{"id":100195,"date":"2026-06-25T20:15:19","date_gmt":"2026-06-25T20:15:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3843-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:15:19","modified_gmt":"2026-06-25T20:15:19","slug":"stc3843-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3843-2017\/","title":{"rendered":"STC3843-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3843-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2017-00059-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el seis de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00d3scar Nicol\u00e1s Bautista Rodr\u00edguez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Consejo Seccional de la Judicatura, todos de Bucaramanga, y la ciudadana Laura Yaneth D\u00edaz Ramos.  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, acceso al desempe\u00f1o de funciones y cargos p\u00fablicos, buena fe, confianza leg\u00edtima, igualdad y trabajo en condiciones dignas, que estima vulnerados por el despacho encausado al fallar una acci\u00f3n de esta misma naturaleza promovida por Laura Yaneth D\u00edaz Ramos, en la que se concedi\u00f3 la salvaguarda rogada y orden\u00f3 dejar sin efecto el acto administrativo de su nombramiento en propiedad en el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Bucaramanga para el cargo de Asistente Judicial Grado 6.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se ordene a los estrados judiciales accionado y vinculado que se abstengan de dar cumplimiento a la orden de protecci\u00f3n constitucional hasta tanto el Tribunal Superior se pronuncie sobre la impugnaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante el Acuerdo n.\u00ba 2462 de 28 de noviembre de 2013, convoc\u00f3 el concurso de m\u00e9ritos para la conformaci\u00f3n del Registro Seccional de Elegibles para la provisi\u00f3n de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de los Distritos Judiciales de Bucaramanga y San Gil y del Distrito Judicial Administrativo de Santander.  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la convocatoria referida fue incluido el cargo de \u00abAuxiliar Judicial Centro de Servicios \u2013 Juzgados y Equivalentes Grado 6\u00bb, al cual se postul\u00f3 \u00d3scar Nicol\u00e1s Bautista Rodr\u00edguez.  <\/span><\/p>\n

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3. Una vez agotadas las etapas correspondientes, la entidad p\u00fablica, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 2094 de 20 enero de 2016, conform\u00f3 el registro de elegibles para el empleo referido, en el que ocup\u00f3 el primer lugar el aqu\u00ed quejoso.  <\/span><\/p>\n

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4. El Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Bucaramanga, en el Decreto n.\u00b0 019 de diciembre 13 de 2016, design\u00f3 en propiedad en el cargo de Asistente Judicial Grado 6 al se\u00f1or Bautista Rodr\u00edguez.  <\/span><\/p>\n

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5. La sede judicial mencionada desvincul\u00f3 el 14 de diciembre del a\u00f1o anterior a Laura Yaneth D\u00edaz Ramos del empleo aludido, a trav\u00e9s de acto administrativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En efecto, la se\u00f1ora D\u00edaz Ramos present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra el despacho aludido y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bucaramanga, a fin de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores dada su condici\u00f3n de madre cabeza de hogar y embarazo, y el nombramiento al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando.  <\/span><\/p>\n

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7. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, dispuso la vinculaci\u00f3n de \u00d3scar Nicol\u00e1s Bautista Rodr\u00edguez, en auto del 16 de diciembre de la anualidad precedente.  <\/span><\/p>\n

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8. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el fallador profiri\u00f3 sentencia el 20 de enero de 2017, en la que concedi\u00f3 la salvaguarda rogada y orden\u00f3 al estrado judicial accionado que dejara sin efectos los actos administrativos por los cuales hab\u00eda desvinculado a la actora y designado a una nueva persona en el cargo de Asistente Judicial Grado 6, y que reintegrara a la reclamante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el se\u00f1or Bautista Rodr\u00edguez la impugn\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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10. Mediante el Decreto n.\u00b0 002 del 26 de enero siguiente, el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Bucaramanga dio cumplimiento a la orden de amparo anterior.  <\/span><\/p>\n

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11. Al momento de la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga no se hab\u00eda pronunciado frente a ese asunto.  <\/span><\/p>\n

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12. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que en la sentencia de tutela se dispuso desvincularlo de su cargo en propiedad, dej\u00e1ndolo sin trabajo, seguridad social ni prestaciones sociales, a pesar de que obtuvo ese empleo mediante un concurso de m\u00e9ritos, m\u00e1xime que si se pretend\u00eda proteger las garant\u00edas superiores de la se\u00f1ora D\u00edaz Ramos, no debi\u00f3 afectarlo de esa manera, pues le caus\u00f3 un perjuicio irremediable. [Folios 1-15, c. 1]  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 25 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial acusada y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Consejo Seccional de la Judicatura, todos de Bucaramanga, y la ciudadana Laura Yaneth D\u00edaz Ramos, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 102, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, Laura Yaneth D\u00edaz Ramos se opuso a la prosperidad del resguardo, pues es improcedente debatir fallos de tutela en una acci\u00f3n de la misma naturaleza. [Folios 119-122, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bucaramanga indic\u00f3 que en este caso el despacho nominador debi\u00f3 abstenerse de posesionar al aqu\u00ed quejoso, mientras persistiera la protecci\u00f3n especial para la servidora en situaci\u00f3n gravidez. [Folio 130-131, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Bucaramanga manifest\u00f3 que actu\u00f3 con estricto apego a la ley y dio cumplimiento a lo ordenado por el juez de tutela, al ordenar el reintegro de la se\u00f1ora D\u00edaz Ramos. [Folios 132-134, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que no es procedente la solicitud de protecci\u00f3n constitucional del actor. [Folio 135, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bucaramanga inform\u00f3 que no est\u00e1 llamada a responder por las pretensiones del se\u00f1or Bautista Rodr\u00edguez porque ha ejercido sus funciones como entidad encargada de administrar y reglamentar la carrera judicial. [Folios 137-144, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 6 de febrero de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 el amparo, debido a que la acci\u00f3n de tutela que es cuestionada mediante ese mismo mecanismo, fue tramitada conforme a derecho, sin vulnerar el derecho al debido proceso del accionante ni se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, y de otro parte no es procedente que se ordene su reubicaci\u00f3n para el cargo de Asistente Judicial Grado 6 porque la sentencia constitucional cuestionada todav\u00eda no se encuentra en firme. [Folios 155-160, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual indic\u00f3 que no se tuvieron en cuenta los argumentos esbozados por \u00e9l, ni se resolvi\u00f3 de fondo la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, lo que condujo a un fallo incongruente. [Folio 164, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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5. Durante el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n, el Tribunal Superior de Bucaramanga, como juez de segunda instancia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Laura Yaneth D\u00edaz Ramos, emiti\u00f3 fallo el 28 de febrero del a\u00f1o cursante, en el que lo modific\u00f3 y adicion\u00f3 en el sentido de ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura que publique el formato de opci\u00f3n de sede para el cargo del se\u00f1or Bautista Rodr\u00edguez, conforme la lista de elegibles y la env\u00ede a los juzgados, para que se haga efectiva la posesi\u00f3n del interesado en propiedad. [Folios 4-24, c. 2]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso. (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00)  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto que es objeto de estudio, \u00d3scar Nicol\u00e1s Bautista Rodr\u00edguez pretende controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional por Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, de fecha 20 de enero de 2017, por medio del cual se concedi\u00f3 la salvaguarda solicitada por Laura Yaneth D\u00edaz Ramos contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, ambos de Bucaramanga, y se dispuso dejar sin efecto el acto administrativo de nombramiento en propiedad del aqu\u00ed en el despacho accionado para el cargo de Asistente Judicial Grado 6, a pesar de que \u00e9l obtuvo ese empleo mediante un concurso de m\u00e9ritos, providencia que posteriormente fue modificada por el Tribunal Superior de Bucaramanga, en fallo del 28 de febrero del a\u00f1o cursante, donde se orden\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura que publicara el formato de opci\u00f3n de sede para el cargo del se\u00f1or Bautista Rodr\u00edguez, conformara la lista de elegibles y la enviara a los juzgados, para que se hiciera efectiva la posesi\u00f3n del interesado en propiedad. Situaci\u00f3n de la cual se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues lo cuestionado es el criterio jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica del estrado judicial acusado, se\u00f1alamientos que deben ser ventilados en el respectivo procedimiento de tutela y que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo, m\u00e1xime que el aqu\u00ed quejoso fue vinculado a ese asunto e inclusive fue \u00e9l quien impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u2026 Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

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La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 2003-00561-01; 10 nov. 2003, rad. 2003-00747-01; 23 ag. 2004, rad. 2004-00840-00; 14 oct. 2004, rad. 2004-01120; 8 mar. 2006, rad. 2006-00263-00; reiterada el 7 mar. 2013, rad. 2013-00122-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Por otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que, inclusive, el actor puede intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia proferida por la sede judicial accionada, mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). (CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 02041-01).  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior cobra mayor \u00e9nfasis en el presente caso, dado que el expediente de tutela aqu\u00ed cuestionado, todav\u00eda no ha sido remitido a la Corte Constitucional, para que inicie el tr\u00e1mite de su eventual revisi\u00f3n, lo que sin duda constituye un medio de protecci\u00f3n dentro de esa actuaci\u00f3n y que, por ende, desplaza cualquier otro medio de defensa judicial en el mismo sentido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma manera, los argumentos que el querellante esgrime en la presente solicitud de salvaguarda, bien pueden ser discutidos en el procedimiento de revisi\u00f3n de la providencia cuestionada, a trav\u00e9s de la insistencia para su selecci\u00f3n con tal prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema la Sala ha explicado:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. (\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo. (CSJ STC, 30 ag. 2012, rad. 00258-01, reiterada el 23 may. 2013, rad. 00145-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3843-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2017-00059-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100195","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100195"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100195\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100195"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}