{"id":100202,"date":"2026-06-25T20:16:04","date_gmt":"2026-06-25T20:16:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3854-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:16:04","modified_gmt":"2026-06-25T20:16:04","slug":"stc3854-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3854-2017\/","title":{"rendered":"STC3854-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3854-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2016-00350-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintiocho de octubre de dos mil diecis\u00e9is  por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta \u2013 Norte de Santander, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nancy Serrano Molina contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los concursantes N\u00e9stor Gerardo Monta\u00f1ez Pab\u00f3n, Francisco Antonio Ya\u00f1ez Serrano, Cesar Augusto Rojas Ibarra y Daniel Jaimes Palacios.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3 la accionante el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, igualdad, debido proceso, confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica, que considera vulnerados por las entidades accionadas al modificar la lista de elegibles conformada para proveer las vacantes del empleo identificado con el c\u00f3digo OPC 203134 de la  Contralor\u00eda General del Departamento Norte de Santander donde luego de ocupar el segundo puesto pas\u00f3 al octavo lugar.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Que se suspenda la firmeza de la Resoluci\u00f3n No. CNSC  20162110036315 del 10 de octubre de 2016 que modific\u00f3 la lista de elegibles conformada y adoptada a trav\u00e9s del art\u00edculo primero de la Resoluci\u00f3n N\u00famero 1531 de 2016.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Se solicite la explicaci\u00f3n, mecanismos u par\u00e1metros utilizados por la Universidad de Medell\u00edn. De igual manera si actu\u00f3 conforme a los lineamientos del acuerdo en cita, y funciones desempe\u00f1adas por los aspirantes acordes al cargo a proveer, aportadas en las constancias legalmente expedidas para acceder a la OPEC 203134 profesional universitario grado 08, lo anterior tiene total relevancia por tratarse de la entidad contratada para el efecto por la CNSC, para evaluar y proferir la calificaci\u00f3n y puntaje otorgado a la experiencia objeto de litis, y sustento de la resoluci\u00f3n 20162110015315 del 26 de abril de 2016 que tiene firmeza jur\u00eddica, desde el d\u00eda 4 de mayo de 2016, garantizando con ello la protecci\u00f3n de los principios de igualdad, trasparencia, justicia y m\u00e9rito, toda vez que no solo se compone la lista de elegibles del se\u00f1or NESTOR GERARDO MONTA\u00d1EZ PAB\u00d3N y de los se\u00f1ores FRANCISCO ANTONIO YA\u00d1EZ SERRANO, NANCY SERRANO MOLINA, CESAR AUGUSTO ROJAS IBARRA Y DANIEL JAIMES PALACIOS. Es de agregar que deben aclarar si la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil pod\u00eda de manera unilateral modificar resultados que hizo la entidad t\u00e9cnicamente contratada para el efecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Solicito que sea nuevamente valorada la experiencia profesional de TODOS Y CADA UNO DE LOS ASPIRANTES AL CARGO OPEC 203134 profesional Universitario grado 08 que componen la lista de elegibles, garantizando con ello la protecci\u00f3n de los principios de igualdad, transparencia, justicia y m\u00e9rito, por cuanto hay vicios en la nueva lista de elegibles. [Folios 15-18, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Se\u00f1ala la accionante que mediante acuerdo 453 del 2 de octubre de 2013 la  Comisi\u00f3n Nacional Servicio Civil convoc\u00f3 a concurso abierto para proveer las vacantes definitivas de los empleos pertenecientes a la planta de personal de la Contralor\u00eda General del Departamento de Norte de Santander, identificada como convocatoria  No. 276 -2013.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Que en consecuencia la Comisi\u00f3n Nacional del Estado Civil ofert\u00f3 cuatro vacantes de empleo de carrera denominado Profesional Universitario 219, grado 8, bajo el c\u00f3digo OPEC 203134, cargo para el cual se present\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Que una vez realizados los ex\u00e1menes de competencias b\u00e1sicas funcionales y comportamentales, las cuales fueron debidamente superadas por la accionante, la Universidad de Medell\u00edn practic\u00f3 la prueba de valoraci\u00f3n de antecedentes a los aspirantes activos de la convocatoria publicando los resultados el 12 de diciembre de 2014.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Que mediante resoluci\u00f3n No. 20162110015315 de 26 de abril de 2016 se conform\u00f3 la lista de elegibles para el empleo al que aspira, decisi\u00f3n que fue publicada en la p\u00e1gina web de la entidad el 27 de abril de 2016, donde la actora ocup\u00f3 el segundo lugar. [Folios 150-154, c.1]  <\/span><\/p>\n

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5. Se\u00f1ala que el participante N\u00e9stor Gerardo Monta\u00f1ez Pab\u00f3n, quien ocupaba el quinto lugar dentro de la lista de elegibles promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, tr\u00e1mite que le correspondi\u00f3 a la Sala Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta, autoridad que el 26 de agosto de 2016, tutel\u00f3 el derecho a la igualdad  y orden\u00f3 a las accionadas realizar una nueva valoraci\u00f3n de antecedentes de la experiencia profesional que exige el empleo ofertado y ajustar las etapas siguientes a los resultados que arroje dicha prueba aplicando el debido proceso que corresponda al comprobarse que se hab\u00eda validado una experiencia t\u00e9cnica que no equivale para el empleo al que aspiran los concursantes. [Folios 64-81, c.1]  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

6. Es de se\u00f1alar que la anterior decisi\u00f3n fue confirmada parcialmente el 26 de octubre siguiente por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y excluida de revisi\u00f3n el 14 de diciembre de 2016 por la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Que pese a que el fallo se encontraba en impugnaci\u00f3n ante el superior la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil mediante Resoluci\u00f3n No. 20162110003414 de septiembre 9 de 2016, dio cumplimiento a la sentencia y en su art\u00edculo 3\u00ba cambi\u00f3 el puntaje obtenido por la tutelante en lo relacionado con experiencia profesional, pasando de 55 a 16.5 puntos. [Folios 155-159, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Que contra este acto administrativo solicit\u00f3 reclamaci\u00f3n y la  Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil  mantuvo su decisi\u00f3n y procedi\u00f3 a modificar la lista de elegibles antes conformada por medio del art\u00edculo 1\u00ba de la Resoluci\u00f3n 20162110036315 de fecha 10 de octubre de 2016 en donde pas\u00f3 a  ocupar el octavo lugar. [Folios 206-208, c.1]  <\/span><\/p>\n

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9. Que es profesional en administraci\u00f3n de empresas desde el 27 de junio de 1997 y ha desarrollado funciones en la Contralor\u00eda Departamental como T\u00e9cnico Grado 8, conforme al manual de funciones, donde entre las labores con un profesional universitario no hay diferencia, situaci\u00f3n que fue desconocida por los accionados para la nueva calificaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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10. En criterio de la peticionaria se vulneraron sus derechos por cuanto de la lista de elegibles inicial donde ocup\u00f3 el segundo lugar donde \u00abse infieren mis derechos subjetivos concretos y adquiridos\u00bb no pod\u00edan ser objeto de modificaci\u00f3n \u00absin mi consentimiento\u00bb, por lo que la v\u00eda que ten\u00eda el concursante N\u00e9stor Gerardo Monta\u00f1ez Pab\u00f3n no era la acci\u00f3n de tutela sino la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa si consideraba agravio injustificado a sus derechos como participante, sin embargo se opt\u00f3  erradamente por amparar  sus reclamos, lo que le ocasiono perjuicios por cuanto se modific\u00f3 el puntaje y se reubic\u00f3 los puestos ocupando actualmente el octavo cuando antes ostentaba el segundo, lo que la priva de la oportunidad  de acceder al cargo ofertado.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, manifiesta que desconoce cu\u00e1les fueron los criterios que tuvo en cuenta la Universidad de Medell\u00edn para  en cumplimiento al fallo de tutela, nuevamente validar los resultados de la valoraci\u00f3n de la experiencia profesional de todos los participantes para conformar la nueva lista de elegibles, por lo que a su juicio se debe proceder a su verificaci\u00f3n en aras de garantizar  los principios de igualdad, transparencia, justicia y m\u00e9rito. [Folios 1-33, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 18 de octubre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se dispuso la notificaci\u00f3n de las entidades accionadas y los vinculados para que ejercieran su defensa. [Folios 112-113, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El  vinculado C\u00e9sar Augusto Rojas Ibarra se\u00f1al\u00f3 que el juez de tutela no era la autoridad administrativa para reformar la lista de elegibles como en efecto aconteci\u00f3 por lo que solicita sea respetada la lista inicial seg\u00fan resoluci\u00f3n No. 20162110015315 de fecha 26 de abril de 2016  donde ocup\u00f3 el tercer puesto, por cuanto se le deben garantizar los derechos ya adquiridos, no quedando otro camino que decretar la nulidad de todo lo actuado. [Folios 125-130, c.1]  <\/span><\/p>\n

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El participante Francisco Antonio Ya\u00f1ez Serrano se\u00f1al\u00f3 que ocup\u00f3 el primer lugar en la lista de elegibles que fue dejada sin efectos por cumplimiento a una orden de tutela vi\u00e9ndose afectado por cuanto no se le permiti\u00f3 ejercer su derecho de defensa toda vez que se procedi\u00f3 a su vinculaci\u00f3n pr\u00e1cticamente en el momento del fallo aunado a que el listado era inmodificable de donde se infieren sus derechos subjetivos concretos y adquiridos los cuales no pod\u00edan ser objeto de modificaci\u00f3n conforme a las reglas del concurso establecidas en el acuerdo 453 del 2 de octubre de 2013. [Folios 131-149, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el tambi\u00e9n vinculado N\u00e9stor Gerardo Monta\u00f1ez Pab\u00f3n solicit\u00f3 no acoger las pretensiones de la tutela tras considerar que no entiende c\u00f3mo puede la tutelante solicitar protecci\u00f3n al derecho a la igualdad cuando en resguardo de \u00e9ste es que  se produjo el fallo de tutela a su favor que orden\u00f3 realizar una nueva valoraci\u00f3n de la experiencia profesional de los participantes por cuanto se hab\u00eda cometido un error en la evaluaci\u00f3n inicial y lo hab\u00eda puesto en desventaja con relaci\u00f3n a los dem\u00e1s concursantes, por lo que no puede \u00abhablarse de inseguridad jur\u00eddica\u00bb sobre la base que fue dejado sin validez alguna, el acto administrativo viciado que constitu\u00eda la lista de elegibles inicial expedida en abril hoga\u00f1o, la cual ubicaba irregularmente en posiciones incorrectas, tanto a la accionada como a los dem\u00e1s aspirantes, producto de puntajes err\u00f3neos en la calificaci\u00f3n de la experiencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, manifest\u00f3 que la totalidad de los hechos expuestos por la accionante fueron objeto de an\u00e1lisis y decisi\u00f3n por parte del juez constitucional  donde se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n jur\u00eddica de cada una de las tesis presentadas no solo por la actora sino por los dem\u00e1s participantes que hab\u00edan obtenido los primeros cuatro mejores puntajes y el fallo fue objeto de impugnaci\u00f3n por parte de los mismos, por lo que no se puede se\u00f1alar vulneraci\u00f3n al debido proceso. [Folios 192-196, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil se opuso a la prosperidad del amparo y se\u00f1al\u00f3 que la actora  cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para lograr la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados y que no se aprecia la existencia de un riesgo inminente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo, manifest\u00f3 que respecto a la particular  censura de la accionante en el sentido que se respete y ratifique la lista de elegibles conformada mediante resoluci\u00f3n No. 15315 del 26 de abril de 2016, en el cual la gestora ocupaba el segundo lugar, precis\u00f3 que no es procedente acceder a su solicitud toda vez que en cumplimiento a fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de C\u00facuta con ocasi\u00f3n a la tutela instaurada por el participante N\u00e9stor Gerardo Monta\u00f1ez Pab\u00f3n, se  realiz\u00f3 una  nueva valoraci\u00f3n de antecedentes a los aspirantes que hab\u00edan ocupado los cuatro primeros lugares, lo que hizo necesario modificar dicho acto administrativo a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n  36315 de 10 de octubre de 2016, como tampoco hay lugar a revocarlo, dado que la calificaci\u00f3n de valoraci\u00f3n realizada a la actora es la que le corresponde conforme a las reglas del concurso, lo cual obedece al principio del m\u00e9rito que rige en todo concurso p\u00fablico, abierto y de m\u00e9ritos. [Folios 211-217, c.1]   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 28 de octubre de 2016, el Tribunal Superior de C\u00facuta neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional en tanto que la accionante tiene otra v\u00eda para censurar las resoluciones No. 20162110003414 de 9 de septiembre y 201621100036315 del 10 de octubre de 2016, respecto de la nueva calificaci\u00f3n otorgada a la actora, as\u00ed como la conformaci\u00f3n de la lista de elegibles y que se profirieron en cumplimiento de un fallo de tutela, por lo que para controvertirlos deben efectuar las acciones legales ante la jurisdicci\u00f3n competente a fin de logar lo pretendido a trav\u00e9s de este medio judicial. [Folios 235-250, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La tutelante impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, reiterando lo expuesto en el escrito inicial y se\u00f1al\u00f3 que no es congruente por cuanto no se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado aunado a que \u00abpara unos si es mecanismo y para otros no, por la tutela instaurada por el se\u00f1or NESTOR GERARDO MONTA\u00d1EZ PAB\u00d3N, si pudo inmiscuirse el juez de tutela en un proceso administrativo y modificar, pero ante la violaci\u00f3n  de la lista en firme y las reglas de la convocatoria ese derecho a m\u00ed no se me otorga y me ordenan recurrir a la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa quedando mi derecho conculcado.\u00bb  [Folios 294-304, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso.\u00bb (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00; 16 feb. 2009, rad. 00193-00; y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, ante tal eventualidad el mecanismo de amparo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n constitucional. En esa l\u00ednea de pensamiento se ha expresado en precedencia que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u2026Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el asunto que es objeto de estudio se advierte que, si la accionante pretende controvertir, mediante una nueva acci\u00f3n de tutela, los fallos proferidos en sede constitucional por la Sala Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, los d\u00edas 26 de agosto y 26 de octubre de 2016, respectivamente, que ordenaron realizar una nueva valoraci\u00f3n de antecedentes respecto a la experiencia profesional de los concursantes para la provisi\u00f3n de vacantes en la Contralor\u00eda General del Departamento de Norte de Santander, se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues se observa que efectivamente la accionante particip\u00f3 como vinculada en dicho tr\u00e1mite y lo cuestionado es el contenido de las decisiones y el sentido en que se pronunciaron, se\u00f1alamientos que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En adici\u00f3n a lo anterior, se reitera que como la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n las mencionadas providencias, seg\u00fan el auto del 14 de diciembre de 2016 (Folio 37, C. Corte), emerge, entonces, la inmutabilidad de la cosa juzgada, que comprende las sentencias dictadas en el aludido tr\u00e1mite, e impide volver sobre aspectos ya definidos en instancias anteriores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela  <\/span><\/p>\n

fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental\u2019 (Sentencia de 19 de julio de 2011, Exp. No. 11001-02-03-000-2011-01439-00)\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2013, rad. 2013-00851-01, reiterada en CSJ STC, 3 sep. 2015, rad. 2015-00086-03).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De otra parte, cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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6. Los concursos de m\u00e9ritos, son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n; de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima; y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias, constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados, como al derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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7. En el caso que es objeto de estudio, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues la accionante cuenta con otros medios de defensa judicial para formular el reclamo que por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela expone.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el cuestionamiento y debate de los actos administrativos adoptados al interior del concurso de m\u00e9ritos al que se inscribi\u00f3 la actora, y en virtud del cual aduce se quebrantaron sus garant\u00edas fundamentales, debe suscitarse y definirse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, mediante las acciones correspondientes, como la de simple nulidad, o de nulidad y restablecimiento del derecho.  <\/span><\/p>\n

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Es en tal escenario dise\u00f1ado por el legislador, en donde la peticionaria del amparo puede debatir la resoluci\u00f3n No. 20162110036315 de fecha 10 de octubre de 2016 por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil que en cumplimiento a un fallo de tutela realiz\u00f3 una nueva  calificaci\u00f3n de la valoraci\u00f3n de antecedentes de la experiencia profesional de los participantes y que conllev\u00f3 que de ocupar el segundo puesto en la lista de elegibles pasara al octavo lugar.  <\/span><\/p>\n

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Resulta entonces ostensible, que si la promotora del amparo a\u00fan cuenta con otros medios de defensa judicial, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural.  <\/span><\/p>\n

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8. Particularmente se ha dicho que, en seguimiento del Decreto 2591 de 1991, \u00ablas inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb.1  <\/span><\/p>\n

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Entonces, con la finalidad de rebatir una decisi\u00f3n de las anotadas caracter\u00edsticas, no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb 3, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilitara a la tutelante para ejercer el mecanismo excepcional.    <\/span><\/p>\n

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10. De otra parte, contrario a lo expuesto por la  accionante, se recuerda, que los procesos de selecci\u00f3n no garantizan a los participantes la obtenci\u00f3n del empleo ofertado, pues como se ha indicado, \u00ab[e]l participar en un concurso de m\u00e9ritos de ninguna manera genera un derecho sobre el cargo por el cual se opta, lo cual por si s\u00f3lo desvirt\u00faa la vulneraci\u00f3n alegada del derecho al trabajo, pues ello constituye una mera expectativa que en todo caso est\u00e1 supeditada a las reglas de la respectiva convocatoria, las que son de obligatorio cumplimiento y a las que se somete, seg\u00fan la respectiva convocatoria el concursante\u00bb (sentencia de 12 de abril de 2011, expediente 00279-01, ratificada el 1\u00ba de agosto de 2012, exp. 00472-01).  <\/span><\/p>\n

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All\u00ed mismo esta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3 que \u00ab\u2018[t]odo participante que se somete a un proceso de selecci\u00f3n por v\u00eda de concurso p\u00fablico a fin de optar a un cargo de similar naturaleza, al inscribirse en el mismo, se sujeta de manera libre y voluntaria a las reglas que previamente hayan sido fijadas para adelantar las diferentes etapas al efecto dispuestas a fin de culminar aqu\u00e9l\u2019\u00bb (sentencia de 21 de julio de 2008, Rad. 2008-00169-01)4.  <\/span><\/p>\n

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11. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Providencia de 20 de febrero de 2013, exp. 2012-00100-01.     <\/span><\/p>\n

2 Sentencias de 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01; 21 de mayo de 2008, exp. 2008-00107-01 y 14 de octubre de 2011, exp. 2011-00201-01, entre otras.    <\/span><\/p>\n

3 Fallos de 14 de diciembre de 2011, exp. 2011-00162-01; 3 de julio de 2012, exp. 2012-00135-01; 18 de octubre de 2012, exp. 2012-00213-01 y 7 de marzo de 2013, exp. 2012-00581-01.    <\/span><\/p>\n

4 Sentencia de 23 de octubre de 2012, exp. T-2012-0029-01. El mismo criterio se adopt\u00f3 en la sentencia de 30 de octubre siguiente, exp. T-2012-0030-01.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3854-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2016-00350-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100202","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100202"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100202\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}