{"id":100198,"date":"2026-06-25T20:15:40","date_gmt":"2026-06-25T20:15:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3850-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:15:40","modified_gmt":"2026-06-25T20:15:40","slug":"stc3850-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3850-2017\/","title":{"rendered":"STC3850-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3850-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2017-00032-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el nueve de febrero de  dos mil diecisiete por la Sala Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Bill Frank Arroyo Bunzi contra la Direcci\u00f3n General de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio, el accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, igualdad, salud y petici\u00f3n que considera vulnerados por la autoridad accionada, al no contestar la solicitud de que se le realizara examen de retiro, con el que se resolviera definitivamente su situaci\u00f3n m\u00e9dico laboral y negarle el acceso a los servicios de salud que requiere.  <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se ordene a la Direcci\u00f3n de Sanidad tutelada, activarlo inmediatamente a los servicios m\u00e9dicos, hasta tanto no le realicen un examen m\u00e9dico minucioso de retiro para determinar las enfermedades que adquir\u00ed durante mi tiempo de servicio en el Ej\u00e9rcito y que hoy en d\u00eda afecten su capacidad psicof\u00edsica. De igual forma,  se dispusiera a tal entidad se le otorgara citas para todo tipo de especialistas, lo cual no deb\u00eda superar un t\u00e9rmino de dos meses y una vez hecho esto, se programara la junta m\u00e9dico laboral conforme lo establece la ley. [Folios 13-15, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El accionante estuvo vinculado como miembro del Ej\u00e9rcito Nacional, seg\u00fan lo manifest\u00f3, a partir del 15 de enero de 2000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 30 de julio de 2013, indica fue retirado del servicio, sin que se le practicara el examen de retiro, para valorar su capacidad Psicof\u00edsica al momento de la separaci\u00f3n del cargo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.  Que en segundo semestre del a\u00f1o 2015, una comisi\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, se present\u00f3 en el Centro Militar Penitenciario de Bello \u201cEjebe\u201d, para solucionar la situaci\u00f3n m\u00e9dica de los militares privados de la liberta, oportunidad en la que \u00e9l pidi\u00f3 se le permitiera adelantar la \u00abficha m\u00e9dica para retiro\u00bb, sin emabrgo, los funcionarios le refirieron de manera verbal que no ten\u00eda derecho porque el t\u00e9rmino para tala actuaci\u00f3n ya hab\u00eda prescrito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Refiere que nuevamente en septiembre de 2015, envi\u00f3 con un familiar  una solicitud para que se realizara junta m\u00e9dico por retiro, pero que no se la recibieron por ser improcedente, por las mismas razones dadas anteriormente, es decir que el plazo ya hab\u00eda vencido para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En virtud de todo lo anterior, el 12 de enero de 2017, presento derecho de petici\u00f3n, a la Direcci\u00f3n de Sanidad, en la se emitieran ordenes de concepto m\u00e9dico de variaos especialistas, y se realizara la \u00abjunta m\u00e9dico laboral\u00bb, con la que se determinara la disminuci\u00f3n de su capacidad laboral.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El accionante acude al amparo constitucional, el 2 de febrero de 2017, porque estima violadas luego de transcurrido diez d\u00edas la entidad no le ha contestado, ni afirmativa, ni negativamente la \u00absolicitud de informaci\u00f3n elevada mediante derecho de petici\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En estas condiciones, pretende que se protejan sus prerrogativas invocadas, en la forma vista, en especial cuando es obligaci\u00f3n de la accionada sobre todo cuando est\u00e1n en riegos derechos fundamentales, en especial la salud, realizar el examen de retiro. [Folios 12, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 3 de febrero de 2017, el quejoso, recibi\u00f3 respuesta de la dependencia denunciada, quien le se\u00f1al\u00f3 que no era viable \u00abacceder de manera positiva a las solitudes de sus peticiones\u00bb, porque ya hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino de dos meses dispuestos en el Decreto 1796 del 2000. [52, c.1]  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. En auto de 3 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la autoridad accionada y dem\u00e1s interesadas, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 28, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En sentencia de 9 de febrero de 2017, el Tribunal Superior de Medell\u00edn, deneg\u00f3 el amparo deprecado, porque consider\u00f3 que para cuando se present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, no se hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino establecido por la Ley para contestar el derecho de petici\u00f3n; pero adem\u00e1s, el actor en momento alguno manifest\u00f3 que estando activo como miembro de las fuerzas militares hubiere contra\u00eddo una enfermedad o sufrido accidente que hayan derivado molestias en su salud o que requieran atenci\u00f3n, o que se encuentre desafiliado del sistema de salud, por el contrario, este se encuentra inscrito, tanto en r\u00e9gimen contributivo, como en medicina prepagada. [Folios 39-41, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 10 de febrero de 2017, la Direcci\u00f3n de sanidad contest\u00f3 la acci\u00f3n, para indicar que ya hab\u00eda dado respuesta a la solicitud del tutelante y que adem\u00e1s, dentro de su servicio activo no se hab\u00eda registrado que haya tenido problema alguno de salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, con sustento, en que  en que si bien ya se contest\u00f3 su petici\u00f3n, la misma fue negativa y desconoc\u00eda la obligaci\u00f3n de la entidad en  mantenerlo al sistema de salud, hasta tanto no se resolviera su situaci\u00f3n de sanidad, as\u00ed como la de realizar el correspondiente examen.  [Folios 49 a 64]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) y la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza que, -como en el sub ex\u00e1mine- signific\u00f3 que se concediera el amparo deprecado, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 como mecanismo dirigido a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas garant\u00edas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso objeto de estudio, se avizora que mediante escritos presentados el 12 de enero 2017, el accionante present\u00f3 solicitud a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, a fin de que \u00e9sta, luego de transcurridos tres a\u00f1os y seis meses desde su desvinculaci\u00f3n, le realizara el examen de retiro, ordenando para ello, concepto m\u00e9dico de varias especialistas y posteriormente, la junta m\u00e9dico laboral respectiva, a la que tiene derecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, se advierte que a trav\u00e9s de oficio de 24 de enero de 2017, recibido por el tutelante el 3 de febrero \u00faltimo, la referida entidad le dio contestaci\u00f3n de forma negativa a su petici\u00f3n, tras considerar que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1796 de 2000, \u00aben calidad de retirado \u00e9ste ten\u00eda el deber legal de obtener los conceptos m\u00e9dicos requeridos  para definir su situaci\u00f3n de sanidad, dejando transcurrir el tiempo sin acercarse a cualquier dispensario del pa\u00eds para la realizaci\u00f3n de los conceptos m\u00e9dicos solicitados cuando quedo aplazado\u00bb. [Folios 41, vto., c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo cual se colige, que no existe una conculcaci\u00f3n actual del derecho fundamental de petici\u00f3n, porque seg\u00fan se acredit\u00f3, el ente accionado, finalmente dio respuesta clara y completa al promotor de la protecci\u00f3n, antes de que se profiriera el fallo de primera instancia, lo cual impone deducir, que se super\u00f3 el hecho que origin\u00f3 esa reclamaci\u00f3n de amparo, y en ese orden, carecer\u00eda de objeto una orden de protecci\u00f3n, si en cuenta se tiene, que la contestaci\u00f3n no tiene que ser necesariamente favorable al peticionario, como \u00e9ste lo interpreta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por otra parte, est\u00e1 fuera de discusi\u00f3n, que el derecho a la salud es susceptible de ser protegido mediante la acci\u00f3n de tutela por tratarse de un derecho fundamental aut\u00f3nomo, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional de manera reiterada en diversos pronunciamientos, entre otros, la sentencia T-644 de 2014, donde al respecto, precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026el derecho a la salud tiene rango de fundamental, a pesar de su faceta prestacional. Ello, en raz\u00f3n de que esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 en la sentencia T-760 de 2008 que eliminar el car\u00e1cter de fundamental de un derecho a partir de su cualidad prestacional es un error de categor\u00eda, puesto que esta caracter\u00edstica se predica de algunas de sus facetas y no del derecho considerado como un todo. Entonces, el concepto de derecho fundamental es una denotaci\u00f3n compleja que cuenta con m\u00faltiples dimensiones adem\u00e1s de facetas que implican acciones positivas y negativas del Estado, las cuales no restan el car\u00e1cter fundamental del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, debe decirse que la continuaci\u00f3n del servicio de salud, se erige como una garant\u00eda fundamental para quien, aquejado de una dolencia, requiere atenci\u00f3n permanente, sin que la misma sea perpetua, sobre el punto, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con relaci\u00f3n a la otra queja, esto es, la atinente a la violaci\u00f3n del derecho a la salud, conviene recordar que la prestaci\u00f3n continua de tal servicio debe primar en todos aquellos eventos en los que la suspensi\u00f3n del mismo amenace de manera seria y grave la vida, la salud, la integridad y la dignidad del paciente, de ah\u00ed que ninguna discusi\u00f3n de \u00edndole contractual, econ\u00f3mica o administrativa justifica la negativa de la Entidad Prestadora de Salud a seguir suministrando un tratamiento necesario que est\u00e9 en curso y, por ende, el servicio no puede ser interrumpido, so pena de que la conducta asumida por aquella afecta los derechos fundamentales de los usuarios del sistema.  Claro est\u00e1 que el principio de continuidad no comporta que la mentada asistencia sea brindada a perpetuidad, sino hasta que sea garantizada por cuenta de los restantes actores del sistema general de seguridad social\u201d. (CSJ STC, 24 de enero de 2012, Rad. No. 02103 01) (subrayado fuera del texto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y concretamente, frente a aquellas personas que sirvieron a las fuerzas militares y fueron retiradas sin que se les realizara el respectivo examen de retiro, se\u00f1al\u00f3 la Sala:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta circunstancia exige de parte de todas las autoridades e instituciones del Estado la aplicaci\u00f3n del principio general de solidaridad que, de manera directa, significa que el Estado debe llevar a cabo todas las acciones correspondientes para garantizar la vida de sus asociados, en concordancia con las exigencias de los derechos de los que son titulares. En el caso que nos ocupa, el deber de solidaridad exige del Ej\u00e9rcito Nacional que contin\u00fae brindando al actor una atenci\u00f3n m\u00e9dica integral. Sin embargo, para que esta obligaci\u00f3n constitucional se encuentre en armon\u00eda con las prescripciones legales y reglamentarias relativas al l\u00edmite temporal de la prestaci\u00f3n de los servicios en el sistema de salud de las fuerzas militares, la cobertura solo debe garantizarse hasta que el accionante sea inscrito en el r\u00e9gimen subsidiado o contributivo de salud. (CS J STC, 17 de febrero de 2011, Rad. 2010-01108-01, Reiterado el 4 de septiembre de 2013, 2013-00148-01). (Se resalta)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el caso, est\u00e1 acreditado, que con ocasi\u00f3n de la desvinculaci\u00f3n de las Fuerzas Militares del actor, fue excluido del Sistema de Salud de dicho ente, pues as\u00ed lo ratific\u00f3 la Direcci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional en su contestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, no se demostr\u00f3 que el actor haya sufrido, o tenga un padecimiento de salud que deba ser tratado o que necesite una atenci\u00f3n de car\u00e1cter urgente y que haga necesario la intervenci\u00f3n del juez de tutela, para garantizar la continuidad de la prestaci\u00f3n del servicio de salud,  de ah\u00ed que no se encuentra que deba operar el principio de solidaridad, pues no se encuentra una amenaza seria y grave a sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, se pudo establecer que el tutelante, se encuentra afiliado a una EPS del r\u00e9gimen contributivo  y que incluso, cancela medicina prepagada a Sumarericana S.A., por lo que puede ser atendido por tales entidades. [Folio 32, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden, no hay afectaci\u00f3n de la continuidad en el servicio de salud, toda vez que el accionante ya se encuentra vinculado al r\u00e9gimen contributivo, circunstancia por la cual el l\u00edmite temporal de la prestaci\u00f3n de los servicios en el sistema de salud del Ej\u00e9rcito nacional se encuentra agotado, como quiera que la obligaci\u00f3n de garantizar la prestaci\u00f3n de asistencia  no es perpetua, sino que va hasta que lo garantice uno de los agentes del sistema de seguridad social, como ocurri\u00f3 en este caso, en especial, cuando tampoco se conoce que el actor tenga alg\u00fan padecimiento que requiera atenci\u00f3n y tratamiento urgente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Finalmente, en lo que respecta a la negativa de la Direcci\u00f3n de Sanidad, de realizarse el examen de retiro, debe decirse, que el actor cuanta con un mecanismo id\u00f3neo para debatir dicha determinaci\u00f3n que es acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y aunque es cierto que la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos como los citados por el accionante en su demanda, ha establecido la obligatoriedad de tal valoraci\u00f3n para los miembros que sean retirados de las fuerzas militares, tambi\u00e9n lo es que para que sea viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela en estos eventos, deben evidenciarse circunstancias que demuestren la necesidad de evitar o conjurar un perjuicio irremediable para el demandante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el caso que nos ocupa, la Sala no encuentra que sea urgente e impostergable un pronunciamiento por v\u00eda tutelar de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica aqu\u00ed planteada, por dos pot\u00edsimas razones, a saber:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La primera de ellas, debido al ampl\u00edsimo margen de tiempo que ha transcurrido entre la fecha en que se produjo el despido del ex servidor y la de presentaci\u00f3n de la demanda de amparo constitucional, pues aunque su desvinculaci\u00f3n ocurri\u00f3 el 30 de julio de 2013, s\u00f3lo acudi\u00f3 a la tutela el 2 de febrero de 2017 febrero, es decir, m\u00e1s de tres a\u00f1os y seis meses a\u00f1os despu\u00e9s, sin demostrar, ni siquiera mencionar, qu\u00e9 motivos le impidieron agotar el procedimiento legalmente establecido para lograr ser valorado al finalizar su labor en el Ej\u00e9rcito o para invocar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales oportunamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En segundo lugar, el peticionario no refiere que sufra de alg\u00fan padecimiento de salud que haga su situaci\u00f3n urgente, o acredit\u00f3 que ello fuera as\u00ed y mucho menos que tal deficiencia, si la hubiere, tuviese relaci\u00f3n de causa-efecto con la prestaci\u00f3n de sus servicios a la fuerza militar accionada, que, por cierto, culmin\u00f3 hace varios a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, si el quejoso no prob\u00f3 siquiera sumariamente el perjuicio irremediable necesario para lograr la intervenci\u00f3n transitoria del juez de tutela, mal har\u00eda la judicatura de otorgar el amparo pretendido, sin que se agoten previamente las v\u00edas legales para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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