{"id":100193,"date":"2026-06-25T20:15:05","date_gmt":"2026-06-25T20:15:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3840-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:15:05","modified_gmt":"2026-06-25T20:15:05","slug":"stc3840-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3840-2017\/","title":{"rendered":"STC3840-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3840-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00035-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Pedro Antonio Ruiz Hern\u00e1ndez contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, a la integridad f\u00edsica y a la vida, presuntamente conculcados por la entidad accionada, al suspenderle la atenci\u00f3n m\u00e9dica que requiere las patolog\u00edas que presenta, y negarle la pr\u00e1ctica de la junta m\u00e9dica laboral para que se valoren \u00e9stas y pueda ser calificada la p\u00e9rdida de su capacidad laboral.  <\/span><\/p>\n

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Pide entonces, que se ordene al ente atacado, i) \u00ablo vincule al sistema de salud de la Polic\u00eda Nacional para que se [le] practiquen todos los ex\u00e1menes m\u00e9dicos por cada una de las especialidades requeridas\u00bb; ii) \u00abque se [le] brinde el tratamiento m\u00e9dico integral en raz\u00f3n de las heridas que sufri[\u00f3] en el atentado terrorista en [su] ojo derecho, [su] o\u00eddo derecho y [su] brazo y dem\u00e1s ex\u00e1menes f\u00edsicos que requiera para que se [le] realice la Junta M\u00e9dico Laboral\u00bb; iii) \u00abla realizaci\u00f3n de los conceptos m\u00e9dicos definitivos por las diferentes especialidades a que haya lugar\u00bb; y, que iv) \u00abuna vez tenga los conceptos definitivos inicialmente por los especialistas en oftalmolog\u00eda, otorrino, cirug\u00eda y psiquiatr\u00eda (\u2026) se proceda a realizar a [su] favor la pr\u00e1ctica de la junta m\u00e9dico laboral, mediante la cual se d\u00e9 aplicaci\u00f3n a los postulados del art\u00edculo 15 del decreto 1796 de 2000 y en consecuencia se determine (\u2026) la calificaci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica, la disminuci\u00f3n de la capacidad laboral, la imputabilidad al servicio, la fijaci\u00f3n de \u00edndices y los dem\u00e1s aspectos propios de este procedimiento\u00bb (fl. 8, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que ingres\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional a prestar el servicio militar obligatorio como \u00abauxiliar regular\u00bb adscrito a la Direcci\u00f3n de Antinarc\u00f3ticos, y que con ocasi\u00f3n del mismo, result\u00f3 herido de \u00abgravedad\u00bb a causa de un \u00abexplosivo improvisado\u00bb detonado en la \u00abvereda La Granja\u00bb del Municipio de Cantagallo (Bol\u00edvar), lo cual le produjo da\u00f1os en su \u00abp\u00e1rpado superior ojo derecho, herida abierta en antebrazo derecho y p\u00e9rdida de audici\u00f3n o\u00eddo derecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asegura que como consecuencia de lo anterior, el 15 de agosto 2016, la instituci\u00f3n castrense accionada dispuso su \u00ablicenciamiento\u00bb sin que se le brindaran los servicios m\u00e9dicos necesarios para superar sus dolencias, raz\u00f3n por la que, afirma, el 10 de diciembre siguiente elev\u00f3 un derecho de petici\u00f3n solicitando su inclusi\u00f3n en el Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional y la realizaci\u00f3n de la Junta M\u00e9dico Laboral, pero en respuesta del d\u00eda 26 del mismo mes y a\u00f1o, esas aspiraciones fueron desestimadas, con sustento en que deb\u00eda vincularse al R\u00e9gimen General de Salud \u00abbien sea contributivo o subsidiado\u00bb, y que le brindar\u00edan \u00ablo concerniente (\u2026) por medicina laboral\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que la contestaci\u00f3n antedicha conculca las garant\u00edas invocadas, toda vez que a) si bien culmin\u00f3 la prestaci\u00f3n del servicio militar obligatorio, ello no es \u00f3bice para que la entidad accionada interrumpa el tratamiento de las lesiones que sufri\u00f3 durante el mismo, m\u00e1s cuando su estado de salud ha empeorado; y, porque b) tiene derecho a obtener la calificaci\u00f3n de la \u00abaptitud sicof\u00edsica\u00bb, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 4\u00ba, 8\u00ba y 19 del Decreto 1796 de 2000 (fls. 1 a 9, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional aleg\u00f3, que el accionante \u00abactualmente no cumple con los requisitos establecidos en la normatividad (\u2026) toda vez que no ostenta ninguna de las calidades antes exigidas para ser beneficiario del Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional, por consiguiente no es viable acceder a su pretensi\u00f3n de vinculaci\u00f3n\u00bb. De otro lado, expres\u00f3 que al se\u00f1or Ruiz Hern\u00e1ndez \u00aben ning\u00fan momento se le ha negado la realizaci\u00f3n de su junta m\u00e9dico laboral, aun cuando desde el mes de diciembre se le inform\u00f3 que aportara en este establecimiento de sanidad policial los documentos originales de su proceso tales como informativo prestacional, historias cl\u00ednicas etc., para dar inicio al proceso m\u00e9dico laboral, a lo cual hizo caso omiso\u00bb (fls. 44 y 45, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       \u00aba pesar de que la accionada haya reconocido su obligaci\u00f3n de prestar los servicios m\u00e9dicos al actor, siempre y cuando aporte a esa entidad, los antecedentes que demuestren que las patolog\u00edas que padece hayan sido causa de la prestaci\u00f3n del servicio militar, avizora esta Colegiatura que dichas pruebas fueron aportadas con la presente acci\u00f3n tutelar, y de \u00e9stas se puede constatar que el estado de salud en que manifiesta encontrarse el se\u00f1or Pedro Antonio Ruiz Hern\u00e1ndez, en efecto, puede ser consecuencia de los hechos ocurridos durante la prestaci\u00f3n del servicio militar obligatorio en el que figur\u00f3 como auxiliar de Polic\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed que, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, \u00abvincul[ar] al se\u00f1or Pedro Antonio Ruiz Hern\u00e1ndez al Sistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional, a fin de prestarle la asistencia m\u00e9dica integral que requiere, manteniendo su afiliaci\u00f3n hasta que el accionante logre su recuperaci\u00f3n f\u00edsica y mental; en consecuencia, proceda a realizar lo pertinente para la realizaci\u00f3n de la Junta M\u00e9dico laboral que solicita el actor\u00bb  (fls. 46 a 57 ib\u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La entidad accionada recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la contestaci\u00f3n a la demanda de amparo (fls. 65 a 67, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.        En este caso, el accionante se queja i) porque la Polic\u00eda Nacional dispuso su \u00ablicenciamiento\u00bb sin que se le brindaran los servicios m\u00e9dicos necesarios para superar las lesiones que padeci\u00f3 con ocasi\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio militar obligatorio; y, ii) de que dicha instituci\u00f3n le haya negado la pr\u00e1ctica de la junta m\u00e9dico laboral para que sea calificada su p\u00e9rdida de capacidad laboral.  <\/span><\/p>\n

3.        De entrada es necesario precisar, que el derecho a la salud ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental  aut\u00f3nomo que \u00abtiene una doble connotaci\u00f3n -derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad\u00bb (CC T-1036\/07; citada en CSJ STC, 20 sep. 2012, Rad. 2012-00093-01 y reiterada en STC2793-2015).  <\/span><\/p>\n

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En este entendido, \u00aben materia de amparo del derecho fundamental a la salud por v\u00eda de tutela, \u2018una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a determinar cu\u00e1les son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las v\u00edas de acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepci\u00f3n pueden acudir a la acci\u00f3n de tutela para lograr la efectiva protecci\u00f3n de su derecho constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este derecho se encuentre amenazado de vulneraci\u00f3n o haya sido conculcado\u2019\u00bb (CC T-919\/08; referida en CSJ STC2793-2015).  <\/span><\/p>\n

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4.        Ahora, en cuanto al principio de continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio de salud para ex miembros de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda, la jurisprudencia constitucional de manera reiterada ha dicho lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa regla general en la materia consiste en que las fuerzas militares y de polic\u00eda deben vincular a su sistema de seguridad social a quienes se encuentran a su servicio, y que esta obligaci\u00f3n cesa en el momento en el cual la persona es desincorporada de la instituci\u00f3n, sin importar cu\u00e1l sea el motivo. (\u2026) Pero la Corte ha estudiado hasta el momento tres tipos de situaciones que exigen la inaplicaci\u00f3n de la anterior regla. El primero de ellos se configura cuando la persona adquiri\u00f3 una lesi\u00f3n o enfermedad desde antes de incorporarse a las fuerzas militares, la cual representa una amenaza cierta y actual del derecho a la vida en condiciones dignas, y del derecho a la integridad f\u00edsica. En este caso, la dependencia correspondiente de sanidad militar debe continuar brindando atenci\u00f3n m\u00e9dica integral (i) si la enfermedad o lesi\u00f3n preexistente no fue detectada en los ex\u00e1menes psicof\u00edsicos de ingreso, debiendo hacerlo, y (ii) se agrav\u00f3 como consecuencia del servicio militar. El segundo tipo de excepciones se genera en los eventos en que la lesi\u00f3n o enfermedad es producida durante la prestaci\u00f3n del servicio. Cuando ello ocurre, las fuerzas militares o de polic\u00eda deben continuar haci\u00e9ndose cargo de la atenci\u00f3n m\u00e9dica si la lesi\u00f3n o enfermedad (i) es producto directo del servicio; (ii) se gener\u00f3 en raz\u00f3n o con ocasi\u00f3n del mismo; o (iii) es la causa directa de la desincorporaci\u00f3n de las fuerzas militares o de polic\u00eda. Por su parte, el tercer tipo de excepciones lo constituyen los casos en los cuales la lesi\u00f3n o enfermedad tiene unas caracter\u00edsticas que ameritan la pr\u00e1ctica de ex\u00e1menes especializados para determinar el nivel de incapacidad laboral de la persona o el momento en que esta fue adquirida (\u2026)\u00bb (CC T-516\/09; mencionada en CSJ STC2793-2015)1.  <\/span><\/p>\n

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5.        De este modo, frente al segundo grupo de excepciones dicha Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 en reciente oportunidad, que la obligaci\u00f3n de seguir prestando asistencia m\u00e9dica y asistencial al uniformado contin\u00faa para el Estado siempre que \u00abi) se haya iniciado un tratamiento a una patolog\u00eda adquirida durante la prestaci\u00f3n del servicio o que empeore en raz\u00f3n a \u00e9ste, independientemente si la afecci\u00f3n tuvo o no como causa el servicio, ii) el tratamiento dado por la instituci\u00f3n no logre recuperarlo sino controlar temporalmente su enfermedad y la misma reaparezca o se recrudezca despu\u00e9s, [y] iii) la dolencia que se padece ponga en riesgo cierto la integridad de la persona, la salud y su derecho fundamental a la vida digna\u00bb, advirtiendo que \u00abel retiro del uniformado no puede ser \u00f3bice para la continuidad del tratamiento m\u00e9dico que se ven\u00eda adelantando, sino hasta que dicho tratamiento sea culminado con la recuperaci\u00f3n definitiva del paciente, o se garantice la continuaci\u00f3n del tratamiento por parte de los restantes actores del Sistema de Seguridad Social\u00bb (CC T-848\/10, memorada CSJ STC2793-2015).  <\/span><\/p>\n

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6.    De conformidad con lo que antecede, no cabe duda que en el sub lite habr\u00e1 de ratificarse la decisi\u00f3n constitucional de instancia en lo que respecta a la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos, como quiera que la Polic\u00eda Nacional en cabeza de la Direcci\u00f3n de Sanidad, ciertamente est\u00e1 en la obligaci\u00f3n suministrar el tratamiento que requiere el actor para las patolog\u00edas que lo aquejan, pues conforme a los hechos expuestos en el escrito inicial, los que no fueron desvirtuados por la entidad impugnante y los documentos obrantes a folios 15 y 32, cuaderno 1, Pedro Antonio Ruiz Hern\u00e1ndez fue diagnosticado el 15 de diciembre de 2015 con \u00aboperaciones de guerra con otras explosiones y esquirlas y bariotrauma ot\u00edtico\u00bb, cuando fung\u00eda como \u00abauxiliar regular\u00bb adscrito a la Direcci\u00f3n de Antinarc\u00f3ticos; de modo que, dicha entidad no pod\u00eda abstenerse de continuar con el tratamiento so pretexto del licenciamiento del servicio de aqu\u00e9l, pues ten\u00eda la obligaci\u00f3n de brindar los procedimientos m\u00e9dicos pertinentes para tratar las dolencias del paciente, hasta que fueran superadas.  <\/span><\/p>\n

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7.        Ahora bien, el accionante tambi\u00e9n pretende que se ordene a la Polic\u00eda Nacional, \u00abrealizar a [su] favor la pr\u00e1ctica de la junta m\u00e9dico laboral, mediante la cual se de aplicaci\u00f3n a los postulados del art\u00edculo 15 del decreto 1796 de 2000 y en consecuencia se determine (\u2026) la calificaci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica, la disminuci\u00f3n de la capacidad laboral, la imputabilidad al servicio, la fijaci\u00f3n de \u00edndices y los dem\u00e1s aspectos propios de este procedimiento\u00bb; no obstante, la Corte aprecia que seg\u00fan la comunicaci\u00f3n de 26 de diciembre pasado, el \u00c1rea de Sanidad de C\u00f3rdoba solicit\u00f3 al actor gestionar el traslado de los documentos de medicina laboral con el fin que el Departamento que lo licenci\u00f3 los remitiera a esa dependencia, y as\u00ed poder iniciar el tr\u00e1mite administrativo previsto para la convocatoria de la Junta M\u00e9dico Laboral, raz\u00f3n por la que, no es cierto como lo afirm\u00f3 el interesado, que se le haya negado dicho procedimiento.  <\/span><\/p>\n

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8.        Corolario de lo anterior, se impone modificar el fallo constitucional de primera instancia, en el sentido de conceder el amparo \u00fanicamente al derecho a la salud del accionante, e invalidar lo referente a la orden impartida para la realizaci\u00f3n de la Junta M\u00e9dico Laboral reclamada por \u00e9ste, en atenci\u00f3n a lo esbozado en l\u00edneas anteriores.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, MODIFICA la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, en el sentido de conceder la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el se\u00f1or  Pedro Antonio Ruiz Hern\u00e1ndez, pero \u00fanicamente en lo que tiene que ver con su derecho a la salud; en consecuencia, se REVOCA lo atinente a la orden de \u00abrealizar lo pertinente para la realizaci\u00f3n de la Junta M\u00e9dico Laboral\u00bb contenida en el fallo impugnado, CONFIRMANDO en lo dem\u00e1s \u00e9ste.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Ver entre otras las sentencias CC T-762\/98, T-393\/99, T-824\/02, T-315\/03, T-1050\/08 y T-602\/09.      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3840-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00035-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100193","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100193"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100193\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100193"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}