{"id":100199,"date":"2026-06-25T20:15:47","date_gmt":"2026-06-25T20:15:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3851-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:15:47","modified_gmt":"2026-06-25T20:15:47","slug":"stc3851-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3851-2017\/","title":{"rendered":"STC3851-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3851-2017  <\/span><\/p>\n

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             (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dos de febrero de dos mil diecisiete  por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Elkin Clareth Aristizabal, contra el Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las Sociedades Inversiones Sov\u00e1ssica S.A.S.  y Loperato S.A.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El accionante mediante apoderado, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n a la sentencia emitida el 15 de diciembre de 2016 por cuanto bajo una indebida valoraci\u00f3n probatoria decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato por la causal de mora en el pago del canon de arrendamiento y  orden\u00f3 la entrega del inmueble.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, pretende, se ordene \u00abla modificaci\u00f3n de la sentencia atacada en torno a que se niegue la pretensi\u00f3n restitutoria de la demanda y con ello se reconozcan las excepciones propuestas por el demandado dejando vigente el contrato de arrendamiento entre las partes\u00bb. [Folio 18, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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       1. Inversiones Sov\u00e1ssica S.A.S. y Loperato S.A. formul\u00f3 contra el accionante proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, (locales comerciales) por la causal de mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento respecto de los meses de enero y febrero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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        2. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn y una vez notificado el actor propuso las excepciones de \u00abfalta de causa para pedir restituci\u00f3n\u00bb; \u00abfuerza mayor\u00bb; \u00abderecho de retenci\u00f3n por reconocimiento de mejoras\u00bb; \u00abausencia de incumplimiento sustancial\u00bb; \u00abmala fe del arrendador y buena fe del arrendatario\u00bb; \u00abdoctrina de los actos propios\u00bb y la gen\u00e9rica del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed mismo, alleg\u00f3 dep\u00f3sitos de arrendamiento de los meses enero y febrero de 2016 realizados el 18 de febrero de ese a\u00f1o y, los recibos correspondientes a los dem\u00e1s c\u00e1nones generados hasta el mes de mayo.  <\/span><\/p>\n

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        3. Vencido el traslado de las excepciones, se fij\u00f3 fecha para la realizaci\u00f3n de la audiencia inicial, la cual se llev\u00f3 a cabo el 5 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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        4. El 15 de diciembre siguiente se llev\u00f3 a cabo la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, diligencia en la que realizada la valoraci\u00f3n probatoria, se declararon terminados los contratos de arrendamiento objeto del proceso, orden\u00e1ndose la restituci\u00f3n de los inmuebles dentro del t\u00e9rmino perentorio de veinte d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n por estrados de la sentencia.    <\/span><\/p>\n

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        5. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus derechos por cuanto el juzgador en su decisi\u00f3n incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho toda vez que no tuvo en cuenta que el pago por concepto de los c\u00e1nones se hizo dentro de la vigencia de lo acordado: s\u00f3lo tuvo en cuenta al testigo Alexander L\u00f3pera y desconoci\u00f3 los testimonios de Teresita y Mary Luz Gallo.  <\/span><\/p>\n

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       As\u00ed mismo, no reconoci\u00f3 las mejoras y el derecho de retenci\u00f3n bajo el argumento que no fueron demostrados aunado a que desech\u00f3 su defensa respecto a la figura de la fuerza mayor por cuanto no tuvo en cuenta que debido a la enfermedad de su suegro se le dificult\u00f3 realizar el pago del canon de arrendamiento dentro de los 7 d\u00edas del mes de enero de 2016, sin embargo lo realiz\u00f3 posteriormente, a lo cual el \u00abarrendador de manera maliciosa o mal intencionada se resisti\u00f3\u00bb. [Folios 1-20, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 20 de enero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se dispuso la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el litigio y se orden\u00f3 correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 26, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso cuestionado y se\u00f1al\u00f3 que el accionante pretende que se le reconozca una v\u00eda de hecho apoyado en un posible defecto factico y sustancial, sin embargo, tal situaci\u00f3n no se observa por cuanto lo que pretende el quejoso es inducir en error al juez de tutela al interpretar a su modo las situaciones f\u00e1cticas frente a la mora que es la causal objetiva contemplada por la norma para dar por terminado el contrato de arrendamiento, lo que no puede ser de recibo. [Folios 28-30, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte el apoderado judicial de las Sociedades Inversiones Sov\u00e1ssica S.A.S. solicit\u00f3 no acoger las pretensiones del tutelante por cuanto la actuaci\u00f3n del juzgado accionado estuvo acorde con el debido proceso y lo que intenta es propiciar una segunda instancia que a la luz del ordenamiento jur\u00eddico no es viable para dilatar el proceso y no cumplir con la orden proferida. [Folios 34-36, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 2 de febrero de 2017, el Tribunal Superior de Medell\u00edn neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional tras considerar que la decisi\u00f3n censurada se bas\u00f3 en el ordenamiento jur\u00eddico rector y las pruebas recogidas con ce\u00f1imiento al debido proceso por lo que no puede calificarse de arbitraria.[Folios 40-56, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n el promotor de la acci\u00f3n la impugn\u00f3 con los mismos argumentos de su escrito inicial y manifest\u00f3 que los errores en la valoraci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la prueba llevaron al juzgado accionado y ahora al Tribunal a dar por probada una mora que a todas luces no existi\u00f3, pues si acaso, lo que se dio fue un retardo de d\u00edas, el pago del canon del mes de enero, \u00abretardo sustentado en una evidente fuerza mayor\u00bb, y que adem\u00e1s fue propiciado por los mismos demandantes al tener como  practica aceptada la cancelaci\u00f3n por fuera de la fecha acordada y porque cuando fue a cancelar el canon el arrendatario se neg\u00f3 a recibir. [Folios 61-71,  c.1]  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente caso el accionante solicit\u00f3 que a trav\u00e9s de esta excepcional v\u00eda, se modifique la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidas de Medell\u00edn el 15 de diciembre de 2016, que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento objeto del proceso y orden\u00f3 la restituci\u00f3n de los inmuebles dentro del t\u00e9rmino perentorio de veinte d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia.   <\/span><\/p>\n

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Realizada la anterior precisi\u00f3n, en el caso sub judice, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el Juzgado accionado, ponder\u00f3 en forma conjunta las pruebas allegadas y analiz\u00f3 las normas aplicables al caso, para se\u00f1alar que en atenci\u00f3n a la literalidad de la cl\u00e1usula cuarta del contrato de arrendamiento de locales comerciales suscrito entre las partes, refer\u00eda el pago del canon dentro de los primeros siete d\u00edas del mes y en la que expresamente se pact\u00f3 que \u00abla mera tolerancia del arrendador en aceptar el pago del canon con posterioridad a lo pactado no se entender\u00e1 como animo de modificar el termino establecido para el pago\u00bb, no siendo por tanto de recibo el argumento del actor para excusar su incumplimiento, en que se hab\u00eda vuelto costumbre cancelar algunas veces por fuera del t\u00e9rmino, lo cual hab\u00eda sido aceptado por los arrendadores, por cuanto para el caso, la cancelaci\u00f3n del mes de enero se efectu\u00f3 s\u00f3lo hasta el 18 de febrero siguiente, situaci\u00f3n que qued\u00f3 corroborada con las pruebas allegadas por el mismo actor y el testimonio de Alexander L\u00f3pera, donde se evidencia el pago realizado fuera del termino pactado.    <\/span><\/p>\n

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De igual modo se\u00f1al\u00f3 el despacho que el testimonio de Mary Luz Gallo no revest\u00eda  mayor trascendencia por ser un testigo de o\u00eddas, pues en su declaraci\u00f3n manifest\u00f3 que la informaci\u00f3n que ella ten\u00eda derivaba de lo dicho por su hermana Teresita Gallo y esposa del tutelante por lo que consider\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento de la verdadera situaci\u00f3n de la mora o de la forma en que deb\u00edan efectuarse los respectivos pagos.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, respecto al testimonio de Teresita Gallo, el juzgador advirti\u00f3 que en su relato aludi\u00f3 a las condiciones que originaron el no pago oportuno del mes de enero de 2016, relacion\u00e1ndolas con la fuerza mayor que  ocasion\u00f3 la enfermedad de su padre, sin embargo, el otro testigo Alexander L\u00f3pera relat\u00f3 que la citada se\u00f1ora le solicit\u00f3 que le recibiera ese pago despu\u00e9s del mes de enero para evitar problemas con su esposo, el ahora accionante, suceso este que permit\u00eda deducir la mora en la que se encontraba el actor.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, frente al medio defensivo de la fuerza mayor propuesto por el tutelante, el estrado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de la culpa y de la responsabilidad que debe derivarse en la administraci\u00f3n de los negocios propios, demostr\u00e1ndose del an\u00e1lisis probatorio que la circunstancia f\u00e1ctica expuesta por el accionante en torno a la enfermedad de su suegro, no pod\u00eda considerarse un argumento serio que permitiera el retardo en el pago de sus obligaciones.   <\/span><\/p>\n

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De igual forma consider\u00f3 que en torno al derecho de retenci\u00f3n invocado por el quejoso, el mismo s\u00f3lo proced\u00eda si se hubiesen demostrado las mejoras, situaci\u00f3n que no aconteci\u00f3 en el sub examine aunado que en la cl\u00e1usula novena, numeral 9.2. se hab\u00eda convenido que no proced\u00eda el pago de ninguna reforma, lo que exclu\u00eda el deber de la parte arrendadora de pagar su valor.  <\/span><\/p>\n

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3. En ese orden, es palmario que la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a la valoraci\u00f3n probatoria del juzgador; lo cual, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

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4. Como puede advertirse, al margen de que la Corte comparta o no el entendimiento de la autoridad accionada, la determinaci\u00f3n adoptada no se manifiesta caprichosa, como tampoco las razones expuestas merecen el calificativo de absurdas, ni de autoritarias, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela para imponer al sentenciador un determinado criterio jur\u00eddico o un an\u00e1lisis probatorio, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes.  <\/span><\/p>\n

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Particularmente, en lo que refiere a la actividad evaluativa de los medios de persuaci\u00f3n, como l\u00edneas atr\u00e1s se indic\u00f3, el Juez de la causa cumpli\u00f3 con su deber legal de justificar sus conclusiones con base en el convencimiento que form\u00f3 a partir de tales elementos, de ah\u00ed que en el asunto no se habilita la intervenci\u00f3n en sede constitucional, m\u00e1s cuando se tiene claro que el mecanismo excepcional al que ahora acude el reclamante, s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar si \u00abse observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ STC, 16 Jun 2011, Rad. 01192-00; 25 Ene de 2012, Rad. 00001-00, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, dado que no se satisface ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, las cuales son capaces de estructurar defecto en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios persuasivos con entidad de tornar procedente la protecci\u00f3n bajo la perspectiva ius fundamental, no es posible en esta v\u00eda interferir en la tarea que la accionada acometi\u00f3 con respaldo en la autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoce como atributos necesarios del ejercicio de la funci\u00f3n judicial.     <\/span><\/p>\n

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5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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