porque:  <\/span><\/p>\n

\u00abRevisado el expediente, se observa que el proceso cuenta con m\u00e1s de dos a\u00f1os de inactividad (\u2026) pues la \u00faltima actuaci\u00f3n surtida data del 16 de diciembre de 2013 (fls. 75 del presente cuaderno), y como quiera que la norma empez\u00f3 a regir el 01 de octubre de 2012 y a la fecha se encuentra vencido el t\u00e9rmino all\u00ed se\u00f1alado, aunado a que la inactividad del proceso se imputa exclusivamente a la parte demandante, lo que conlleva inexorablemente a decretar el desistimiento t\u00e1cito del presente proceso, ordenando como consecuencia la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A partir de la ex\u00e9gesis del literal b, numeral 2\u00ba, del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, norma en la que se soport\u00f3 el fallador accionado para adoptar su determinaci\u00f3n, pues se trataba de un proceso con sentencia en firme, es jur\u00eddicamente viable decretar la terminaci\u00f3n del proceso por inactividad,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026Cuando un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de (\u2026) en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habr\u00e1 condena en costas o perjuicios a cargo de las partes\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, precis\u00f3 el legislador, que para la aplicaci\u00f3n de tal figura, deben observarse las siguientes reglas:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) Para el c\u00f3mputo de los plazos previstos en este art\u00edculo no se contar\u00e1 el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el plazo previsto en este numeral ser\u00e1 de dos (2) a\u00f1os;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Cualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) Decretado el desistimiento t\u00e1cito quedar\u00e1 terminado el proceso o la actuaci\u00f3n correspondiente y se ordenar\u00e1 el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e) La providencia que decrete el desistimiento t\u00e1cito se notificar\u00e1 por estado y ser\u00e1 susceptible del recurso de apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue ser\u00e1 apelable en el efecto devolutivo;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

f) El decreto del desistimiento t\u00e1cito no impedir\u00e1 que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto o desde la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero ser\u00e1n ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

g) Decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido. El juez ordenar\u00e1 la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento t\u00e1cito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisi\u00f3n de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para as\u00ed poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

h) El presente art\u00edculo no se aplicar\u00e1 en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial.\u00bb (Negrilla para resaltar)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La expresi\u00f3n \u201cinactivo\u201d a que hace alusi\u00f3n el legislador en la normativa en comento, debe analizarse de manera sistem\u00e1tica y arm\u00f3nica con lo preceptuado en el literal \u201cc\u201d del mismo canon, seg\u00fan el cual \u201ccualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Una sana hermen\u00e9utica del texto legal referido, indica entonces, que para que podamos considerar que un expediente estuvo \u201cinactivo\u201d en la secretar\u00eda del despacho, debe permanecer hu\u00e9rfano de todo tipo de actuaci\u00f3n, es decir, debe carecer de tr\u00e1mite, movimiento o alteraci\u00f3n de cualquier naturaleza y ello debe ocurrir durante un plazo m\u00ednimo de dos a\u00f1os cuando se trata de un proceso con sentencia en firme, si lo que se pretende es aplicarle v\u00e1lidamente la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De cara a lo anterior, de la revisi\u00f3n de este asunto, la Sala extrae que una vez emitida la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en sede de segunda instancia, el 30 de marzo de 2012, la parte demandante procedi\u00f3 a presentar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que fue aprobada mediante auto de 12 de diciembre del mismo a\u00f1o, al no haber sido objetada por la pasiva.  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, a solicitud de la acreedora, en prove\u00eddo de 31 de mayo de 2013, se dispuso el embargo de remanentes de los procesos ejecutivos hipotecarios Nos. 474-1999, 675-1999 y 380-1999 y, a partir de all\u00ed, las diligencias fueron reasignadas en varias oportunidades a distintas sedes judiciales como medida de descongesti\u00f3n, en unos casos y, en otros, ante manifestaciones de impedimento para conocer el asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el expediente fue remitido al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de C\u00facuta, que ante la extinci\u00f3n de esos juzgados lo remiti\u00f3 el 4 de diciembre de 2015 a la Juez 1\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad, quien se declar\u00f3 impedida para fallar el caso, mediante auto de 15 de febrero de 2016 y por ende, dispuso su remisi\u00f3n a su hom\u00f3logo 5\u00ba el 18 de marzo de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Bajo el anterior panorama, es clara, como ya se advirti\u00f3, la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, dada la incursi\u00f3n del funcionario cuestionado en un defecto sustancial por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

En efecto, es de ver que el \u00faltimo tr\u00e1mite en el proceso, antes de su ingreso a despacho para resolver sobre el desistimiento t\u00e1cito, data del 15 de febrero de 2016, fecha en la cual el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de C\u00facuta, manifest\u00f3 impedimento y resolvi\u00f3 enviar el expediente a su hom\u00f3logo 5\u00ba, decisi\u00f3n que sin lugar a dudas puede enmarcarse en aquellas de las que habla el literal \u201cc\u201d del canon tantas veces mencionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese, una vez m\u00e1s, que seg\u00fan dicha preceptiva, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u2026\u00bb, por ello, es evidente que la remisi\u00f3n del asunto al juez accionado, impide considerar que el proceso permaneci\u00f3 inactivo y por ende, que se encontraban satisfechos los presupuestos necesarios para decretar el desistimiento t\u00e1cito, pues desde aquella actuaci\u00f3n no transcurrieron dos a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En otras palabras, desde la fecha en que se orden\u00f3 remitir el proceso al juzgado 5\u00ba Civil del Circuito de C\u00facuta por el impedimento de la Juez 1\u00ba de esa especialidad, hasta el d\u00eda en el cual fue declarado el desistimiento t\u00e1cito, esto es, desde el 15 de febrero de 2016 hasta el 4 de mayo de 2016, solo hab\u00edan transcurrido algo m\u00e1s de tres meses, lapso a todas luces insuficiente para dar aplicaci\u00f3n a la figura jur\u00eddica prevista en el literal b del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En vista de lo anterior, se reitera, es indudable la existencia de un defecto sustancial en la decisi\u00f3n censurada, que hace ineludible la concesi\u00f3n del amparo constitucional deprecado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado y en su lugar, se tutelar\u00e1 la garant\u00eda fundamental de la tutelante, para lo cual se ordenar\u00e1 al Juzgado 5\u00ba Civil del Circuito de C\u00facuta, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dejar sin valor ni efecto la providencia dictada el 4 de mayo de 2016 y todas aquellas que deriven de all\u00ed, y en su lugar, proceda a resolver la solicitud de desistimiento t\u00e1cito, con observancia de las consideraciones acabadas de exponer.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n y en su lugar, OTORGA el resguardo solicitado. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dejar sin valor ni efecto la providencia dictada el 4 de mayo de 2016 y todas aquellas que deriven de all\u00ed, y en su lugar, proceda a resolver la solicitud de desistimiento t\u00e1cito, con observancia de las consideraciones acabadas de exponer.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3836-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00010-01   (Aprobado en sesi\u00f3n quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100192\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}