{"id":100200,"date":"2026-06-25T20:15:50","date_gmt":"2026-06-25T20:15:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3852-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:15:50","modified_gmt":"2026-06-25T20:15:50","slug":"stc3852-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3852-2017\/","title":{"rendered":"STC3852-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3852-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00006-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintis\u00e9is de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Cristian Giovanni Mor\u00e1n Le\u00f3n contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estima vulnerados por la autoridad judicial por extralimitarse en sus funciones al aceptar la apertura del incidente de medida correccional en su contra e imponerle el pago de una multa, situaci\u00f3n que perjudica la estabilidad econ\u00f3mica de su n\u00facleo familiar.   <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita que se conceda el resguardo peticionado; se revoque y archive el incidente de medida correccional que cursa en el juzgado accionado, debiendo correr la misma suerte la multa impuesta en su contra. [Folio 4, c.1]   <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Aiza Cristina Gallego Herrera formul\u00f3 contra el accionante proceso de revisi\u00f3n de custodia y cuidado personal a favor de los menores Gretchen Giovanna y \u00c1ngel Enmanuel Moran Gallego.  <\/span><\/p>\n

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2. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 \u2013 Tolima, autoridad que el 10 de julio de 2012 admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 notificar al actor.  <\/span><\/p>\n

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3. El 3 de agosto de ese a\u00f1o, el tutelante contest\u00f3 el libelo, oponi\u00e9ndose a las pretensiones.  <\/span><\/p>\n

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4. Convocada las partes a la audiencia de conciliaci\u00f3n se declar\u00f3 fracasada.  <\/span><\/p>\n

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5. Una vez recaudada las pruebas solicitadas por las partes y realizada la etapa de alegatos, se emiti\u00f3 sentencia el 16 de octubre de 2013, negando las pretensiones de la demanda y se ratific\u00f3 la custodia de los menores en cabeza del accionante, de igual modo, se reglament\u00f3 el r\u00e9gimen de visitas a favor de la progenitora.  <\/span><\/p>\n

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6. Ante el incumplimiento reiterado por parte del actor para permitir las visitas por parte de su ex pareja a sus menores hijos, el  27 de abril del 2016, el juzgado de oficio  inici\u00f3 tr\u00e1mite incidental de medida correccional contra el gestor, el cual fue debidamente notificado al actor. [Folios 12-13, c.1]  <\/span><\/p>\n

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7. El 12 de octubre de ese a\u00f1o se orden\u00f3 sancionar al tutelante con un salario m\u00ednimo mensual legal vigente tras comprobarse su inobservancia en el r\u00e9gimen de visitas, determinaci\u00f3n que qued\u00f3 en firme el 20 de octubre siguiente.    <\/span><\/p>\n

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8. El 25 de octubre el actor radic\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n, el cual fue rechazado de plano el 8 de noviembre debido a la extemporaneidad de su presentaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron las garant\u00edas fundamentales invocadas, por cuanto ha ejercido de manera responsable su rol de padre, siendo su ex pareja quien se ha sustra\u00eddo de sus obligaciones, por tanto es injusto que se le sancione por lo que a su juicio tal decisi\u00f3n constituye hostilidades  en su contra y su familia. [Folios 2-5, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad querellada y las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 21, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Procurador Judicial de Familia de Ibagu\u00e9 \u2013 Tolima solicit\u00f3 no acoger las pretensiones del accionante por cuanto la actuaci\u00f3n del juzgado accionado no constituye una v\u00eda de hecho toda vez que si le impuso una sanci\u00f3n por incumplimiento al fallo de reglamentaci\u00f3n de visitas,  tal decisi\u00f3n favorece a los menores, ya que permite que sean visitados por su progenitora y dem\u00e1s familiares que est\u00e1n incluidos en la sentencia. [Folios 25-31, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso cuestionado y se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada el 12 de octubre de 2016 obedeci\u00f3 a que no puede olvidarse que el derecho a las visitas es de doble v\u00eda, esto es, que si se reconoce a los hijos, de l\u00f3gica existe para ambos padres esa prerrogativa y por ello se genera un deber correlativo y mutuo de los progenitores compartir espacios con sus hijos y,  no se puede obstaculizar el uno al otro el ejercicio de su correspondiente derecho cuando la pareja viven separados, en atenci\u00f3n a \u00ablas graves perturbaciones psicol\u00f3gicas que ocasionar\u00edan a los menores cuando se presenta una conducta contraria a los normales sentimientos de amor filial\u00bb [Folios 32-37, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte la vinculada Aiza Cristina Gallego Herrera inform\u00f3 que su ex pareja es quien ha desconocido los derechos constitucionales y legales de su hijos y los suyos, al negarse a darle cumplimiento al fallo adoptado por la autoridad demandada \u00abcomo quiera  que de manera obtusa, continua impidiendo que se haga efectivo el Derecho a Visitas al que tienen derecho mis hijos de compartir conmigo como madre de los mismos\u00bb [Folios 40-42, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 26 de enero de 2017, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior declar\u00f3 improcedente el amparo, tras considerar que el actor inconforme con la decisi\u00f3n adoptada el 12 de octubre de 2016 interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual fue rechazado por extempor\u00e1neo, lo que indica que el quejoso dej\u00f3 vencer la oportunidad procesal con que contaba para que la autoridad competente se pronunciara sobre los hechos aqu\u00ed considerados, omisi\u00f3n que intenta subsanar con la presente acci\u00f3n de tutela.   [Folios 43-48, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3 tras se\u00f1alar que no se examinaron sus argumentos acerca de la conducta y extralimitaci\u00f3n del juez al emitir su decisi\u00f3n y no se tuvieron en cuenta todas las pruebas surtidas y que se encuentran en la actuaci\u00f3n. [Folios 54-55, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que vienen de comentarse, pues el querellante tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Sala encuentra que la queja del promotor del resguardo recae en la decisi\u00f3n del Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9, por medio de la cual lo sancion\u00f3 con un salario m\u00ednimo legal mensual al advertir que \u00abel demandado ha sido renuente en permitir las visitas a la madre de sus hijos, conducta que lo hace acreedor a las sanciones legales pues no se estableci\u00f3 ninguna causal que justifique tal proceder\u00bb  <\/span><\/p>\n

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No obstante, se observa que si bien el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la citada decisi\u00f3n, el mismo fue rechazado de plano por la extemporaneidad de su presentaci\u00f3n mediante decisi\u00f3n fechada 8 de noviembre de 2016, desaprovechando as\u00ed  la oportunidad que ten\u00eda para  expresar las inconformidades que por esta v\u00eda expone.  <\/span><\/p>\n

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3. En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir a los jueces naturales en escenarios procesales que no se suscitaron porque el aqu\u00ed quejoso no hizo el uso debido  de las herramientas que contempla la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el interesado ha desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

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La Sala, en supuestos similares ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ STC 26 ene. 2011, Rad. 00027-00.)  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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